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Los colegios profesionales de Costa Rica
l. Notas sobre su historia
Nos habíamos propuesto investigar por qué
existen estas entidades en el país -a menudo autodenominadas
gremios- cuál es su naturaleza jurídica,
cuáles sus fines, cómo se cumplen. En cierto
momento nos preguntamos cuál habría sido el primero,
por qué nació y por qué se llama colegio en
todo caso. Asimismo nos preguntamos a quiénes
se les habría ocurrido la peregrina idea de una afiliación
obligatoria. Las tales preguntas nos obligaron
a comenzar a retroceder en el tiempo cada vez
más; lo hicimos para examinar los gremios medievales
y las universidades y los colegios universitarios,
también medievales, pasando por la creación
de universidades en nuestro continente del siglo
XVI en adelante y por las Leyes de Indias. Por este
camino lleno de vericuetos logramos determinar
que los colegios profesionales nuestros se nutren
de estructuras y tradiciones muy viejas y a ellas, al
fin y al cabo, deben su existencia los más antiguos:
Abogados, Médicos, Farmacéuticos, Odontólogos,
Ingenieros (¿a la inercia, quizá, los posteriores?).
1. Gremios
Como es sabido, con seguridad se desarrollaron
los gremios en la Edad Media. Consignamos
aquí características importantes de estos, por
la manera particular en que algunas de ellas se reprodujeron
en nuestro país siglos después, España
mediante, y permanecen aún en la médula de
nuestros colegios profesionales.
"Las potestades temporales han proivido las juntas, o
quando su conciencia o su desgracia les ha inspirado
rezelos, o quando los súbditos verdaderamente han
abusado de la oportunidad de unirse para turbar la
tranquilidad del Estado. Así han tenido sus viscicitudes
los Colegios y Gremios como las demás cosas humanas".
Francisco Roma Rosell. Disertación histórico-política-legal
por los colegios y gremios de la ciudad
de Barcelona y sus privativas. 1766.
Algunos autores proponen como antecedentes
de los gremios medievales a los collegia romanos,
que inicialmente consistieron en una magistratura
ejercida en conjunto por dos o más colegas.
Posteriormente, en la Roma Imperial, todos los oficios
y artes formaron collegia. Sus oficiales seguían
el modelo de la antigua magistratura romana,
con un comité formado por decuriones y un cuestor
como tesorero. Algunos lograron exención de impuestos;
cenaban juntos, tenían sus festivales y colores
propios. Estos collegia eran regulados por el
estado (bajo Alejandro Severo, alrededor de 230 d.
C.)? Existe entre los especialistas una amplia discusión
acerca de si los gremios descienden directamente
de los collegia, o si las guildas lo hacen y sobre
el parentesco entre estas y los gremios.'
En general, se acepta que los gremios surgen
relacionados con la industria alrededor de los
siglos XII Y XIII. Los artesanos de un mismo oficio
o de una misma industria en cada ciudad conformaban
un gremio o corporación. La afiliación
a la corporación era obligatoria; de lo contrario no
se podía practicar el oficio. Se comenzaba como
aprendiz y el último paso era llegar a ser maestro;
la habilitación como tal dependía de haber aprobado
un examen.
Otra particularidad de los gremios era que
socorrían a los artesanos incapacitados por vejez y
también a los huérfanos, con los fondos procedentes
de las cuotas que pagaban los miembros. El
gremio era simultáneamente una cofradía, que escogía
su patrón. Asimismo tenía una bandera que
se desple}aba en ocasión de todas las ceremonias
públicas.

12 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
Hacemos notar que no solo los artesanos estaban
agremiados. También lo estuvieron, al parecer
desde el siglo IX, los comerciantes, en particular
en Inglaterra. El historiador Jan Dhondt afirma
que dos aspectos se pueden reconocer claramente
en todo gremio, date del siglo IX o del XII: obligaba
a los agremiados a prestarse ayuda mutua y
el ceremonial que le correspondía iba siempre
acompañado festivamente con la bebida en común.
E. Coornaert, por su parte, opina que los
gremios de comerciantes fueron tan sólo otra variante
de los gremios en sentido estricto, esto es,
las antiquísimas hermandades basadas en una concepción
mágica y precristiana de la comunidad,
por lo que adoptó un carácter religioso." Pedro
Molas apunta que los primeros gremios se extienden
por Europa en el siglo XIII pero que se desarrollan
en los dos siglos siguientes. También que
los gremios y las ordenanzas correspondientes
evolucionaron desde disposiciones municipales
muy concretas en los siglos XIII y XIV hasta las
ordenanzas bajomedievales y modernas que eran
básicamente un privilegio, una concesión que el
Estado hacía al gremio en lo social y laboral y
hasta en lo político".
Podemos decir que los autores consultados
coinciden en que a lo largo de los años, los gremios
perdieron ciertos rasgos iniciales, obtuvieron
el monopolio para hacer y vender ciertos artículos;
algunos se convirtieron en corporaciones muy ricas
y obtuvieron demasiados privilegios del Estado.
Pero su paulatina decadencia y desaparición
obedecieron no solo a factores internos como las
rivalidades y el agotamiento, sino externos y entre
los últimos destaca que el sistema político liberal
exigía la libertad de industria. En Francia fueron
abolidos los monopolios y los privilegios en 1791
por la Asamblea Nacional, la cual sentó el principio
de que "cada persona será libre de trabajar en
cualquier negocio o practicar la profesión, arte o
artesanía que encuentre más beneficiosa.t" En Inglaterra
los privilegios corporativos fueron abolidos
en 1835, en Nápoles en 1820, en Alemania
entre 1862 y 1865 y en España en 1836. 9
Anteriormente sugerimos que la colonización
española trajo consigo los gremios. Conviene
recordar que la corporación gremial española del
siglo XVI compartía sus aspectos más importantes
con el gremio medieval europeo del siglo XIII y
se remontaba a los siglos XI-XIII; en el siglo XVI
allá existían corporaciones gremiales en casi todas
las ciudades, pueblos y villas "reconocidas por las
autoridades, con el carácter de obligatoriedad para
casi todas las artesanías, y gozando del privilegio
de ejercer exclusivamente determinado arte u oficio."!"
Con estas mismas características llega la
institución a América y a Costa Rica, muy posiblemente
por la influencia de Guatemala."
Otro dato, que aporta Pedro Molas, es que
en Barcelona la gama corporativa se dividía jurfdicamente
en colegios y gremios y que tal división
denotaba una distinta estimación social, formal y
legal. Pero tal división -yeso es lo más interesante-
existía en otras partes de Europa. En la baja
Edad Media, en Florencia existían los siete grandes
gremios (notarios, cambistas, boticarios, laneros,
comerciantes en telas y al por menor, peleteros,
pañeros). En Francia, la separación entre
"corps" y "cornmunauté" correspondía a la de colegios
y gremios. Las ciudades castellanas tenían
sus gremios Mayores y Menores. Los colegios, tal
parece, eran la aristocracia de las corporaciones.
Las profesiones más prestigiosas y adineradas desarrollaron
una jerarquía legal que los distinguía
del resto del artesanado; así, las diferencias entre
colegios y gremios era social y profesional. En
teoría -nos dice Molas- los colegios correspondían
a profesiones liberales; sus miembros eran "artistas";
a los gremios pertenecían los artesanos o menestrales.
Y como lo hace notar el autor recién citado,
aun h0 1 1as profesiones liberales se asocian
en colegios. I A la fecha, esto es así también acá.
Es razonable pensar que la denominación "colegio"
que aún usamos provenga de los collegia romanos.'?
Resulta oportuno ahora recordar que las
profesiones "liberales" se llaman así siguiendo un
antigua tradición; en la terminología latina, los
trabajos manuales o serviles corresponden a operae
iliberalis y los trabajos intelectuales a opera
liberalis. 14
Según el historiador Carlos Luis Fallas, las
primeras corporaciones gremiales nuestras no nacieron
por iniciativa de los grupos sino del Estado,
que las desarrolló mediante leyes, decretos y ordenanzas,
según tomaba importancia alguna actividad.
Afirma que es probable que nuestros legisladores
hayan seguido el modelo de las diversas leyes
y ordenanzas dictadas en Guatemala para regular
el trabajo artesanal y lo aplicaran a ciertos
oficios y profesiones durante los años iniciales de
vida independiente. Basa su opinión en la influencia
cultural que tuvo Guatemala en Costa Rica,
por los profesionales de la Universidad de San
Carlos que vinieron a vivir aquí y por nuestros co-

terráneos que estudiaron en esa universidad, particulannente
derecho. 15
2. Universidades y Colegios
La palabra universidad proviene del latín
universitas que en la Edad Media designaba una
corporación o una comunidad en su aspecto colectivo.
Dicha palabra no se utilizaba aislada sino que
se acompañaba de otros vocablos para especificar
su significado, como por ejemplo universitas magistrorum
et scholarium: es una asociación de
maestros y estudiantes." La mayoría de los estudiantes
reunidos alrededor de un maestro o de una
escuela son extranjeros; la residencia en otro país
en esa época, era algo complicado. Así que en actitud
de defensa y de mutua protección de sus derechos
de maestros o de estudiantes, unos y otros
conforman gremios o corporaciones llamados
Universitas magistrorum, Universitas discipulorum
o Universitas magistrorum el schotarium.t' Y
a propósito del significado de universitas incluimos
un dato tomado de Héctor Samayoa: en pleno
siglo xvm, en Guatemala, el gremio se denomina
"común" y en ocasiones "universidad", como en
el caso de la Universidad de Pintores y la de Cajoneros."
La precisión de los derechos y el estado civil,
así como la legalidad de la agrupación se obtenían
mediante una Carta o privilegio concedida
por el papa, el emperador o más tarde por el rey.
Los dos privilegios más importantes eran los de la
jurisdicción interna y el poder de otorgar un grado,
lo que llevaba la licencia para enseñar. Las
agrupaciones de profesores se convierten enfacultades
(medicina, derecho canónico, teología). Los
estudiantes estaban exentos del servicio militar y
la universidad exenta del pago de gran cantidad de
impuestos."
Las primeras universidades fueron fundadas
entre los siglos XII Y XIl12o. Surgen la de París, la
de Bologna, Oxford, Cambridge, Padua. En España,
las de Córdoba, Palencia y Salamanca, Valencia,
Sevilla, Alcalá de Henares, entre otras. En seguida
de que nacen las universidades lo hacen
también los llamados colegios universitarios a fin
de proveer la F,siblidad de estudiar a los de escasos
recursos.i En el medioevo tardío el término
colegio designaba una residencia para estudiantes,
por lo general pobres, normalmente candidatos para
el bachillerato y grados avanzados. Paulatinamente
los maestros también fueron a hospedarse a
LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE COSTA RICA
los colegios y así se transformaron en centro de
enseñanza, regido por profesores, en colectividades
pequeñas dentro de la especie de república federativa
que era la Universidad." Un rasgo que
deseamos destacar es que estos colegios desde la
Edad Media solicitaban permiso para conceder
grados si no había cerca alguna universidad instituida.
A veces se los concedían (la Santa Sede o el
rey); de modo que enseñaban y daban grados.
Las características de las universidades y de
los mencionados colegios que interesa subrayar
son justamente su carácter corporativo o gremial y
la posibilidad que tenían los colegios de enseñar y
otorgar grados.
3. La universidad en América Hispana
Carlos V funda la primera universidad de
América, la imperial y pontificia Universidad de
Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, capital
de la Isla Española, confirmada por bula pontificia
en 1538. Posteriormente se fundó la real y
pontificia Universidad de México en 1551, a la
que se le concedió la bula en 1555. Luego fue instituida
la de San Marcos de Lima en 1555, confirmada
en 1571. Entre 1538 y 1791, año en que se
creó la Universidad de Quito, existían en la América
hispana 17 centros universitarios.P La real y
pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala
fue creada en 1676 (nosotros también llegamos
a tener una universidad pontificia pero no imperial
ni real en 1853; sin embargo, en la práctica, no se
cumplieron las disposiciones del Breve expedido
por el Papa Pío IX). Es opinión aceptada por los
especialistas en historia universitaria que la Universidad
de Salamanca tuvo gran influencia en las
instituciones hispanoamericanas.
También se adoptó el sistema de colegios.
Fueron, según Richard Konetzke, en su mayoría
establecimientos de los dominicos y más tarde de
los jesuitas. El colegio dominico de San Esteban,
en Salamanca, del que surgieron misioneros del
Nuevo Mundo fue el modelo para la organización
de tales instituciones. Con el tiempo, los colegios
más importantes aspiraron a convertirse en un studium
generale y obtener la jerarquía y privilegios
propios de una universidad. Fue así como surgió
la de Santo Domingo, siguiendo el modelo de la
de Alcalá de Henares y la de Perú, con privilegios
iguales a los de la Universidad de Salamanca, al
igual que los tuvo la de México. 24 De la misma
forma se creó la de San Carlos de Guatemala.
13

14 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS V1LLEGAS
4. La Universidad de Santo Tomás
Hemos encontrado que algunas características
del quehacer de nuestros más antiguos colegios
profesionales también están ligadas a los vaivenes
de la enseñanza de las ramas respectivas en
la Universidad de Santo Tomás (fundada por decreto
XI del 3 de mayo de 1843), inagurada el 21
de abril de 1844 y clausurada el 20 de agosto de
1888 (decreto LXXVII). Por lo tanto, hemos considerado
necesario exponer los asuntos que siguen
relacionados con la vida de la institución.
Como es sabido el intento de constituir
nuestra educación superior topó con obstáculos de
diversa índole y siempre tuvo bases muy precarias.
Los esfuerzos realizados por mantenerla a
flote y consolidarla se reflejan bien en las diferentes
formas estatutarias que tomó su actividad: regida
primero por los estatutos de 1843, estos fueron
cambiados en 1849 y nuevamente en 1854; en
1859 se regresó a los de 1843, mas también se
emitieron otros estatutos en 1869, vigentes tan solo
por unos meses para volver, otra vez, en 1870 a
los de 1843. Otras modificaciones sufrieron los
estatutos en 1874 y, finalmente, en 1883 fueron
acogidos los de 1843 casi en su totalidad.
Estatutos
Los estatutos de 1843 establecieron la enseñanza
de los estudios menores (gramática castellana
y latina, filosofía, matemáticas y geografía) que
se coronaban con un bachillerato en Filosofía, requisito
para los estudios mayores, los cuales eran:
Derecho, Medicina y Teología. Dichos estatutos
también contemplaban la creación de cátedras de
inglés, francés, farmacia, cirugía, economía política,
oratoria y cánones, cuando la circunstancia
económica lo permitiera+ En 1849 se decretó el
"Reglamento Orgánico de Instrucción Pública"
(No. 10 del 4 de octubre), que organiza la Universidad
en facultades: Filosofía y Humanidades,
Ciencias, Matemáticas y Física, Medicina, Leyes
y Ciencias Políticas; Teología y Ciencias Eclesiásticas.
Con toda pompa se inauguraron el 15 de setiembre
de 1850 las de Leyes y Ciencias Políticas
y la de Medicina ...pero en la práctica solamente
funcionó la de Derecho.
Corre el año 1853. El país recibe el Breve
(del 31 de mayo) que declara Pontificia la Universidad
de Santo Tomas de la República de Costa
Rica.
Para 1857 la situación de la educación no
parece haber mejorado notablemente: la sola educación
primaria no era suficiente para iniciar estudios
universitarios y de todas maneras era muy escaso
el número de alumnos. No menos importante
fue que no había presupuesto para atender ninguno
de los tres niveles de educación. Se optó, entonces,
por una reestructuración de la Universidad,
la cual fue aprobada el 1 de julio de 1858 pero
no llegó a funcionar por motivos económicos.P
En agosto de 1859 el presidente Mora sufre un
golpe de estado y es nombrado como Jefe provisional
el Dr. José María Montealegre; en enero de
1860 se dispone volver a los estatutos de 1843.
Llegamos al año 1868, cuando los militares
derrocaron al entonces presidente, Dr. José María
Castro Madriz, a quien sucede el Lic. Jesús Jiménez.
En ese mismo año (por el decreto XLV del 20
de noviembre) se cerró la Universidad a fin de reglamentar
mejor las clases. Sin embargo, el decreto
correspondiente prevé que si los estatutos nuevos
no estaban terminados para ello de enero de
1869, se abrirían solo las clases más indispensables
a juicio del Ejecutivo. La reestructuración
que entonces se emprendía abarcaba toda la educación.
El 16 de setiembre de 1869 el Congreso
autoriza al Ejecutivo (decreto LXIX) para dictar
los estatutos de la Universidad (así como los reglamentos
de instrucción secundaria).
La reforma de 1869 reestructura las facultades
de Jurisprudencia, Farmacia, Medicina y Cirugía
y Ciencias Eclesiásticas. Instituye la cátedra
de Ingeniería. Los títulos que se darán son: Bachiller,
Licenciado y Doctor en Jurisprudencia; Farmaceuta,
Doctor en Medicina y Cirugía, Ingeniero
Civil y Militar, Doctor en Sagrados Cánones y
Doctor en Teología. Pero la reforma antedicha fue
de vida breve: en abril de 1870 fue derrocado el
presidente Jiménez, sucedido provisionalmente
por don Bruno Carranza. El gobierno ordena abolir
los estatutos en cuestión y regresar a los del
año 1843 (decreto XIII del 4 de mayo) mientras se
dictan otros adecuados a los medios disponibles.
En 1872 la Dirección de Estudios instaura en la
Universidad cursos de derecho natural, medicina,
cirugía y farmacia y hasta se mandaron a traer de
Europa todos los implementos necesarios para la
enseñanza de las ciencias médicas." Para 1872 las
cátedras que se impartían eran: latín, inglés, francés,
teneduría de libros, historia profana, geografía,
matemáticas, física, química, filosofía moral,
historia natural, medicina, cánones y leyes, prácti-

ea forense. Mas las disposiciones de 1872 tampoco
tuvieron larga vida: el 3 de julio de 1874 el
Congreso decretó (No. XXXll) que mientras no
hubiera alumnos preparados para los estudios profesionales,
en la Universidad solo existirán las cátedras
de jurisprudencia, a la vez que decreta se
erija en la misma Universidad un colegio de segunda
enseñanza: el Instituto Nacional. Por el
Acuerdo I del 28 de diciembre de 1874 se dispuso
que se abriera la Universidad suprimiendo de momento
los estudios de medicina, lenguas vivas y
teneduría de libros?8
En 1883 era ministro de Educación Pública
Eusebio Figueroa. Asume en ese mismo año la
rectoría de la Universidad. Mediante el decreto
XVII del 11 de junio de 1883 se deroga la ley del
3 de julio de 1874 en todas sus partes y se vuelve
a los estatutos de 1843. Existe por entonces un
movimiento tendiente a remozar la Universidad
pero no obstante, la restauración se limitó a las facultades
de Derecho e Ingeniería."
A pesar de las intenciones, sin embargo, de
1844 a 1849 solo funcionaron regularmente los estudios
menores y los de Derecho. De 1849 a 1874
estos siguieron funcionando regularmente si bien
en este período se forman nuevas cátedras, entre
ellas dibujo, química, física, los estudios de ingeniería
y agrimensura, medicina, farmacia, alemán e
italiano, así como geografía e historia. De 1875 a
1888 las actividades de la Universidad se limitan a
la formación de profesionales en ciencias jurídicas.
En el año 1888 cerró sus puertas la Universidad
de Santo Tomás, a raíz del decreto No.
LXXVII del 20 de agosto. En el "Considerando"
leemos los argumentos: 1) la Universidad no tiene
organizadas las Facultades que constituyen la vida
propia de esta institución. 2) Las condiciones del
país no permiten organizar un centro de investigación
puramente científico. 3) Las disposiciones
que rigen la Universidad no concuerdan con los
progresos de la ciencia ni con los medios de la
condición social nacional. 4) Deben reformarse en
consecuencia tales leyes y crearse los elementos
indispensables para desarrollar a cabalidad los estudios
superiores. 5) La Escuela de Derecho, la
única establecida, exige una organización completa
para dar los conocimientos que pide la naturaleza
y función de la ciencia jurídica. ASÍ, decreta en
su artículo 10 que
"Mientras las condiciones sociales del país no permitan
la creación de una Universidad como elemento corpora-
LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE COSTA RICA
tivo con la organización que a sus funciones corresponden,
queda abolida esta institución; y en su reemplazo
creánse Escuelas superiores profesionales de Derecho y
Notariado, de Ingeniería y de Medicina."
y en su artículo 4 0 que
"El Poder Ejecutivo procederá (...) a la organización de
la Escuela de Derecho y Notariado; y a medida que los
recursos del Tesoro Público y los especiales de las Escuelas
lo permitan, procederá al establecimiento de las
de Ingeniería y de Medicina (...)."
Como hemos visto, los estudios profesionales
que se realizaron con regularidad fueron los de
Derecho. En cuanto a los de Medicina, estaban
previstos desde los estatutos de 1843 y fueron
inaugurados en 1850, pero como se indicó, no comenzaron
ese año. Las cátedras correspondientes
estuvieron abiertas de 1872 a 1874 y la carrera fue
clausurada en 1874, pero por lo menos tres estudiantes
se graduaron como bachilleres en Medicina
en 1877 y un licenciado, el primero, don Cirilo
Meza?O Por lo que toca a Farmacia, no se impartieron
lecciones en 1848 como se había previsto
por haber pocos estudiantes matriculados. En
1849 el Dr.Castro Madriz, mediante el decreto ID
del 12 de enero, manda abrir una cátedra de Farmacia
en la Universidad y reglamenta su enseñanza;
se esperaba abrir la cátedra en marzo de ese
año, pero tampoco fue posible. La única vez que
se dictó un curso de farmacia en la Universidad-de
Santo Tomás fue en 1862. Respecto a la carrera de
Ingeniería, en 1867 la Universidad firmó un contrato
con el Ing. Angel Miguel Velázquez para la
enseñanza de la Ingeniería Civil, Agrimensura y
Arquitectura. En 1869 se instituye una cátedra, pero
no se tiene noticia de ningún graduado en estas
áreas, excepto en agrimensura, aunque se desconoce
su número. En 1884 se reestablece la enseñanza
de la profesión de Ingeniería, pero rápidamente
fue clausurada", Como comentábamos, en
las disposiciones vertidas en el decreto que clausura
la Universidad de Santo Tomas se decía que
se procederá (...) a la organización de la Escuela
de Derecho y Notariado; y a medida que los recursos
del Tesoro Público y los especiales de las Escuelas
lo permitan, se procederá al establecimiento
de las de Ingeniería y de Medicina. Sin embargo,
la única que se concretó por ese entonces fue
la de Derecho. El acuerdo CLXXXIX del 21 de
agosto de 1888 dispone lo conducente para que las
clases de derecho continúen abiertas y encarga a
15

