El motin de Telde.indd - Guia Historico Cultural de Telde

SUÁREZ GRIMÓN, V.: “Los orígenes municipales de
la ciudad de Telde”, en Guía Histórico Cultural de
Telde, número 10, 1998, pp. 37-42.
SUÁREZ GRIMÓN, V.: “El Motín absolutista de 1823
en Telde (Gran Canaria): nuevos datos”, en Guía
Histórico Cultural de Telde, número 14, 2003, pp.
9-16.
SUÁREZ GRIMÓN, V.: “El Motín de Telde de 1750”,
en Guía Histórico Cultural de Telde, número 16,
2005, pp. 5-11.
SUÁREZ GRIMÓN, V.: La reforma de la Hacienda
Municipal en Canarias en el siglo XVIII, Las Palmas
de Gran Canaria, 2005.
SUÁREZ GRIMÓN, V.: “El Motín de Telde de 1799”,
en Guía Histórico Cultural de Telde, número 17,
2006, pp. 15-29.
VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de la historia general de
las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1971,
Tomo II.
FUENTES
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE MADRID.
Fondo de Consejos.
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LAS PAL-
MAS: Fondos de Audiencia y protocolos notariales.
ARCHIVO MARQUÉS DE ACIALCÁZAR. Legajos
varios.
ARCHIVO MUSEO CANARIO: MILLARES TORRES,
A.: Colección de documentos para la Historia de las
Islas Canarias, y HERMOSILLA, M.: Descripción
topográfi ca, geográfi ca y militar de la isla de Gran
Canaria.
NOTAS
1 Al hablar de Telde, el ingeniero militar Miguel de Hermosilla señala
que “este lugar, que se ennobleció en lo antiguo por lo delicioso de su
situación y bellas aguas, levantó desde luego el título de ciudad, que usa
en los encabesamientos y escrituras, sin que a nadie haya manifestado
hasta ahora el privilegio”. HERMOSILLA, M.: Descripción topográfi ca,
geográfi ca y militar de la isla de Gran Canaria, inédito.
2 De él decía Viera y Clavijo que era “un ministro sabio, elocuente, impetuoso,
que, lleno de mérito y del celo más vivo por la dignidad del
tribunal, respetaba al comandante general y no le temía”. VIERA Y CLA-
VIJO, J.: Noticias de la historia general de las Islas Canarias, Santa Cruz de
Tenerife, 1971, Tomo II, pp. 377-378.
3 Informe del fi scal San Cristóbal al Consejo el 24 de enero de 1767.
4 Presidido por un gobernador o corregidor (1630), estaba compuesto
por un número variable de regidores que tuvieron carácter vitalicio hasta
que en el siglo XVII se convirtieron en perpetuos, pudiendo ser vendidos,
vinculados, o, simplemente, dejados en herencia. A ellos se unen
otros ofi cios que suelen llevar aparejada una regiduría: alférez mayor,
alguacil mayor y depositario general.
5 Tales núcleos de población surgen tanto por razones de necesidad de
asentamiento agrícola como religiosas, y su rasgo esencial, con independencia
de que tuvieran o no parroquia, es la presencia de un alcalde real
con jurisdicción limitada y dependiente del gobernador o corregidor
que le nombraba. Entre sus cometidos estaba el presidir las juntas de
vecinos o cabildos abiertos para tratar sobre asuntos propios del vecindario,
rondar las calles del lugar durante la noche en evitación de que se
cometieran pecados públicos o robos, cuidar del arreglo y limpieza de
plazas, calles y caminos, celar por los abastos y mantenimientos, etc. Al
fi nalizar el siglo XVII los pueblos de Gran Canaria que cuentan con alcalde
son 15, a saber: Agaete, Agüimes (también contaba con otro ordinario
nombrado por el obispo), Aldea de San Nicolás, Artenara, Arucas,
Firgas, Gáldar, Guía, La Vega, Moya, San Lorenzo, Tejeda, Telde, Teror
y Tirajana. No todos contaban con parroquia (Firgas, Artenara y Aldea),
ni en todos llegó el párroco antes que el alcalde (Guía, San Lorenzo).
