Fenómenos de la coacción no estatal - Universidad del Norte

Fenómenos de la coacción no estatal
Una mirada desde el Derecho Constitucional
Por Luis Miguel Hoyos Rojas
Estudiante de Derecho de la Universidad del Norte.
Correo electrónico: lmhoyos@uninorte.edu.co
Resumen
El Estado como manifestación soberana
de organización jurídica y política
expresa una relación de dominio
legítimo sobre sus nacionales residentes.
Este dominio legítimo determina la
capacidad de utilizar la fuerza para
establecer un orden justo, que garantice
los principios y fines que se han
establecido en pro de la protección y
efectividad de derechos y deberes como
principal fin constitucional. Sin embargo,
tal atribución y función pueden ser
usurpadas por organizaciones no
institucionalizadas que tergiversan el
orden legal, deteriorando la finalidad de
los objetivos estatales y comprometiendo
la seguridad nacional e integridad
pública, que el Estado como unión
política persigue y protege.
Palabras Claves:
Coacción, Estado, violencia,
institucionalidad y poder.
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A C T U A L I D A D J U R Í D I C A
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La visión institucional y constitucional de la
coacción
Esta reflexión parte de una tesis central,
manifestada en la obra, La Violencia
Parainstitucional en Colombia del Dr. Carlos Medina
Gallego, la cual define que:
“El uso de la fuerza como parte del ejercicio
del poder es responsabilidad del Estado,
quien debe utilizarla en forma racional y
legal. Cuando una organización distinta al
Estado entra a hacer uso de la fuerza en el
desarrollo del conflicto social, con el
pretexto de servir a los intereses de la
sociedad y del Estado, ante la incapacidad
de éste de controlar el conflicto, o bien para
confrontar radicalmente el poder Estatal en
el camino de instaurar un nuevo modelo de
sociedad y Estado. Estamos frente a dos
tipos de violencia distinta: La Violencia
P a r a i n s t i t u c i o n a l y l a V i o l e n c i a
1
Contraestatal” .
El Estado como “grupo territorial duradero,
radicalmente comunitario, estrictamente
delimitado, moderadamente soberano frente a
otros, que se manifiesta como máximamente
comprensivo en el plano temporal y en cuyo seno,
sobre una población, con creciente homogeneidad
2
y sentido de autopertenencia ”; expresa una
relación de dominio social basada en la
implementación de la coacción legítima.
Esta coacción legítima, definida como la "fuerza
o violencia que se hace a una persona para obligarla
3
a que diga o ejecute alguna cosa ", o en su acepción
jurídica, "el poder legítimo del derecho para
imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su
4
infracción "; da a conocer la característica y
consideración de que el Estado, en cuanto a forma
de organización de la comunidad, ostenta el
monopolio de la coacción a la hora de delegar su
ejercicio en sus instituciones, materializando la
capacidad de ejecutar la fuerza para alcanzar un
orden justo a la hora de garantizar sus fines en la
adquisición de la protección efectiva de bienes
jurídicos, derechos y deberes que nacen dentro de
las relaciones sociales de las cuales se nutre el
verdadero concepto de dominio social
institucionalizado.
La subsistencia de ese dominio social está
determinada por un sometimiento de los hombres a
una “autoridad institucionalmente consagrada”,
que encuentra legitimidad subyaciéndose en la
1. Carlos Medina Gallego, Violencia parainstitucional en Colombia.
2. José Zafra Valverde (ex-Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Navarra), Teoría Fundamental del
Estado, p. 74.
3. Definición tomada del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
4. J. C. Bayón, La normatividad del derecho, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.

legalidad y en el reconocimiento por parte de
aquellos que accedieron a someterse.