16 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
la Junta Directiva del Colegio de Abogados la designación
de los profesores que han de servir en la
Escuela, y al presidente del Colegio le encarga la
dirección inmediata de las clases y, en general, de
todos los asuntos relacionados con ellos; el acuerdo
CC del 24 de agosto del mismo año, aprueba la
designación hecha por el Colegio de Abogados
para componer el personal docente de la Escuela
de Derecho y el CCXVII del 3 de setiembre nombra
el personal docente de la Escuela de Derecho
y Notariado. Tres años más tarde, por el decreto
XXIII del 10 de julio, la Escuela de Derecho pasa
al Colegio de Abogados, que la dirigirá y administrará
independientemente en todos sus intereses,
con arreglo a su ley orgánica y de acuerdo con esta
se determinará el plan de estudios y se conferirán
los grados de Bachiller y Licenciado en leyes.
El Colegio de Abogados continuó tutelando la Escuela
de Derecho hasta la creación de la Universidad
de Costa Rica en 1940. Así pues el Colegio
asume un papel rector en la enseñanza del Derecho
y tiene facultad para otorgar los títulos durante
prácticamente medio siglo. Conjeturamos que
en esta última función la Corporación sigue el
principio de los colegios universitarios medievales
(ver arriba, apartado 2).
La rama de la medicina corrió una suerte
diferente. En 1895 el decreto 3 del 29 de agosto
establece la ley orgánica de la Facultad de Medicina,
Cirugía y Farmacia, que tiene como antecedente
la institución del protomedicato, a la que
nos referiremos más adelante. El artículo 3 dice
que su objeto es dirigir la enseñanza de esas ciencias,
promover y fomentar su desarrollo, conferir
títulos académicos de los diversos ramos, conceder
la incorporación y el 4 lo faculta para autorizar
el ejercicio profesional. La Facultad realiza
sus objetivos menos el de la enseñanza de estas
carreras; sí asumió la de la carrera de enfermería.
Esta leyes reformada por el decreto No. 73 del
12 de agosto de 1902, que organiza la Facultad de
Medicina. Sus artículos 3 y 4 son iguales, solo
que se refieren únicamente a la Medicina. Esta
Facultad tampoco realizó labores de enseñanza.
Cumplió esta Facultad, como la de 1895, las funciones
de un colegio profesional. La ley No. 362
de 1940, que crea la Universidad de Costa Rica
prevé la apertura de la Facultad de Medicina, lo
que finalmente ocurrió en 1962 y el decreto No.
17 del 22 de octubre de 1940, que modifica la ley
362 recién citada, transforma la Facultad de 1895
en colegio profesional.
En cuanto a la carrera de Farmacia, pese al
poco éxito que tuvo en la Universidad de Santo
Tomás, la Escuela de Farmacia como bien lo dice
Antonio Peña Chavarría, se convirtió en el medio
universitario en la decana de las disciplinas médicas
de Costa Rica. 32 El 11 de agosto de 1902, se
funda de manera independiente el Colegio de Farmacéuticos
(decreto No. 74), que se hace cargo de
la enseñanza de la carrera.
El detalle de cómo se tuteló el ejercicio profesional
de abogados y médicos y cómo surgieron
y se desarrollaron los primeros colegios profesionales
del país, serán los temas de los próximos
apartados.
5. Derecho
"Ordenamos y mandamos, que ninguno sea, ni pueda
ser Avogado en nuestras Reales Audiencias de las Indias,
sin ser primeramente examinado por el Presidente
y Oidores, y escrito en la matricula de los A vogados, y
qualquiera que lo contrario hiziere, por la primera vez
sea suspendido del oficio de A vogado por un año, y pague
cincuenta pesos para nuestra Camara: y por la segunda
se doble la pena: y por la tercera quede inhabil,
y no pueda usar la Avogacía (...}". D. Felipe Segundo,
ordenanza 217, 1563. Recopilación de leyes de los Reynos
de las Indias, tomo 1,folio 255.
A. España y Guatemala
Al parecer, el primer colegio de abogados
en España se constituyó el 13 de agosto de 1595,
como cofradía religiosa, bajo el amparo de Nuestra
Señora de la Asunción y de San Ivo (San Ivo,
dicho sea de paso, es en nuestros días el patrón del
Colegio de Abogados de Costa Rica). La colegiatura
obligatoria se estableció en 1617, según la ley
la., título 19, libro 4 de la Novísima Recopilación.
Se manda que todos los letrados que
"fueren recibidos y aprobados por el Consejo, que no
hubieren entrado en la congregación de abogados, se
inscriban y entren en ella dentro de ocho días de la dicha
aprobación, y pasado no lo habiendo hecho, no pueden
abogar en esta Corte (...).,,33
Sin embargo, la Real Cédula de 1563 citada
arriba nos permite suponer que la colegiatura o la
inscripción obligatoria pudo haber sido exigida
mucho antes del registro de 1617. De hecho, en
las Leyes de Partidas, promulgadas en 1348, se
encuentra un apartado referente a la inscripción

obligatoria. El letrado (debía ser mayor de 17
años, conocedor del derecho, examinado por los
juzgadores de la Corte, debía prestar juramento)
debía escribir su nombre en el libro donde estaban
escritos los nombres de los otros abogados a quienes
se les dio el mismo poder."
Situándonos en el istmo centroamericano, se
recordará que en junio de 1823 se instituyeron las
Provincias Unidas de Centroamérica, de las cuales
Costa Rica formó parte. El 24 de julio de 1823, la
Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias
decreta que "Para recibirse de abogado, basta
tener tres años de práctica y sujetarse a un examen
de tres horas en el Colegio de Abogados (...)".35 Y
es que en Guatemala se había fundado dicho colegio
en 1810, bajo el amparo de Nuestra Señora de
la Merced y de San Ivo. El artículo 18 de su reglamento
decía: "Nadie que no sea matriculado en el
Colegio, podrá en manera alguna, ejercer la abogacía
en la capital." Al parecer no era suficiente
con poseer el título de abogado, que la Real Universidad
concedía, sino que era menester probar
que se llevaba una vida sana y de buenas costumbres
y que el aspirante, sus padres y abuelos paternos
y maternos "habían sido cristianos viejos, limpios
de toda mancha y sangre de raza de moros,
judíos, mulatos o recién convertidos a nuestra santa
fe católica. También era condición que a lo menos
el pretendiente y sus padres no ejercitaran oficio
vil".36
El colegio en cuestión siguió funcionando
hasta 1832, año en que se funde con la Academia
de Estudios -que sustituye a la Universidad de San
Carlos hasta 1840- y reaparece con todas las prerrogati
vas del caso en 1852. 37
B. El ejercicio de la profesión de abogado en
Costa Rica: la Corte Suprema de Justicia y
el Colegio de Abogados
Durante largos años la Corte estuvo facultada
para investir a los abogados con la facultad de
ejercer pública y legalmente la profesión. Ha de
notarse, sin embargo, que no todos los miembros
de la misma Corte (o Cámara, como también se le
llamó) fueron siempre abogados. En la Constitución
Política del 9 de abril de 1844 38 leemos que
"Cuando en el Estado haya por lo menos diez profesores
de derecho vecinos y radicados en él, será
condición esencial para ser Presidente y Fiscal el
título de Abogado." (Título VII, del Poder Judicial,
Sección Primera, "De la organización de la
LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE COSTA RICA
Corte Suprema de Justicia", arto 151). Asimismo,
en la Constitución Política del 10 de febrero de
1847 39 (Título VI, del Poder Judicial, Sección 1,
"De la organización del Poder Judicial", arto 125)
leemos que "Cuando en el Estado haya por lo menos
diez profesores de Derecho naturales y radicados
en él (...) será condición indispensable, para
ser Regente y Fiscal la calidad de abogado, y
cuando haya por lo menos dieziseis abogados en
el concepto expreso, toda la Corte será compuesta
de ellos."
En todo caso, el artículo 92 del capítulo 9,
referente al Poder Judicial de la Ley Fundamental
del Estado Libre de Costa Rica, del 25 de enero de
1825 40 , indica que le corresponde a la Corte Superior
de Justicia "hacer el recivimiento de Abogados
previas las formalidades de ley". El decreto
CVII del 22 de noviembre de 1826, "Reglamento
interno de la Corte Superior de Justicia", arto 19,
estipula que el Presidente señalará día para el juramento
y examen de los que se reciben de Abogados;
los mismos términos hallamos en el decreto
V del 14 de febrero de 1831, en su artículo 8 así
como en el decreto LXVI del 15 de mayo de 1832,
art.8.
También en el artículo 5 de la Ley de Bases
y Garantías, del 8 de marzo de 1841,41 se dice que
a la Cámara Judicial le corresponde "examinar a
los que pretendan ser Abogados o Escribanos, y
hacer su recibimiento previo el título o despacho
librado por el Gobierno". De la misma manera, en
la Constitución del 9 de abril de 1844 42 (Sección
segunda, "De las atribuciones de la Suprema Corte
de Justicia", arto 154) se señala que le corresponde
a la Corte Plena "hacer el recibimiento de
Abogados y examen de Escribanos previas las formalidades
de la ley".
Por otra parte, los estatutos de la Universidad
de Santo Tomás de 1843 exigían que los graduados
en Derecho Civil presentaran su título ante
la Corte. De acuerdo con la Constitución Política
del 10 de febrero de 1847 43 , arto 134, la Corte Suprema
de Justicia continúa haciendo el recibimiento
de abogados.
El decreto XXII del 28 de julio de 1851 establece
como normas que para recibirse de abogado
el pretendiente debe 1) presentar a la Corte certificación
de haber aprobado el examen académico
previsto en los estatutos de la Universidad de Santo
Tomás de 1849; 2) información sobre vida y
costumbres; 3) rendir examen oral durante dos horas
ante un tribunal compuesto por tres magistra-
17

18
ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
dos abogados y el Regente. Si el examinado fuere
aprobado,
"El tribunal señalará el día del recibimiento que se verificará
por el Tribunal Supremo de Justicia (...) invistiendo
al pretendiente con la facultad de ejercer pública y
legalmente la profesión de Abogado." (art. 7).
El decreto L del 18 de febrero de 1852 estatuye
la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual
contempla en su artículo 18, inciso 6, que le corresponde
a la Suprema Corte hacer el recibimiento
e incorporación de abogados y expedirles el título,
sometiéndolos a exámenes previos.
En 1855 se establece un procedimiento para
la recepción de los abogados, mediante el decreto
XCVII del 7 de noviembre. Nótese que se decretan
las medidas que listaremos "( ...) mientras se
reglamentan los estudios universitarios y se crian
las corporaciones, á quienes corresponde conferir
los grados y exámenes profesionales". Aquí se
menciona por primera vez en un texto legal la futura
creación de la corporación de abogados del
país.
Para ser examinado el candidato debe acreditar
ante la Corte que es Bachiller en derecho civil,
que ha realizado su práctica en los Tribunales
bajo la dirección de un abogado durante cuatro
años consecutivos, los cursos que ha realizado y
una información de vita et moribus (arts. 1 y 2).
Se establecen las características del examen y los
derechos que se deben pagar (arts. 4 y ss.).
Corre el año 1857. El 12 de noviembre el
Congreso emite el decreto LIV para reglamentar
la Corte de Justicia. Para nuestro estudio es de especial
interés la sección décima pues estimamos
que en ella no sólo se vuelve a anunciar la formación
del colegio profesional sino que muestra claros
antecedentes de una afiliación obligatoria para
los abogados aunque, en sentido estricto, todavía
no había nacido el colegio respectivo, anunciado,
como vimos, en 1855.
El artículo 25 señala que el secretario de la
Corte llevará "(otro) libro en papel común en que
se tome razón de los títulos de Abogado que expida
el Tribunal y de las incorporaciones que se verifiquen,
espresando la fecha en que dió el título o
se concedieron las licencias."
El artículo 38 de la sección 10 establece los
requisitos que debe cumplir el candidato: previa
comprobación de vida y costumbres adecuadas, es
admitido a un primer examen privado realizado
por una terna de abogados nombrados por la Corte.
Si es aprobado, se someterá a un segundo examen
realizado por los magistrados. Si es nuevamente
aprobado será juramentado. El artículo único
de esta sección estipula los atestados académicos
y prácticos que debe presentar el candidato.
Como decíamos, no había colegio, pero
"Mientras hay Colejio de Abogados constituido especialmente,
todos los profesores que han recibido sus licencias
del Tribunal formarán un cuerpo de quien el
Regente de la Corte será Decano." (art. 39)
De esta forma los profesores se constituyen
-al menos en la letra- en una suerte de gremio, cuya
cabeza está en la Corte, tal como se formaron
las facultades medievales (ver supra, apartado 2).
Mas aún, leemos que esta corporación (subrayado
nuestro) se hará cargo de la Academia de Derecho
Teórico Práctico y "formará tanto sus Estatutos
como los de la Academia, los cuales tendrán que
ser presentados al Gobierno para que los apruebe"
(art.40).44
Vale la pena destacar los contenidos del artículo
41 del mismo decreto, artículo en el que
aparecen los requisitos para incorporarse al (futuro)
Colegio de Abogados y obtener licencias para
ejercer su profesión en la República (subrayado
nuestro): el candidato debe presentarse ante la
Corte con el diploma legalmente autenticado que
lo acredite como profesor (subrayado nuestro) de
Derecho Patrio (o por lo menos de Derecho Español);
debe hacer un examen y si lo aprueba, será
juramentado. Entonces la Secretaría,
"pondrá en el mismo diploma la razón de estar incorporado
en el catálogo de Abogados y este atestado le servirá
de competente título."
La obligación de estar catalogado es un antecedente
de la colegiatura obligatoria. Se cumplen
ciertos requisitos yeso da derecho a aparecer inscritos
en la lista o catálogo de que se trate. Si uno
no está incrito no se puede ejercer. Este modus
operandi aparecerá expresamente en la normativa
interna de todos nuestros colegios profesionales.
La obligación de estar en un catálogo o un registro
para poder ejercer el arte del caso, ha sido una
práctica común desde hace largo tiempo.
El Reglamento Interno del Supremo Tribunal
de Justicia del 12 de noviembre de 1857 recién
citado está vigente en 1870 según el decreto LID

del 18 de setiembre de este último año. Asimismo,
el decreto XLII del 11 de agosto de 1875 (artículo
único) establece que los licenciados en Derecho
civil que en lo sucesivo se gradúen por la Universidad
de Santo Tomás (...) no podrán ejercer la
abogacía sin que previamente hayan sido recibidos
por el Supremo Tribunal de Justicia con arreglo
a las prescripciones del artículo 38 del 12 de
noviembre de 1857.
Consignamos otro dato que nos parece curioso:
la resolución de la Secretaría de Justicia del
3 de octubre de 1878 dispone, por razón de sus calidades,
la incorporación del Lic. don Manuel Colíndres
al Colegio de Abogados de la República
(subrayado nuestro). Este Colegio le recibirá el juramento
de ley, y mandará se le libre certificado
de incorporación. Mas de acuerdo con los datos
que tenemos el Colegio de Abogados no fue creado
por ley de la República sino hasta en 1881. Por
otra parte, el Lic. Colíndres no aparece en el "Catálogo
de todos los Abogados, Nacionales y Extranjeros,
desde 1840 hasta 1907".45
A partir de 1881 el Colegio de Abogados se
hace cargo de recibir a los abogados (decreto
XXXIV del 6 de agosto). Y en el hermoso discurso
pronunciado por Antonio Zambrana, en el acto
de la instalación del Colegio, realizado el 20 de
agosto de 1881, leemos:
"Acaba de levantarse una tribuna en Costa Rica, (...) la
tribuna de la ciencia más importante, en mi concepto,
de todos cuantos estudios metódicos realiza la inteligencia
humana (...). Señores, nada podemos prometeros;
sólo os decimos que no se funda aquí el gremio de un
oficio, la corporación de un arte útil; se funda la sociedad
de una ciencia (...)".46
6. Medicina
"Hemos resuelto de enviar algunas vezes uno, ó muchos
Protomedicos generales á las Provincias de las Indias, y
sus Islas adjacentes (...)" Felipe 11,11 de enero de 1570.
"Los Protomédicos, que hon de tener su residencia en
las Indias (...) guarden en el examen de Medicos, Cirujanos,
visita de las Boticas, y en todo lo demás, que pertenece
a su ministerio, nuestras leyes Reales, y los Presidentes,
y Audiencias las hogan guardar. " Carlos 11,s.f.
"Mandamos, Que no se consienta en las Indias á ningun
genero de personas curar de Medicina, ni Cirugia,
si no tuvieren los grados, y licencia de el Protomedico,
que disponen las leyes, de que ho de constar por recaudos
legitimas." Felipe IV, /3 de setiembre de 1640 y 20
de agosto de 1648. Recopilación de leyes de los Reynos
de las Indias, tomo lI.jolios 159-160.
LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE COSTA RICA
A. España y Guatemala.
A fines de la Edad Media se emiten normas
para regular la formación y el ejercicio profesional
de los médicos en los reinos cristianos peninsulares.
Fue muy importante en este sentido la fundación
de las primeras universidades y la creación
de las cátedras correspondientes. Alfonso X el Sabio
establece disposiciones trascendentes, en el
Fuero Real ("De los físicos e de los maestros de
llagas"); también en el Código de las Siete Partidas.
El examen que autoriza a los médicos para
el ejercicio profesional fue instituido en Aragón
por Alfonso 11,en la segunda mitad del siglo XIII
y en el siglo XIV fue establecido en Castilla por
Juan 11.El médico de cámara de este, Alonso Chirino,
redactó las ordenanzas que, con profundas
modificaciones, serían, con el tiempo, la base del
Tribunal del Protomedicato. Dicho Tribunal fue
creado con sus privilegios y funciones por los Reyes
Católicos, mediante la ley del 30 de marzo de
1477 y ordenanzas de 1491 y 1498. Inicialmente
al protomédico y al alcalde les correspondía conceder
las cartas que autorizaban la práctica profesional,
según lo dictan Fernando e Isabel en Granada:
"Mandamos, que los Protomédicos y Alcaldes Examinadores
Mayores, que de Nos tuvieren poder, lo sean en
todos nuestros Reynos y Señoríos, que ahora son o fuesen
de aquí en adelante, para examinar los físicos y Cirujanos,
Ensalmadores y Boticarios, Especieros y Herbolaríos
y otras personas que (oo.) usaren de estos oficios;
para que si las hallaren idóneas (oo.) les den cartas
de examen y aprobación y licencia para que usen de los
dichos oficios libre y desembargadamente (oo.) y las que
hallaren que no son tales, los manden y defiendan que
no usen de ellos.'047
Posteriormente, en 1563, Felipe 11 dispone
que sólo al protomédico y además dispone la formación
del protomedicato." Entendemos pues
que primero aparecen la funciones del protomédico
y posteriormente se establece el protomedicato
como institución jurídica. Por protomedicato se
entiende entonces el cargo de protomédico (médico
del Rey inicialmente) o el tribunal examinador,
con las prerrogativas del caso.
Las atribuciones fueron modificadas varias
veces entre los siglos XV y el XVIII. 49 Destaca la
reforma hecha por Felipe 11en 1563, que expresa
los requisitos para los exámenes de médicos, ciru-
19

