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NOM 005 * 185 (Diferentes líderes del sector gasolinero nacional efectuaron constantes observaciones “comentarios” a la norma, dirigidas a la Dirección General de Normas, <strong>Empresarialmente</strong> exhibe algunos extractos que plantean los temas medulares a discusión.) No al efecto retroactivo del PROY NOM-005-SCFI-2011 Pablo González Córdova Presidente Asociación Nacional de Empresarios Gasolineros A.C. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 14, define: A Ninguna Ley se dará Efecto Retroactivo en perjuicio de persona alguna. Este fue uno de los principales argumentos plasmados en los comentarios en Aspectos Jurídicos de AMEGAS ante la Dirección General de Normas, además de los alegatos jurídicos y jurisprudencias que avalan la propuesta sobre el PROY-NOM-005-SCFI-2011, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación. No podemos estar cambiando dispensarios cada CINCO AÑOS en que se realiza la revisión quinquenal que marca la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, cuando la vida útil de los mismos es de 15 quince años. La incorporación de nuevos requerimientos a los dispensarios, que contempla el Proyecto de Norma 005, deben aplicar para los Dispensarios aprobados por la Dirección General de Normas y comercializados a partir el día siguiente que entre en vigor de acuerdo con la publicación del Diario Oficial de la Federación. No debiera aplicar a los dispensarios vendidos en años anteriores, puesto que éstos cuentan con los requisitos exigidos por la Norma 005 que está en vigor el día de hoy. |AGOSTO-SEPTIEMBRE 2012| 14 Lic. Pedro Ariel Mendívil García Presidente Empresarios Gasolineros de Mexicali A.C. En mi carácter de Presidente de Empresarios Gasolineros de Mexicali A.C. con el debido respeto me permito efectuar las siguientes consideraciones: a la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-005-SCFI-2011, Instrumentos de medición-sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y verificación, y los cuales se referirán a cuestiones de carácter jurídico y técnico que consideramos no resultan adecuados y por tal motivo deben de ser eliminados o modificados del Proyecto de la Norma que nos ocupa. Me permito remitir el siguiente estudio sobre el Principio Constitucional de la no retroactividad de las leyes, concretamente sobre la aplicación retroactiva de la NOM-005-SCFI-2011 que se pretende llevar a cabo en perjuicio del sector gasolinero. 1. El principio de la no retroactividad de las leyes. a) introducción En este estudio se aborda el tema de la no retroactividad de las leyes, principio consagrado en la parte dogmática de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como garantía individual, concretamente, clasificada como Seguridad Jurídica del gobernado frente a los actos del Estado. Origen El Principio de la no retroactividad de las leyes, está consagrado en el Artículo 14 de nuestra Ley Suprema, que en esencia establece lo siguiente: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna…”. Por el contrario de dicho precepto se desprende que si puede ser retroactiva una ley cuando beneficie al gobernado frente a los actos del Estado, protegiendo a estos el respeto a sus intereses.
Principio que deriva de la forma como está constituido nuestro País, es decir, una República representativa, democrática, federal, Artículo 40 Constitucional, y es obvio que nace como consecuencia, necesidad y contrapeso a la autoridad que tiene el Estado frente a sus gobernados para proteger y consagrar la seguridad jurídica de estos últimos. En México vivimos en un estado de derecho, situación que implica, que el Estado cuente con una constitución escrita que regule a todos los órganos del poder público; una relación de derechos individuales oponibles frente al Estado; Un sistema democrático que garantice el acceso y el ejercicio del poder público; un procedimiento de reformas a la Constitución e instrumentos procesales que velen por el respeto a la norma fundamental. Por tanto, el Estado se somete a la limitación de un orden jurídico normativo y el gobernado este protegido en contra de los actos del propio Estado, mediante una serie de garantías individuales consagradas constitucionalmente en la parte dogmática, catalogadas como seguridad jurídica. Para mayor claridad se transcriben las siguientes acepciones: Garantía.- Proviene del latín garante, que entre sus acepciones se encuentran “efecto de afianzar lo estipulado” y “cosa que asegura o protege contra algún riesgo o necesidad”. En este contexto, las nociones de afianzamiento, aseguramiento y protección son indisociables del concepto de garantías individuales. En efecto, puede decirse que las garantías individuales son “derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece”. Seguridad jurídica.- Es la garantía dada al gobernado por el Estado de modo que su persona, sus bienes y derechos no sean violentados, o que si esto último sucede, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. Retroactividad.