Esta autoridad legal nace al ceder una
competencia funcional y suprema a una gran
institución debidamente organizada, para que sea
capaz de manifestar la voluntad de coaccionar
dirigentemente con las razones jurídicas y políticas,
las actitudes y actuaciones de todos aquellos que
están bajo su jurisdicción y que así mismo fueron
actores racionales en su fundación. Voluntad de
coacción delegada que subsiste propiamente de
aquella creencia objetiva en esta institución, la cual
es la plataforma sobre la que recaerá la validez de
todos nuestros actos que presumimos
racionalmente reglados y socialmente aceptados;
pues la creencia objetiva en esa gran institución nos
hace estar concienciados de que políticamente
estamos frente a un “Estado legal” aceptado y
creado por todos, con competencia objetiva para
coaccionarnos y gobernarnos.
La Constitución Política de Colombia prevé a las
instituciones de carácter estatal, invocadas por el
poder soberano, de autoridad y legitimidad para
actuar con dominio legítimo y coactivo. Pareciera
que desde este punto de vista, el Derecho
5
Constitucional en el estudio de la Teoría del Estado
dejara ver que, existentemente, hay una
subordinación del poder del “Constituyente
P r i m a r i o ” d e n t r o d e l p r o c e s o d e
constitucionalización y democratización de un
Estado.
Este proceso de subordinación sería efectuado
cuando la autoridad ceda el poder constituyente a
poderes derivados, para que en función de los fines
que éste mismo aceptó y, que mediante Asamblea
Constituyente, positivizó; las instituciones de
carácter estatal ejerzan coacción a la hora de
asegurar la integridad y viabilidad de los derechos,
derechos fundamentales, deberes, obligaciones y
otros en pro de un orden justo y democrático.
Estableciéndose un dominio fundamental que
permite que la vida social se remita a un
o r d e n a m i e n t o j u s t o , q u e e s t a n d a r i c e
normativamente la realidad sociopolítica.
El constitucionalismo demuestra hoy que el
proceso de constitucionalización invocado y
generado por la adquisición de la Carta del 91, dotó
a nuestra República de un “Estado legal”, o al
menos ésa es la creencia objetiva que todos
confesamos con mucho fervor, al expresarla nuestra
Constitución: “[…] Colombia es un Estado Social de
6
Derecho […] ”, con “competencia objetiva” (Art. 2.
7
Fines esenciales del Estado, C.P.) . Fundado en
“reglas racionalmente aceptadas”, de donde se
desprenden las demás normas del ordenamiento y
8
medios de coacción legal (Titulo II C.P.) .
El análisis de estas perspectivas hace pensar que
contamos con un Estado legal, debidamente
constitucionalizado y democratizado, quien
debería actuar como único en el ejercicio del control
y aplicación de la fuerza coactiva en el régimen
gubernamental, a la hora de dársele a él la
autoridad legitimada.
La realidad política hoy nos muestra un Estado
más estandarizado y sensible, en cuanto a
protección y aplicación de derechos, deberes y
obligaciones, como efecto y consecuencia positiva
dejada por el proceso de reforma a la Constitución
en 1991.
La existencia de un Estado más minimizado en
cuanto a restricciones y más extenso en cuanto a
garantías, es una apreciación que no se puede dejar
pasar por alto. La aparición de un órgano que
suplanta positivamente al legislador en muchas
9
ocasiones, “legislando judicialmente” (Corte
Constitucional), normas que alcanzan a prever las
necesidades personales de cada nacional y que así
mismo exteriorice las necesidades del pueblo,
logrando que nuestro sistema sea más flexible,
trascendiendo en la cavidades pétreas que aún
heredamos del régimen de la Carta del 81, el cual
nos hace vivir sumergidos en un orden clásico, no
garantista; es manifestación de una evolución en
cuanto a institucionalización. Es decir, el Estado
legal no es una semántica, existencialmente es real,
aun cuando se preponderen poderes a la hora de
proteger exteriorizaciones y necesidades
5. Francisco Porrúa Pérez, Teoría del Estado, México, Editorial Porrúa S.A., 1994.
6. Constitución Política, República de Colombia, 1991.
7. Íbid.
8. Íbid.
9. Carlos Isidro Bustos, El Juez y la Convergencia de Sistemas, A propósito del Control de Constitucionalidad de
Oficio, 2006. 43

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intrínsecamente relacionadas con la dignidad de las
personas (Derechos Humanos).