20 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
janos y boticarios, e insiste en fuertes prohibiciones
para los curanderos."
Ya desde fines del siglo XV los Reyes Católicos
regulan la obtención del bachillerato en Medicina
y nuevamente 10 hace Carlos I en 1523. Solo
las universidades que tuvieran cátedras de prima,
vísperas, anatomía y cirugía fueron autorizadas
para otorgar dicho grado. Felipe 11(1536) dispone
que los estudiantes deben cursar el bachi11erato
en artes antes de comenzar Medicina. A los
estudios de medicina debían sumarse otros dos
años de práctica para poder presentarse ante el
Tribunal del Protomedicato, al cual le correspondía
dar las licencias para ejercer la profesión, como
se ha mencionado.i' Otra ley de Felipe 11del
año 1579 prohíbe a los protomédicos dar licencia
en las Indias a ningún médico, boticario, barbero y
algebrista para que ejerzan su profesión sin haberse
sometido previamente a examen ante los protomédicos.V
Felipe 11en 1588 instituye el Tribunal, regido
por el principal funcionario de este o Protomédico
Real, encargado de examinar aspirantes a
médicos, cirujanos o barberos. 53
El Protomedicato también actuaba con proposiciones
referentes a medidas sanitarias, la duración
de los trabajos contra las epidemias y el ordenamiento
de la limpieza y abastecimiento de agua
a las poblaciones.'
En 1798 se disminuyen considerablemente
las atribuciones de los protomédicos; en abril de
1799 Carlos IV abolió el Protomedicato y fundó
en su lugar una Junta General de Médicos. Aunque
en 1801 se restablece el Protomedicato con
los privilegios reducidos de 1798,r está por desaparecer
la institución en España."
En el istmo, encontramos el decreto del 24
de julio de 1823, emitido por la Asamblea Nacional
Constituyente de las Provincias Unidas del
Centro de América", que manda "que los bachilleres
en medicina puedan recibirse de médicos
practicando año y medio su facultad y sujetándose
a un examen de doble número de examinadores
nombrados por el Protomedicato; o practicando
todo el tiempo que previene la ley, y sufriendo un
examen ordinario". Y es que en Guatemala también
el protomedicato, institución secular, fue
creado de hecho desde el siglo XVII 57 y de derecho
en 1793. Esto porque un Protomédico Real
debía ser nombrado por la Corona y, desde luego,
las circunstancias sanitarias obligaron a menudo a
que presidentes, arzobispos, cabildos o virreyes
nombraran a protomédicos sustitutos; también medió
la ambición personal u otras razones para lograr
un nombramiento como sustitutc" En todo
caso, según Carlos Martínez Durán, médico e historiador
de la medicina, los primeros médicos que
llegaron a Guatemala desde Nueva España se autodenominaban
protomédicos de Su Majestad.
Cuando se fundó la Universidad de San Carlos y
se inició la Cátedra de Prima de Medicina, Nicolás
de Souza, primer catedrático interino de Medicina,
se hizo llamar Protomédico del Reino y ejerció
varias labores propias del cargo, como la de visitar
boticas. 59 En 1687 llega de España el Dr. Miguel
Fernández, a quien Carlos 11 nombra catedrático
propietario de Prima de Medicina, 10 nombra Protomédico
y le concede conjuntamente
"el Protomedicato de aquellas Provinsias a imitasion de
los Prothomedicatos de las Ciudades de Mexico, y Lima,
en cuya conformidad es mi mersed y voluntad que
seais Prothomedico de las Provinsias del distrito de mi
audiensia real de Goathemala y que hasiendo el juramento,
q. debeis hacer en la parte que fuere costumbre
usseis, y exersais este officio durante Vuestra vida (...)
gozando (...) de todos los honores, preeminensias, prerrogatibas
y demas cossas que le tocan (...)".60
Martínez Durán señala que, sin embargo, en
este caso el puesto fue tan solo nominal, ya que la
promesa no llegó a cumplirse." Nunca, por ejemplo,
se constituyó el Tribunal. Con todo, Fernández
luchó enérgicamente contra los curanderos y
fue muy celoso de la salud pública. 62
Así, se estima que el primer protomédico en
Guatemala fue Joseph Felipe Flores, nombrado
para tal efecto en 1793. Flores, guatemalteco, se
graduó como bachiller en medicina en 1773, como
doctor en 1780 de la Universidad de San Carlos y
fue uno de los prohombres de esa rama en su país.
Consigna el historiador de la medicina, Francisco
Asturias, que la Universidad de Guatemala concedía
de vez en cuando los títulos de bachiller, licenciado
y doctor pero que no existía el tribunal del
protomedicato con las prerrogativas rropias de las
Universidades de México y de Lima. 3
En esta oportunidad, fue el mismo Flores,
entonces catedrático de Prima de Medicina, el que
hizo ver al gobierno la necesidad de la institución
del protomedicato en 1792. En el memorial que
elaboró afirma que los catedráticos de Prima de
Medicina de la Universidad de San Carlos han
realizado muchas de las funciones de los protomédicos
pero que no se ha creado un verdadero Tri-

unal. Este no sólo debe entenderse con los asuntos
de reglamento sino que debe interesarse por
todo 10 relativo a la salud pública. Entonces, urge
solicitar a Su Majestad la fundación "legal" del
protomedicato y si no fuera posible, debe otorgarse
al catedrático de Prima de Medicina todo el poder
de un protomédico. La petición fue aprobada
por el Claustro universitario, también por el fiscal
y finalmente el gobierno de Guatemala pide al
Rey que se cree el protomedicato, el cual concede
la petición el 21 de junio de 1793, cuando, como
se ha señalado, la institución comenzaba a decaer
en España.
La Real Cédula dice que el Rey supo
"(...) de la necesidad en que se hallaba aquella capital y
reino para que se estableciese Protomedicato, con el
justo objeto de que se creasen buenos profesores, bajo
términos detallados en las leyes, y cortase el perjudicial
abuso de curanderos (...)
Por tanto: (...) creo y erijo en la ciudad y reino de Guatemala,
para desde ahora en adelante, el tribunal de Protomedicato
(...); nombro al doctor don José Flores, por
primer Protomédico, y (...) ordeno y mando (...) lo obedezcan,
guarden, cumplan y ejecuten y hagan guardar,
cumplir y ejecutar sin impedir ni permitir que se iT}'ida
el referido establecimiento de Protomedicato (...)."
La organización del tribunal no se efectuó
dado que Flores se fue a España, con licencia con
salario, en 1796. En Europa permaneció 18 años y
murió en Madrid en 1814.
De todas maneras, las funciones que el Protomedicato
debía ejercer eran: dirigir la enseñanza
médica; gobernar la Medicina, Cirugía y Farmacia;
impartir justicia en todos los ramos de la Medicina;
administrar los fondos provenientes de las
licencias y multas de los mismos e incrementar la
propagación y preparación de las plantas medicinales.
De ellas, según afirma Martínez Durán, se
cumplieron la de gobernar la Medicina, Cirugía y
Farmacia, la de evitar el ejercicio ilegal y la de visitas
a boticas."
En 1832 se suprime la Universidad de San
Carlos y se crea la Academia de Estudios, compuesta
por todos los doctores, maestros y licenciados
de la antigua Universidad; todos los abogados
de los tribunales del Estado, todos los licenciados
y habilitados por el Protomedicato para el ejercicio
de la Medicina y Cirugía y profesores de Farmacia
y todos los que en adelante obtuvieren alguno
de estos títulos conforme al nuevo arreglo de la
Instrución Pública. También en 1832 se decreta
LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE COSTA RICA
21
que la tercera instrucción (la profesional) será por
el momento de las más indispensables: la del sacerdote,
la del médico y la del jurisconsulto.r"
En 1832 desaparece el protomedicato, cuyo
restablecimiento (al igual que el del Colegio de
Abogados) se contempla en el decreto del 26 de
febrero de 1839, poco antes de la clausura de la
Academia y la reapertura de la Universidad de
Guatemala, en 1840. 67 No obstante, algunos se
oponían, como por ejemplo el Dr. José Luna,
quien en agosto del mismo año, dirigiéndose a la
Comisión de Instrucción Pública, a propósito del
estado lamentable de la salud pública y la consiguiente
necesidad de tomar medidas al respecto,
dijo:
"No se me oculta q. el S. Gobierno por su decreto del
26 de febrero último, tiende a remediar estas calamidades,
restableciendo el antiguo Protomedicato; yo tengo
por laudable esta medida mas no la creo eficax, por q.
las leyes de este antiguo Tribunal ni pueden corregir estos
males, ni procurar la mejoria de la medicina; el ha
sido un cuerpo incoherente, repulsibo, ha castigado algunos
males, y no ha producido ningun bien; siempre
ha examinado a los medicos, y jamas les ha enseñado
cosa alguna. Por lo que no estando por el protomedicato,
yo os propongo exijais una sociedad, una escuela, de
medicina, en fin un protomedicato, puesto q. no busco
la imitacion de los nombres sino el mejoramiento de las
cosas".68
El Gobierno decretó el 7 de noviembre de
1840 el establecimiento de una sociedad compuesta
por los doctores y licenciados médicos, cirujanos
y farmaceutas, denominada Facultad de Medicina
de Guatemala y el 7 de diciembre decreta el
reglamento que la ha de regir. En su artículo 40.
dice que el Presidente de la Facultad se denominará
Protomédico y en el 70., que el Protomédico, el
Secretario y tres individuos de la Facultad formarán
un cuerpo que se denominará "protomedicato''.
Según el artículo 80. le corresponde a la Facultad
promover y fomentar los progresos de la
Medicina, Cirugía y Farmacia e informar al Gobierno
sobre cuanto interese a la salud pública,
proponiendo medidas en caso de epidemia. Otros
artículos señalan las atribuciones del protomedicato,
horario de clases, etc.
El protomedicato desapareció en 1875 cuando
se funden protomedicato y Facultad de Medicina,
suprimiéndose el protomedicato'"; las atribuciones
de este pasaron a la Junta Directiva de la
Facultad. 7o

22 ELlZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
B. El ejercicio de las ciencias médicas en
Costa Rica: el Protomedicato; la Facultad
de Medicina y Cirugía; la Facultad de
Medicina, Cirugía y Farmacia; la Facultad
de Medicina; Colegio de Médicos.
Los antecedentes del colegio de médicos, el
de farmacéuticos y el de dentistas se encuentran
en la institución del Protomedicato de Costa Rica,
vigente desde 1857 hasta 1895; el desarrollo de
estos colegios ha estado estrechamente vinculado
también a la Facultad de Medicina y Cirugía de
Costa Rica (decreto III del 3 de mayo de 1879)
que funcionó de 1879 a 1895, a la Facultad de
Medicina, Cirugía y Farmacia de Costa Rica (decreto
3 del 3 de abril de 1895) activa de 1895 a
1902 y a la Facultad de Medicina de Costa Rica
(decreto 73 del 12 de agosto de 1902) vigente de
1902 a 1940.
Muchísimo tiempo estuvo facultado el Protomedicato
para otorgar a los médicos, cirujanos,
farmacéuticos y dentistas la facultad de ejercer pública
y legalmente la profesión.
El Reglamento orgánico de instrucción pública
del 4 de octubre de 1849 estableció la Facultad
de Medicina en la Universidad y dice que el
decano de dicha Facultad será el protomédico de
la República. Encarga a la Facultad de velar por el
progreso de las ciencias médicas por el estudio de
las enfermedades endémicas del país, así como dirigir
observaciones en pro de la mejora de la higiene
pública y doméstica. Viene al caso comentar
que para 1857 existían 24 médicos en el país y
ocho farmacias en San José." El decreto XXXVI
del 29 de octubre de 1857 establece el protomedicato
de la República y deroga la Facultad médica
recién citada. En el considerando se dice que para
favorecer los progresos de la ciencia médica en el
país y para proteger la salud pública, es necesario
que todos los profesores que ejerzan la medicina
reconozcan una autoridad y un centro de asociación
para contestar las consultas que haga el Gobierno,
y para sujetarse a las leyes que reglamentan
el ejercicio de la profesión médica. Se instituye
así el protomedicato y la sociedad médica. El
primero en concepto de tribunal médico y la segunda
en concepto de cuerpo literario, compuesta
de todos los doctores y licenciados en medicina y
cirugía, farmacéuticos, cirujanos, obstetrices y
dentistas que a esa fecha existieran en 'el país, con
sus títulos en regla y con licencia para ejercer la
profesión (no sabemos cómo la obtenían).
En 1858, el decreto XIV del 15 de junio establece
el reglamento del Protomedicato. Se le encarga
de funcionar como tribunal de exámenes en
todos los ramos de ciencias médicas, como Cuerpo
Inspector de salubridad pública y como policía
médica. Se aclara que como no existen en ese momento
cátedras de estudios teóricos en ciencias
médicas, ni estudios de clínica en hospitales, sólo
le competen las funciones de tribunal de exámenes
y de revisación de títulos. A este tribunal debían
presentarse todos los profesores de medicina y cirugía
doctores o licenciados, los comadrones u
obstetrices, farmacéuticos, dentistas y sangradores
que ingresaran al país llevando sus títulos o diplomas.
Si estos estaban conformes a la ley, se admitía
a examen el candidato. De aprobarlo, sería incorporado
en el cuerpo de profesores de la República
y se le extendía la correspondiente licencia.
Los que ejercieran sin estar autorizados por el
Protomedicato, eran considerados como empíricos
arbitrarios y penados.
Como tribunal de policía médica le correspondía
al Protomedicato visitar las boticas para revisar
si había el surtido de medicinas necesario, si
las drogas estaban en buen estado, verificar que en
ninguna botica se vendieran medicinas sin receta
de un facultativo, entre muchas otras tareas. También
en su calidad de tribunal de policía médica, el
Protomedicato debía valuar los abusos y faltas
graves que se cometieran en el ejercicio de la profesión.
El decreto XXXVIII del 4 de agosto de
1859 deroga el anterior reglamento: concreta las
funciones del protomédico y la manera de integrar
el protomedicato; asimismo, disminuye la cantidad
de funciones de este en tanto que tribunal de
policía.
En el mismo año de 1859, el Presidente de
la República fija el arancel de honorarios (tarifa
que debían ganar los profesores de medicina, la
que debían cobrar los médicos por extender certificados,
realizar autopsias, visitas a domicilio,
etc.). Entre las actividades del Protomedicato destacan
la extensión de las patentes de botica (1866),
la colaboración en la solución al problema del alcantarillado
de la capital (1878) y las denuncias
ante los tribunales contra el curanderismo (ejercicio
ilegal de la profesiónj.f
Nuevamente se reorganizó el Protomedicato
en 1872 debido a que la Facultad de Medicina
-por entonces operando, como se recordará- manifestó
al Poder Ejecutivo que aquella institución no

tenía bien determinadas sus funciones, como tampoco
lo estaban las obligaciones y los derechos de
los profesores de medicina, cirugía, farmacia y
ciencias conexas.
En 1879, mediante el decreto m del 13 de
mayo, se restablece la Facultad de Medicina y Cirugía
(que había sido clausurada en 1874) en la
Universidad de la República. El decreto correspondiente
lista las asignaturas que se habrán de
cursar y las condiciones para rendir exámenes. Se
especifica que el Protomedicato estará a cargo de
examinar a los candidatos y de extender los títulos.
No obstante, la Facultad fue cerrada casi de
inmediato.P El Protomedicato sigue actuando en
otras labores como la de valorar la epidemia de
difteria y sugerir medidas ante ella en 1882 o el
control del ejercicio empírico de la medicina.
En 1895 al organizarse la Facultad de Medicina,
Cirugía y Farmacia (decreto No. 3 del 3 de
abril), queda abolida la institución del Protomedicato.
Esta Facultad tiene por objeto dirigir la enseñanza
de esas ciencias, conferir títulos académicos,
conceder o negar la incorporación de los profesores
recibidos fuera del país; velar porque los miembros
de la Facultad se ajusten a los preceptos de la
ciencia; ejercer superior vigilancia respecto de la
higiene y salubridad públicas y resolver las consultas
de los Supremos Poderes en materia de su competencia.
En el artículo 40. de su ley orgánica"
leemos: "Sin la previa autorización de la Facultad-
,nadie podrá ejercer en el país las profesiones de
médico, cirujano o farmacéutico." Y en su artículo
30 estipula: "Todas las funciones que por las leyes
actuales correspondan al Protomedicato y respecto
de las cuales nada se disponga en la presente ley,
serán desempeñadas por la Junta de Gobierno de la
Facultad." También en 1895 los dentistas quedan
sujetos a la Facultad hasta tanto no hayan por lo
menos 10 miembros en el país, que puedan constituirse
en facultad de Cirugía Dental (art. 29).
Interesa hacer notar que los capítulos que
abarca esta ley de 1895, aparecen con frecuencia
en la estructura de las leyes orgánicas de casi todos
los colegios actuales:
1. Objeto de la Facultad
11. Prerrogativas y deberes de los miembros
m. Juntas de la Facultad
IV. Personalidad de la Facultad
V. Fondos de la Facultad
VI. Correcciones disciplinarias
VII. Disposiciones generales y artículos transitorios
LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE COSTA RICA
La Facultad siguió vigilando el correcto desempeño
del ejercicio profesional, además de dirigir
la enseñanza de la Escuela de Obstetricia fundada
en 1896 y la de Farmacia, cuya escuela abrió
sus puertas en 1897. En 1896 se publica la Gaceta
Médica, como órgano oficial de la corporación.
Esta Facultad termina sus tareas en 1902
(decreto No. 73 del 12 de agosto) al fundarse de
manera independiente el Colegio de Farmacéuticos
en ese mismo año (por el decreto No. 74, del
11 de agosto). Vemos pues que los farmacéuticos
ponen casa aparte, asumen las riendas de la enseñanza
de la rama y las incorporaciones y su colegio
recibe su reglamento por el decreto No. 1 del
18 de octubre de 1902. La primera junta directiva
se instala el 25 de octubre y su ley de fundación
continuó vigente hasta 1941.
La Facultad de Medicina de Costa Rica
creada por el decreto No. 73, del 12 de agosto de
1902, permanece hasta 1940.
La ley orgánica de la Facultad de Medicina
de 1902 establece que sin la previa autorización
de la Facultad, nadie podrá ejercer en el país las
profesiones de médico, cirujano, dentista y partero
(art. 40.). Se estipulan las correcciones disciplinarias
(art. 20). Asimismo, que los cirujanos dentistas
dependerán de la Facultad de Medicina para
efectos de la incorporación y práctica profesional,
mientras no haya en el país un número de diez
miembros, por lo menos, que puedan constituirse
en Facultad de Cirugía Dental (art. 29).
La Facultad de Medicina fundó en 1906 la
primera escuela de Cirugía Dental (que pronto cerró
por falta de alumnos) y en 1916 creó la Escuela
de Enfermería. La Facultad incorporó a los cirujanos
dentistas hasta 1915, año en que estos se independizan:
la ley No. 19 del 9 de junio estableció la
Facultad de Cirujanos Dentistas, la cual asumió tal
función. Esta Facultad recibe su reglamento en octubre.
La ley que la funda contempla la colegiatura
obligatoria así como las sanciones disciplinarias.
Finalmente, por ley No. 362 del 26 de agosto
de 1940, se erige la Universidad de Costa Rica.
El decreto No. 17 del 22 de octubre de 1940 reforma
la No. 362 y dispone en su artículo 40. que
mientras no se haya establecido la Escuela de Medicina
el respectivo colegio, antes llamado facultad,
queda autorizado para otorgar grados académicos
y títulos profesionales de acuerdo con su
respectiva ley orgánica. Esta ley orgánica del Colegio
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, fue
dictada con el No. 16 el 22 de octubre de 1940.
23

