Consejo de Estado Sala de lo Contencioso ... - Territorio y Suelo

Referencia: Expediente N° 8073.
Actor: Incora.
Demandado: Alfredo Orjuela Russi y otros.
Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera
Santafé de Bogotá, D.C., veinte de septiembre de mil novecientos noventa y tres
Consejero Ponente: Dr Daniel Suárez Hernández.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de 23
de octubre de 1992, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
l° Lo que se demanda
I. ANTECEDENTES PROCESALES
En escrito presentado el 13 de diciembre de 1990, ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -lncora - a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción
consagrada en el art. 87 del C. C. A., formuló demanda en contra de las siguientes personas: ALFREDO
ORJUELA RUSSI, LUZ ELENA HERRERA PEREZ, ALBA MARY HERRERA DE DUQUE, MARIELA
HERRERA PEREZ, INES HERRERA PEREZ, FERNANDO HERRERA PEREZ, MERY HERRERA PEREZ,
ADIELA HERRERA PEREZ, HERIBERTO HERRERA PEREZ y MYRIAM HERRERA PEREZ; con el fin de
lograr las declaraciones que aparecen relacionadas a folios 41 a 44 del cuaderno N° 1, y que en síntesis, se
concretan a lo siguiente:
1. Que es nula de nulidad absoluta, la parte final, de la cláusula primera, de la escritura pública N°530 del
12 de diciembre de 1989, de la Notaría Primera de Sevilla (Valle), en la que se lee: "...Es entendido que
la venta se hace como cuerpo cierto, transfiriéndose la totalidad de los terrenos comprendidos dentro
de los linderos técnicos anteriormente descritos......
2. Que son nulas, de nulidad absoluta, las cláusulas TERCERA y CUARTA, de la escritura pública N°74
del 13 de febrero de 1990, de la Notaría Primera de Sevilla (Valle), mediante la cual se aclara y ratifica
el contenido de la compraventa contenida en la escritura N°530 de 1989.
3. Que es nula de nulidad absoluta, la parte del acta de fecha 17 de octubre de 1989, de entrega material
de la Finca Berlín, en cuanto establece: "TERRENOS: Ley 135 de 1961, artículo 58 numeral 4b 821
Has. 9843 M2. Ley 135 de 1961, artículo 58 numeral 4b: 821 Has. 9843 M2" y la parte final que dice:
"En esta forma los representantes del INCORA, Regional del Valle del Cauca y sus propietarios del
predio BERLIN declaran los primeros haber recibido y los segundos haber entregado a satisfacción la
finca......
4. Que se declare que la compraventa se celebró fue en consideración a la cabida del predio rural
BERLIN y no de ninguna otra manera contraria a esta modalidad.
5. Que los vendedores deben entregar el predio Berlín con un área de 813 Has, pero como no es posible
porque sólo tiene 720 Has, que restituyan del precio de la venta, el valor de la diferencia de la cabida,
92 Has, a razón de $195.249 cada una, conforme al avalúo oficial, para un total de $18.121.215.89.

6. Declarar que las demás partes del contrato son válidas.
7. Ordenar que la sentencia se inscriba en el folio de matrícula N380 -0009950.
8. Condenar en costas a los demandados.
2° Los hechos
Se narraron 18 hechos que permiten ser resumidos así:
1. Con el fin de cumplir con la función pública de adelantar la Reforma Agraria Nacional, mediante la
Resolución 106 de diciembre de 1988, se facultó al Gerente General del Incora para adquirir predios
rurales en los municipios de Tuluá y Buga la grande, quien a su vez delegó esa facultad a los gerentes
regionales, a través de la Resolución N°04700 del 12 de julio de 1989.
2. Mediante el acta 688 del 4 de septiembre de 1989, en razón del ofrecimiento de los propietarios del
predio Berlín, la Junta Directiva del Incora autorizó, a la Gerencia Regional del Valle del Cauca, para
ofrecer compra a los propietarios del predio Berlín, situado en la vereda Altaflor del Municipio de Tuluá,
departamento del Valle del Cauca, por una cabida de 821 Has 9823 M2, conforme al plano G -439 -340
de mayo de 1989, por valor de $ 176.960.000 incluidos tierras y mejoras.
3. El 3 de octubre de 1989, se firmó entre las partes la promesa de contrato de compraventa y el 17 del
mismo mes, se hizo la entrega material del predio Berlín, al Incora.