6 Los cambios experimentados se redujeron a la introducción con las reformas
administrativas de Carlos III en 1766, tanto en el Cabildo como
en los pueblos, de la fi gura de los diputados del común (cuatro en el Cabildo
y dos en los pueblos) y el síndico personero, elegidos, al igual que
los alcaldes, por un proceso electoral de segundo grado en el que los
vecinos reunidos por parroquias eligen 24 compromisarios, y éstos a los
diputados y síndico. Fueron estas reformas y la introducción de dichos
cargos las que alentaron a aquellos núcleos de población que no tenían
tales empleos a que se les permitiera su elección. Y así sucedió con los
que contaron previamente con parroquia: San Mateo, Valsequillo, Santa
Lucía, Mogán e Ingenio.
7 El Fuero dado por los Reyes Católicos el 20 de diciembre de 1494
no sólo reguló la vida municipal en la Villa de la Palma sino que en él se
advierte la preocupación de los monarcas por fomentar la creación de
nuevos ayuntamientos o concejos dentro de la isla, para una mejor y efi -
caz administración de sus vecinos. Decía el Fuero que mandamos que en
qualesquier lugares e villas que estouieren subjetas a la jurisdición desa villa
o encomendadas a vos el dicho nuestro gouernador della, auida primamente
información de la calidad e población de cada lugar e de lo que conuiene
para la buena gouernación del, fagais ordenanças quales vierese que conuiene
para cada lugar, ansí e el elegir de los alcaldes e regidores e procuradores
e otros offi ciales, como en las otras cosas que tocan a la buena gouernación
de las dichas villas e Lugares, de manera que las dichas villas y lugares estén
gouernadas como deuen... Sin embargo, este mandato no tuvo efecto, ya
que la jurisdicción del Cabildo de Gran Canaria comprendió la totalidad
del territorio insular hasta la creación de los ayuntamientos modernos
en el segundo cuarto del siglo XIX. Copia editada por el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del 500 aniversario de la
Real Cédula de privilegio de esta isla o Fuero Real de Gran Canaria. Las
Palmas, 1994.
8 SUÁREZ GRIMÓN, V.: La reforma de la Hacienda Municipal en Canarias
en el siglo XVIII, Las Palmas de Gran Canaria, 2005.
9 El jabón ralo concedido en 1579 dejó de considerarse como renta
de propios a lo largo del siglo XVIII, aunque en 1711 se pidió al rey la
concesión del estanco del jabón duro en lugar del ralo y blando que
rentaba unos 80 ducados “por no consumirse en esta isla de algunos
años a esta parte”.
10 Al adoptarse esta última solución, se enajenó la mitad del agua dando
origen al Heredamiento del Dragonal, en tanto que la otra mitad fue
vendida a censo en 1527 al licenciado Venegas para evitarse los gastos
de administración.
11 SUÁREZ GRIMÓN, V.: La reforma de la Hacienda Municipal en Cana-
rias en el siglo XVIII, Las Palmas de Gran Canaria, 2005.
12 La cédula venía encabezada por el rey Fernando, Felipe y Juana.
13 Libro Rojo de Gran Canaria, Introducción de Pedro Cullen del Castillo,
Las Palmas de Gran Canaria, 1995, pp. 179-180.
14 Su dotación, al igual que el castillo de la Luz y el de San Pedro Mártir,
corría a cargo del Cabildo.
15 Por real cédula de 7 de diciembre de 1526, expedida a petición de las
islas realengas, Carlos I dispuso que en la isla de Gran Canaria residiesen
tres jueces de apelación que conociesen de las causas y negocios de
los vecinos de dichas islas en grado de apelación, asignando a cada uno
120.000 maravedíes de salario anual, cuya “terzia parte” pagaría la “isla
de Gran Canaria y su jurisdi(c)sión”, la “otra tersia parte” correspondería
a “las otras islas..., assí de realengo como de señorío”, y, por último,
la “otra tersia parte” a las penas de cámara. Para facilitar el pago de la
parte que correspondía pagar a las islas, éstas solicitaron se les concediese
licencia o facultad para “lo hechar por sisa en los mantenimientos
que en ellas se vendieren porque las dichas islas no tienen propios ni
rentas para lo pagar”. En virtud de lo útil que resultaba la presencia de la
Audiencia en las islas, por la real cédula de 8 de julio de 1527 se les concedió
licencia y facultad “para que, el primero año que los dichos jueses
tuuiesen los dichos ofi sios e dende en adelante en cada un año hasta que
otra cossa mandemos, puedan hechar por sisa los maravedís que montaren
las dos tersias partes que está mandado que las dichas islas paguen
para los salarios de los dichos jueses, la qual dicha sisa se heche en los
mantenimientos e otras cossas que en las dichas islas se vendieren, que
sea con el menor daño e perjuizio que ser pueda a los vezinos de ellas e
de los extrangeros e caminantes que a ellas fueren e vinieren, los quales
dichos maravedís mandamos que se pongan en depósito en poder de
una buena persona en cada isla para que de ellos se paguen los dichos
salarios e no se gasten en otra cossa alguna”. Real cédula de 8 de julio
de 1527. Libro Rojo de Gran Canaria, Introducción de Pedro Cullen del
Castillo, Las Palmas de Gran Canaria, 1995, pp. 277-278.