24
ELlZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
El decreto del 22 de octubre de 1940 en el
mismo artículo 40. también dispone que mientras
no se haya establecido en la Universidad la Escuela
de Cirugía Dental, el respectivo colegio, antes
llamado facultad, queda autorizado para otorgar
grados académicos y títulos profesionales según
su ley orgánica. (Lo mismo estipula para la Escuela
y Facultad de Ingeniería).
7. Antiguos y nuevos
Nos preguntamos: ¿cuál es el colegio profesional
más antiguo de Costa Rica? Si nos basamos
en la fecha de emisión de una ley orgánica que diga
literalmente que crea un colegio, es sin duda el
de Abogados (1881); si nos basamos en las funciones
que desempeñaron la Corte Suprema de
Justicia y el Protomedicato, entre ellas algunas
propias de los actuales colegios, diríamos que el
inicio de los gremios de abogados y de médicos
fue simultáneo. Fundamentamos la última opinión
en el decreto 54 del 12 de noviembre de 1857 (Reglamento
de la Corte Suprema de Justicia) y en el
decreto 36 del 29 de octubre de 1857 (establece el
Protomedicato de la República).
En el artículo 20. del título 1 de la ley orgánica
de la Universidad de Costa Rica leemos que
integrarán desde ese momento la Universidad las
escuelas de Derecho, Farmacia, Agricultura, Pedagogía
y Bel1as Artes, ya existentes y que las de Ingeniería,
Ciencias, Letras, Cirugía Dental y Medicina,
se establecerán conforme los recursos 10 permitan.
El artículo 40. del Capítulo VII dispone
que las Juntas Directivas de los Colegios de Abogados
y Farmacéuticos continuarán ejerciendo
funciones docentes hasta el 31 de diciembre de
1940. Termina así la función docente formal de
los colegios profesionales del país. Interesa señalar,
por otra parte, que los artículos 21 y 22 del
Capítulo VII disponen que corresponde exclusivamente
a la Universidad de Costa Rica, la facultad
de otorgar permisos para el ejercicio de profesiones
reconocidas en el país, así como también que
los títulos que expida la Universidad serán válidos
para el desempeño de las funciones públicas y para
el ejercicio libre de las profesiones cuya competencia
acredita. Sin embargo, los colegios profesionales,
que proliferan a partir del 41, siguiendo
los pasos del de Médicos, Abogados, Farmacéuticos,
Cirujanos Dentistas y Agrónomos, hasta el
más reciente, creado por ley No. 7503 del 3 de junio
de 1995, el de Físicos, establece que para ejercer
es obligatoria la afiliación al colegio del caso.
El estudio de este tema se incluye en el próximo
capítulo.

II. Aspectos jurídicos
1. Qué son los colegios profesionales
El objeto de este título es hacer algunas consideraciones
sobre la discusión en torno al marco
jurídico de los colegios profesionales, renovada en
nuestros días con motivo de la polémica acerca de
la colegiación obligatoria.
De antemano podemos señalar que el estudio
de su régimen jurídico es complejo por las singularidades
que este tipo de entidades tiene en el
contexto de la clasificación de las personas jurídicas.
Los criterios para clasificarlas y distinguidas
son abundantes en la literatura jurídica, sobre todo
en lo correspondiente a la distinción entre personas
jurídicas públicas y privadas (criterio del fin,
criterio de la existencia de prerrogativas, criterio
de la creación o de la injerencia estatal, criterio de
la forma, criterios pluralistas).
Tanto la doctrina como la jurisprudencia se
han preguntado si las corporaciones profesionales
son entes públicos que pertenecen a la administración
del estado, y, por 10 tanto, regidas por
el derecho público, o si son entes privados, o si
son entes públicos no estatales, que tienen a su
cargo funciones y fines públicos atribuidos por la
ley. Al respecto se pueden citar tres tesis. La primera
sostiene que el colegio profesional es un
ente público que pertenece a la Administración
del Estado. La segunda afirma que el colegio
profesional es un ente privado al que por medio
de una ley o un acto administrativo se le han encargado
excepcionalmente funciones públicas,
que cumple por medio de ciertas potestades administrativas.
La tercera considera, que el colegio
profesional es un ente público no estatal, que
no forma parte de la administración pública pero
que tiene a su cargo funciones y fines públicos
atribuidos por la ley; veamos la opinión de algunos
tratadistas al respecto. Garrido Fa11a sostiene
que
"...existe, sin duda, un criterio fundamental para saber si
una persona jurídica debe considerarse como de Derecho
público: su encuadramiento en la organización estatal
(...). Bastará el examen de la naturaleza de las relaciones
o vínculos que lo ligan a la Administración pública
de que se trate: si estos son de naturalezajerárquica
o de los que la doctrina conoce con el nombre de tutela,
estamos en presencia de un ente encuadrado en la
organización estatal.,,75
Siguiendo el criterio del autor citado las personas
jurídicas públicas se dividen en personas
públicas territoriales y personas públicas institucionales;
estas son objeto de la descentralización
institucional, y, a su vez, se dividen en corporaciones
y fundaciones. Lo fundamental de esta distinción
es caracterizar a la corporación por su base
asociati va. 76
En sentido contrario, otros autores se inclinan
por calificar los colegios profesionales como
personas privadas no estatales aun cuando se admita
que en ellas coexiste el interés de la corporación
con el interés público; en consecuencia, los
criterios de calificación parten de que el Estado
delega funciones administrativas, tales como las
potestades disciplinarias, control sobre la actividad
profesional, potestad sancionadora, todas ellas
regidas por el derecho administrativo, mientras
que el derecho privado rige para todo lo relacionado
con su personal, contratos, bienes, etc. "Cabe
decir, entonces, que estas Corporaciones representativas
de intereses profesionales o económicosectoriales,
son personas no estatales, no pudiendo
decirse de ellas que estén encuadradas en la organización
estatal, aún cuando ejerzan funciones que
el Estado les conffe.?"
A los colegios profesionales se les ha denominado
corporaciones como una primera distinción
básica y determinante de otra serie de organizaciones
u organismos estatales:
"Las corporaciones entrañan por tanto, esencialmente,
una estructura representativa de intereses sectoriales, de
grupo o clase, integrada por los ciudadanos afectados,
que actúan como miembros. Son en definitiva entes de
base asociativa, integrados por miembros que se reúnen
para la gestión y defensa de sus intereses y la promoción
u ordenación común del sector al que pertenecen.,,78
De manera específica se les ha llamado corporaciones
de intereses, pues existe un conjunto
de intereses propios de los miembros de esa colectividad,
distintos de los intereses particulares de
aquellos y distintos del interés del Estado:
"Estamos en presencia, consiguientemente de unas personas
jurídicas que podríamos calificar simultáneamente
como "públicas" pero "no estatales". Cabría pensar
en si sea contradictorio el pensar en unas determinadas
personas que son simultánemente públicas y no estatales
(...). El encuadramiento en la organización estatal,
en estos casos se produce (...) por un fenómeno de atribución
a estas entidades de ciertas prerrogativas que

26
ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
originariamente son estatales y ~ue respalda el Estado
con su ordenamiento jurídico ...".7
De las opiniones transcritas podemos concluir
que la doctrina jurídica dominante ha definido
a los colegios profesionales como corporaciones,
y divide a estas en privadas y públicas; por
ejemplo, en asociaciones y colegios profesionales,
y ha definido la corporación como un sujeto de
derecho, que integra obligatoriamente a una serie
de personas con intereses comunes, privativos de
sus componentes pero también relevantes para el
Estado que los incorpora a su organización, dotándoles
de ciertas prerrogativas.
La importancia de definir si los colegios
son entes públicos o privados estatales o no lo
son, está en la determinación del régimen jurídico
que se les debe aplicar. Si es un ente público estatal
se aplica el derecho administrativo a todos sus
actos, contratos, obligaciones, etc.; si el ente es
privado su régimen es de derecho privado; si es
público y no estatal, parte de sus actos están basados
en potestades administrativas y prerrogativas
(que originalmente -recuérdese- son estatales pero
que han sido atribuidos a esa entidad, y que el
estado respalda con su régimen jurídico) tales como
las potestades disciplinarias, la reglamentación
del ejercicio profesional, la incorporación.
Estos actos suponen la producción de actos administrativos,
a los que el derecho administrativo les
es plenamente aplicable; en todo lo demás, estos
entes públicos no estatales, se rigen por el derecho
privado.t"
Para algunos de los especialistas en esta materia,
merece especial atención el tema de la doble
funcionalidad de los entes corporativos puesto que
trae como consecuencia un régimen jurídico mixto
denominado público-privado:
"Todos ellos tienen encomendadas determinadas funciones
administrativas: facultades y competencias públicas
que en cada sector el Estado confía a estas organizaciones.
Son actuaciones que las Corporaciones desarrollan
junto al Estado, sometidas al Derecho administrativo;
en ellas dictan verdaderos actos administrativos.
Pero tienen además otra serie de tareas que cumplir
que responden a su vida propia, a sus propios fines en
defensa de sus intereses de grupo o clase, que actúan
muchas veces frente al Estado; actuaciones que caen
normalmente en el ámbito del Derecho privado.
Los Colegios profesionales son, pues para la doctrina
administrativa, una de las especies de las Corporaciones
públicas...".KI
A las llamadas corporaciones públicas se les
atribuyen doctrinariamente cinco características,
que en nuestra opinión y para los propósitos de
nuestro estudio, corresponden con el marco jurídico
de que se ha dotado a los colegios profesionales
en Costa Rica: a) el origen legal de la corporación:
es creada mediante una ley que le da vida y
la organiza. Todos los colegios se han creado y organizado
en nuestro país a partir de la promulgación
de sus leyes orgánicas; b) la afiliación es
obligatoria para poder ejecer la profesión: tanto
las leyes orgánicas como los reglamentos internos
de los 23 colegios profesionales estudiados incluyen
normas con este tipo de disposición; e) la ley
que crea el colegio le impone sus fines los cuales
son de dos tipos: gremiales y de interés público;
listamos los fines de los colegios que aparecen en
sus leyes, en sus reglamentos o en ambos; desglosamos
38 fines de los cuales por ejemplo, el promover
la defensa del decoro y realce de la profesión,
aparece en 8 leyes orgánicas y en 5 reglamentos;
16 leyes orgánicas contemplan como fin
la defensa de los derechos de sus integrantes (ver
cuadro # 1, Fines); d) la ley les otorga potestades
administrativas para la realización de sus fines como
por ejemplo, regular la conducta y el ejercicio
de la profesión, autorizar la incorporación de sus
miembros, imponer sanciones disciplinarias, y e)
la ley le impone la obligación de perseguir y lograr
los fines estipulados en ella.
Del estudio de la normativa vigente de los
23 colegios existentes en nuestro país (ver cuadro
#2, Denominación jurídica), se desprende que 10
colegios definen en su ley orgánica su naturaleza
jurídica, 9 en el reglamento y 4 en ambos cuerpos
legales. De estos últimos, 3 tienen una denominación
diferente en ambas normativas. La denominación
utilizada no es uniforme: por ejemplo 7 colegios
se definen como corporaciones de derecho
público; 1 como entidad pública; 2 como un organismo
público. En buena técnica podrían presentarse
problemas de interpretación, ya que no es lo
mismo una corporación pública que una corporación
profesional de interés público o que un colegio
de egresados.
Jurisprudencialmente en nuestro país tanto
la Sala de Casación como la Sala Constitucional
han mantenido el mismo criterio en torno a la naturaleza
jurídica de los colegios:
"Como al Estado le interesa que el ejercicio de las profesiones
liberales sea eficiente, para garantía de la co-

1
ASPECTOS JURIDICOS 27
Cuadro #1 FInes
Velar porque la profesión se ejerza con arreglo a las normas de la ética
2 Promover el intercambio cientlfico entre sus miembros y de estos con autoridades cientlficas nacionales y extranjeras
3 Prohijar las asociaciones de distintas especialidades (o profesiooes") que se formen con fines cientlficos
4
5
6
7
8
9
10
11
Impulsar las actividades sociales entre sus miembros
Vciar porque no se ejerza la profesión ilegalmente
Auspiciar las asoctactones gremiales y los smdicatos que formen sus nuembros para proteger el ejerCICIode la profesión y
loromover su mciora
IEvacuar las consultas que cualquiera
leves indiouen
de los supremos pooeres le nagan en matena de su competencia y dCmAsasuntos que las
Promover el desarrollo de las disciplinas (y sus afmes)
Dar licencia para ejercer la profesión
Conceder o negar la incorporación
Defender los derechos de sus integrantes (individuales o colectivos)
12 Promover el mejoramiento económico de los agremiados
13 Promover la contribución de la profesión al análisis y estudio de los problemas nacionales o internacionales
14 Promover la cooperación con otros colegios y asociaciones profesionales costarricenses o extranjeros
15
16
17
18
19
Ayudar a realizar los propósitos de integración profesional centroamericana
Cooperar con las instituciones estatales y privadas en todo aquello que implique mejorar el desarrollo del país
Cooperar con los centros de enseI\anza e investigación en el desarrollo de la disciplina
Opinar en asuntos atinentes a la disciplina en respuesta a consultas o por propia iniciativa
Mantener y estimular el espíritu de unión de los agrerniados
20 Cooperar con las universidades en cuanto estas lo soliciten o la ley lo ordene, en el desarrollo de la disciplina
11 Auxiliar a los agremiados en desgracia
22 Coadyuvar con los organismos estatales en la preservación de la salud pública
23 Proteger al público mediante el establecimiento de nonnas que fortalezcan la profesión y regulen su ejercicio
24 Representar a los agremiados en los organismos nacionales e internacionales relacionados con la profesión
25 Colaborar en la elaboración de planes de estudios superiores de la disciplina
26 Velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica
27
Dirimir los conflictos entre los agrerniados o que le sean sometidos en calidad de arbitraje
28 Reglamentar el ejercicio profesional
29
[Promover las condictones educativas, SOCIales,técrucas, artísticas y legales necesarias para el desarrollo de la profesión (o
I orofesiones'r"
30 Colaborar con el gobierno en las situaciones de emergencia o calamidad nacional
31
Promover la educación y la cultura nacionales
32 Ejercer vigilancia y jurisdicción disciplinaria sobre sus miembros en relación con el ejercicio profesional
33
Velar porque los miembros se ajusten a los reglamentos y leyes vigentes
34 Contribuir a perfeccionar el régimen republicano y democrático, defender la soberania nacional y las instituciones de la Nació
35 Pronunciarse sobre problemas públicos, cuando así lo estime conveniente
36
Impulsar y consolidar la politica y el sistema nacionales de información
37 Fomentar la creación o ampliación de servicios de la profesión para que sean asequibles a toda la población
38
Promover y defender el decoro y realce de la profesión
LO = Ley Orzánica; RE = Reglamento; - = Profesiones en el caso de los Colegios Federados Continúa ..

28 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
1 LO arO
1
LOart3
3 LO arO
4 LOart3
5
LOart3
CaMro #1 JI1Da
MHkos Altopdos Fanuceátkoe DeatiItu ContMores Públicos
6 LOart3 LOart4
7 LOart3 LO art 1 LO art 1
8 LO art 11 RE art 1 LO art 1 LO art 14 RE art 2~
9
10
11 LOart 1/REart 1 LO art 11 RE art 1 LOart4 LO art 14
11 LOart 1 LO art 11 RE art 1 LOart4 LO art 14 RE art 25
13
14 LOart4
15
16
17
18 LO art 14
19 LO art 11 RE art 1 LO art 1 LOart4
10 LO art 1 LO art 1 LOart4 LO art 14
21
LO art 1
12 RE art 1 LOart4
2J
RE art 1
14 LOart4
15
26
27 LO art 14
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 LOart 1 IREart 1 LO art 1 LOart4
LO = Ley Orgánica; RE = Reglamento; • = Profesiones en el caso de los Colegios Federados Continúa. ..

1
1
3
4
5
6
7
ASPEcrOS JURIDICOS 29
cu.tl1'O NI F'IDa
~
QuónlcMe
Incenfe •.••
QuónIcM
Mlcl'ObIóIolM
LOart2
LOart2
LOart4
I..IceDdIMIMy Contadores
Profesores Privados
LOart2
8 LOart2 LOart4 LO art S LOart2 LO art3/RE art4
9
10
Enfennens
LOart3
LOart3
11 LOart2 LOart4 LO art S LOart2 LOart3/REart4 LOart3
11 LOart2 LOart4 LO art S LOart2 LOart3/REart4 LOart3
13
LOart4
14 LOart4 RE art II
15 LOart4
16
17
18 RE art II
19 LOart2 LO art S LOart2 LOart3/REart4
10 LOart4 RE art II
11 LOartS
12
13 RE art 1
14
15 LOart2 LOart4
16 LOart2
17 LOart4 REartII
18
19
30
LOart4
LOart4
LO art S
31 LOart2
31 LOart3/REart4 LOart3
33
34
35
36
37
38 LOart4 LOartS/REartS RE art 1
LO = Ley Orgánica; RE = Reglamento; * = Profesiones en el caso de los Colegios Federados
Continúa ...

30 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
Cuadro #1 Fines
Federado de
Veterinarios
Trabajadores
Incenleros y Optometrlstas BlóIocos Periodistas
Sociales
Arquitedos
1 LOart3/REart3 LOart4 LO art 1
2 LOart3/REart3
3
LOart3
4 REart3
5 REart3 LOart4
6 REart3
7 REart3 LOart4 LO art I
8 LOart3 LOart4 LOart4 LOart 1 LO art 11 RE art 7 LO art 1
,
9 REart3
10
11 LOart4 LO art 1 LOart 1 LO art 1
12 LOart 1
13
LOart4
14 LOart4 LOart4 REart2
15 LOart4 LOart4
16
17
LOart4
18 LOart4 RE art 2
19 LOart4 LOart4 LO art 1 LO art 1
20 REart2 LO art 11 RE art 7
11 LO art 1 LO art 1
22 REart3
13
24
25
26
27 REart2
28
LOart4
29 LOart4
30
31
32
LOart4
LOart 1
33 LOart3/REart3 REart7
REart 7
LO art 1
34 LOart 1
35
36
37
38 REart3 LOart4 REartI LOartI/REart7
LO = Ley Orgánica; RE = Reglamento; • = Profesiones en el caso de los Colegios Federados
LO art 1
Continúa. ..