4. El contrato de compraventa se formalizó a través de la escritura pública N°530 del 13 de diciembre de
1989, de la Notaría Primera Principal del Círculo de Sevilla, aclarada y ratificada a través de la número
74 del 13 de febrero de 1990, de la misma notaría.
5. El Incora pagó el precio a los vendedores, en la forma establecida.
6. En el mes de mayo de 1990, el Incora realizó un nuevo levantamiento topográfico del terreno,
constatándose que la cabida real del predio, era 720 Has, 7184 M2 no 813 Has, 9823 M2, como
aparecía en el plano levantado inicialmente por el Incora y que estuvo a cargo del topógrafo Holmes
Sánchez Herrera, a quien se le adelantó un procedimiento disciplinario, trámite en el que admitió haber
alterado los planos. Por esta razón ese funcionario fue destituido mediante la Resolución N°03096 del
14 de junio de 1990.
7. Con la actuación irregular del funcionario hizo incurrir en error al Incora, en la compra del predio Berlín.
8. La diferencia de la cabida real del inmueble es de 92 Has 8108 M2, a razón de $ 195.249 Ha, para un
total de $ 18.121.215.89, que como se pagó en exceso a los vendedores, deben ser devueltos.
9. El objeto del contrato es ¡lícito, por cuanto las Leyes 135 /61, 30 /88 y el Decreto 2107 /88, dicen que el
Incora sólo puede adquirir inmuebles rurales por cabida y en ninguna otra forma, como de cuerpo
cierto.
3 ° Concepto de violación
Asegura el ente actor, que con las cláusulas cuya nulidad absoluta se persigue, se violaron las siguientes
normas:
Ley 135 / 61, art. 58, letra a) numerales 3° y 4°, subrogado por el artículo 24 de la Ley 30 de 1988; y artículo 6
1, literal a), subrogado por el artículo 26, de la misma ley.
D.R. 2107 /88, arts. 16 y 19, literal a). Código Civil, artículos 1546, 1884 y 1887.

4° Actuación procesal
El auto admisorio de la demanda, se notificó por conducta concluyente, al contestar la demanda, la señora LUZ
HELENA HERRERA, quien a su vez obraba en nombre y representación de sus hermanos: ALBA MARY
HERRERA DE DUQUE, MARIELA, INES, FERNANDO, MARY y ADIELA HERRERA PEREZ.
A través de curador ad litem, se notificó a HERIBERTO y MYRIAM HERRERA PEREZ (fi. 129).
Al señor ALFREDO ORJUELA RUSSI, se le notificó personalmente el 6 de marzo de 199l. Mediante apoderado
judicial, respondió a través del escrito que obra a folios 107 y 109 del cuaderno N°1, en el que se opone a las
súplicas de la demanda.
Oportunamente quienes se notificaron por conducta concluyente, a través de un mismo abogado, mediante el
escrito que obra a folios 93 y ss del cuaderno N°1, se oponen a las pretensiones del INCORA y argumentan
que no es cierta la disposición legal según la cual los predios que adquiera ese instituto, han de serlo
exclusivamente en razón de su cabida. Plantean además la excepción de inepta demanda por indebida
acumulación de pretensiones, por cuanto la demandante pretende que se declare la nulidad absoluta del
contrato por existir objeto ¡lícito y a la vez pide que se declare la validez del contrato. También encuentra
inepta la demanda, porque a ella no se acompañó el acta de entrega cuya nulidad se pide.
ALFREDO ORJUELA RUSSI, contestó por separado, a través del escrito que obra a folios 107 y ss del
cuaderno N°1, allí se opuso a las peticiones, afirmó que la venta es perfectamente válida, cuando las partes
han convenido cosa y precio, por tanto las escrituras 530 y 74 del 13 de diciembre de 1989 y del 13 de febrero
de 1990, son ley para las partes.
El curador ad litem de HERIBERTO HERRERA PEREZ y M HERRERA PEREZ, también contestó la demanda,
en el sentido de que no le constaban los hechos.
El Tribunal intentó fracasadamente la conciliación, en dos oportunidades (fis. 158 y 166 del cuaderno N° l). Con
el mismo resultado, las partes intentaron transar (fis. 175 a 177 idem).
