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Acuerdo Final
12.11.2016
La garantía de los derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de
la población rural mediante la implementación de la Reforma Rural Integral que contribuya a su bienestar
y buen vivir; el fortalecimiento del ejercicio de los derechos políticos, la promoción de una cultura
democrática y de derechos humanos y garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la
no estigmatización, y las garantías para la movilización y la protesta social, mediante la implementación
de la Apertura Democrática para Construir la Paz; las medidas para proteger y garantizar los derechos de
la población que habita en territorios afectados por los cultivos de uso ilícito y contribuir a superar las
condiciones de pobreza, marginalidad y débil presencia institucional mediante la implementación de los
programas y medidas acordadas para la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas y la judicialización
efectiva de las organizaciones y las redes criminales asociadas al narcotráfico de carácter nacional y
regional; y las medidas acordadas en el Punto 5 “Víctimas” y en el Punto 3 “Fin del Conflicto”, responden
ante todo a una lógica de no repetición del conflicto y de garantía de los derechos humanos de todos y
todas. El Gobierno reitera su compromiso con la implementación de lo aquí acordado.
En conclusión, las garantías de no repetición serán resultado por una parte, de la implementación
coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en general de todos los puntos del
Acuerdo Final; y por la otra de la implementación de medidas adicionales de no repetición que se
acuerden en el marco del Punto 3 “Fin del conflicto” de la Agenda del Acuerdo General.
5.2. Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos
En el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera, firmado por el Gobierno y las FARC-EP el 26 de agosto de 2012, está estipulado de manera
específica que “el respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional, es
un fin del Estado que debe promoverse”.
El Gobierno Nacional en representación del Estado colombiano reitera su compromiso con la
protección de los derechos humanos y de quienes trabajan por esta causa. Es deber del Estado
Colombiano promover, proteger, respetar y garantizar, los derechos humanos, incluyendo los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un enfoque diferencial y de género,
atendiendo a los principios de igualdad y progresividad, y garantizar el derecho a la paz,
especialmente en los territorios más afectados por el conflicto.
Por su parte, las FARC-EP reiteran su irrestricto compromiso con los derechos humanos y se
comprometen a que tanto sus integrantes como la organización que surja de su tránsito a la vida
política legal promuevan y respeten las libertades individuales y los derechos humanos de todos y
todas, así como la convivencia pacífica en los territorios.
El Acuerdo en su conjunto debe contribuir a construir una visión compartida sobre la necesidad del
respeto de todos los derechos humanos. El Estado trabajará para garantizar la plena satisfacción de
los mismos en sus dimensiones de universalidad, integralidad, indivisibilidad e interdependencia,
como base de la justicia y materialización del reconocimiento de la dignidad humana.
En el nuevo escenario de construcción de paz y de apertura democrática, la participación ciudadana
y el ejercicio de los derechos, más allá de su enunciación, contribuirán a materializar los derechos de
todos y todas.
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