Un “Estado legal” en Colombia es aceptable y
también la fuerza que éste ejerce, la cual hemos
nombrado “coacción legítima”, manifestación de
voluntad que sólo le concierne a él, producto de las
evoluciones y reconocimientos que anteriormente
fueron descritos.
Desde esta perspectiva, quien debería estar
revestido para garantizar la prevalencia de la
integración social, dentro del contexto legal, es el
Estado, o como lo llamaría Parsons, “El Gobierno”,
en sentido estricto. Este autor considera al gobierno
“como esa extensión del Estado”, y autoridad
legítima para utilizar la fuerza física. Da a
comprender, además, que la coacción es una
función-instrumento de presión legítimo y eficiente
que garantiza la integración social.
Parsons demuestra que a la hora de encontrar
“actores sociales” que obren en pro de la
colectividad estatal como forma de organización,
se interpretarán como una patología en la
manifestación de ejercer un dominio social en el
Estado de frente al que ya existe, pues los actores
sociales pueden encontrarse cumpliendo funciones
pero a nombre del Estado.
Desde esta manera y así esté a cabeza de
terceros, la administración estatal, “el cumplimento
y ejercicio de la garantía y coacción estatal es
10
jurisdicción del Estado ” y de nadie más.
Al parecer, la Constituyente del 91 adoptó a
nuestro orden constitucional “la teoría institucional
de Parsons”, puesto que al no sondar ni escrutar
integralmente al Estado colombiano en el ejercicio
de contextos determinados hacia el alcance de
metas colectivas, el Estado es el garante, -la
obligación es estatal-, y si otras formas de
organización, tratando de ejercer directamente los
fines del Estado y a expensas de todo, quieren
lograr este acometido, serán figuradas como han
sido catalogadas en toda la historia constitucional:
como actoras revolucionarias o de otra índole
ilegal; con consecuencia que se pueden detallar,
encontrar y explicar en esta realidad.
Las anteriores reflexiones permiten generar una
interpretación que admita estudiar la posibilidad
real que en el ejercicio del monopolio del poder, la
fuerza sea usurpada al Estado por otra agencia,
dando origen a prácticas de coacción no
institucionalizadas o no reconocidas legalmente. Lo
que incurre en una degeneración política y social de
todos los lineamentos, fines y deberes que el
derecho constitucional estudia, y que el poder
soberano ha constituido para el ejercicio y
cumplimiento del fin social.
La visión de los fenómenos de una coacción no
institucionalizada
Con el fin de aclarar las formas de ejercicio de la
fuerza al margen de lo institucional, hemos dicho
que legalmente es el Estado el que debe, por
delegación social, ejercer el monopolio de la fuerza,
producto de los aspectos y características
institucionales que ya se han podido analizar, las
cuales son consecuencias jurídicas y políticas de
procesos y reformas al sistema legal y constitucional
que rige al Estado colombiano.
Además, al surgir agencias organizadas que,
sistemáticamente hacen uso del ejercicio de la
coacción para el logro de objetivos distintos a los
estatales o para servir al cumplimiento de metas sin
ningún estamento institucionalizado, logran
desproporcionar la visión del poder constituyente,
al establecer un fundamento sobre el ya decretado,
dando a conocer, desde sus características,
consecuencias que hacen que nuestro sistema y
orden jurídico mute a un régimen coactivo y forma
de Estado y Gobierno sin ninguna creencia objetiva
legal, y sin ningún fundamento constitucional.
Lo anterior daría como resultado la concepción y
nacimiento de dos fenómenos de usurpación del
poder de coacción, cuando se hurta el papel y rol de
Estado en pro del cumplimiento de objetivos,
fenómenos a los que denominaremos: violencia
contraestatal y violencia parainstitucional.
La violencia contraestatal “es aquella efectuada
por agencias al margen de lo institucional con el fin
de despojar del ejercicio del Poder al Estado y
producir transformaciones estructurales en la
sociedad, generando nuevos modelos de
10. Reinhold Zippelius, Teoría General del Estado, Ciencia de la Política, México: Universidad Nacional Autónoma de
México, 1985.

