CAUSA PENAL:91/2012 AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL.- En ...

2011 dos mil once por el Oficial **********************ante el Agente
del Ministerio Publico.
IV.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE DELITO DE
ULTRAJES A LA AUTORIDAD mismo que prevé y sanciona por
el artículo 320 del Código Penal en vigor, el cual dispone:
“Art. 320.- Al que de palabra o de obra ultraje a una autoridad
en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le
impondrá prisión de tres meses a un año y de 5 a 25 días multa.
Para los efectos de esta disposición se entiende por ultraje
toda acción o expresión ejecutada con el animo de denigrar u
ofender a algún funcionario agente de la autoridad”.
De tal suerte, los elementos a demostrar su existencia en este
caso han de ser:
a).- Que se ultraje de palabra o de obra a un funcionario o
agente de la autoridad,
b).- Que ello ocurra en el ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas, y
c).- Que tal acción se realice con el ánimo de denigrar a
estos.
Sirve de sustento a lo anterior, el siguiente criterio
jurisprudencial:
“AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ACORDE CON EL PRINCIPIO
DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SU DICTADO DEBE
HACERSE CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO ATENDER A LA
LEGISLACIÓN ORDINARIA, CUANDO ESA NO HA SIDO
ADECUADA A LO DISPUESTO EN DICHO PRECEPTO. Si de la
sola lectura del texto de una ley ordinaria, y de su comparación
con el vigente del articulo 19 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se advierte que, al parecer, aquélla
otorga mayores prerrogativas al inculpado al dictarse una auto de
formal prisión, pues dicho texto, al no haber sido actualizado
conforme a la reforma constitucional del ocho de marzo de mil
novecientos noventa y nueve, aún exige para su dictado la
demostración de los elementos del tipo penal, cuyo precepto
jurídicamente incluye no solo los elementos objetivos, sino
también los normativos y los subjetivos que contenga la figura
típica de que se trate, tal apreciación, a simple vista, no debe
conducir a sostener jurídicamente que otorga mayores
prerrogativas al indiciado y que, por ende, resulta de aplicación