- En Derecho pudiera decirse que es un posible efecto de las normas o actos jurídicos que implica la extensión de su aplicación a que una norma establezca que su aplicación no sólo será sobre hechos futuros sino que se aplicará también a hechos anteriores a su promulgación. Sin embargo, dicha posibilidad supone una situación excepcional, porque puede entrar en contradicción con el principio de seguridad jurídica que protege la certidumbre sobre los derechos y obligaciones que las personas poseen. Alcances e implicaciones del principio Como dice Planiol en su obra, no tendríamos ninguna seguridad los individuos respecto de nuestro patrimonio, de nuestras condiciones personales, de los efectos de nuestros actos y contratos, si existiera la posibilidad de que por un cambio de voluntad de parte del legislador, por virtud de la expedición de una nueva Ley, se desconociera nuestro patrimonio, condiciones personales, se nulificaron los efectos de los actos que hubiéramos realizado durante la vigencia de la ley anterior o se cambiaran profundamente esos efectos. El Principio de la no Retroactividad de las Leyes es condición de estabilidad social. El problema que se presenta con el multicitado principio es muy grave y deriva de la falta de precisión de la Autoridad al pretender aplicar el principio que ya quedó regulado por el propio legislador constitucionalmente y que no debe de estar sujeto a interpretaciones porque es muy claro, a una Ley no se le debe de dar efecto re- NOM 005 185 troactivo en perjuicio de persona alguna, es decir, si al gobernado le duele la aplicación de una norma nueva con efecto retroactivo al acto acaecido con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva norma, dicha norma no es ni debiera ser aplicable en su perjuicio. Conclusión De lo anteriormente manifestado en el presente estudio sobre el Principio de la no Retroactividad de las Leyes, se infiere que la aplicación de la NOM-005-SCFI-2011 que pretende la Secretaría de Economía es inconstitucional, toda vez que violenta la garantía de seguridad jurídica del empresario gasolinero, el cual al establecer sus Estaciones de Servicio, cumplió todos y cada uno de los requerimientos que establece la Norma Oficial Mexicana en vigor, la NOM-005-SCFI-2005, razón por la cual la aplicación de la nueva Norma al pretender rehabilitación y reemplazo de dispensarios, es violatoria de las garantías individuales plasmadas en el Artículo 14 Constitucional. Estos dispensarios ya habían sido aprobados por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, en la que participaron además el Centro Nacional de Metrología y la Entidad Mexicana de Acreditación, así como la constante vigilancia y observancia de aplicación de la Norma, con las visitas de verificación realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que cumplen con la certeza volumétrica de la norma en vigor. Queda bastante claro, que los dispensarios se encuentran en funcionamiento de acuerdo a la normatividad vigente en su autorización para la venta de gasolinas y diesel al público consumidor. Estos dispensarios no se pueden desechar, ni parchar, porque eso generaría un perjuicio irreparable en contra de las estaciones de servicio del país. Admitir lo contrario, es decir, que la Secretaría pretenda que se rehabiliten y remplacen los dispensarios que como ya se mencionó se encuentran en funcionamiento, toda vez que fueron aprobados y validos por el órgano competente para el caso, es ilícito e inconstitucional ya que la norma nueva contraviene, perjudica y violenta derechos y garantías individuales de los empresarios gasolineros. El propio principio constitucional consagrado en el artículo 14 prevé excepción de la aplicación retroactiva de las leyes, cuando no perjudique a persona alguna, como se ve no nos encontramos ante dicha hipótesis. Por lo anteriormente expuesto, presento a ustedes la siguiente: Propuesta específica de los empresarios gasolineros de Baja California: La ELIMINACIÓN del Numeral 10 del PROY-NOM-005-SCFI-2011, por lo anteriormente considerado. En virtud de todo lo considerado anteriormente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 fracciones II y III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, solicito se entre al estudio de los comentarios vertidos en la presente y en consecuencia se proceda a incorporarlos en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana que nos ocupa, para que se vean plasmados al momento de modificar el proyecto de Norma al cual me he venido refiriendo, en un plazo que no deberá exceder de 45 días naturales, debiendo igualmente ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación la respuesta a los comentarios vertidos en la presente, así como las modificaciones al proyecto, cuando menos 15 días naturales antes de la publicación de la norma oficial mexicana definitiva.
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