ASPECTOS JURIDICOS 31
Cuadro #1 FInes
EeonomIsta Secretarias GeoIócos B11111otecarios Pllic6locos CIencIas PoIiticu
1 LOut3/REut8 LOut2 LOut2
1 LOut2 LOut2
3 LOut2
4 LOutl
5
6 REut3
7 LOut2 LOut2 LOut2
8 LOutl LOutl LOut2 LOut3/REut8 LOut2 LOut2
9
10
11 LOut I/REut2 REut3 LOut3/REutS LOut2/REut7
12 LOutl LOut I/REut2 REut3 LOut3/REut8
13 LOut2
14 LOutl REut3
15
16 LOutl
LOut2
17 LOutl REut3 LOut2REut7
18 LOutl
19 LOut 1 REut2 REut3 REut8 LOut2
10 LOutl LOut2 LOut2 LOut2
11
11
13
REutl
14 REut2
15
16
17
18
19
30
31
31
33
34
REut2
35 LOutl LOut2
36
37
REut8
31 REutl REut3 LOut3/REut8
LO= Ley 0rgíDic:a; RE = Reglamento; • = Profesiones enel casode 1011 ColegiOll Fedendos
LOut2

Cuadro #1: Denornmaclón Jurldka
ICoIepo ICorporadón ICorporadón ICorporadón de ICorporadón proreslonalde Corpol'llCión ¡ Ente de deftChO IJ.\.ntepúblico no
proreslonal derecho páblko naturaleza pública no estIItaI públka páblic:o no estatal
estatal
IMédlCOS ILOartl
cos
ILOartl
ICOS IRE art 23
RE art 1
Igu~cos e Ing. !LOart2
Químicos
ogos RE art 1
ILicenciados Y ILOartl IREartl
Profesores
vados RE art 1
IlmIenner&S
IVetennanos
IIngerueros y
Arquitectos
IlraDaJ es RE art 1
IlilóJOgos
IPenodlstas ILOart 1
ICicnctU Económicas LOart 1
[Geólogos ILOartl
IHlbllotecanos ILOartl
IPsicólogos ILOart J
1l:lcnctU Polltlcas IREart2
• --.'&'t_ '::L__ 1"\ ••••••• -- -- ...•_ .•..••..
•• Considerandos 1 y 2 de la ley orgánica RE: Reglamento Continúa. ..
ILOartl
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Cuadro #Z: DenomInadóa JañIka
ICoIep I r.nua_ palJllQl IEntIdIld !'*1tIIca Corpol'lldóll IC*P!* Ire •.•• jartIOaI
no eat.taI páblko prolalon8l pábllca lIIn fina prolalonalde elftUll- de derecho
delaero baten. páWleo ",WIeo
IMédicos
IFannaceúttcos IREartl
[Dentistas
Agronomos
IContadores Públicos
IQuímicos e lng.
Qulmicos
IMlcrobiólogos ILU··
ILicenciados y
Profesores
: Privados
Enfermeras IREo
Vetennanos IREart2
lngemerosy ILOart2
Arqui~
I Trabajadores SOCIales
IBiólogos IREart4
:Periodistas
,CleDCW Económicas
ILU Illi arts 1
.SecreWlado ILUart l
[Geólogos
IBibliotecanos 1Kt; art 1
IPSIcólogos
ICleDCW Políticas
* __ .... ~~I'Oo ••• ; L. __ -- ~ .... . _. -.L_~__
•• Considerandos l Y 2 de la ley orgánica RE: Reglamento 1M
1M
>en
~....
c:
"
§en

34 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
munidad, con tal fin existen los Colegios Profesionales
los cuales se constituyen como entes de utilidad pública
por la forma y los fines de interés público que persiguen;
de ahí que para protegerse y vigilar a sus miembros
y mantener el decoro y dignidad profesionales se
les ha atribuido a sus órganos potestad disciplinaria
para corregir las faltas de sus integrantes delegándose
de esta manera una parte del poder de policía o de vigilancia
que es facultad propia del Estado". (Sala de
Casación, sentencia de las 15 horas del 17 de julio de
1970 y sentencia de las 9:30 horas del 14 de noviembre
de 1979).
Recientemente la Sala Constitucional sentó
la siguiente jurisprudencia:
"No cabe duda a esta Sala, que por principio y por disposición
de su Ley Orgánica el Colegiot.i.) bifurca su
actuación en dos sectores: a) por un lado cumple una
función de interés público que el Estado le ha encomendado,
en resguardo del debido ejercicio de la profesión;
este controlo fiscalización lo puede ejercer sobre todos
sus miembros, por ser obligatoria la colegiatura. La actuación
de todos los colegios profesionales, como ya lo
indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en la opinión consultiva No. 08-5/85 del 13 de noviembre
de 1985, encuentra su razón de ser (especialmente
en aquellas profesiones que se denominan de carácter liberal)
en el interés público existente a que exista una
preparación adecuada de sus miembros y una estricta
observancia de las normas de ética y el decoro profesional.
Para la Sala es precisamente en cumplimiento de
este fin de interés público, que la Ley Orgánica del Colegio(oO')autoriza
al colegiot...) para conocer y sancionar
las faltas de sus miembros."(Voto No. 493-93 de las
9:48 del 29 de enero de 1993).
La Procuraduría General de la República en
el dictamen C-328-82 del 20 de noviembre de
1982 sostuvo que
"la función principal del Colegio Profesional como ente
público no consiste en la defensa de los intereses gremiales
de carácter privado de sus miembros. Estos Entes
poseen fines públicos que han sido otorgados por el
Estado.i.Entre las funciones de interés público que estos
Entes desempeñan tenemos la defensa contra el ejercicio
indebido de las profesiones, el velar porque no exista
competencia desleal (oO.)y funciones netamente administrativas
como son la fiscalización, el control respecto
del correcto y eficiente ejercicio de la profesión, lo que
lleva implícito potestades disciplinarias sobre los miembros
del Colegio. En este sentido los Colegios Profesionales
son titulares de potestades de imperio respecto de
sus afiliados, potestad de imperio que no poseerían si
fuesen asociaciones privadas. Reiteramos, existe un cla-
ro interés público en el correcto desempeño de las profesiones;
por ello el Estado otorga funciones públicas a
los Colegios (oo.)."
Respaldadas por la teoría juridica, el estudio
de las leyes orgánicas y reglamentos de los colegios
profesionales, los criterios jurisprudenciales y
dictámenes técnicos, podemos responder al problema
inicial sobre la determinación del régimen
de derecho aplicable a los colegios, concluyendo
que la naturaleza jurídica de un colegio profesional
se define por la ley que pone a cargo del colegio
-y como su razón de ser- la persecución de su
fines, pues para eso ha sido creado. Desde luego
que unos fines pueden ser más importantes que
otros; unos van en beneficio de la comunidad y
otros del gremio, pero todos son fines públicos, ya
que el colegio está obligado a perseguirlos todos
por igual. No existe por lo tanto dualidad de fines,
según lo vemos. Así lo ha afirmado la Sala Constitucional
al decir
"III.- Los Colegios Profesionales poseen fines públicos
que han sido otorgados por el Estado para cuyo cumplimiento
este dota a las corporaciones de funciones de regulación
y policía funciones que normalmente pertenecen
y son ejercidas por el mismo Estado." (Voto No.
0789-94 de las 15:27del 8 de febrero de 1994).
En resumen, para todos los propósitos de este
trabajo consideramos que los colegios profesionales
son entes públicos porque tienen a su cargo
fines públicos atribuidos por la ley, y entes no estatales
porque no pertenecen al aparato del estado.
2. Procedencia de los códigos
de moral profesional
Dado que los colegios profesionales son entes
públicos, con potestades administrativas para
regular el ejercicio de la profesión y la conducta
del profesional, es necesario estudiar cuál es el
órgano de los colegios que dicta las normas morales
a las que debe ajustarse la conducta del profesional,
y cuál es el órgano o instancia que aplica
las sanciones. Todos los colegios tienen actualmente
(en proceso de revisión o no) un código de
moral, o reglamento de moral profesional, mediante
el cual se le exige al profesional el cumplimiento
de ciertas conductas (ver Capítulo 111); todos
tienen definida al menos una instancia para
juzgar las faltas e imponer las sanciones correspondientes.

El análisis de la normativa de los colegios
profesionales, nos lleva a tener presente que existe
en nuestro país la Ley General de la Administración
Pública No. 6227 del 2 de mayo de 1978, la
cual cumple un papel unificador en el campo del
derecho público, al establecer en su arto 6-1 y 2-1
que
"La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico
administrativo se sujetará al siguiente orden a) La Constitución
Política; b) Los tratados internacionales y las
normas de la Comunidad Centroamericana; e) Las leyes
y los demás actos con valor de ley; d) Los decretos del
Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes (...); e) Los
demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y
los reglamentos de los entes descentralizados; y f) Las
demás normassubordinadas a los reglamentos (...)."
"Las reglas de esta ley que regulan la actividad del Estado
se aplicarán también a los otros entes públicos, en
ausencia de norma especial para estos.':"
En síntesis la ley da un marco jurídico general
unitario a nuestro derecho público al mismo
tiempo que garantiza un principio fundamental, el
del equilibrio entre los poderes y prerrogativas de
la administración y los derechos y libertades los
particulares.
En concordancia con los criterios de la Ley
No. 6227, examinamos la jerarquía de la normativa
interna de los colegios profesionales con el fin
de aclarar si la ley orgánica dispone sobre la emisión
del código y las sanciones; si el reglamento
presenta disposiciones sobre el código moral; si se
estipula la obligatoriedad de su acatamiento y en
cuál instancia (ley orgánica, reglamento, código
de moral) o en cuáles instancias.
Examinamos también ciertas reglas y principios
tales como el principio de legalidad y el debido
proceso, los cuales deben ser observados por
esa normativa.
Conviene aclarar ahora el concepto y los alcances
del principio de legalidad (denominado
también principio de reserva legal) el cual se encuentra
en los arts. 1 y 2 del Código Penal así como
en el art. 39 de nuestra Constitución Política.
Este dice:
"A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito
o falta sancionados por ley anterior (...)."
El fundamento de este principio es la seguridad
jurídica, "( ...) a fin de evitar la arbitrariedad
del juzgador, pues este solo puede sancionar los
ASPECTOS JURIDlCOS
delitos y aplicar las renas previamente establecidas
por la ley penal." 3
Para el caso de la normativa interna de los
colegios profesionales, rige, pues, el principio
de legalidad administrativa, conforme al cual
prevalece el carácter unitario del ordenamiento
jurídico, que establece, como requisito previo a
la actuación de esos entes, su sometimiento a la
ley.
Un colegio profesional puede contravenir el
principio de legalidad si, por ejemplo, las faltas y
las sanciones no están establecidas en la ley orgánica,
o si aun contemplándolas no están determinadas
las sanciones, como sería el caso de la inhabilitación.
Tendría que delimitarse el período de
su duración.
En el cuadro #4, Juridicidad de la normativa
moral, tratamos de determinar específicamente: 1)
si las normas jurídicas vigentes de los colegios
originan y mediante cuál procedimiento o cuáles
procedimientos la emisión de un código de moral
profesional; 2) si el elemento sancionatorio externo
(tratado por tesis tradicionales clásicas como
característico del derecho, como se verá) se traslada
de esa esfera a la normativa moral; 3) si la obligatoriedad
(i.e. la vinculación entre la norma moral
y la conducta profesional) proviene de la fuente
ley o reglamento.
El cuadro # 4 refleja que 19 de los colegios
profesionales contemplan la emisión de un código
en su ley orgánica; que la ley orgánica de 21 colegios
estipula las sanciones que se pueden aplicar a
sus miembros; que hay 4 colegios cuya ley orgánica
no contempla la emisión de un código de moral;
sin embargo, de estos 4, 3 sí contienen disposiciones
sobre el código moral en sus reglamentos.
Hay un caso en el que no existe ninguna disposición
sobre el código ni en la ley ni en el reglamento,
pero sí tienen un código de moral; en este caso
el código de moral carece de fundamento jurídico.
Todos los colegios establecen la obligatoriedad
del acatamiento del código de moral: 12 en la ley
orgánica; 13 la establecen en el reglamento; 17 lo
hacen en el código, 4 la establecen en las tres instancias.
En el cuadro #3, Procedencia y aplicación
del código de moral se ve que en 12 colegios el
órgano que juzga y el órgano que aplica las sanciones
son uno y el mismo. El ejercicio de esa doble
competencia contraviene las garantías del debido
proceso y del derecho de defensa de los
miembros como lo veremos seguidamente.
35

36 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
C'IIMro #3: Proee4e11da y .~.e1 c64IJ&o.e_nI
CoIepo CMl'~ ft Hka ,ro, ••••••
Médicos P-SPPS 13032 1~/I0/81
Decreto AcaeÑo.e J•••• DIrectIva AcaeÑo.e AalaWea Ge8enl
Abogados 119/46
Farmaceúticos Gaceta 144 8/86
Dentistas 1213/1982 RJ241818~
Agrónomos Ejecutivo #7 ~/I0/19~0
Contadores Públicos Ejecutivo #~ ~/8/1963
Químicos e Ingenieros Químicos
Microbiólogos 1213183
Licenciados y Profesores
Contadores Privados Aprobación pendiente
Enfermeras
Veterinarios s.f.
Ingenieros y Arquitectos
Optometristas s.i, s.i, S.I.
Trabajadores Sociales
Biólogos
Periodistas
Ciencias Económicas 7/1I8S
Secretariado s.i, s.i. sj.
Geólogos 2116/93
Bibliotecarios Octubre de 1991
Psicólogos
Ciencias Políticas
LO: Ley orgánica
RE: Reglamento
CMP: Código de moral
CE: Código de ética
RI: Reformado
i: inciso
s.f.: Sin fecha
s.i.: Sin información
Fuente: Normativa interna de los colegios profesionales ContinÚL ..
s.f.
s.f.

ASPECTOS JURIDICOS 37
CIaMII"O1#3:PreeetleIIda y aplkadóllllel CÓ4Ülo lIe _ni
CMPICE RePuaeato lIe ~ proIaIoBaI
CoIepo ÓJpDo .ue lIkta el c.p
Otro.
M6dicos Asamblea General LO Art 12
Abopdol Junta Directiva LO Art 14 Y 1S
FlI'1D8C:CÚticos Asamblea Genera1 Extraordinaria LO Art 14, i 1
Dentistas Asamblea Genera1 LO Art 17
,
Agrónomos Asamblea General LO Art 33
Contadores Públicos Junta Directiva LO Art 24,i e
Qufmicos e Ingenieros Qufmicos Asamblea de Representantes 2212/83 Asamblea de Representantes LO Art 30, i ch
Microbiólogos Asamblea General RE Art C
Licenciados y Profesores Asamblea General Extraordinaria 1972 Asamblea Genera1 Extraordinuia LO Art 13 Y49
Contadores Privados Junta Directiva LO Art 14 i j
Enfenneras Tribunal de Moral Profesional RE ART 87, s.r. Tribunal de Moral Profesional
Veterinarios Asamblea GeoeraI LO Art 12 RE Art S3, i f
Ingenieros y Arquitectos Asamblea de Representantes 241Sn4 R/4f3n6 Asamblea de Representantes LO Art 23
Optometristas s.i, Junta Directiva RE Art 13 Y 14
Tnbajadores Sociales Asamblea General Extraordinaria 1991 Asamblea General LO Art 3 RE Art 72
Biólogos Asamblea General Extraordinaria 1992 Junta General LO Art 11
Periodistas Asamblea General Extraordinaria 1SIl 0/91 Asamblea General LO Art 12, i g
Ciencias Económicas Asamblea General LO Art 2S, i a
Secretariado s.i. Asamblea General LO Art 12, i f
Geólogos
Asamblea General LO Art 17
Bibliotecarios Asamblea General LO Art 48
Psicólogos
Asamblea General LO Art 1S
Ciencias Políticas Junta Directiva RE, Transitorio III
LO: Ley orgánica
RE:Reglamento
CMP: Código de moral
CE: Código de ética
R/: Reformado
i: inciso
s.r.: Sin fecha
s.i.: Sin información
Fuente: Normativa interna de los colegios profesionales Cootinúa. ..

38 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
Médicos
Fannaceúticos
CoIepo
Cootadorcs Públicos
Quimicos e Ingenieros Quimicos
Microbiólogos
Licenciados Y Profesores
Cootadorcs Privados
Enfermeras
Veterinarios
Ingenieros y Arquitectos
Tnbajadores Sociales
Biólogos
Periodistas
Ciencias Eoonómicas
Geólogos
Bibliotee..-ios
Psicólogos
Ciencias Politicas
Cudro #3: Procedencia y apIkadóD del e6dlco tIe lItOral
n
CE ART 26
LO: Ley orgúDca CE: Código de aica
RE: Reglamento R/: Reformado
CMP: Código de mora1 i: iDciso
Fuente: Normativa ioIema de los colegios prore.ionaIa
s.f.: Sin fed!a
•.i.: Sin ÍllfOl'1ll8CÍÓn
órpno .ae apllea

Cudro #4 JarWIdUd.e la--*Iv._nI
CoIepo LO:EmIIlón LO: s.adoIla LO: DII~ 1O_e1C~_ MonI .
Médicos ART 12,i e ART21 ART14
Abogados ART 18,i 1 ART 10 ART 14-16
Fannaceúticos ART 14,i 1 ART 19,i 19 ART 12-20
Deirtistas ART 17 ART39
Agrónomos ARTS8
Contadores Públicos ART24,i e ART 74, 7S, 77
Químicos e Ingenieros Químicos ART 4, i ch ART 30, i ch AR'{70 ART82
Microbiólogos ART ll,i i ARTC, Cii
Licenciados y Profesores ART 13, i o ART 49 ~
ART46 ART S4,i ayb
Contadores Privados ART 14, i j ART27
Enfermeras ART13 ART 14,i f
Veterinarios ART 12, i e ART21 ART88
Ingenieros y Arquitectos ART 4, i b ART 23, i d ART61
Optometristas ART4,i d ~
ART IS
Trabajadores Sociales ART3,i j ART14 ART 71 y72
Biólogos ART ll,i a ART IS, i 18 ART9,i e
Periodistas ART 12,i g ART20,i e
Ciencias Económicas ART2S ART44
Secretariado ART 12, i f ART 19,i e
Geólogos ART 17,i a ART46 ART6
Bibliotecarios ART48 ART4S ART 8, i g; 29; ART 99
Psicólogos Transit. i ART44 ART2
Ciencias Políticas ART24 TRANSITORIO iii
LO: Ley orgánica
RE: Reglamento
i: inciso
... .-.
..
>en
~...
e :::o
8
8en
Continúa. .. ~

Colecto
Cuadro #4 J1lI'f4ldda4de la nonnattva moral
Ollllpto.w.d
LeyOrpnlca ReaI-to Có4J&o4eMoral
Médicos ART9, i e ART 1 Y S
Abogados ARTI4
Fannaceúticos ART2y4
Dentistas ARTI6,i d
Agrónomos ART4
Contadores Públicos ARTI
Qulmicos e Ingenieros Qulmicos ART9, i a ART82
Microbiólogos ART 1 y2
Licenciados Y Profesores ART7.i eART9,i d ART9y 16
Contadores Privados ARTI
Enfermeras ARTS ART72ART89
Veterinarios ART8,i b ART23 ARTI
Ingenieros y Arquitectos ART8, i a ARTS3
OptomeIristas ARTIO ARTI3
Trabajadores Sociales ART71 ART 1 y2
Biólogos ART21 ART2
Periodistas ARTIO ART2
Cienciu Económicu ART io, i b ART 14 ART 12, i c:h ART20
Secretariado ARTS7 ART2,i a
Geólogos ARTI2 ART3S ART4
Bibliotecarios ART3,i cART7,i b ARTI7,i gART29,i b ART 1,3,6
Psicólogos ARTIO ART2 ART3
Cienciu Politicu ART2
W: Ley orgánica
RE: Reglamento
i: inciso
~
¡:l
~
CXl
~
3::
c:
z,
2
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Z
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en
<
~ :1>
en