organización social, política y de producción de
11
riqueza .” Este tipo de violencia que usurpa el
poder del Estado políticamente se caracteriza por
expresar una violencia armada, cuyos móviles y
objetivos van encaminados a la destrucción de las
instituciones políticas de origen estatal y
constitucional, blancos de este tipo de violencia;
pues al actuar como patologías jurídico-sociales
pretenden exterminar los centros de poderes
institucionalizados que defienden la legalidad e
integridad estatal, atacando al Estado desde el
i n t e r i o r , c a r c o m i e n d o a l s i s t e m a
constitucionalizado desde la raíz para exterminarlo
como el cáncer que nace en las personas sin avisar y
hace metástasis instantáneamente.
Este tipo de violencia contraestatal, como
fenómeno de la usurpación del Estado, no carece
precisamente de manifestaciones apoteósicas de
carácter público que se den a conocer en el orden
civil exteriorizado, como ya muchos lo han hecho.
Sigilosamente penetra las zonas más bajas del
Estado, hasta donde no “puede o deja” llegar el
control y la vigilancia de la gestión estatal.
Esta clase de violencia se incorpora en las ramas
del poder público, se viste de legalidad y se maquilla
con la constitucionalidad de sus actos y procederes,
ataca el ejercicio de la función mediante la
implementación de objetivos que nacen en el
descuido de los gobiernos y las administraciones
públicas y, en su última fase, radicalmente
confronta al propio sistema jurídico y al orden
público y civil mediante la implementación violenta
armada. Y así como manifestación más grave de
12
esta enfermedad . Lo anterior se logra cuando ya
ha destruido las bases sobre las cuales se soporta el
Estado, o cuando este cáncer ha consumido las
instituciones políticas y su metástasis ha irrigado
todo el sistema, destruyendo su constitucionalidad
y legalidad.
Colombia, en el desarrollo de su historia, ha
sufrido de este mal desde hace mucho tiempo. Esta
patología constitucional sofoca nuestro sistema,
hace que viva bajo presiones que desembocan en
otras crisis desde el orden político, de las cuales
todos, sin excepción, somos testigos y, en el peor de
los casos, víctimas.
Los constitucionalistas estudiosos de la ciencia
fundamental del derecho público y encargados de
introducirse en el conocimiento del derecho
superior, el derecho constitucional como norma
fundamental a la cual están subordinados todos los
demás derechos y legislaciones internas, a
excepción de pocos, se han atrevido a diagnosticar
este mal del cual el Estado colombiano no tiene cura
alguna; siendo víctimas de movimientos
insurgentes de corte “revolucionarios” que
quiebran el orden público por su carácter
delictuoso, sin expresar las formas de cómo han
querido acceder el poder.
Si suponemos que somos una sociedad perfecta,
debidamente organizada, como muchos le
apuestan al verdadero concepto de Colombia como
Estado, contando con un sistema y ordenamiento
jurídico que actúa inmunemente frente a agentes
que quieran destruir la integridad del orden civil,
¿por qué nuestro ordenamiento no cuenta con la
norma explícita que inyecte la vacuna contra estos
fenómenos que alteran el orden constitucional y
legal de nuestra sociedad? ¿Alguien conoce la
solución perfecta para acceder a una salida segura,
que permita redimir al Estado colombiano de estas
patologías alterativas que irrumpen en el orden
justo?
Lo cierto es que ningún sistema puede
defenderse de sí mismo. Las manifestaciones que
nacen del interior de un sistema sólo son de él
mismo; sin embargo, en el cuerpo no se pueden
librar batallas de destrucción y fortalecimiento al
mismo tiempo. Paradójico, ¿no?
Quizás esta sea la explicación. La lucha por
alcanzar el poder y usurpar el título de “Estado” por
la fuerza, al interior de un mismo cuerpo es la propia
manifestación que hace imposible erradicar el
problema de raíz. Para erradicar el problema
tendríamos que acabar la institucionalización del
poder desde los interiores del propio Estado, pues el
fenómeno de la usurpación del poder estatal,
proviene de las fuerzas que interconectan desde lo
más interno al Estado con la sociedad.
