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Antonio Ramos, sugirió hacer un
llamamiento a los mayores contribuyentes
para tomar la determinación
más conveniente, contestando
el Sr. Naranjo ser innecesario tal
llamamiento en razón a que el Ayuntamiento
era el representante legal
y único administrador legal de los
intereses del vecindario.
La actitud del Ayuntamiento revela,
a nuestro juicio, cierta pasividad
y falta de previsión en velar por
un bien común tan necesario, quizás
derivado de su propia incapacidad,
o de los intereses de muchos
de sus miembros con estrechos
lazos socio-económicos que participaban
del negocio del agua, como
se puso de manifi esto en el control
de las aguas de El Chorro por aquellos
años. En este sentido el Síndico
del Común en sesión extraordinaria
celebrada el 25 de septiembre
de 1871, critica el modo en que se
había llevado el asunto:
El que suscribe faltaría á sus deberes
como Síndico(…), no hiciera
presente el triste caso que en
el día afecta á todos los vecinos
con la pérdida total del agua de la
fuente, precioso y único manantial
con que los habitantes de este
barrio y el de los Llanos, se surtían
para los usos de la vida.¿Cómo el
actual municipio ha de mirar con
indiferencia un asunto de tanta
importancia y tristes consecuencias?
(…)Según las apariencias
parece que en esta cuestión hay
una mano oculta que trata de
desvirtuar este derecho tan perfectamente
que el pueblo tiene á
que su municipio cuide de proporcionarle
una de las cosas más necesarias
para la vida del hombre y
que son aguas sanas y potables45 .
Y proponía como medida, examinar
minuciosamente la conducción, por si
alguna obstrucción impidiese el normal
curso del agua, y afrontar las obras necesarias.
La respuesta de una parte de los concejales,
entre ellos Felipe Naranjo, Antonio
Romero Ortega y José Joaquín Gutiérrez
fue contundente, afi rmando que:
la propiedad que ostenta el Ayuntamiento
sobre la expresada
Fuente, no es tan absoluta que le
dé derecho á hacer por sí y ante
si trabajos que propone el señor
Síndico, en virtud de que aquella
propiedad está reducida únicamente
á la cantidad de agua
necesaria para el abasto público.
(…) y que la moción que ahora
hace el señor Síndico debió tener
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Aguador acarreando agua.
Fotógrafo: desconocido
lugar cuando se empezó a notar
la merma de las aguas y no haber
esperado á hacerla cuando la
Fuente se ha secado totalmente;
porque las exploraciones que hoy
pretende se hagan (…), no tuvieron
efecto por culpa del mismo
Ayuntamiento que consideró no
deber contribuir á unos trabajos
que solamente redundaban en
benefi cio de los regantes, prefi -
riendo llegara el caso de que la
propia Fuente se secara completamente
desde el día 31 de agosto
último46 .
La situación para el vecindario no
pudo ser peor, al verse privado de un recurso
básico y de calidad, lo que podía
ser causa de un confl icto público, si con
las avenidas del barranco se enturbiaba el
agua de las acequias de El Chorro, única
alternativa al abastecimiento, o si éstas
venían sucias y reducidas en los meses
estivales.
LA DEFENSA JURÍDICA Y LA PÉR-
DIDA DE UN BIEN PÚBLICO
Consumado el hecho, la actividad del
Ayuntamiento se orientó a la defensa
jurídica de sus intereses, al igual que hicieron
los partícipes de la Heredad del
Valle de La Fuente, quienes interpusieron
interdicto contra Rosa Socorro Pérez
por la merma del agua pública. Para
ello contrataron los servicios de Manuel
Alonso Martínez, abogado en Madrid, y
del jurista Antonio López Botas, que lo
era también de la Heredad de la Vega
Mayor, alegando éste que para
remediar el inmenso mal de perder
las abundantes, puras y saludables
aguas de la fuente, convienen
que los medios que se empleen al
efecto, sean los más acertados y de
éxito más seguro, ya sease extrajudiciales
o extraofi ciales y amistosos,
bien contencioso-administrativos o
judiciales, pues quizá haya que llegar
desgraciadamente á este último
extremo por el estado que ya tiene
el negocio 47 . Al efecto, estimó conveniente
formar expediente con
inclusión de memoria y plano de
todos los antecedentes de la Fuente,
participando en este menester
el maestro de obras Francisco de
la Torre Sarmiento y algunos vecinos
ancianos y de honradez que hubiesen
visto practicar las obras antiguas
de las mismas obras, así como
el nombramiento de una comisión
mixta entre Ayuntamiento y Heredad
del Valle de La Fuente.
A partir de ese momento se
produce una batalla legal entre el Consistorio
y la denunciada, cuya cronología
exponemos de forma resumida, y que se
prolongó hasta 1879.
En julio de 1872, el Ayuntamiento
presentó escrito de denuncia, dirigido al
subgobernador, solicitando la paralización
de las obras, el reconocimiento de
las mismas por peritos nombrados por las
partes y la restitución con indemnización
de todos los daños y perjuicios causados
durante el tiempo que las aguas estuvieron
cortadas y distraídas. La petición del
Consistorio teldense incluía represar las
aguas de la denunciada en la boca de la
galería de desahogo, para ver si las aguas
volvían a tomar su antiguo curso y brotaban
de nuevo en la fuente del abasto
público.
El Subgobernador de Gran Canaria,
en providencia de 21 de septiembre de
1872 resuelve no ser competente en la
cuestión, argumentando no haber presentado
el Ayuntamiento oposición en
tiempo debido y lo que se cuestionaba
por el Ayuntamiento era la propiedad de
un derecho adquirido con anterioridad á la
publicación de la Ley de Aguas, y en este
estado la Administración no podía entender
en la reclamación de la Municipalidad
por ser relativa al dominio de aguas, cuestión
reservada a los Tribunales de justicia 48 .
La reacción del Ayuntamiento fue la interposición
de un recurso de alzada que
fructifi có en la Orden de 11 de octubre
de 1873 dictada por el Gobierno de la
República, previo dictamen de la Junta
Superior facultativa y comisión del Consejo
de Estado, dando vía libre a las pretensiones
de la Corporación local.
Este triunfo momentáneo para la