Dentro del término concedido a las partes para presentar sus alegatos de bien probado, el Incora relató
nuevamente los hechos e insistió en que la cláusula primera de la escritura N°530 del 13 de diciembre de 1989,
así como la tercera y cuarta de la escritura de ratificación violan la Ley 135161, arts. 58, literal a), N°3 y 4 y 61,
modificados por la Ley N°30 /88, arts. 24 y 26 y el D.R. 2107 /88, artículo 19, letra a), violación que se presenta
porque la venta del predio Berlín se hizo como cuerpo cierto y no por cabida conforme lo ordenan esas normas.
Pidió aplicar los arts. 1546, 1884 y 1887 incisos 2 y 4 del C.C., por cuanto tiene la calidad de contratante
cumplido al haber pagado el precio, en consecuencia, puede pedir a los demandados que cumplan entregando
la cabida real del inmueble, hecho que al resultar imposible, debe conllevar a la rebaja del precio en lo pagado
de más.
La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
5° La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, puso fin a la controversia en primera instancia, a través de la
sentencia proferida el 23 de octubre de 1992, en la cual empezó por definir que era competente para conocer
del proceso por cuanto se demandó un contrato de compraventa de inmueble rural, realizado por el Incora, para
los fines señalados en la Ley 135 /61.
Despachó desfavorablemente la excepción de inepta demanda, por cuanto el análisis de las pretensiones no
mostraba que su acumulación era indebida.
Negó las súplicas de la demanda, porque llegó a la conclusión de que el contrato no violaba ninguna
disposición legal, por cuanto, no hay ley ni agraria, ni civil, que prohiba al Incora realizar compras de inmuebles

urales, como cuerpo cierto. Además se negó a ordenar la rebaja del precio, dado que la negociación se hizo
como cuerpo cierto y en ese caso, ni el comprador, ni el vendedor, gozan de los derechos consagrados en el
artículo 1889 del C.C., para cuando la venta se realiza por cabida.
Por último, enseñó al demandante que podía repetir contra los funcionarios que alteraron los planos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 290 del Decreto 222 /83.
6° El recurso de apelación
Inconforme la parte actora con lo así decidido, apeló para que se revocara la sentencia y en su lugar se
accediera a las súplicas de la demanda, por cuanto en esa sentencia se desconoció que en el contrato se violó
el artículo 58 de la Ley 30 /88, irregularidad que conlleva nulidad absoluta, al tenor de lo dispuesto en el artículo
78 del Decreto 222 /83, al violar normas de derecho público; alega también, que el fallo quebrantó el artículo
1887 del C.C., que autoriza la rebaja del precio, cuando la cabida real resulta inferior, como ocurrió en este
caso, según se comprobó en el proceso disciplinario adelantado en contra del funcionario del Incora HOLMES
SANCHEZ HERNANDEZ que reposa en el cuaderno N°3 del expediente.
En la oportunidad concedida a las partes, para que presentaran sus alegaciones finales en esta instancia, la
demandada guardó silencio. La actora, defendió la posibilidad de pedir la nulidad parcial del contrato, para el
efecto, citó algunos tratadistas. Insistió en que las cláusulas demandadas están viciadas de nulidad absoluta,
por cuanto hay objeto ¡lícito, que al tenor de lo dispuesto en el artículo 1523 del C.C., existe cuando el contrato
está prohibido por la ley.
La señora Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporación, pide que se confirme el fallo apelado, por
cuanto en nuestra legislación no existe ninguna disposición que prohiba al Incora adquirir un inmueble como
cuerpo cierto. Aclaró que la Ley 30 /88 y el Decreto 2107 del mismo año, que se señalan como violados,
simplemente se refieren a los trámites o procedimientos que se deben seguir para la adquisición de terrenos
por parte del Incora, pero en ninguna parte se prohibe la compra como cuerpo cierto, en consecuencia, no
existe objeto ¡lícito. Finalmente, coincidió con el Tribunal, en que el Incora podía hacer uso del derecho
consagrado en el artículo 250 del Decreto 222 /83, para repetir en contra del funcionario que lo hizo incurrir en
el error.
ll. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala confirma la sentencia apelada, dado que comparte las conclusiones a que se llegó, después de un
serio y juicioso análisis de los presupuestos fácticos, probatorios y normativos que informan el proceso.