El fin de despojar del ejercicio del poder al
Estado y producir transformaciones estructurales
en la sociedad como fenómeno de la usurpación
11. Carlos Medina Gallego, Violencia parainstitucional en Colombia.
12. Interpretación tomada de la teoría de Parsons. 45

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estatal, puede que sea admisible y posiblemente se
dé en alguna fecha, pero lo que estas fuerzas jamás
entenderán es que un objetivo contraestatal como
usurpador nunca comprenderá que el poder no es
sólo la fuerza sino la inteligencia de ordenar; criterio
que agota perfectamente la noción de Estado.
Por otro lado, lo parainstitucional no tiene por
objeto la transformación del régimen político y
social, éste busca el cumplimiento de los fines del
Estado cuando no está en condiciones de
realizarlos, complementando y supliendo
“paradójicamente” el fortalecimiento del régimen
constitucionalizado en sociedad:
“[…] Pareciera que este tipo de
manifestación generara más transgresiones
al orden y al carácter civil del propio Estado;
pero no, lo que infiere es que al Estado
presentar limitaciones en todos sus
ó r d e n e s , s e b e n e f i c i a , a l
Parainstitucionalismo, establecer fines y
objetivos conforme al ordenamiento
existente, comprometiéndose con el auxilio
13
a la organización Estatal” .
La implementación de este fenómeno de
usurpación es buena o mala, inoportuna o
conveniente dependiendo del concepto filosófico y
constitucional que se tenga; pero, la relevancia
jurídica es que la noción de lo parainstitucional nace
con “buenos objetivos”, que desafortunadamente
sirven como maquillaje para muchos otros que
procuran acceder al poder con fines tergiversados y
aberrantes.
Es así como en nuestra práctica social cotidiana,
los colombianos, sin saberlo, hemos adquirido el
derecho a residir, de modo simultáneo, en tres
niveles distintos de realidad coactiva estatal; los
cuales fueron definidos anteriormente: el
institucional, que constituye un referente
normativo al cual hemos cedido autoridad para
coaccionarnos de manera racional y legal, y en el
13. Carlos Medina Gallego, Op. Cit.
cual se ha podido profundizar. El parainstitucional,
donde suele vivir la mayoría durante una buena
parte del día, el cual suele ser utilizado como disfraz
de fuerza y movimientos que predican la ilegalidad;
y el contrainstitucional, donde habitan algunos
para el manejo de los grandes conflictos
sociopolíticos ligados al ejercicio del poder, sacando
avances en su proyección delincuencial.
Estos fenómenos de la usurpación del poder,
que demarcan niveles en la realidad, son la muestra
de que nuestro sistema vive el choque
paradigmático de fuerzas al interior de su ser.
Recordemos la frase: Las manifestaciones que
nacen del interior de un sistema sólo son de él
mismo; sin embargo, en el cuerpo no se pueden
librar batallas de destrucción y fortalecimiento al
mismo tiempo.
Así también son muestra de que la visión del
orden civil seguida del derecho evolucionan,
demostrándonos en el proceso segmentos que
están ocultos en lo más interno del orden jurídico,
mostrándonos también que el proceso de
usurpación no comprende solamente el tomar o
saber tomar el control, sino que su aplicabilidad
demarca fenómenos de violencia que irrumpen en
la vida social, influyendo e imprimiendo el carácter
propio de coacción no estatal dentro del sistema del
cual todos somos parte.
Determinado que, frente a la posibilidad de
estar siendo gobernados por cualquiera de estos
fenómenos de usurpación estatal que en muchos
de los Estados latinoamericanos suelen estar vistos
con el nombre de “República de X”; dará como
resultado una ejecución, construcción y creación de
factores y situaciones que harán cambiar el sentido
estricto de la concepción jurídica de Estado, forma
de gobierno, régimen político y democracia. Pues el
apoderamiento del derecho, generalmente por
medios violentos, jamás ha sido la vía para alcanzar
el bien común, ni mucho menos para llegar a
cumplir los fines que la humanidad necesita.

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