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LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA POLÍTICA DE LA TECNOLOGÍA EMERGENTE INVENTORES, CIUDADANOS Y LOS PODERES QUE CONFIGURAN EL FUTURO* STEPhEN hILGARTNER Director del Departamento de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Cornell. El autor reconoce el apoyo de la Beca No.0352000 de la Fundación Nacional de Ciencias, y del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Cornell. Estados Unidos. Traducido por Derly Sánchez
IntroduccIón os estados modernos dependen de la ley, la administración y la experticia técnica para definir espacios de toma de decisiones que puedan ser legítimamente considerados como independientes de lo político. Sin embargo, de tiempo en tiempo los aspectos políticos de la toma de decisiones en estos dominios –supuestamente apolíticos– se tornan visibles a las grandes audiencias, desde donde se apela la generación de reformas, lo que algunas veces produce importantes cambios institucionales. En la década del 60, por ejemplo, las escogencias normativas y las relaciones de poder incrustadas en la toma de decisiones sobre los riesgos tecnológicos de las sociedades modernas, lograron nuevos niveles de visibilidad. 1 Las controversias públicas sobre cuáles riesgos son “aceptables”, quiénes deben decidir y cómo hacerlo, proliferaban en una amplia gama de dominios técnicos. La gente se volvió reacia a confiar en las compañías privadas, o en los científicos e ingenieros que éstas empleaban para manejar los riesgos ambientales, o para asegurar la protección del consumidor, y abogaban por la creación de nuevos sistemas de supervisión pública. Los movimientos sociales demandaban una voz en la toma de decisiones, y el gobierno federal respondía creando un nuevo aparato regulador, personificado en agencias como la Agencia de Protección Ambiental, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Resumiendo, este discurso legal y de políticas públicas, que había definido estrechamente el riesgo tecnológico como un elemento meramente técnico, que podría ser manejado a través de la deliberación en privado de expertos y desde litigios extracontractuales a posteriori, fue colapsando con la emergencia de nuevos mecanismos de responsabilidad y participación pública. 2 De manera análoga a lo aquí dicho, existe evidencia de que la maquinaria conceptual e institucional asociada a la política de propiedad intelectual, puede encontrarse en proceso de perder su capacidad de contener esta dimensión política. 3 Hace treinta años, la propiedad intelectual parecía ser un tema de interés, principalmente, para un estrecho grupo de especialistas. 4 Si bien las controversias sobre las infracciones a las patentes y el copyright podían involucrar grandes sumas de dinero, éstas no parecían importar sino a los actores más directamente implicados o, quizás, a los inversionistas; pero nunca a un grupo amplio de ciudadanos. La ley de patentes podía quedar segura en manos de unos pocos expertos, conocedores de las doctrinas y los detalles técnicos, capaces de entender las recónditas cuestiones jurídicas. La mayor parte de los expertos en leyes veían la propiedad intelectual como poco interesante en términos políticos, lejana de la emoción de campos como el Derecho Constitucional. Hoy, en cambio, la propiedad intelectual es percibida ampliamente como un dominio donde importantes decisiones de la sociedad se toman en forma rutinaria. En los años 80 y aún más en la década de los 90, las controversias públicas más visibles estuvieron relacionadas con decisiones de propiedad intelectual. Muchos de los debates se centraron en áreas de tecnologías emergentes de rápido desarrollo, tales como la biotecnología, el software y el Internet, con controversias en curso sobre el copyright digital y la patentabilidad de formas vivas, genes, algoritmos y métodos de negocios. No sólo se extendió la propiedad intelectual hacia nuevos dominios técnicos, sino que desde 1994 su alcance internacional ha crecido inmensamente con la aprobación del polémico Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En este contexto, un gran número de académicos, organizaciones no gubernamentales (ONG), activistas y otros observadores vieron en la política de la propiedad intelectual un campo de batalla, que implicaba decisiones de largo alcance sobre el futuro de las sociedades contemporáneas y los términos en que podría tener lugar una gobernabilidad global. 