Con motivo del motín se suprimió el cobro
de derechos por el uso de pesas y
medidas (amotacenazgo)
16 Para recaudar alguno de los donativos ofrecidos por la isla al rey, éste
permitió la imposición sobre el vino. Es el caso del donativo pedido
por real cédula de 23 de septiembre de 1664 para “el socorro de las
necessidades en que se (h)allaua de la conquista del reyno de Portugal”.
En cabildo de 6 de diciembre de 1664 el licenciado don Martín Vasaudelavalde,
oidor de la Audiencia y comisionado por el capitán general para
Gran Canaria, pidió el donativo y el Cabildo ofreció 16.000 ducados
pagaderos en el tiempo que corriesen los arbitrios que se concediesen
para su paga. La propuesta hecha fue “la imposición de un quarto (4
maravedís) en cada quartillo de vino que se bendiesse atauernado en
esta isla y en los frutos de ella que se sacassen fuera y en las carnes que
se matassen, señalándose en cada género cantida(d) líquida hasiéndose
tres rentas”. Tal propuesta fue concedida y corrió su cobranza desde el
1 de enero de 1665 hasta 1668, siendo lo recaudado por la imposición
del vino: 1665= 34.000 reales, 1666= 34.900, 1667= 28.000 y 1668=
33.500, si bien se debieron rebajar 7.750 reales anuales (31.000 por los
cuatro años) por los salarios de la plaza de oidor de la Audiencia y su
ejecutor y 12.463 y medio reales por la refacción eclesiástica. SUÁREZ
GRIMÓN, V.: La reforma de la Hacienda Municipal en Canarias en el siglo
XVIII, Las Palmas de Gran Canaria, 2005.
17 A fi nes del siglo XVII, los ingresos de los propios de Gran Canaria
regulados por un quinquenio importaban 35.268 reales, correspondiendo
a cada uno de los años 7.053 reales, y los gastos precisos de dicho
quinquenio importaban 42.069’5 reales. Real cédula de 7 de noviembre
de 1702.
18 En esos años, el rendimiento de los 2 maravedís de vino acuartillado
oscilaba entre los 10.000 y 12.000 reales y los 3 maravedís 24.000
reales, de los cuales se rebajaba lo que correspondía a la plaza del ministro
de la Audiencia y la refacción que se pagaba al estado eclesiástico
por un importe anual en torno a los 1.800 reales, destinándose el resto
“para la paga de los donatiuos con que la dicha ysla y Ciudad no (h)auía
seruido de pocos años a esta parte, que ymportauan más de sinquenta
y sinco mill ducados, para los gastos que se (h)auían ofresido hasser en
los funerales de las señoras reynas doña María Luiza, doña Mariana de
Austria y don Carlos segundo, que están en gloria, y en echar de la dicha
ysla la langosta o sigarra que se comía los frutos”. Real cédula de 7 de
noviembre de 1702.
19 La petición del Cabildo se redujo a que el impuesto de los dos maravedís
“fuesse por espasio de dies años o hasta en cantidad de diez
mill ducados”. La concesión se llevó a efecto tomando a censo hasta
35.000 reales a favor del hospital de San Martín de Las Palmas. Dicha
cantidad fue depositada en el coronel y regidor don Francisco de Matos,
fabricándose con ella el castillo nuevo que llaman de San Felipe, en la
cordillera y colina de Santa Catalina. En 1710 apenas se “(h)an redimido
nobessientos y más reales y de lo demás se está pagando dicho senso”.
Certifi cación de Pedro Alejandro de Medina, escribano público y de Cabildo,
de 4 de marzo de 1710.
