Libro_E-JUSTICIA

Apenas el año pasado con la reforma al artículo 1º de la Constitución
General de la República y los diversos criterios emitidos por el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas las autoridades,
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos
tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales.
Asimismo, todas las autoridades deben prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Ese mandato imperativamente atendible en la práctica, tomará tiempo
adaptar a todos los involucrados en su cumplimiento. Por ello es
necesario establecer, en el espacio de cada autoridad, mecanismos que
permitan efectuar esta nueva función asignada a todas las autoridades
por la Norma Fundamental.
Por esta razón, no cabe duda que la construcción del documento
“Indicadores sobre el derecho a un juicio justo en Tamaulipas” el cual fue
adoptado en noviembre del año 2011, no pudo haber llegado en
mejor momento.
Al establecer los elementos estadísticos adecuados para generar los
datos necesarios para tener una impartición de justicia orientada a
vigilar los derechos humanos que se tutelan en su ejercicio, la Judicatura
tamaulipeca da un gran paso para cumplir con las obligaciones
constitucionales e internacionales previamente señaladas.
En este sentido, contar con números y cifras precisas sobre Quejas y
Capacitación en Derechos Humanos; Acceso e igualdad ante el Poder
Judicial del Estado de Tamaulipas; Audiencia pública por cortes
competentes e independientes; Presunción de inocencia y garantías
en la determinación de cargos penales; Protección especial de los
niños y las niñas; Apelaciones; Reparación del daño y Error judicial,
nos permitirá detectar con oportunidad las fallas en cada una de estas
áreas y, en consecuencia, definir con mayor prontitud las decisiones y
acciones que sean necesarias para impedir las violaciones al derecho
a un juicio justo.
Asimismo, la medición del desempeño y del trabajo de todo
funcionario público es fundamental para mejorar los servicios que se
prestan e incrementar la eficiencia en el uso de los recursos públicos,
pues al cumplir esos objetivos se crean las condiciones necesarias para
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