5 Los síntomas de este cambio pueden encontrarse en muchos lugares: el creciente activismo de los movimientos sociales que impugnan las políticas de propiedad intelectual en dominios como las tecnologías de la información, las tecnologías genéticas y la salud global; las amplias discusiones en Internet, particularmente en blogs; la explosión de literatura tanto académica como popular sobre el tema; una cascada de informes de políticas públicas; la creación de nuevas instituciones como Creative Commons, 6 cuyo objetivo es forjar un dominio público más consolidado, e incluso los intentos en Suecia y otros países por lanzar un partido político –el Partido Pirata– desde donde sea posible traer a la esfera pública discusiones y cambios que incluyen la abolición gradual de las patentes. 7 No existe, bajo ningún aspecto, un acuerdo entre las diferentes personas y grupos activos en la cada vez más visible política de propiedad intelectual, pero sí existen pocas dudas de que un número cada vez mayor de actores está convencido de que algo importante no encaja en la forma como la propiedad intelectual es gobernada. El creciente debate público deja abierta la pregunta sobre qué tan adecuadas son las bases de las políticas públicas sobre propiedad intelectual para manejar la nueva visibilidad, en términos políticos de la toma de decisiones. ¿El actual marco conceptual y las instituciones subyacentes de la política pública en patentes están perdiendo su capacidad para transformar la toma de decisiones en este ámbito y en asuntos de ley, administración y juicio experto? ¿Es confiable la estructura básica de la política pública de propiedad intelectual? ¿Será que ésta solo necesita ajustes relativamente menores en su doctrina e implementación, o será que sus referentes tradicionales tropiezan con problemas más profundos que solo pueden ser tratados a través de reformas más fundamentales? Este estudio argumenta que existe un desajuste entre la doctrina tradicional y las nuevas políticas de propiedad intelectual. Para examinar la naturaleza de este desajuste, comparo dos marcos de referencia que son propios del debate contemporáneo sobre propiedad intelectual: el discurso tradicional enfocado a la política de innovación, y un discurso más reciente, aunque menos claramente codificado, que ve los aspectos de la propiedad intelectual desde las dimensiones políticas de la tecnología. Este último discurso se enfoca en el reto de la gobernabilidad democrática en un mundo donde las tecnologías emergentes han asumido un rol principal en la configuración del futuro, y hace preguntas de largo alcance sobre cómo ellas deberían encajar en los órdenes sociales. 8 El discurso tradicional todavía domina la discusión en la política pública; hecho que ha inspirado algunos esfuerzos ingeniosos por intentar insertar las preocupaciones sobre la relación entre tecnología y democracia en el marco tradicional de la innovación. Junto con esto, algunas de las obras más impresionantes sobre propiedad intelectual, especialmente en el campo de la tecnología digital, llegan a mezclar la innovación con las preguntas sugeridas desde las políticas de la tecnología. 9 Para abordar de manera separada estas dos dimensiones del debate actual, como lo hace este estudio, es necesario admitir que ello implica pasar por alto algunas complejidades. Sin embargo, este tipo de análisis se constituye en un dispositivo heurístico de gran utilidad. Particularmente: al identificar las características específicas de la perspectiva política de la tecnología y presentar su visión distintiva de lo que está en juego en la propiedad intelectual, permite aclarar las disputas que están consolidándose sobre este tema en la actualidad. Comienza este estudio introduciendo cada uno de los discursos políticos ya mencionados, y luego los compara sistemáticamente para examinar el modo como cada uno de ellos ve la naturaleza del cambio tecnológico, los poderes que las patentes otorgan, los roles de los inventores y los ciudadanos, y los criterios para la evaluación de políticas. Mi discusión se 88 Stephen Hilgartner Ciencia, Tecnología y Democracia: Reflexiones en torno a la Apropiación Social del Conocimiento 89
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