Sentencia con Opinión de Conformidad y Opinión Disidente

CC-2011-471 11
adoptar dicha ley con la interpretación que le ha dado el
Tribunal Supremo de España”. Íd. Como siempre, tendremos
presente que “[c]uando una de nuestras instituciones derive
de determinada tradición jurídica, los precedentes de ésta
tendrán valor persuasivo en esta jurisdicción, sin olvido
de desarrollos valiosos en otros sistemas, aunque sujeto
siempre a las realidades específicas de nuestro medio”.
Pueblo v. Rivera Cintrón, Op. de 19 de abril de 2012, 2012
T.S.P.R. 75, 2012 J.T.S. 88, 185 D.P.R. __ (2012), citando
a Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576, 588 (1983).
Véase, además, R. E. Bernier y J. Cuevas Segarra,
Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico,
2da ed. Rev., San Juan, Publicaciones J.T.S., 1987, pág.
451. Así pues, veamos el análisis que los tratadistas
españoles han dado al requisito de prestación de fianza o
consignación para apelar en casos de desahucio.
Manresa comenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil
española de 1855 tenía el defecto de que cuando la demanda
se fundaba en cualquier otra causa que no fuera el
cumplimiento del término estipulado en el contrato, aunque
fuese la de falta de pago, el juez tenía que convocar a las
partes a un juicio verbal. En él, regularmente la parte
contra quien se solicitaba el desahucio no convenía en los
hechos para que se tuviera que desviar el proceso a la vía
ordinaria.
Explica Manresa que
[b]ien pronto comprendieron los inquilinos y
arrendatarios de mala fe que esa disposición de
la ley les facilitaba el medio de seguir ocupando