Evaluación Nacional de Situación en Materia del Agua de Lastre en ...

1.2. Puertos
Régimen legal del Puerto
Argentina cuenta con un litoral marítimo de 4.000 km de extensión y tiene además dos
grandes ríos navegables, el Paraná y el Uruguay, que antes de unirse y formar el Río de la
Plata recorren zonas de gran producción tanto industrial como agropecuaria. Con el tiempo,
las necesidades de comunicación y transporte fueron generando un desarrollo portuario que
incluye actualmente más de un centenar de puertos que se pueden clasificar en dos grandes
tipos: los fluviales, desde Puerto Iguazú en Misiones hasta Puerto La Plata en la Pcia. de
Buenos Aires, y los marítimos desde Puerto Mar del Plata en la Provincia de Buenos Aires,
hasta Puerto Ushuaia, en Tierra del Fuego.
A pesar de este importante desarrollo de las instalaciones portuarias, no existía en la
Argentina una legislación ordenada y sistemática en relación con la actividad portuaria.
Diversas normas habían sido dictadas a partir de la Constitución Nacional y del Código Civil,
pero no existía una Ley que ordenara y sistematizará a este sector de la economía. En el año
1956 se crea la Administración General de Puertos con carácter de Empresa del Estado
poniendo bajo su responsabilidad la explotación y administración de la totalidad del sistema
portuario nacional, a excepción de unos pocos muelles privados, generalmente relacionados
con alguna actividad industrial específica. En el año 1979 se dicta la Ley N° 22.108 sobre
Instalaciones Portuarias de Elevadores de Granos, que permite la existencia de terminales
privadas para este tipo de mercaderías. Bajo su amparo surgieron un gran número de
instalaciones construidas y administradas por particulares, la mayor parte de ellas ubicadas
sobre el tramo inferior del río Paraná. Estas nuevas instalaciones dotadas de una tecnología
de avanzada y una alta eficiencia en el manipuleo de la mercadería, absorben rápidamente la
mayor parte del tráfico de cereales y subproductos del país, desplazando de dicha posición a
la Junta Nacional de Granos, hasta ese entonces el único ente autorizado para desempeñar
dicha actividad. El surgimiento de estas nuevas instalaciones portuarias y la necesidad de
dotarlas de un régimen legal que diera estabilidad jurídica a su funcionamiento, sumado a la
necesidad del dictado de una norma que regulara en forma orgánica, general y ordenada la
actividad portuaria pública y privada en todo el territorio nacional, fueron creando la
conciencia de la necesidad del dictado de una Ley de Puertos que sirviera como marco de
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