3. Trámite de la queja y el debido proceso
Una de nuestras metas ha sido determinar si
los colegios se encuentran a derecho en relación
con a) la Constitución Política (artículos 39 y 41);
b) con la Ley General de Administración Pública
(artículos 239-359) en cuanto al cumplimiento de
los principios del debido proceso que tiene toda
persona a quien se le imputa una falta o un delito
y e) el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, en cuanto a la obligatoriedad de la
jurisprudencia y los precedentes de esa jurisdicción.
Conviene recordar aquí que los colegios
profesionales en tanto que entes públicos están sujetos
a dichas normas de acuerdo con la jerarquía
del ordenamiento administrativo costarricense. Si
los colegios no cumplen con la normativa superior,
queda sin sustento legal lo actuado respecto a
sus miembros infractores, y, por tanto desprotegido
el usuario.
"Dentro de la funciones administrativas desempeñadas
por los citados Colegios están las de fiscalización y
control respecto del correcto y eficiente ejercicio profesional,
lo que lleva implícito una potestad disciplinaria
sobre los colegiados en donde la imposición de sanciones
debe realizarse respetando el principio del debido
proceso, garantizando al agremiado su derecho de defensa,
de ser oído y de producir las pruebas que entienda
pertinentes en apego al arto39 constitucional (...)."
(Voto No. 0789-94).
La normativa de los Colegios debe adecuarse
al cumplimiento de esos principios considerados
como fundamentales por los pactos y declaraciones
sobre derechos humanos, así como por la
doctrina y la jurisprudencia. Tales principios pueden
interpretarse como el derecho que tiene el
profesional denunciado de conocer el hecho que
se le imputa y sus derechos, desde la primera actuación
del órgano competente de su gremio, así
como de poder ejercer su defensa, o recurrir a una
defensa técnica (nombrando un abogado defensor).
El debido proceso como garantía constitucional
en sentido amplio (en nuestros días se aplica
a cualquier tipo de procedimiento), incluye el
derecho de defensa y los siguientes principios: a)
notificación del carácter y fines del procedimiento
que se ha establecido contra el denunciado; b)
oportunidad de alegar, que incluye el derecho a tener
acceso a todo el expediente; e) derecho a ser
ASPECTOS JURIDICOS 41
debidamente oído, y oportunidad para presentar
argumentos y pruebas; d) derecho a hacerse representar
por abogados, técnicos o personas calificadas;
e) notificación de las decisiones que se dicten
y de su fundamento; f) derecho de poder recurrir
de la decisión dictada .84
Para saber si el debido proceso se establece
en las normativas internas, se indagaron las atribuciones
de las distintas instancias que componen
cada colegio y el trámite que mediante esas instancias
sigue una queja. De un total de 23 colegios,
encontramos lo siguiente (ver cuadro # 5,
Trámite de la queja):
a) 8 colegios establecen el debido proceso
(Abogados, Trabajadores Sociales, Periodistas,
Secretarias, Licenciados y Profesores,
Bibliotecólogos, Psicólogos y Politólogos);
b) 18 contemplan el derecho de defensa.
De los 18 solo 5 (Abogados, Trabajadores
Sociales, Bibliotecólogos, Psicológos y Politólogos)
se ajustan con toda precisión al procedimiento
establecido en la Ley General de Administración
Pública. Los restantes 13 contemplan este derecho
muy precariamente.
Actualmente el único colegio que exhibe en
su ley orgánica el debido proceso en sentido estricto
es el de Abogados, y esto en razón de que la
nueva ley orgánica del Poder Judicial No.?333
(publicada en la Gaceta No. 124 del 1 de julio de
1993, alcance No. 24), vigente a partir del 1 de
enero de 1994, reformó el art. 3, el inciso 11 del
arto 22 , el arto 45 y le adicionó un capítulo ID, artículos
10-15 a la ley del colegio.
En cuanto a las sanciones, reiteramos que
debe tenerse en cuenta que "( ...) no pueden ser indeterminadas
en su duración, porque de lo contrario
se violaría el principio de legalidad.t''"
En el mismo cuadro # 5 vemos que e) 21
Colegios contemplan la expulsión definitiva; los 2
que no lo hacen son el de Médicos y el Abogados.
El colegio de Abogados incluía como sanción
la inhabilitación permanente; sin embargo, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional,
no se pueden imponer fallos que contemplen
ese tipo de pena, por contravenir el arto 40 de
la Constitución Política que señala: "Nadie podrá
ser sometido a tratamientos crueles o degradantes
ni a penas perpetuas (...)". Así lo dispuso la Sala
en el voto No. 3133-92 de las 10 horas del 21-10-

42 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
Coiepo
c..tro #5: TrúIIte .e .-Ja
AtrllMldolla .e •• AaaWea Atrl ••.•••••• J••••
Ge.ena DlndlYa
MHJeo. LO 12 Ul14,20
Alto•••• LO 11
F~
UlI0,13,IS,22 i.ll;RE 8
i.l;9,SS i.2,8; 67,79;CE 44
Ul19,RE,19
Atrl~.eI FIIaI
LO 14,24;RE 72,78,81,82
DeatWaa LO 17 i.d,20 Ul 24 i.j LO 27 i.a,b,e,f
~ UlS8 LOS2
COIItMores Pálllleos LO 17,20 i.C;RE 38 i.a,ch;80 LO 24 i.f,RE 61 LO 28;RE 14,S8,77
~em,-ae •.••
~
Mkrolllólolos
Ul3S
LO 11 i.h,13 i.j;RE 37,32,36 RE 18 i.A;3S i.e,36 i.b,e,i, 76
i.d,S3 i.g. 1l0;CE 36 i.a,e,g. 10S,I09,III;CE 37
LkeDda40s Y Profesores Ul42,4S;RE 36
LO 14 i.e;RE 36 i.a, el04
CoatMores PrIvados LO 8;RE 8 i.d,30,32 Ul14 i.e,27,31 LO 19;RE 22 i.3,31 i. S
Ealenaera LOll;RE 14,38,39 RE 20
Vetertaarios LO 12 i.(24 Ul14 i.b,20,21;RE S7,91 RE 84,93
m,-ae •.•• Y Arqaltectos LO 28 i.m,S9-61
Optometrlstas LO 20,13;RE 29 i.2 LO IS i.e;RE 8 i.l LO 19
Traba .••••ores SodaIa LO 14;RE 26;CE 41 RE 30 RE 30
BIóIop LO 11 i.c LO IS i.I3,18 LO 18
Pe~ CE16 LO 12 i.b,18,20;REI4 RE 16
CleDdu Económlals L02S i.e,46 L03S i.m,43
Secretariado LO 19,12 i.i,e LO 19,18;RE 43 RE21
GeóIoloa LO 46;RE9 LO 29
BlWIotecarlos LO 41 i.e,44;RE 106 RE 78 i.ch,69
hIcóIop LO IS i.d;CE SI CE 43 i.e,SI L029i.e
CIeDdu Potitku
LO IS i.e,21-23;RE 46 i.p;CE
24
RE 49,S2;CE 24-26
Siglu: LO Ley Orgánica, RE Reglamento, CE Código de Ética, i Inciso Continúa ..

ASPECTOS JURIDICOS 43
c..Iro lIS:Tn.Ite .e .-Ja
CoIeaIo Atrt"-'-.e1 TrI•••••• eB_ Tn.Ite.e .-Ja
MHkc» 1.022,24,27
AIIopt_
1.0 42,44;RE
i.6;39;41-43
17,67-69;CE 35 i.3,8,10;36 i.3,7,14; 38
RE 70-80
F~ RE 15,17,18 RE 16-19;CE 9
DeatIItaa 1.0 38;CE 20,28,52,53
~
1.057
C•••• OI'e8NWIcu. 1.0 32;RE 61,77;CE 4,14 RE 78-80
QaIIBIcu.e 1qeaIe •.••
QaIIBIcu.
1.068 1.068-70
MkroW6loaos RE 18 i.a,102,105,l06,l09 CE 35 RE 36-37; CE 36
LiceacW_ Y rror- 1.0 42;RE 48,50,51 1.0 43-46;RE 53-56
ContMOI'e8Prtv__ RE 30 RE31 i.5
Enfermena 1.0 14;RE 39,40
Vetertaartos RE 88 i.C;CE 38 1.0 23;RE 93
JnaenIe•.•• Y Arqatteeto. 1.0 59;RE 78
Optomet •.••••• RE8
TrallajMol'e8SocIales RE 30 i.c;CE 38,43-45 RE 30;CE 37-42
BIóIop CE 17 1.018
Perlo4llstas 1.0 20;RE 14-16;CE 16 RE 14-17
(lenda EeoaómIeu 1.0 42,43,46;CE 4 1.043,45,46
Secretariado LO 18,19;RE 41 LO 18,19;RE 41,43-45
GeóIoI_ LO 46 LO 46-48
BlIIIIotecarIos LO 41,45:RE 98,104,105, 112;CE 56,57
LO 42-46;RE 99,102,
103,112,113,122-130
PsieóIop LO 4O-44;CE 43-46 1.0 41,43;CE 49
C1etIdu PoIitku LO 21;RE 54-55;CE 26-27 RE 48,49;CE 23
Sigla: LO Ley0rgúIica, RE Reglamento, CE Código de Ética, i Inciso CootinÚL ..

44 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
c..dro ##5: TrimIte .e .-Ja
CoIeJIo Es •••••••• elbdCtva Deredao.e .er_ De ••• o,rocao
MHAeo. LO 23
AlIopIIoa LO 11-12 LO 11-12
FanMCéatlcoa LO 19 RE 17; CE 20
DeIItbtM L039i.f
AaI'ÓllO.- LOS8 LOS6
ConUMIores Pálllkoa RE 7S i.d;80 i.c RE 79
~ e IaJealeroa
QabaIcoa
LO 70 LO 68
Mkrolllólocoa LO 11 i.i;CE 3S RE 36-37
LlceDc:lMoa y Proresores LO 46 RES3 RES3
Contadores Privadoa LO 27 i.d RE31 i.S,32
Enrenneru RE 42 RE 39
Vetertnarlos RE92i.f LO 23;RE 93
JncenIeroa y Arqtdtectos LO 71 LOS9
Optometn.tas RE IS;CE 4 i.3,44 LO 21,22
T•.••••.••• ores SodaIa LO 14 i.d;CE 4S RE 30 i.d;CE 39 CE39,40,42
BlóIop LO 18;CE 16 i.d
Periollbtu L020i.c RE IS RE IS-17
CIendIII Económkas LO 44 i.c LO 43
Secretariado LO 19;RE 43 i.e LO 19;RE 44-4S LO 19;RE 44-4S
GeóIocoa L046i.d
BlIIIIoUcarioa RE l04i.c LO 42-44;RE 123,124-130 RE 108-112,122-130
Plkólop LO 44;CE 47 LO 41;CE 43 i.c,44,SO CE 43 i.c,e,44-S0
CIendIII PoHtIcas LO 24 i.cb RE S3;CE2S RE S3,SS;CE 2S-27
Siglas: LO Ley Orgánica, RE Reglamento, CE Código de Ética, i Inciso

1992 cuando anuló las siguientes disposiciones jurídicas:
"1)- Del artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
No. 8 del 29 de noviembre de 1937 la parte final
que dispone "En los casos más graves podrá llegar el
Tribunal aún a la inhabilitación perpetua, sujeta sin embargo
a rehabilitación con arreglo al Código Penal"; 2)-
Del artículo 16 del Reglamento Interior del Colegio de
Abogados, Decreto Ejecutivo No. 20 del 17 de julio de
1942 la frase final disyuntiva que dice "...0 inhabilitación
perpetua para el ejercicio de la misma "; 3)- Del
Código de Moral emitido por la Junta Directiva del Colegio
de Abogados el día uno de setiembre de 1943, en
el artículo 36, inciso 4, la primera oración, las palabras
"e inhabilitación" y todo el inciso 6; 4)- Del mismo Código
de Moral en el artículo 38, todo el inciso 3 y en los
incisos 5 y 6, en las primeras oraciones, las palabras "o
inhabilitación"; 5)- Del mismo Código de Moral, todo
el inciso 3 del artículo 40; y 6)- Todo el artículo 44.( ...)
Todas las sanciones de inhabilitación perpetua en el
ejercicio de la profesión de abogado, que se encuentren
en ejecución, deberán ser revisadas (...) y adecuadas a la
extensión en el tiempo de las sanciones vigentes que resulten
aplicables (...)".
Los colegios deben ajustar sus normativas
internas a estas disposiciones o de lo contrario estarán
violando el principio de legalidad, quedando
fuera del ordenamiento jurídico vigente.
4. Colegio, colegiatura y fines
Dentro de las cinco características que habíamos
señalado que corresponden a las corporaciones
públicas, indicamos la obligatoriedad de la
afiliación; sobre esto dice Garrido Falla:
"(...), las corporaciones repito tienen carácter coactivo.
La razón seguramente está en que reconocer una corporación
como de Derecho Público es, en definitiva, declarar
la necesaridad de la satisfacción del fin para el
cual ha surgido y, por supuesto, la voluntariedad en
cuanto a la agrupación rodría poner en entredicho la
consecución de ese fin.',8
En los colegios profesionales creados en
Costa Rica a partir de 1881, siempre se ha contemplado
la afiliación obligatoria. Este tema no
constituyó un problema jurídico, mientras no se
incluyó el principio constitucional de que todos
tienen derecho a asociarse para fines lícitos y de
que nadie está obligado a formar parte de asociación
alguna, tal y como lo estipula el artículo 25
ASPECfOS JURIDICOS
de la Constitución de 1949 vigente (nótese que para
esa fecha existían en nuestro medio siete colegios
profesionales).
En criterio de distinguidos abogados costarricenses,
el derecho de asociación garantizado en
la citada norma constitucional dentro de los derechos
y garantías individuales, es contradictorio
con la obligación que tienen los profesionales de
formar parte de los colegios para poder ejercer la
profesión; respaldan sus tesis en la concepción de
que los colegios son asociaciones, en que no debe
distinguirse entre corporación y asociación y en la
crítica a la jurisprudencia costarricense, por haber
vinculado los conceptos de corporación y descentralización
administrativa, en aquellos casos en
que se ha discutido el tema de la colegiación obligatoria
y el derecho de libertad de asociación."
Reiteramos que basadas en soluciones doctrinarias
y jurisprudenciales, hemos considerado a
los col e ios rofesionales desde un punto de vista
estrictamente jurídico, como corporaciones úblicas,
creadas por el Estado para cumplir eterminaos
mes públicos, y frente a esta conclusión no
encontramos mcompatibilidad con lo dispuesto en
el art. 25 de nuestra Constitución, sobre la libertad
de asociación, puesto que una asociación es una
organización de carácter priva o, mientnlsa los
colegios los cobija un régimen jurídico diferente
que incluye la imposición de la col~iatura obligatoria.
Al respecto la Procuraduría dictaminó que:
"A diferencia de las Asociaciones privadas, la pertenencia
a la Corporación depende de una cualidad objetiva y
es de carácter compulsiva (...). El carácter compulsivo
se fundamenta en que solo la pertenencia a la Corporación
permite el ejercicio del oficio o de la profesión, o
bien la satisfacción del interés común. En doctrina el
ejemplo típico de las Co oraciones de Derecho Público
lo constituyen los Cole ios Profesionales. En consecuencia
los Colegios Profesionales sOñ corporaciones
de Derecho Público de afiliación obligatoria para quienes
deseen ejercer una determinada profesión. Hay un
interés público en la existencia de estos entes, justificado
por la índole de las funciones que desempeñan; de
allí que los Colegios Profesionales estén sustraídos al
"principio de libertad de formación y de organización"
propios del principio asociativo puro. Por ello, la afiliación,
está sujeta ~ determinados requisitos.',88
De conformidad con el régimen legal vigente
para los colegios profesionales en nuestro país,
basta la obtención de un título académico para
el ejercicio e a aCITvl a ro esiona ; es necesac:-
45

46
ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
ria la admisión al.colegio corres ondi1!nte, "La admisión
en elj;.olegio es una cuestión fundamental
no solo en cuanto requisito del ejercicio profesional
sino en cuanto supone el sometimiento del
profesional a los poderes de a organización éolegial.
Se adquiere así el "status de colegiado", lo
que fundamenta la aplicación de las normas reguladoras
de los Colegios en el caso del profesional
concreto".89
En un sentido opuesto Fernando Volio sostiene
que la formación académica, en cuanto a la
preparación y adiestramiento debido de los profesionales
es competencia de las instituciones de
educación superior, que av lan a sus egresados
como personas capacitadas para ejercer.una cierta
actividad, satisfaciendo así esas instituciones cualquier
preocupación o interés del estado en cuanto
al ejercicio profesíonal."
Debido a la caracterización jurídica que hemos
propuesto sobre los colegios profesionales, y
su relación con el tema de la colegiatura obligatoria,
creemos oportuno comentar los alcances del
llamado "principio de especialidad", principio general
aplicable tanto a las personas privadas como
públicas, según el cual "El fin tiene para ellas carácter
vinculante y determinante de su actividad"."
Encontramos que en la actuación de estas
corporaciones ese principio adquiere particular
importancia, porque la especialidad es condición
habilitante de su actuación, y es además un deber
funcional pues hay obligación y deber de actuar.
En otras palabras su actividad en razón del principio
indicado, está delimitada por los fines estipulados
en la norma que la creó.
En razón de lo anterior podemos afirmar
que la fiscalización del desempeño de los profesionales
es obligación y deber en la actuación de
los colegios y estos no pueden ejercer dicha potestad
si no hay colegiatura obligatoria.
A propósito de este asunto, hay que destacar
el fallo de la Sala Omstituc.iQru¡J que elimina la
colegiatura obligatoria para los periodistas (voto
No. 2313-95 de las 16:08 del día 9 de mayo de
1995), en la acción de inconstitucionalidad contra
el arto 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas
que disponía: "Las funciones propias del
periodista solo podrán ser realizadas por miembros
inscritos en el Colegio", por infringir lo dispuesto
en el art. 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, que dice "1. Toda per- \
son a tiene derecho a la libertad de pensamiento y
de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su 1
elección.( ...).
3. No se puede restringir el derecho de expresión
por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel
para periódicos (...) o por cualesquiera otros
medios encaminados a impedir la comunicación y
la circulación de ideas y opiniones.", y por infringir
el art.7 de la Constitución Política, que otorga}
a los tratados internacionales (ese es el caso de la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos)
rango superior a la ley ordinaria.
Al declarar la inconstitucionalidad del art.22
de la ley orgánica del Colegio de Periodistas, la
Sala sostuvo el criterio de que la norma de la Convención
protege tanto la libertad de pensamiento
como la de expresión, y que esta no admite restricciones
ni directas ni indirectas, y fundamentó
su decisión en la Opinión Consultiva No. OC-5-85
del 13 de noviembre de 1985, de la Corte Intera- '
mericana de Derechos Humanos, que ya se había
pronunciado sobre la incompatibilidad entre la ley
No. 4022 del 22 de setiembre de 1969, Ley Orgánica
del Colegio de Periodistas y el arto 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La opinión consultiva citada fue el resultado
de una consulta que el gobierno de Costa Rica formulara
a la Corte (asumiendo Costa Rica en criterio
de la Sala Constitucional el carácter de parte
en el procedimiento de consulta) básicamente sobre
dos aspectos: legitimidad de la colegiatura
obligatoria de los periodistas de conformidad con
los arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y compatibilidad entre
esas disposiciones y la colegiatura obligatoria establecida
en la Ley No. 4420, Ley Orgánica del
Colegio de Periodistas. La Corte en forma unámime
dijo
"1- que la colegiación obligatoria de los periodistas, en
cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno
de los medios de comunicación social como vehículo
para expresarse o para trasmitir información, es incompatible
con el artículo 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
2- que la Ley No. 4420 del 22 de setiembre de 1969,
Ley orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica,
objeto de la presente consulta, en cuanto impide a ciertas
personas pertenecer al Colegio de Periodistas y, por
consiguiente, el uso -pleno- de los medios de comunica-

ción social como vehículo para expresarse y trasmitir
información, es incompatible con el artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos."
La Sala Constitucional señaló en el voto que,
a pesar de que esa opinión se emitió hace diez
años, la norma declarada como incompatible ha
mantenido su vigencia, contra viniéndose lo que establece
la Convención en su art. 1."Los Estados
Partes en esta Convención se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción (...)", en el
art. 2. "( ...) los Estados Partes se comprometen a
adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales
y a las disposiciones de esta Convención,
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades." Y en el art. 68 "1. Los Estados Partes
en la Convención se comprometen a cumplir la decisión
de la Corte en todo caso en que sean partes.(
...)". El estado costarricense no cumplió con su
deber de acatar lo dispuesto por la Corte. A esa advertencia
la Sala agregó, que "( ...) como lo ha reconocido
la jurisprudencia de esta Sala los instrumentos
de Derechos Humanos vigentes en Costa
Rica tienen no solamente un valor similar a la
Constitución Política, sino que en la medida en que
otorguen mayores derechos o garantías a las personas,
priman sobre la Constitución". (Vid. sentencia
No. 3435-92 y su aclaración, No. 5758-93) .
La Sala Constitucional reconoció en su fallo,
que la normativa de la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos debe interpretarse en
el mismo sentido que lo hizo la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en la opinión consultiva
OC-05-85, y fundada en esos argumentos
declaró con lugar el recurso y anuló el art. 22 de la
ley No. 4420, por contrario al derecho tutelado en
el art. 13 del Pacto de San José y a los arts. 28 y
29 de la Constitución Política.
La decisión de la Sala ha provocado una ex-
I tensa polémica con argumentos a favor y en contra
de la colegiatura obligatoria, a pesar de que la
sentencia señaló: "Esta declaración no prejuzga ni
alcanza lo relativo a la legitimidad de la existencia
del Colegio de Periodistas de Costa Rica, ni tampoco
hace relación a la profesión de periodista,
por no tratarse de aspectos que, a la luz de lo reglado
por la Ley de la Jurisdicción Constitucional,
hayan estado en lo impugnado por el accionante, o
estuvieran directa o indirectamente relacionados
ASPECTOS JURIDICOS
con lo decidido, toda vez que la colegiación obligatoria
de periodistas solamente es ilegítima en
cuanto impida (vid OC-05-85) la libertad de expresión
y el uso de los medios de comunicación
social como instrumentos de servicio de aquella y
la de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole." (Voto No. 3213-95).
Como respuesta al fallo de la Sala, los colegios
profesionales se han manifestado en defensa
de la colegiatura obligatoria mediante la propuesta
de catorce de los presidentes de los colegios profesionales,
en que presentan un proyecto alternativo
al contenido en el expediente No. 12.240, de
reforma constitucional al art. 25 presentado en
mayo de 1995. Este pretende reconocer la existencia
de los colegios profesionales en la Constitución,
así como la obligatoriedad de la asociación
para quienes ejerzan la profesión universitaria en
forma liberal. El proyecto alternativo apoya, desde
luego, el elevar a rango constitucional la existencia
de los colegios profesionales y agrega que la
asociación debe ser obligatoria independientemente
de si la profesión universitaria se ejerce en forma
liberal o no. 92
Si el proyecto se convierte en ley el régimen
jurídico de los colegios profesionales quedaría salvaguardado
de cualquier acción contra su existencia
y contra la obligatoria asociación a ellos para
poder ejercer la profesión. Al reconocer y garantizar
la norma constitucional "la existencia de los
colegios como asociaciones públicas" y el deber
de "asociarse obligatoriamente a ellos quienes
ejerzan su profesión universitaria en forma liberal
o no,,93, el régimen jurídico de esas entidades ostentaría
una jerarquía distinta a la actual y una tutela
explícita a sus competencias.
Desde un punto de vista metajurídico, opinamos
que la colegiatura obligatoria solo se justifica
en tanto y en cuanto los colegios ejerzan las
potestades de control y fiscalización, respecto del
ejercicio profesional y en resguardo del interés público.
De lo contrario no tiene sentido la existencia
del colegio con todas sus prerrogativas; bastaría
con una organización encargada de desarrollar
la educación continua, los pronunciamientos sobre
problemas de interés nacional y la recreación de
sus asociados.
5. El ejercicio ilegal de la profesión
Hemos sostenido la tesis del interés público
como finalidad prioritaria de los colegios profe-
47