Para una mejor comprensión del asunto, la Sala lo analizará siguiendo este derrotero: l° Las cláusulas cuya
nulidad se pretende. 2° El concepto de violación .3° La consecuencia que se persigue. 4° La conclusión.
1° Las cláusulas cuya nulidad se pretende. El ente demandante pretende que se declare la nulidad de unas
cláusulas pertenecientes a un contrato de compraventa que celebró con los demandados, mediante el cual
adquirió el predio rural denominado Berlín, ubicado en la vereda de Altaflor jurisdicción de Tuluá (Valle).
El contrato de compraventa se perfeccionó mediante la escritura pública N°5 30 del 13 de diciembre de 1989,
de la Notaría Primera de Sevilla (Valle), escritura que fue aclarada y ratificada mediante la N°74 del 13 de
febrero de 1990, de la misma notaría.
Se pide la nulidad absoluta de la arte final de la cláusula primera de la escritura N°530 y de las cláusulas
tercera y cuarta, de la escritura N°74, las que textualmente dicen:
ESCRITURA N° 530, Cláusula primera, parte final:
"Es entendido que la venta se hace como cuerpo cierto, transfiriéndose la totalidad de los terrenos
comprendidos dentro de los linderos técnicos anteriormente descritos..." (fl. 132, Cuaderno N°2).

ESCRITURA N°74, Cláusula tercera, "Que esta ACLARACION tiene por objeto definir que las cifras de
extensión y valores, son las mismas que aparecen corregidas en el instrumento N°530 mencionado, y las que
corresponden a la realidad de la negación efectuada dentro del instrumento aquí RATIFICADO y ACLARADO, y
que por consiguiente estas correcciones fueron aceptadas por las partes, conjuntamente, y en ningún momento
se hicieron unilateralmente." (fi. 184 vto y 184, Cuaderno N°2).
ESCRITURA N°74, Cláusula Cuarta, "Que las correcciones allí efectuadas fueron necesarias por la
RECTIFICACION DE PLANOS Y MEDIDAS hechas por la misma División Técnica de Ingeniería del Incora; que
alteró lo escrito en razón del primer plano levantado por la misma entidad para la negociación." (fl. 185
Cuaderno N°2).
2° El concepto de violación.
La parte actora pide la nulidad de esas estipulaciones, por encontrar que ellas se hicieron en contra de la ley,
por cuanto existen disposiciones legales que le prohiben al Incora comprar como cuerpo cierto, debiendo
hacerlo por cabida. Las normas que señala como violadas son las siguientes:
A) Ley l35 / 61, art. 58, Nos. 3 y 4, Ietra a, modificado por el art. 24 de la Ley 30 /88. "El artículo 58 de la Ley
135 de 1961, quedará así:
3. Reunión de los elementos para adquisición de predios. Aprobado el programa anual de actividades del
INCORA y determinadas las zonas de reforma agraria, el Instituto practicará los estudios, visitas, mensura, o
elaboración de planos, avalúos y demás diligencias que considere necesarias para identificación, determinación
de la aptitud y valoración de los predios que pretenda adquirir, dentro de las áreas geográficas delimitadas en el
programa anual, para lo cual podrá requerir de las oficinas seccionales de Catastro, Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos, Notarías, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otras entidades públicas, los
documentos, informes, o certificaciones que estime pertinentes para los expresados fines. Por cada predio se
determinará el área de las unidades agrícolas y la porción excluible".
"Los dueños de predios, poseedores, tenedores, sus representantes, socios, intermediarios, empleados y en
general, cualquier persona que se encuentre en el predio, estarán obligados a prestar toda su colaboración
para la práctica de las diligencias que el Instituto requiera en cumplimiento de este artículo, y si se opusieron o
las obstaculizaran, el Instituto podrá apremiarlos con multas sucesivas hasta por un valor de diez salarios
mínimos o medidas de arresto previstas.