20 Facultar al Cabildo para que por espacio de diez años pudiera “ronper,
reduzir a cultura, labrar y senbrar las tierras realengas y valdías que
tiene dicha ysla y no fueren de regadío y las sobras de montes y montañas
de que ua hecha menzión y venderlas o darlas en ar(r)endamiento
o tributo a la persona o personas que paresiere más conueniente”, encargando
el deslinde y amojonamiento a la Audiencia de Canarias para
destinar su producto al reparo y pertrecho de los castillos. Real cédula
de 22 de agosto de 1705.
21 Los gastos precisos que tenía la Ciudad, y que no alcanzaba a cubrir
con sus propios, y para los que se habían hecho en los funerales de los
reyes, quitar la langosta y cigarra de la isla y otros gastos y funciones
públicas que tenía. Como ocurriera en 1700, la petición se hizo por
“espasio de diez años o hasta en cantidad de diez mill ducados”. Real
cédula de 22 de agosto de 1705.
22 Es posible que el cobro se iniciara en 1723 aunque gravando indistintamente
el vino y el aguardiente, sin embargo en 1725 se observa que
los 6 maravedís sólo gravan el vino.
23 SUÁREZ GRIMÓN, V.: La reforma de la Hacienda Municipal en Canarias
en el siglo XVIII, Las Palmas de Gran Canaria, 2005.
24 Ibídem.
25 Esta pragmática llegó a Gran Canaria en el barco venido del puerto
de Santa Cruz y el corregidor de la isla el 2 de septiembre mandó
publicarla “a son de caxas en esta ciudad (Las Palmas), en las partes
acostumbradas”, y que se escribiesen cartas a los alcaldes “de los quinse
pueblos desta dicha Isla” con un ejemplar para que la publicasen en su
jurisdicción. El 3 de septiembre la mandó protocolizar, y así se hizo el 6
de septiembre de 1765.
26 Informe dirigido al fi scal don Julián de San Cristóbal el 10 de enero de
1767. Para el escribano Machado, el origen de estos excesos radicaba en
“la falta de respeto a la Justicia en el sistema presente”.
27 Por real cédula de 16 de agosto de 1767 se concede licencia para
que el Cabildo pudiese usar e imponer un cuarto en cada cuartillo de
aguardiente del que se expende por menudo para con su producto pagar
200 pesos anuales, dotación y salario del Alcalde Mayor de la isla,
destinando el sobrante para reedifi cación y conservación del puente y
muralla del torrente o barranco Guiniguada, arruinado durante el temporal
de Reyes del año 1766. Ello no fue sufi ciente y para la edifi cación
o reparación del puente de Triana se debió recurrir a la contribución de
los particulares “por no tener el Ayuntamiento medios ni fondos para su
construcción”, sucediendo lo mismo con la reparación del camino real
de Telde. Uno de los contribuyentes fue don Esteban Llarena Calderón,
marqués de Acialcázar.
28 ÚLTIMOS REMATES DE LA RENTA DEL ALMOTACENAZGO
AÑO REMATADOR MARAVEDÍS
1753 Diego Rodríguez de Quintana, Las Palmas 240.000
1756 José Antonio Vázquez, Las Palmas
1757 Juan Cancines, Las Palmas 229.440
1759 Juan Cancines, Las Palmas 239.040
1760 José Macías, las Palmas 192.000
1761 Domingo Alemán, Las Palmas 170.400
1762 Juan Marrero, las Palmas 213.360
1764 Tomás Rivero, Las Palmas 177.600
1765 Tomás Rivero, Las Palmas 151.200
1766 Bernardo Ramos Carrillo, Las Palmas 144.000
1769 Francisco Anselmo Rodríguez, Las Palmas Administración
29 Y en cabildo de 31 de enero se aprueba la fi anza presentada a la seguridad
de su cobranza.
30 Nicolás de la Santa y Ariza.
31 Bernardo Ramos Carrillo, vecino de Las Palmas.
32 SUÁREZ GRIMÓN, V.: “Propios y realengos en Gran Canaria en el siglo
XVIII”, III Coloquio de Historia Canario-Americana (1978), Las Palmas
de Gran Canaria, 1980, Tomo I, pp. 194-195.
33 Informe remitido al fi scal de S.M. en la Audiencia de Canarias el 10 de
enero de 1767 por Pablo de la Cruz Machado, escribano más antiguo de
la isla, quien obtuvo noticias de estos hechos de diferentes personas y,
sobre todo, del propio escribano de Telde.
34 El alcalde concluía que lo relatado era cuanto “he podido averiguar
sobre el asunto”.
