Informe DDHH - UDP - Fasic

tuaciones de la Comisión, así como todos los antecedentes que recibiera,
tendrían el carácter de reservados para todos los efectos legales. 67
La Ley 19.992, que establece una pensión de reparación y otorga beneficios
a las víctimas calificadas por la Comisión Valech, fue más explícita
en esta restricción al señalar que el secreto de los documentos, de
los testimonios y de los antecedentes regiría por un plazo de cincuenta
años, período en el cual ninguna magistratura podría acceder a ellos. 68
Esta norma puede estar justificada en el deber de proteger la honra y
vida privada de las víctimas, pero no obsta a que se consagre también el
derecho a la justicia de las víctimas mediante sanciones efectivas por los
crímenes cometidos. El principio 16 contra la impunidad prescribe que
Los tribunales y las comisiones extrajudiciales de investigación,
así como los investigadores que trabajen bajo su responsabilidad,
deberán poder consultar libremente los archivos. Este
principio se aplicará en forma tal que respete los requisitos pertinentes
para proteger la vida privada, incluidos en particular
seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas
y a otros testigos como condición previa de su testimonio. 69
Del fragmento anterior se desprende que el Poder Judicial puede acceder
a estos archivos en la medida en que se respete la vida privada y
la seguridad de las víctimas y de los testigos, y se descarta la posibilidad
de establecer un plazo límite o dentro del cual se puede acceder a esa
información. Tal como ha sostenido la Corte Interamericana, la obligación
del Estado “debe tener un sentido y ser asumida por el Estado
como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima
o sus familiares o la aportación privada de elementos probatorios, sin
que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”. 70 El ejercicio
pleno y efectivo del derecho a la verdad depende en gran parte de que
el Estado asuma ese deber. 71
Los archivos que resulten del trabajo de esta Comisión y los informes
de las comisiones anteriores serán custodiados por el Instituto de Derechos
Humanos en virtud del artículo 3, número 6, de la Ley 20.405. Esta
67 Ley 20.405, artículo 3 de las normas transitorias.
68 Ley 19.992, artículo 15.
69 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, distr. general, E/CN.4/2005/102/Add.1,
8 de febrero de 2005, principio 16.
70 Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de fondo del 29 de julio de
1988, Serie C 4, párr. 177. Ver Informe 2006, p. 289.
71 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, distr. general, E/CN.4/2005/102/Add.1,
8 de febrero de 2005, principio 2.
33