"4. Avalúo. El avalúo del predio que se pretende adquirir será efectuado por dos expertos sorteados de la lista
del Cuerpo Especial de Peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quienes emitirán el dictamen sobre el
valor comercial del inmueble teniendo en cuenta como criterios determinantes de su experticio, los siguientes
factores:
a) El valor intrínseco de la tierra según su ubicación, la calidad de los suelos, disponibilidad de aguas, la
infraestructura física de vías públicas de acceso y dotación de servicios públicos;..."
b) Ley l35 / 61, artícuIo 6l ,literal a),modificado por el artícuIo 26 de la Ley 3O / 88:
"El artículo 61 de la Ley 135 de 196 1, quedará así:
"Artículo 5 l. Las tierras y mejoras que adquiere el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA -, las
pagará de la siguiente manera:
"a) . El valor de la tierra, en bonos de deuda pública con vencimiento final a 5 años, parcialmente redimibles en
5 vencimientos anuales iguales y sucesivos, el primero de los cuales vencerá un año después de la fecha de su
expedición libremente negociables y sobre los cuales se causará y pagará semestralmente un interés igual al
80% del índice nacional de precios al consumidor certificado por el DANE para cada período".
C) D. R. 2107188 artículo 16:
"Avalúo - Revisión. El avalúo de los predios que se pretenda adquirir por parte del INCORA será realizado por
dos expertos sorteados de la lista del cuerpo especial de peritos del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi",

quienes examinarán conjuntamente el inmueble y emitirán su dictamen teniendo en cuenta los criterios de
evaluación del artículo 58 de la Ley 135 de 1961 y lo presentarán de tal manera que se precise en forma
independiente el valor intrínseco de la tierra y el de las mejoras en ella incorporadas".
C ) D.R. 2107 /88, artículo 19.
"Artículo 19. Contenido de la oferta. La oferta de compra se podrá formular al propietario sobre la totalidad o
parte del predio, teniendo en cuenta los requerimientos de tierra previstos en el programa".
"La oferta de compra deberá hacer referencia a los siguientes aspectos:
a) Identificación del predio con su nombre, linderos, colindancias, cabida total y ubicación;
b) Naturaleza del programa para el cual se requiere el inmueble;
c) Area requerida por el Instituto que es objeto de negociación;
d) Area excluible, si a ello hubiere lugar;
e) El precio de compra y forma de pago;
f) Determinación de las servidumbres necesarias;
g) Término para suscribir la promesa de compraventa y perfeccionar la negociación;
h) Indicación del plano que tendrá el propietario para decidir o proponer condiciones alternativas de
negociación, allegar la documentación que considere conducente y solicitar la exhibición y revisión del
avalúo del estudio técnico, si lo estimare conveniente para la defensa de sus intereses".
Parágrafo I°. Cuando el propietario se niegue a recibir la oferta de compra o a firmar el acta respectiva, se
dejará constancia de ello suscrita por un testigo y el funcionario respectivo".
Parágrafo 2°. Cualquiera que sea su cuantía, la oferta de compra de un predio debe ser autorizada por la junta
directiva del Instituto".
En las normas aquí transcritas no encuentra la Sala ninguna prohibición para que el Incora compre como
cuerpo cierto, o a contrario sensu, alguna disposición que le ordene comprar sólo por cabida. En efecto, el
artículo 58 de la Ley 135 /61 que fue modificado por el 24 de la Ley 30 /88, señala los pasos a seguir para que
el Incora adquiera tierras y mejoras de propiedad privada de los particulares para el cumplimiento de los fines y
ejecución de los programas de la Ley 30 /88. En el numeral 3' indica la forma de identificar el predio que se va
a adquirir, identificación que se logra a través de los. estudios, visitas, mensuras o elaboración de planos y
demás diligencias que sean necesarias para el efecto. De esos pasos, corresponde el señalado en el N°4, que
consiste en el avalúo del predio por expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El literal a, de ese
numeral, señala que en el avalúo se deberá tener en cuenta el valor intrínseco de la tierra según su ubicación,
la calidad de los suelos, disponibilidad de aguas, la infraestructura física, de vías públicas de acceso y dotación
de servicios públicos.
Esa norma dice cómo debe realizarse la identificación y el avalúo, previo a la compra, pero no prohibe la
compra como cuerpo cierto.
Por su parte el artículo 6 1, literal a), de la Ley 135 / 61, modificado por la misma Ley 30 /88, artículo 26, señala
la forma cómo el Incora debe pagar las tierras que adquiere.
Por último, el D.R. 2107 /80, en el artículo 16, señala cómo debe hacerse el avalúo y en el 19, el contenido que
debe tener la oferta de compra.
3° La consecuencia que se persigue.

