El motin de Telde.indd - Guia Historico Cultural de Telde

entender que, si fue en 1766, es anterior
al motín de Telde.
5.- La supresión de la renta del almotacenazgo
Pese a las carencias documentales,
puede afi rmarse que el motín se vio coronado
por el éxito ya que a partir de
1767 no se vuelven a registrar nuevos remates
de esta renta, al menos en el campo,
aunque nada se diga sobre el motivo
por el que dejó de rematarse en pública
subasta como el resto de las rentas o arbitrios
pertenecientes al Cabildo 37 . Aún
así, en enero de 1769, el Cabildo tomó
la determinación de poner en administración
dicha renta, encargando de ello y
de su cobranza a Francisco Anselmo Rodríguez
38 , maestro del ofi cio de platero y
vecino de Las Palmas. Sin embargo, “con
el motivo de no hauerse rematado en los
campos la (renta) del almotazelasgo”,
Francisco Anselmo solicitó al Cabildo
“me exonerasen deste encargo o, ad sumun,
fuera yo responzable a la cobranza
en esta capital”. En el cabildo del martes
14 de enero de 1769 se acordó que,
como en el acuerdo en que se le había
conferido esta administración del almotacenazgo
no se especifi caba el modo en
que se había de administrar “y que era
visto por ello no hauerlo yo aceptado en
otra conformidad que en la que acepté
dicha sisa del aguardiente 39 , corriese en
la misma conformidad dicha renta”, para
lo que se pasaría el ofi cio correspondiente
a los alcaldes de los 15 lugares de la
isla a fi n de que haciendo que se rematare
en ellos dicha renta, poder entrar él
a cobrar en la propia forma que la sisa,
otorgando antes la escritura por la que
se obligaba a pagar al Cabildo las cantidades
que produjere dicha renta, “mui
corriente en el casco principal desta ciudad,
y, quando llegue el caso, la cuota o
cuotas en que se rematare en los lugares
desta isla, percibiéndolo de los respectivos
rematadores y entregándolo cada
cuatro meses a dichos señores Justicia y
Regimiento, para lo que lleuaré cuenta y
rasón formal en libro separado del cargo
y data en donde conste por mayor y menor
las partidas con que contribuyeren
las personas que deuieren”, asignándole
por su trabajo personal un 10% de todo
lo que cobrare.
En años posteriores, y a diferencia
de lo que ocurre con otras rentas o arbitrios,
los protocolos notariales no recogen
nuevos remates del almotacenazgo,
lo que nos induce a pensar que tras
el motín se interrumpiera su cobranza.
Ello no impide que el Cabildo trate de
cobrar dicha renta y que, en 1776, don
Pedro Rusell, síndico personero de la isla,
propusiese que para hacer transitable el
paseo o calle que sigue del puente al Toril
se cerrase “el rincón que hay al fi n de
6
El motín no logró la abolición de la imposición del vino. Fotógrafo sin identifi car.
Foto: Fedac. Año 1930.
dicha calle contra el Toril” a costa “de la
renta del almotacel, pensionada a tales
obras”. En 1782 sigue estando en estado
litigioso y así lo reconoce el Cabildo
cuando, en informe enviado al comandante
general el 19 de junio, señala que
entre los ramos de que se componen sus
propios “no entra por ahora el derecho
de fi el almotacén hasta que, puesto en
estado de recurso pendiente en este tribunal
superior (Real Audiencia), merezca
la favorable decisión que la Ciudad espera”.
El Reglamento particular de propios
de la isla de Gran Canaria aprobado el 16
de junio de 1782 sigue considerando el
almotacenazgo como uno de sus ingresos
o rentas de propios, toda vez que el
gobierno y distribución de los propios se
hizo conforme a un informe pedido en
1776 al regente Manuel Francisco Torrente
40 y no conforme al plan que remitió
el Cabildo de Gran Canaria al Consejo
en octubre de 1781 y cuyo expediente
no se mandó pasar a la Contaduría General
de propios 41 . Varias son las diferencias
existentes entre el presupuesto del Reglamento
de 1782 y el plan general propuesto
por el Ayuntamiento en 1781 42 ,
pero por lo que aquí nos interesa sólo
hacemos referencia a las que tienen que
ver con el capítulo de los propios dado
que el reglamento incluye determinados
ramos, como el impuesto del jabón ralo,
el derecho de almotacenazgo y la dehesa
de Tamaraceite, que no fi guran en el plan
general del Ayuntamiento 43 .
La Sociedad Económica de Amigos
del País de Las Palmas se opone en 1782
al restablecimiento del privilegio del fi el
almotacén por considerar se había abusado
de este derecho ya que sólo se buscaba
dinero para cubrir su arrendamiento y
lucro, por lo se convirtió en un impuesto.
Se había planteado una confusión entre el
aferimiento (ajustar y arreglar las pesas
y medidas) y el almotacenazgo (celar y
recono cer que lo estuvieran), por lo que
el almotacén recorría toda la isla acusando
al labrador, cosechero, criador, tejedor,
etc. Al labrador porque tenía celemín,
al cosechero porque debía tenerlo,
al tejedor por razón de la vara tuviera o
no telar de lienzo, a las vendedoras por
el cuartillo y a las panaderas por el peso y
celemín. De acuerdo con el informe dado
por la Económica en 1782, los tipos que
se cobraban por el sello de estas piezas
era el siguiente: por las pesas 21 cuartos
de moneda antigua; por la vara, celemín
o cuartillo 9. Y esto se repetía en alguna
de las medidas cada cuatro meses hasta
su prohibición 44 .
No obstante, después de 1782, la
renta del almotacenazgo, al igual que el
jabón ralo, acaba desapareciendo del capítulo
de ingresos del Cabildo de Gran
Canaria, tal y como lo acredita la relación
formada el 30 de junio de 1795 por
Dámaso Hermosilla, contador general de
propios de la provincia, con vista de las
cuentas del Ayuntamiento de Canaria del
año 1794. En dicha relación ya no fi gura
el almotacenazgo al quedar reducidos los
ingresos a: tributos, cobranza de una décima,
sisa del vino, sisa del aguardiente,
plaza del mercado, haber del peso, tajones
de la carnicería, lonjas del mercado,
dehesas y valor de 42 fanegas de trigo,
mesón del puerto, abejeras salvajes, alquiler
de una casa y cobro de multas y
cobranza de otros tributos 45 .
BIBLIOGRAFÍA
Libro Rojo de Gran Canaria, Introducción de Pedro
Cullen del Castillo, Las Palmas de Gran Canaria,
1995.
SUÁREZ GRIMÓN, V.: “Propios y realengos en Gran
Canaria en el siglo XVIII”, en III Coloquio de Historia
Canario-Americana (1978), pp. 175-292, Las
Palmas de Gran Canaria, 1980.
SUÁREZ GRIMÓN, V.: La propiedad pública, vinculada
y eclesiástica en Gran Canaria en la crisis del Antiguo
Régimen, Tomo I, Madrid, 1987, pp. 461-529.
SUÁREZ GRIMÓN, V.: “La confl ictividad social en
Canarias”, en Historia de Canarias de Editorial
Prensa Canaria. Vol. III, siglo XVIII, Alzira (Valencia),
1991, pp. 493 a 512.