48 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
sionales, y hemos analizado la forma en que ese
interés se manifiesta tanto en lo que corresponde a
la colegiación obligatoria como en la potestad de
vigilancia del correcto ejercicio de la profesión.
En este aspecto concordamos con el criterio de
nuestro tribunal constitucional cuando dijo:
"(...) los Colegios profesionales son Corporaciones de
Derecho Público que por delegación de funciones estatales,
tienen como finalidad velar por la corrección y
buen desempeño de las funciones profesionales de los
afiliados (...)." (Sala Constitucional, voto No.1386-90
de las 16:42del 24-10-1990.)
A las anteriores cuestiones se vincula el requirimiento
de una habilitación especial para ejercer
una profesión, y su correspondiente desacato,
es decir, el ejercicio ilegal de la profesión.
El arto 313 del Código Penal dispone:
"Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el
que ejerciere una profesión para la que se requiere una
habilitación especial sin haber obtenido la autorización
correspondiente" .
Como vemos el citado artículo establece la
obligación legal de la habilitación para poder ejercer
aquellas profesiones que la ley haya determinado.
El deber estar habilitado
"(...) lo que persigue es establecer un mecanismo para
hacer exigible la obligación de garantizar a la colectividad
el ejercicio de las profesiones liberales (...)." (Voto
No. 0789-94.)
Existen limitaciones legalmente establecidas,
que exigen que solo determinadas personas
que cumplen con ciertos requisitos, pueden desempeñar
algunas profesiones; estas limitaciones
-ha sostenido la Sala en el voto citado- son lícitas,
se originan en la misma Constitución (art. 28) y
tampoco violan el principio constitucional de
igualdad jurídica del art. 33 de la Constitución Política,
ni limitan el ejercicio efectivo de las libertades
públicas.
Nuestro ordenamiento jurídico vigente, mediante
las leyes orgánicas de los distintos colegios
profesionales, ha establecido la obligatoriedad de
la colegiatura para el ejercicio de la profesión respectiva;
tal y como lo hemos señalado oportunamente
no basta con tener un título, es necesario
formar parte del colegio para poder ejercer la profesión:
"(...) se estima que la colegiatura obligatoria, que sigue
nuestro sistema jurídico, es aplicada con el fin de que
los profesionales ejerzan su profesión conforme a las leyes
y disposiciones respectivas, de manera tal que con
la creación de estos Colegios, aquellos puedan ser supervisados
en su función." (Voto No. 0789-94).
Los colegios profesionales han sido creados,
entonces, para vigilar el correcto ejercicio de la
profesión desde el punto de vista moral y desde el
punto de vista técnico, ambas cosas para beneficio
de los usuarios. Y ambos fines son públicos.

lIT. Moral profesional
1. Derecho y moral
Hemos considerado necesario separar el derecho
de la moralidad, atendiendo la posición de
Herbert L. A. Hart 94 , en nuestro caso por dos razones:
la primera es que de no hacerlo, como él
dice, es posible que la ley positiva suplante a la
moralidad o viceversa; la segunda que de no hacerlo
no podemos discernir, en nuestro caso, el carácter
que tienen los códigos de moral profesional.
Esperamos haber encontrado un punto de vista
que al tiempo que nos saca de la polémica entre
iusnaturalistas y positivistas, nos permite analizar
y discutir el carácter de los fines éticos de los colegios
profesionales, por ejemplo.
Así, acogimos también la distinción entre filosofía
del Derecho natural y el Derecho natural,
que propone Hermann Kantorowickz.l" Estimamos
que, en efecto, existe la primera y no el segundo.
No obstante, la supuesta existencia del Derecho
natural (que en el fondo representa un cierto
número de ideales acumulados en determinadas
épocas) ha desempeñado un papel extraordinariamente
importante como instancia de apelación del
Derecho positivo. En este sentido, y aunque prescindimos
del Derecho natural, consideramos indispensable
la utilización de criterios metajurídicos
para valorar críticamente el derecho positivo.
Y, por otra parte, pensamos que algunos criterios
tradicionalmente aceptados para establecer
las diferencias entre derecho y moral, son de difícil
o imposible aplicación en el caso de nuestro estudio.
Nos referimos aquí y, a guisa de ejemplo, a
la posición thomasiano-kantiana, tan popular entre
muchos tratadistas, con modificaciones mayores o
menores.l" Esta posición distingue entre moral y
derecho por el ámbito de aplicación de cada uno:
el primero interno y el segundo extemo"; de lo
que se sigue la diferencia entre lo individual y lo
colectivo respecto a la sanción; también es ampliamente
recogida por varios tratadistas la distinción
kantiana basada en el origen de las reglas que
debemos seguir: autonomía y heteronomía, ligadas
a la incoercibilidad y la coercibilidad respectivamente.
Sin embargo, la oposición interno/externo y
aquella entre lo individual y lo colectivo respecto
a la sanción, es discutible por cuanto supone que,
por ejemplo, una transgresión moral solamente
afecta al individuo y su consciencia. Lo cierto es
que en general, un hecho moralmente calificable
abarca las consecuencias para los demás, como
una de sus más importantes características. Por
otra parte, el derecho, más específicamente nuestro
Derecho Penal, contempla la interioridad individual
hasta un cierto punto.
La oposición autonornía/heteronomía, como
la planteó Kant, consiste en lo siguiente: la primera
es la capacidad de autoderminarse conforme a
una ley propia (esto es, libremente) mientras que
la heteronomía es la imposición de algo ajeno a la
voluntad del indivíduo'"; esta idea le permite a
Luis Recasens Siches, por ejemplo, hablar de autonomía
moral y heteronomía jurídica: "El hombre
no puede cumplir su supremo destino forzado
por la gendarmería; a los valores morales no se
puede ir conducido por la policía porque no se llega;
a ellos hay que ir (...) libremente, por propia
vocación. En cambio, el Derecho puede ser impuesto
coercitivamente.t''? Llegamos así a la oposición
incoercibilidadlcoercibilidad, que, como se
expuso, implica que la moral no se puede imponer,
mientras que el derecho sí. No obstante, consideramos
que la moralidad no es un asunto puramente
individual e interior; la norma moral es
también de índole sociocultural y ciertamente la
cumple o la incumple un agente, pero esto último
también se puede decir desde el punto de vista jurídico.
Por otra parte, consideramos que aunque es
del todo deseable que las personas crean en la
norma moral que han de cumplir y quieran cumplirla
y la consideren bella y buena, lo cierto es
que las que llegan a ese estado - como también las
que no lo alcanzan- no han inventado dichas normas
(quizás sólo en casos excepcionales) sino que
las han conocido involuntariamente desde pequeñas.
Y les fueron impuestas.
En vista de las dificultades anteriormente
apuntadas, hemos optado por seguir los siguientes
criterios fundamentales para distinguir entre derecho
y moral, que también son opinables: a) la especificidad
mayor o menor de la falta, menor en la
moral; b) la administración organizada y previsible
de la fuerza en la aplicación de sanciones, característica
del derecho, y existente pero de manera
difusa en la moral; e) el grado y forma de coacción
y obligatoriedad, más fuertes en el derecho;
d) la menor o mayor inmunidad al cambio deliberado'i",
éste casi que impensable en la moral
("por ley número tal, a partir del lo. de mayo está
permitido matar"); recuérdese que en el orden jurídico
se pueden eliminar o cambiar normas o in-

50
ELlZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
troducir nuevas con relativa flexibilidad; e) la diferente
interpretación del carácter voluntario de la
transgresión. Una transgresión moral que se demuestra
involuntaria, normalmente resulta excusada.
En el orden jurídico, la responsabilidad (civil)
no queda excluida necesariamente (culpa, impericia).
El penumbroso límite entre lo moral y lo jurídico
-siempre casus belli- de por sí hace que ambos
planos se traslapen; esta situación se refleja de
hecho en el caso de nuestros colegios y, desde luego,
en el análisis que de ellos hacemos aquí.
Deseamos hacer notar, desde ahora, que los
colegios profesionales nuestros prescinden de la
interioridad y de la autonomía del individuo, al
disponer la obligatoriedad del acatamiento del
código de moral (otro asunto es si se justifica o
no se justifica legal y moralmente el imponer una
moralidad a los profesionales; este tema lo discutiremos
en el apartado 7). Los códigos de moral
profesional presentan, pues, un carácter coercitivo.
2. La moral, la profesión, el profesional
Por moral entendemos aquí el código moral,
esto es, el conjunto de normas generales consideradas
como válidas y obligatorias para todos los
miembros de una sociedad o subgrupo de ella, en
determinado momento de la historia de una cultura.
Este código tiene la función de regular la conducta
de cada individuo respecto a sus semejantes,
mediante el señalamiento de deberes, en relación
con lo que se considere en determinada época y
circunstancia "deseable" o "bueno". El código determina
el modelo de conducta ideal (y asunto por
completo diferente es lo que de hecho hacen en la
práctica los individuos).
Los individuos que conforman el todo social
aprenden, desde muy temprana edad, las normas
morales del caso (aprender, por supuesto, no
equivale a practicar) mediante el proceso global
de endoculturación, proceso que los habilita para
ser reconocidos como miembros de la sociedad e
incluye el aprendizaje de la lengua, las reglas de
etiqueta, la religión, etc. Esto quiere decir que
antes de ser "algo" (como profesor, médico, economista,
actor o músico) el individuo es considerado
"sujeto moral". Su conducta es comparada
con las normas y en acuerdo con ellas, juzgada
como "buena" o "mala", "correcta" o "incorrecta".
Viene al caso caracterizar lo que se entiende
por profesión, dada la especial tesitura en que se
encuentra el profesional en el seno del grupo social.
La profesión es una actividad normalmente
avalada por estudios y grado universitarios'?' que
se ejerce públicamente, como medio de sustentación
de vida, en forma permanente y que desempeña
una función social, por la que se es retribuido
económicamente. Tiene como marco una sociedad
organizada, dentro de la cual las labores están
repartidas'I" y contribuyen -o se espera que lo
hagan- al bien común. Los conceptos mismos de
función social y bien común explican por qué al
profesional se le exige responsabilidad social. El
profesional no solo desempeña una función social
que contribuye al bien común, sino que cada uno
forma parte de un grupo minoritario, el de los profesionales,
el de la intelligentsia. Pertenecer a un
grupo minoritario en sí mismo no trae consecuencias
específicas para nuestro trabajo, pero el hecho
es que esta minoría es usufructuaria, prornotora,
depositaria y custodia del saber logrado por su sociedad.
Como depositarios del saber, de los profesionales
dependen, en forma considerable, las posibilidades
de sobrevivencia y desarrollo de su sociedad.
Saben mucho de lo que el resto de la comunidad
sabe poco o nada. La comunidad depende
entonces de la intelligentsia. Y sin embargo, lo
que esta sabe, lo debe, en buena parte, a esa multitud
anónima que solemos llamar sociedad. Y lo
que la intelligentsia sabe puede utilizarlo para su
propio beneficio únicamente o para el bien común.
Así, tenemos que el ejercicio público y la
obligación de contribuir al bien común, junto con
el pertenecer a la intelligentsia hacen que el profesional
esté sometido a una "doble articulación"
normativa: la que le corresponde como simple
miembro de la sociedad y la que le corresponde
como miembro de la intelligentsia, como profesional.
Esta especial situación se refleja claramente
en los códigos de moral profesional.
3. Los códigos de moral profesional
Como ya se ha explicado (ver Capítulo TI) el
Estado delega en los colegios profesionales funciones
públicas que, de otra manera, estarían bajo
la tutela directa de aquel. De este modo los colegios
controlan el ejercicio liberal de las profesiones
para garantizarle a los miembros de la socie-

dad que los colegiados son idóneos para desempeñar
la actividad correspondiente; por ejemplo que
los dientes, las casas y las calles, la libertad, la vida,
están siendo cuidados, o construidos o salvaguardados
por quienes mejor saben hacerlo.
Pero no solo se les encarga de velar por la
idoneidad de los profesionales, sino también de
asegurar a la comunidad que los que cometan
errores, responderán por ellos: errores en relación
con el bienestar general, el de los colegas o el de
los clientes o usuarios. Se manda entonces que el
profesional tiene que ejercer su arte conforme con
normas específicas de tipo técnico y normas específicas
de tipo moral.
Los códigos (o reglamentos como también
se les llama) de moral profesional son elaborados
por cada colegio, establecen una conducta ideal y
sanciones para los que no la cumplan; contemplan
ciertamente las particularidades de cada profesión,
mas se inscriben en el marco más amplio del código
moral de la sociedad. Por lo tanto, para los
efectos de nuestro estudio, los hemos considerado
como subcódigos, pero los seguiremos citando como
códigos. El que tengan dicho carácter explica
en buena parte el porqué en sentido estricto, no
encontramos fundamentación teórica sino una
aceptación tácita de un código general tradicionalmente
aceptado (no necesariamente practicado) en
los 23 casos (tradicional no significa para las suscritas
incorrecto o indeseable).
Ilustramos con algunos ejemplos, extraídos
de los códigos mismos, el ideal de ciudadano y
profesional: "Austero en su profesión, fraternal
con sus colegas, cumplido caballero en el Colegio
y en la sociedad" (Contadores Privados, arto 22);
"El trabajador social debe actuar correctamente en
su ejercicio profesional. Su conducta se ajustará a
las normas éticas que rigen la sociedad costarricense,
debiendo abstenerse de toda actuación impropia
que pueda desprestigiar la profesión (art.
4). "El profesional en derecho debe actuar con
irreprochable dignidad, no sólo en el ejercicio de
su profesión, sino en la vida privada. Su conducta
jamás debe infringir las normas del honor y de la
delicadeza que caracterizan a todo hombre de
bien." (Abogados, art. 1); "El médico observará
siempre, también fuera del ejercicio profesional,
una conducta acorde con el honor, la dignidad de
la profesión (...)" (Médicos, arto 4). Son atribuciones
del tribunal de honor de los psicólogos "conocer,
fallar y juzgar las acusaciones o denuncias
que se establezcan contra los colegiados, en rela-
MORAL PROFESIONAL
ción con sus deberes profesionales, por hechos
desdorosos para la profesión o contrarios a la moral
y las buenas costumbres" (art. 43, i. a).
El ideal común puede obedecer a que a) se
sigue lo estipulado por los colegios más antiguos
o b) los colegios realmente lo comparten.
De cualquier manera, las normas reflejan también,
en cierta medida, la experiencia social acumulada
en el desarrollo de una actividad profesional
(esto es, cómo ha sido el comportamiento moral de
los profesionales y cómo debería ser). Ejemplificamos:
el robo de ideas, de pacientes o usuarios, no
permiten un ejercicio profesional óptimo -esto es
experiencia acumulada de tipo negativo- entonces
tales acciones aparecen como sancionables en los
códigos. Cuando el profesional no se comporta moralmente
como se espera, se le aplica el régimen disciplinario.
O al menos, así dice la letra.
En todo caso, determinamos cuál órgano de
los colegios profesionales costarricenses estudiados
dicta las normas morales a las que debe ajustarse
la conducta del profesional y cuál órgano o
instancia aplica las sanciones (ver cuadro #3, Procedencia
y aplicación del código de moral). Constatamos
así que todos los colegios tienen actualmente
(en proceso de revisión o no) un código de
moral y que todos los colegios tienen al menos
una instancia definida para juzgar las faltas e imponer
las sanciones correspondientes.
4. Fines, deberes, valores
Esta parte del trabajo se inscribe en el marco
más amplio del estudio de la normativa interna en
general, debido a que varias disposiciones aparecen
en esta.
Por la razón antedicha, buscamos en las leyes
orgánicas y en los reglamentos los principales
fines por cumplir de los que listamos 38 (ver cuadro
#1, Fines). Entre estos aparecen, con diferente
grado de especificidad, el de promover y defender
el decoro y realce de la profesión o el de ejercerla
con arreglo a principios éticos, o ambas cosas. Encontramos
que diecinueve colegios establecen uno
u otro. Los fines 1), el 28), el 32) y el 38) se relacionan
con el tema de moralidad. Nótese que en la
ley orgánica, estipulan el 1) 8 colegios; el 28) 2; el
32) 3. El 38) lo contemplan 4 en la ley orgánica, 4
en el reglamento y 4 en ambas instancias.
Como ya hemos indicado (Capítulo TI) todos
los colegios establecen la obligatoriedad del acatamiento
del código de moral en alguna instancia.
51

