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estatales–, si se considera que las personas enlas edades “independientes” pueden dedicar sutiempo al cuidado en su totalidad, se requeriríauna dedicación semanal de alrededor de 42 horaspor parte de toda la población de entre 18 y64 años (Vásconez, 2011).El Estado debe brindar protección, atención ycuidado a los grupos de atención prioritaria,como adultos mayores, niños, niñas y adolescentes,personas con discapacidad, personas enmovilidad humana, personas en abandono ypersonas en mendicidad, entre otras. Para ello, esnecesario consolidar sistemas de cuidado a nivelterritorial, con pertinencia cultural, reconociendolas diversidades de género, edad, discapacidady movilidad humana. De manera particular,se requiere fortalecer los sistemas de cuidado yatención integral a niños, niñas, adolescentes yadultos mayores en todo el territorio nacional,e impulsar la corresponsabilidad de la sociedad.Para el período 2013-2017 se plantean las políticasde la primera infancia para el desarrollointegral como una prioridad de la política pública.En Ecuador hay 1,5 millones de niños yniñas menores de cinco años de edad 49 ; el 33,1%–es decir, 485 000 niños y niñas– asiste a algúnprograma de desarrollo infantil o de educacióninicial 50 (INEC, 2010a). El porcentaje de niños yniñas que tiene cédula de identidad en el país esde apenas el 27% (INEC, 2010a). Más allá de lacedulación (documento o carné), es importantegenerar mecanismos para que los niños y niñasestén registrados junto a su núcleo familiar, demanera que se garantice su inclusión y el seguimientoen los diferentes programas sociales desdeel nacimiento. El desafío actual es fortalecerla estrategia de desarrollo integral de la primerainfancia, tanto en el cuidado prenatal como enel desarrollo temprano (hasta los 36 meses deedad) y en la educación inicial (entre 3 y 4 añosde edad), que son las etapas que condicionan eldesarrollo futuro de la persona.49 El 65,2% de esta población se concentra en lasprovincias de Guayas (24,6%), Pichincha (16,2%),Manabí (9,5%), Los Ríos (5,7%), Azuay (4,7%) yEsmeraldas (4,4%).50 Las provincias con menor cobertura son Guayas(20,5%), Cotopaxi (24,1%), Galápagos (26,5%) ySanto Domingo (26,6%).Seguridad socialLa seguridad social, en cuanto derecho y biensuperior 51 , debe ser garantizada por el Estado.Dentro de una estructura económica en la que eltrabajo en relación de dependencia cubre a unaminoría de la población económicamente activa(PEA), la seguridad social ligada al trabajo formalgenera bajas tasas de cobertura y exclusión. Seestima que el porcentaje de la PEA 52 que trabajaen relación de dependencia es del 49,5%; el 53,7%lo hace en el área urbana y el 40,8%, en zonas rurales(INEC, 2012c). Por este motivo, además delestricto control al aseguramiento obligatorio, lavinculación con instrumentos no contributivoses el mecanismo para avanzar hacia la universalizaciónde este derecho. Es importante –al ser underecho– universalizar la protección como fin,así como potenciar sus instrumentos, para sostenerlos procesos de movilidad social ascendente53 . La progresividad es uno de los principios dela universalización de la protección social, puesesta última demanda importantes esfuerzos ycorresponsabilidad entre Estado y la sociedadpara su sostenibilidad.Dentro del sistema de seguridad social (Constitución,arts. 367 al 374), la cobertura de contingenciasse da mediante el seguro general obligatorioy sus regímenes especiales. Entre 2003 y2006, el porcentaje de personas mayores de 15años cubierta por la seguridad social contributivase mantuvo por debajo del 25%. A partir de2008, con la vigencia de la Constitución y tras laconsulta popular de 2011, este porcentaje se incrementóhasta llegar al 41,4% en diciembre de2012 (Gráfico 6.2.3). Sin embargo, es necesario51 La Constitución establece a la seguridad socialdentro de los derechos del Buen Vivir (art. 34) y alsistema de seguridad social como público y universal(art. 367). Por su parte, la Declaración Universal delos Derechos Humanos (arts. 22 y 25) establece ala seguridad social como un derecho humano, queincluye la satisfacción de derechos económicos,sociales y culturales. Adicionalmente, la observacióngeneral 19 del Comité sobre los DerechosEconómicos, Sociales y Culturales incluye el apoyode ingresos no contributivos dentro de la seguridadsocial. Si bien la Constitución y los instrumentos delas Naciones Unidas utilizan el término seguridadsocial, la visión de garantía de derechos y la inclusiónde instrumentos no contributivos da cuenta delderecho a la “protección social”.52 Mayor de 15 años.53 Se ha estimado que la inversión en protecciónsocial, además de beneficios sociales, genera retornoseconómicos en el mediano y largo plazo (Mideros etal., 2012; Cherrier et al., 2013).OBJETIVO 22013-2017119