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existe un punto de vista que cuestiona la interlocución con los grupos
paramilitares, pues sería otorgarles un estatus político que ni el mismo
gobierno les otorga a pesar de ser su creador.
• El Estado debe garantizar el pleno ejercicio del derecho a la vida, a la
libre movilización, a la salud, la educación, la alimentación de los
pueblos indígenas y poblaciones asentadas en territorios de conflicto;
así mismo, debe garantizar la protección a líderes y representantes de
los pueblos indígenas, respetar y reconocer (a nivel de alcaldías,
gobernaciónes, etc.) a las autoridades tradicionales indígenas y sus
organizaciones; cumplir el Protocolo II de Ginebra, las normas referentes
al etnocidio, y las demás incluidas en el Convenio 169 de la OIT; y
asumir la investigación y esclarecimiento de los hechos violatorios de los
Derechos Humanos y Colectivos de los pueblos indígenas y castigo a
los responsables. Algunos sostienen la necesidad de la conformación de
comités interinstitucionales en los departamentos con población
indígena, para garantizar los derechos de los pueblos
• Los grupos paramilitares deben parar los asesinatos, masacres,
secuestros, señalamientos, amenazas y desplazamientos de
comunidades, que están motivados por los intereses económicos de
megaproyectos y terratenientes. Deben salir de nuestros territorios. De
manera urgente se reclama la devolución vivo de los dirigentes y líderes
secuestrados. Algunos plantean que esta exigencia debe hacérsele
directamente al Estado teniendo en cuenta que son dirigidos,
impulsados y protegidos por funcionarios públicos; se plantea que el
Estado debe ordenarles cumplir el DIH, o combatirlos directamente y
judicializarlos.
• La insurgencia debe parar sus acciones criminales contra las
comunidades y dirigentes de los pueblos indígenas; en algunas
Comisiones se planteó que debe exigírseles el respeto de su propio
discurso de compromiso con los sectores populares. A ellos les
seguimos exigiendo que salgan de nuestros territorios, que modifiquen
sus procedimientos contrarios al pueblo, que respeten la autoridad,
territorios, gobierno y ejercicio de la jurisdicción indígena, y que
entiendan que los reglamentos, guardias y procesos organizativos
indígenas son instituciones milenarias. Así mismo, exigimos no más
reclutamiento de jóvenes. “ [2]
[1]. Lisardo domico, coordinador del equipo de paz de la ONIC.
[2]Tomado de la segunda mesa nacional de paz y derechos humanos de los
pueblos indígenas.
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