35 La carta concluye diciendo que “esto lo ha podido averiguar de algunos
sujetos visibles, y que esto que lleva dicho se lo dijeron a mi coronel,
quien podría dar razón del pasaje por haber hablado con ellos”.
36 Con toda probabilidad se trata del coronel don Cristóbal Benítez
Rojas y Guzmán.
37 SUÁREZ GRIMÓN, V.: “Propios y realengos en Gran Canaria en el siglo
XVIII”, III Coloquio de Historia Canario-Americana (1978), Las Palmas
de Gran Canaria, 1980, Tomo I, pp. 194-195.
38 Entre los bienes que hipotecó a la seguridad de los caudales que cobrase
fi guran: -Hacienda en Marzagán, de viña y árboles, casa, lagar y pipas,
cercada de pared, con una cabida de 17 fanegadas -incluso 5 de pan
sembrar- y con un valor de 5.000 pesos. –Tercera parte de un cercado
en Las Palmas con 4 horas de reloj de agua del heredamiento de la Mina,
fuera de la muralla de los Reyes, con un valor de 500 pesos. –Casa en el
barrio de San Justo, con un valor de 300 pesos. –Casa alta en Las Palmas,
lindando por delante con calle trasera que sube a la ermita del Espíritu
Santo, con un valor de 300 pesos. –Un pedazo de tierra plantado de
algodoneros en Jinámar, lindando por arriba con el Monte Lentiscal, con
un valor de 200 pesos.
39 Se trataba del “nuevo impuesto y arbitrio” concedido por el rey de un
cuarto en cada cuertillo de aguardiente que se vendiese al por menor
en la isla
40 El informe, y consecuentemente los ramos y valor de los propios y
arbitrios de la isla así como las cargas y gastos que deberán satisfacer
con consideración al producto anual que tienen, se elaboró a partir de
los documentos y certifi cación dada por Carlos Vázquez Figueroa, escribano
mayor del Cabildo, el 23 de diciembre de 1776 y de “otras
noticias tomadas en su razón”. A.M.C. HERMOSILLA, M.: Op. cit., pp.
26 r.-29 r.
41 Es lo que señala el Ayuntamiento en un posterior escrito de 7 de
junio de 1786 en el que pedía poder disponer del sobrante de propios
y arbitrios para pagar a sus dependientes y hacer frente a otros gastos
imprevistos y urgentes que también se expusieron en 1781, pero que
no se tuvieron en cuenta en el Reglamento porque el expediente no se
mandó pasar a la Contaduría General de propios por donde se expidió
y comunicó el Real Reglamento. SUÁREZ GRIMÓN, V.: La reforma de
la Hacienda Municipal en Canarias en el siglo XVIII, Las Palmas de Gran
Canaria, 2005.
42 Acompañando la representación en que se solicitaba el sobrante de
dichos arbitrios o la facultad de roturar tierras realengas y baldías para
hacer frente a las obras públicas y gastos extraordinarios que se presentasen,
al que parece no se hizo mención en el Reglamento porque no se
mandó pasar a la Contaduría general de propios.
43 El jabón ralo dejó de considerarse como renta de propios a lo largo del
siglo XVIII, aunque en 1711 se pidió al rey la concesión del estanco del
jabón duro en lugar del ralo y blando que rentaba unos 80 ducados “por
no consumirse en esta isla de algunos años a esta parte”. El derecho de
almotacenazgo dejó de percibirse a partir de 1766, si bien aún en 1782
está en estado litigioso. Las rentas de la dehesa de Tamaraceite dejaron
de percibirse desde 1600 en que se asignaron para el sostenimiento del
Presidio. Esto se traduce en una diferencia en el producto anual que en
el quinquenio de 1775-79 es de 14.217 reales y en el Reglamento de
16.485. El producto anual de los arbitrios también es diferente, 36.011
reales en el quinquenio y 30.081 en el Reglamento. SUÁREZ GRIMÓN,
V.: “Propios y realengos en Gran Canaria en el siglo XVIII”, en III Coloquio
de Historia Canario-Americana (1978), pp. 175-292, Las Palmas de
Gran Canaria, 1980.
44 A.M.C.: MILLARES TORRES, A.: “Colección de documentos para la
Historia de las Islas Canarias. Informe de la Sociedad Económica de Las
Palmas sobre aumento del caudal de Propios”. Año 1782.
45 SUÁREZ GRIMÓN, V.: La reforma de la Hacienda Municipal en Canarias
en el siglo XVIII, Las Palmas de Gran Canaria, 2005.
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