MANUAlDElJ

En los delitos de acción pública, la policía y el Ministerio Público tienen la obligacíón de
iniciary continuar la persecución penal (ver principio de legalidad o de obligatoriedad), sin
necesidad de que la víctima la impulse. Es responsabilidad del Estado, a través de estos
órganos, investigar y someter al procedimiento a los responsables sin necesidad de que
medie una excitación externa.
A pesar de lo señalado, en algunos casos, la ley establece que se necesita autorización de
la víctima, para que la persecución pública pueda tener lugar. A esta autorización se le
llama instancia particular.
Los delitos de acción pública dependientes de instancia particular (art. 26 CPP) son
los siguientes:
a. Las lesiones leves (art. 136 CP), las menos graves (art. 135 numeral 3 CP) y las
culposas (art. 138 CP); salvo que se trate de hechos de violencia intrafamiliar, en cuyo
caso la persecución penal pública no requerirá de instancia particular.
b. Las amenazas (art. 207 CP); salvo que se trata de hechos cometidos en el marco de
violencia intrafamiliar, en cuyo caso la persecución penal pública no requerirá de
instancia particular.
c. El estupro (art. 142 CP), el incesto (art. 176 CP), el rapto (art. 144 y 145 CP), los
abusos deshonestos (art. 141 CP), siempre que la víctima sea mayor de 14 años.
Caso contrarío, no se necesíta instancia partícular y el Ministerio Público debe perseguir
directamente.
d. El hurto de bienes cuyo valor no exceda de diez veces el salario mínimo más bajo
vigente en la región del país en que se haya cometido el delito (arts. 223 a 243 CP).
e. La estafa y otros fraudes. Cuando el delito se comete en perjuicio del Estado no se
requiere instancia privada sino que la PGR podrá perseguir directamente o, en su
defecto, podrá hacerlo el Ministerio Público (ver capitulo 11, sujetos procesales).
47