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José Alberto Pérez Guerrero, alias “Felipe”, de 29 años de edad,
es el testigo protegido que sustenta la Operación Limpieza
emprendida por el gobierno federal en julio de 2008.
Esta operación inició justo cuando quedó en evidencia el
fracaso de las autoridades en su lucha contra el narcotráfico.
Además, los escándalos sobre la presunta complicidad de funcionarios
de la administración federal con el crimen organizado eran ya
incontenibles. El momento era propicio.
Con la Operación Limpieza a cargo de la PGR, el presidente Felipe
Calderón intenta demostrar que combate la infiltración de la
delincuencia organizada en las instituciones responsables de la procuración
de justicia y la seguridad pública.
La gran pregunta es si realmente lo está haciendo.
A mediados del año pasado, “Felipe”, empleado mexicano de la
Embajada de Estados Unidos en nuestro país, fue llevado con engaños
a la ciudad de Washington, donde fue detenido por autoridades
federales estadounidenses acusado de filtrar información clave a
narcotraficantes mexicanos.
A partir de entonces, las confesiones de “Felipe” se han filtrado
por entregas a los medios de comunicación nacionales y extranjeros
sin ningún control por parte de la PGR.
En cambio, la procuraduría es capaz de resevar hasta por 12 años
algunas averiguaciones previas iniciadas contra ciertos funcionarios
públicos federales en activo.
Lo dicho por “Felipe” reveló la presunta red de funcionarios de
la PGR que estaban al servicio de los hermanos Beltrán Leyva, ex
socios del Cártel de Sinaloa y hoy rivales.
Éstos son los nombres que proporcionó el testigo protegido: José
Antonio Cueto López, ex subdelegado de Apoyo de la Fiscalía Espe-
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