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El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad
nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando
se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos
especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de
riqueza arqueológica.
• Constitución Política de Colombia
ARTICULO TRANSITORIO 56.
Mientras se expide la ley a que se refiere el artículo 329, el Gobierno podrá
dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento
de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades
territoriales.
ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran
y en la prevalencia del interés general.
ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Tierras de desplazados no podrán ser enajenadas o transferidas
Decreto 2007 de 2001 del Gobierno protege los bienes rurales y fortalece el
patrimonio de los desplazados.
Con la expedición del decreto 2007 el Gobierno Nacional garantizará que los
bienes rurales de la población desplazada abandonados, no sean vendidos por
coacción de los actores armados que generaron el desplazamiento.
A partir de la fecha, los Comités Municipales, Distritales y Departamentales de
Atención Integral a la Población Desplazadas por la Violencia, previa
declaratoria de inminencia de riesgo de desplazamiento o de su ocurrencia por
causa de la violencia, en una zona determinada del territorio nacional de su
jurisdicción, precederá a informar a la Oficina de Registro de instrumentos
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