El Incora demandó, dado que con posterioridad a la suscripción de las escrituras de compraventa, encontró que
el predio no tenía la cabida de 821 Has, 9843 M2 a que se hacía referencia en el avalúo y en la escritura 530,
sino que la cabida real era de 720 Has, 7184 M2.
Esa situación, lleva al instituto a pedir que se reduzca el precio, en proporción a la diferencia de la cabida real
del predio Berlín.
Para la Sala no existe duda alguna de que la venta del predio Berlín no se realizó en razón de su cabida, sino
como cuerpo cierto, esa fue siempre la intención de las partes, y tal convenio es perfectamente lícito, conforme
se concluyó al analizar el concepto de violación.
Así es, a folio 186 y ss, del cuaderno N°2, reposa el contrato de compraventa, que suscribieron las partes el 3
de octubre de 1989, en el parágrafo de la cláusula segunda, el promitente vendedor manifiesta que era su
voluntad vender el predio como cuerpo cierto. Esa promesa tomó como base, los linderos técnicos y la
extensión que fueron determinados por el mismo Incora, y que constan en el plano de la División de Estudios
de Ingeniería del Incora, con número de archivo G -439.340 de mayo de 1989.
Si existió una diferencia en la cabida del predio, ello se debió a los planos elaborados por el propio Incora,
como en efecto se admite en la demanda, donde se endilga toda la responsabilidad al funcionario de esa
entidad que levantó el plano.
Pero los demandantes nunca pretendieron vender por cabida, sino como cuerpo cierto y así lo anunciaron en la
promesa y lo ratificaron en la escritura de compraventa y en aquella mediante la cual aclararon y ratificaron la
primera.
La H. Corte Suprema de Justicia, ha dicho que debe entenderse que todas las ventas de predios rurales, se
hacen como cuerpo cierto, y que si es voluntad de las partes hacerlo en consideración a la cabida, deben
manifestarlo en forma expresa, sino se hace así, se entenderá que se usó la primera de las modalidades.
En sentencia del 14 de junio de 1976, dijo esa Corporación:
"Para que la venta de un fundo rústico se entienda hecho con relación a su cabida, es indiferente, según
los incs. 2' y 4' que su precio se fije de manera global, o que se deduzca del número de medidas que se
expresa y del precio de cada medida; como es intranscendente también que se indique una cabida total, o
las cabidas de las varias porciones de diferentes calidades y precios que contenga el predio. Pero en todo
caso y por tratarse, como queda dicho de una situación excepcional, la venta por cabida debe quedar clara
e inequívocamente determinada en el contrato; y, por lo mismo, en caso de duda, debe el juez decidir que
el predio se vendió como cuerpo cierto y no en consideración a su cabida" (Sent. l4 junio 1976, CLII, 210).
Ahora bien, la disminución en el precio que pretende el ente demandante, no procede sino para cuando la venta
se hace en consideración a la cabida del predio, conforme lo dispone el artículo 1888 del C.C.; en
consecuencia, como aquí la venta se hizo fue como cuerpo cierto, el Incora no tiene derecho a solicitar la
disminución del precio.
A la Sala le llama la atención, en relación con este caso, que el Incora recibió el predio con anterioridad a la
firma de la escritura de compraventa y aun así, firmó la escritura en los términos que ahora demanda. El acta
de entrega cuya copia obra a folio 119 del cuaderno N°2, da cuenta de que ésta se realizó el 17 de octubre de
1989, y las escrituras 530 y 74, son del 13 de diciembre de 1989 y el 13 de febrero de 1990, respectivamente.
Esta circunstancia indica que cuando se firmaron las escrituras, el Incora había tenido tiempo suficiente de
saber qué era lo que estaba comprando.
4° La conclusión.
Al no haberse demostrado la existencia del objeto ¡lícito, no se declarará la nulidad absoluta pretendida.
Tampoco habrá lugar a ordenar disminución en el precio, por cuanto el predio no se vendió en consideración a
su cabida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
CONFIRMASE la sentencia apelada, esto es, aquella proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, el 23 de octubre de 1992.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE.
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha, diecisiete (1 7) de septiembre de
mil novecientos noventa y tres (1 993).
Juan de Dios Montes Hernández, Presidente de la Sala ;Daniel Suárez Hernández, Carlos Betancur
Jaramillo, Julio César. Uribe Acosta.
Ruth Stella Correa Palacio, Secretaria.