52
ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
Puede afirmarse entonces que si bien el desarrollo
y acatamiento obligatorio del código de
moral no aparece entre los fines de la ley orgánica
en todos los casos,jormalmente los colegios persiguen
su consecución (ver cuadro # 4, Juridicidad
de la normativa moral).
Estudiamos en cada código la conducta formalmente
exigida para alcanzar los fines morales
propuestos y determinamos ~ue los colegios imponen
una serie de mandatos' 3 (mandato en sentido
literal: precepto que el superior impone a los
súbditos) a sus miembros, expresados en la forma
de deber (obligación) o de prohibición.
Dichos mandatos pueden clasificarse en cinco
grupos: A) mandatos para con la sociedad, B)
con la profesión y los profesionales, C) con los
usuarios (pacientes, clientes) y D) la conducta personal.
El grupo E) es muy peculiar: los colegios
mandan a sus agremiados someterse a normas establecidas
en ordenamientos que no solo son externos
al código de moral profesional, sino que o
bien tienen rango de ley o bien son convenios internacionales
o acuerdos internacionales entre gremios.
Como se puede ver en el cuadro # 6, Deberes,
hemos separado del grupo A) los deberes para
con el Estado/instituciones. En la columna Sociedad/comunidad
hemos incluido solo los artículos
que se refieren inequívocamente al deber de colaborar
de algún modo con el bien común.
También separamos del grupo B) los deberes
relacionados con la probidad en las investigaciones,
la prohibición de autoalabanza y el deber
de cumplir con detalle en relación con la publicidad
del profesional. Esto último contrasta grandemente
con los usos en otras latitudes, donde los
profesionales se anuncian a todo color y por televisión.
También separamos del grupo B) los deberes
sobre el secreto profesional (que también podría
incluirse en el grupo C) y de hecho está directamente
relacionado con él, porque nos llamó la
atención que cinco colegios no estipulen nada en
tal sentido.
Teniendo como referencia que el profesional
siempre tiene colegas pero, o tiene patrón o
tiene cliente y, en ocasiones ambos, consideramos
de interés destacar que:
los 23 colegios establecen deberes para con
los colegas; 8 para con otros profesionales y solo
5 para con las personas que complementan su actividad;
16 establecen deberes para con la sociedad-
/comunidad y 15 en relación con sus costumbres
personales; '18 para con el usuario (cliente, paciente)
14 para con el empleador (patrono o comitente)
Hemos de destacar asimismo la especial tesitura
en que se encuentran los veterinarios, para
quienes existen simultáneamente dos usuarios: el
animal y el dueño del animal y para con ambos establecen
deberes.
Cinco colegios están dentro del grupo E), así:
dos (Dentistas y Químicos) sometidos a la Ley
General de Salud (LGS); dos (Microbiólogos y
Médicos) al Código de Etica Médica de Naciones
Unidas y a las Declaraciones de Helsinki y Ginebra;
uno (Abogados) sometido a la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
Otros colegios también están sometidos a
estas y otras normas pero no lo contemplan en el
código de moral respectivo sino en la ley orgánica,
en el reglamento o en ambos.
Separamos el estudio de los deberes del de
los valores a fin de explicitar, en lo posible, lo que
se tutela en lo que se manda. Estudiamos los val0reslbienes
tutelados en las normas, partiendo de
que todo enunciado de una norma expresa un
bien/valor (o disvalor).
Aquí consideramos: como un valor, un objeto
(ideal o real), una acción o un estado que se desea
alcanzar o conservar (o ambas cosas); que un
valor puede tener un alcance más o menos restringido
(por ejemplo, el valor solidaridad en el caso
de los colegios es restringido porque se refiere a
un estado o a una acción entre colegas solamente);
que si bien tradicionalmente los valores fundamentales
son vida, salud, verdad, justicia y honestidad
debíamos tomar en cuenta las diversas expresiones
o matices de ellos y otros que no están
en la lista "oficial", como la responsabilidad y el
respeto, y la excelencia académica en los profesionales
(ver cuadro # 7, Valores/bienes tutelados).
La equidad, vg., es una forma de justicia.
Sin embargo, las hemos separado y bajo "equidad
(trato igual)" hemos incluido los artículos que inequívocamente
se refieren al trato igual (sin discriminación
por razones de raza, credo religioso/político
o clase económica) de los usuarios (clientes
o pacientes). Bajo "lealtad" hemos estudiado los
artículos que se refieren a ella, cspecíficamente
entre colegas (en el sentido de sana competencia).
Encontramos que las designaciones de más difícil
manejo son la de "respeto" y "dignidad" ya que el
respeto puede ser hacia el colegio, hacia el comitente
o empleador, el colega, las creencias y hacia

MORAL PROFESIONAL 53
Cua4lro #6: Deberes
Colecto Genenla SodeUd I COIIIIIIIidM Estado I Institadona
Médlc:os 1-9 3 68,72,73
Abopdos 1-34 S,11,30,37
Fannac:~utkos 1-2S 46
Deatbtu 1 2-4,16 i.a, 42,21 4-6,43
AIJ'6Itomos 1-4 4 1,2
ContIIIIores NWkos 1-3,21,22
Qutmkos e In&enieros QaimkOl 1 1 i.b,13,16 14
M1c:robi6loIOS 3,ll,2S 2S,27
Lkendados y Profesores 2 14,1S 12,13
Contadores Privados 1
Eaf'enne •.•• 11-13; IS-16 8,9,1S
Veterlnarlos 48,49,S4 1 i.d,c,18, 36 34
In&enleros y Arqultec:tos
Optometrlstas I-VlI
TrallaJMores SodaIa 4,S S i.d 32
BIóIocos 2,3 9 i.m, 12-1S 9i.m
PericMl1ltaa 2,3 1
CIendu Ec:onóInku 1-3 20
Sec:retarlIIdo 2 6i.d
GeóIoIOS 1-4 4 1,2
BlIIIIotec:arlos 1-3 4S-49
~ 1,2 Considerando 18 29
CIeIlduP •••• 1,2,4 4
F'1aente: ClMIItos de Hka profalon8l de los eoIetIos profedoaales
Continúa.

54 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
MHJeo.
cadro #6: Delleres
CoIelio Proralón CoIelio Cona,o mismo I Costumbres
AlIopIoe 1.4.9.10.17.28 33 1.4
FIlnIUICéaUcos 8 7.19
DentIstas 7.13.17 37 13.39-42
AIJ'óIlomos S-10.13
ContMores P6Wkoe S.7.9.11-13 21
Qaimkoe e InaenkI"08 2,3 14.18-20 6
Mkrolllóloloe 2.4.6.28 21.22 2
Lkendlllloe y Proresores 8-10 16
ContMores Prtv_oe 2.6,9.10.12. lS.16.22 1.S 4.2,21
ERferme •.•• 3
Vetel'lllartoe 1 i.a,2.21. 2S.29-31.3S 48.49 1 i.a,h; 2 i.k
InaenkI"08 y AJ'II1dtectos A
Opt-uw. 1 VII 1
Tra •••.••• ores SodaIa 4.S 22.31
lIAóIoaoe 2.10.11 3.S-8 2
PertcMIiItM 3.8.1S S.3.16 3.7.8
C'IeIIdM~ S 19
SeeretarWo 3 2 6
GeóIoaoe S.10.13 2.13
BlIIIloteautoe 14,24,38 -613 3
NriIoaoe S-8.11-13. 16-24 36-41
C'IeIIdM PoUtIc. 67 19-22
ComiD6a. ..

MORAL PROFESIONAL 55
Caadro #6: Dellera
Colqto U.-rto./ ClIentes padmtes Patrón / EmpleUor comitente
MHkoa 10,33,SS
Aboploa 17-2S 11 30
F~
34-40
Dea&ta 8-12;27,i.b, g 36,37,48-S1
~ 10,13 13-16
ContMora P6111koa l1,14,1S,18 6
Qaimkoe e 1JacenIe•.• 3 i.ch,9 9-12
Mlcrolllóloloa 3,6-9,12 26
LleendMoa y Prornora 3 11-13
ContMora Prtv"oa 14,16 9,10 12
Enferme •.•• 10,14 8
Vetert.uuto. 2 i.h,4,S,8, 20,22,23,24, 26 9,18
Inlente •.•• y Antalteetoa e
0pt0naetrIIta Il,IV,V
TnllaJllllora SodIIIa 7,9,11,24
JIIóIoIoa
Pe~ 8
CIeDdM EeonómIea 7,9-11
SeerdarWo S
GeóIoIM 8,10,13 13-16
BlIIIIotecarIoa 37,40-44 34-36,39-40 S4
'''610l08 6,13-lS i.c; 27,30 27,29,30
C'IeIIe'- , ••••
Penonu.ae complementan
suadhiclad
ContinÚL ..

56 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
c...Iro 1#6:Dellera
CoIecIo C•••• OU-,roraloalea
MHJcOll 34,4S,S I,SS 63-6S 74,7S,77,7S
,
AIIopIIOII 6,32 7
F~ 26-33 41-4S 47
Deatbta IS,IS,23-29,3S 4S 24-27
~ 11,12 6i.a
ContMIora PáWkos 17,1S 19
QaúnIcoa e In&enleroe 4,S,7,S,I7 4i.g
Mkroblóloloa 12,14-21 23,24 29-31
LkencilMlOII Y Proreaora
4-7
Contadores Privados S,17-20 11 3
Enferme •••• S-7 S
Veterlnartos 10,17 6,7,36
In&enleroe y Arqaltectoa B Ai.d,Bi.h
Optometristu VI. VII DI
Trabajadora SodaIes IS-20,23-28
BIóIoloa 9 lO i.i,IS
Periodlatas 13,14 lO
CIendu Económlcu 12-IS 16-IS
Secretariado 4 3i.i
GeóIolos 11,12 6i.a
BlIJIIotecartos 2S-32 S2,S3
•••• ~ I ÁIIIIIlCto.I
Pro •••••••
l'skólolos 32-3S Considerando 9,10,20 i.c, 2S,26,28
Cleadu PoIitku 10-18 17
Continúa. ..

MORAL PROFESIONAL 57
CuMro #6: Deberes
CoIeJIo Secreto profesional Olledlenda otra nonnatlv ••
MHkos 12,13,S7 S
AIIopII_ 13,lS 37
FIIi1DIIeéutkos 34
DentIIta 4
AJI'ÓDOIII08 14
ContMores Páblle_ 10
Qaúnk_ e Inaenleros QuimleOl 10 lS
Mlerohiólot_ 9 33,34
Lkenelad_ y Profesores 3 i.g
Contadores Privado. 8,13
Enfenne •.••
Vetertnarloa 18,19,34
Inaenleros y Arqultedos
Optometrtstas
Trabajadores Soelales 12,13,lS,16
BióIoIOS
Periodistas 9
Clendas Eeonómleas 8
Secfttarlado S i.c
GeólolOS 14
BlbUoteearlos 39,43
PskólolOS lS
Clendas PoHUcas 8,9
Fuente: CódilOS de édea profesional de los eoleliol profesionales

58 ELlZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
c..Iro #'1: V_res"'" tateWoa
Coletlo a-evo&e.da ••••• ,e Celo C•••••••enldóa Decoro
M~ 6S
AbopIoa 32 2 18 30 4
F_~ 27
Dentbta 8 22
~ 13 11
Coat.Iores PúWkes 21
Qaúllkoa e lqealero.
QaúIIkoa
Mkrolllólop
UcendlMloa y rrol_res 2 4
Contadores rm_oe 2
Enferme •.••
Vetertnarlos 9
Inlenlero. y Arquitectos
Optometristu Vl
TrallaJlldores SodaIes 9
BIólo&oa
Perio4lstu
CIendaa Económku 7 12 19
SecretarWo
GeóIoloe 13 11
BlWIoteauios S4 lS
PsIcóIop
CIendaa Potitku
Fuente: Códigos de ética profesional de los colegios profesionales
4
Continúa. ..

MORAL PROFESIONAL 59
Cuadro #7: V.Jores I Bknes tateladoe
Colecto DlpIUd H-ud", honradez iJItetrWad Hoaor JustIda
Médlcoe 4,43 7S 4
AlIopdoe 1,32 1,4 3
FIU'IIIKéutkos 21
Deatistal IS,16 26,30,13
Ap'ónomoe S,6 6,7,10 6
Contllllores P6l11koe l1,1S 21
Qabakoe e lqenle~
Quimkoe
4 i.g.1,6 3 i.a,13 4 i.j
Mkroblóloloe 2 32 2
Llcenclados Y Proresores 6 2 3i.b,6 3 i.b,f
Contlldores Prlv_oe 2,1S 4
Emerme •.••
Veten-rtoe 1 i.a,h,6 1,2 i.a,i,m,iI,4,6,10,26 3S
JDaeIIIe~ y Antaltectos Bi,hj A i.a-c,t;B ie,i,C ia Bi.j
OptometrWu l,VI V I
TrallaJllllores SocIales He
BIóIoloe 2,10 i.j 9 i.d,10 10 i.j
PericMlJstu 8 3 3
(]eadu Eeonómku 11,13 10,19
Secretariado 4 i.k,1,2 id,3 i.i 2 i.d,3 ib-i 4i.l
GeóIop S 6i.b-j,10,IS
BlIIIIofeauioe 3,1S 37,38 3
l'IIcóIop Considerando 12,29
CIeadIIa PoIldeaa 6,7,17
Fuente: Códigos de ~ca profesional de los colegios profesionales
Odiaúa. ..

60 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
CoIepo
LnItMI_
eompetenda
Médico. 26,36-40 7,lS,28,34,63
Caa4ro #7: Valores! Blenn tate••••_
Respeto Res,.,.. ••••••• s.Ju4 Ve•••••
20,lS,21,27,30,
47
8,3,14,66 9,21,48
AIIopII_ 2,16,32 S,30 10 2
F~ 13,17,29,30 27,33 lS,36,40 1,24,39 20
Dentbtas 22 39 39 10
A¡r6noIIlos 12 7 8 9
ContMores Púlllkos 17,18 7i.c 7
QaáIIkee e IaceaJero.
QaáIIkoe
3 i.ch,4 s,6 3i.b,9 lS 3 i.c
Mkrolllólotos 12,18 3,14,23 6,13,21 2S,33,34 22
I..keadM. YProfesores 2,4,12,13 2-4,12 2,12,13 3 i.f
ContIMIoresPrivad. 2 6,17 9,10,16 2
Ellfe.- •.•• 9 S,8,11 14 1,10,16
Vetertllarlos 14-16 1,8,30 2 i.m,S,20
Iqealero. y Anaaltectos Bi. a-c,g
o,to.etrtst. Vi lV n
Tra ••.••• ores SodaIes 18-20,28,33 18,27,33 S i.e,24,33 3S
JIlóIotoa 9 8,11 i.b 14 11 i.c
PelWWu 14 13 7 6
CIeIIdM~ 12,lS 12
SeeretuWo 4 i.i-j,S i.a 4i.a,6i.a Hb 2i.d
GeóIotoa 13,16 8 9
BlIIIIotecarIa.
14,2S
i.a,32,36,28,29
5,20,34,S2
NriIope 32,34,36 S,32,36 S,27,30,36 8,16
C'IeadIIIPoIIdcaa 10-12,16 18,19,20,22 19 21
Fuede: Códigoede 6ticaprofeaiooalde lo. colegia.profeaiooalea
Coatinúa..

MORAL PROFESIONAL 61
CUaclro #7: Valores I Bienes tateWos
Colqlo VIda DlKredón
E4¡"""" .,.... Tnlto Euelenda
lICIIIIánlca
Médicos 8,10 12-14,29 15
Abopdos 13-15
FIIl1IIAÚUtiCOS 7,34,35 37 11
Dentista 8,9 8,40,42 3,4,21
A,ro-o.
Cootllllores NWkos 10
Quimkos e InJenIeros
Quimlcos
16 10
Mlcrolllólotos 7,33,34 9 10 51
L1cendHos y Profesores 3 i.b,g 3 i.i 3 i.j
Cootllllores Privados 6,8,13
Enferme •.•• 1,13 2 4
Veterinarios 18,34 i.c 1 i.c,f 18,36
In&enieros y Arquitectos Ci.b Ai.b
()ptometrbtu
Traba .••• ores SodIIIeI 5 i.cb,12,13,15 5 i.b
BIólotos 12,14
Perio4WM 9 11
Oenda~ 8,16
SecretaJWo 5 i.c 2 i.k,6 i.b 3 i.d
GeóIoIOI 14 4
BlIIIlotecarios 39,43 27,41 17,23 45-49
PIIIcóIoios 15,25,39
CleItdM PoIIdca 8 5
Fuente: Códigos de ética profesional de los colegios profesionales
BiencomÚft
Continúa. ..

62 ELlZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
Calldro #7: Valores I BIeaa hIteIH •••
CoIqIo SoIIIIarIIIM lDdepea4eada Pe~
MHkoe 34,35 8
AIIopd ••• 30
FIlI'IIUlriatk:••• 27,31,33
DeatIsta 23
~
Coatadores Púlllkos 5,15,16
QafmIco8 e •••• enleros
QafmIco8
7
Mkroblólocos 17,19 7,33,34
Lkendados y Profesores 4 3 i.a,12
Coatadores Prlvuos 4
Eaf'ennenu 5,6
Veterinarlos 13
InCenleros y Arquitectos
Optometristas
Traba .••••ores SoclaIes 18,27 Ha
BIóIocos
Perlodlstu 13 7,12
Clendu Económlcu 12 11
Secretariado
Geólocos 7
Bibliotecarios 22,25 i.a
Psk:óIocos 32 17,18
Ciencias PoHtku 1~,18
Fuente: Códigos de ética profesional de los colegios profesionales
7
u••.•••de ,.-

sí mismo. La dignidad puede decirse de la profesión
y del profesional y también del usuario
(cliente o paciente) o de sí mismo. "Respeto" y
"dignidad" son los términos más frecuentemente
usados en los códigos.
Del cuadro #7, Bienes/valores tutelados se
desprende la siguiente relación entre el número de
colegios y valores:
5 la persona (en sentido integral)
7 bien común
9 trato igual
9 excelencia académica
20 responsabilidad en el desempeño de sus labores
23 la lealtad hacia los colegas
Los valores tutelados reflejan también las
particularidades de cada profesión; así, casi todos
los gremios que tienen que ver con el sector salud
se refieren a esta como un valor; en igual forma
los abogados, periodistas, licenciados y profesores
le dan especial importancia a la justicia (también
los veterinarios) y los periodistas a la libertad de
prensa. Pero estimamos que si se toma en cuenta
la relativa comunidad de fines (ver cuadro # 1, Fines)
es más notable la asimetría de los valores tutelados,
aún tomando en cuenta las particularidades
de cada colegio.
5. Tipificación de las denuncias y sanciones
más usuales de los colegios
Ya se ha establecido que, formalmente, el
desarrollo del código de moral y la obligatoriedad
de su acatamiento se han constituido en fines de
los colegios. Deseábamos determinar si han sido
fines prioritarios en la práctica y con ese objeto
consideramos necesario tipificar las denuncias y
faltas más frecuentes mediante el examen de un
número representativo de denuncias, en el total de
colegios. Seguidamente presentamos el procedimiento
seguido y el resultado.
Recopilación de datos
Metodología: -solicitud escrita de datos
-reiteración de solicitud escrita
-llamadas telefónicas
-fax
-entrevistas
MORAL PROFESIONAL
Clasificación de respuestas:
correctas (C): a) no consignan denuncias para
el período; b) responden a lo solicitado con
exactitud.
Incorrectas (1): a) información parcial; b)
datos confusos; e) no brindan la información sino
que ofrecen los archivos para que las investigadoras
hagan el trabajo; d) contestaron pero no informaron;
e) no contestaron la solicitud.
De un total de 23 colegios que agrupan
61.958 agremiados (a 1993) se obtuvo información
correcta de 14; 1 dio información parcial; 2 no dieron
información y ofrecieron los archivos; 3 dieron
información confusa; 2 contestaron pero no dieron
información y 1 no contestó (ver cuadro #8, Clasificación
de respuestas y número de agremiados).
Procesamos los datos de 14 colegios, que representan
un 61% del total de colegios y agrupan
18.012 agremiados, que representan un 29% del
total de colegiados del país (ver cuadro #9, Relación
entre colegios, información y número de
agremiados). Nótese que los 9 colegios de los que
no procesamos información abarcan el 70% de los
profesionales agremiados.
Análisis e interpretación
Metodología:
-Verificación del número y contenido del artículo
infringido, en los casos en que el colegio 10
suministró.
-Búsqueda y estudio del articulado de cada
código o reglamento de moral profesional, en los
casos en los que el colegio suministró únicamente
el tipo de denuncia, con el fin de ubicar ésta.
-Se clasificaron las denuncias de acuerdo
con la persona o institución supuestamente afectadas,
así:
particular contra colegiado
colegiado contra colegiado
institución contra colegiado
colegio contra colegiado (de hecho una vez
que la queja se ha presentado, el colegio por medio
del órgano competente, es siempre el que actúa,
pero dentro del criterio de clasificación se
consideró que el Colegio actúa de oficio en ciertos
casos contra el colegiado).
-Se -tipificaron las denuncias, mediante la
adecuación analógica de los casos reportados a la
descripción que tienen los códigos (u otras normativas
internas) de los mandatos, prohibiciones, faltas
y sus sanciones
63

64 ELlZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
Cuadro 1#8:Clasificación de respuestas y número de agremiados
Miembros C 1
Colegio !!ctivOl a
1993* A B A B e D E
Médicos 3247 X
Abogados 5000 X
Farmaceúticos 1138 X
Dentistas llOO X
Agrónomos 3030 X
Contadores Públicos 1273 X
Químicos e Ingenieros Químicos 929 X
Microbi61ogos 660 X
Licenciados y Profesores 13000 X
Contadores Privados 16648 X
Enfermeras 3500 X
Veterinarios 509 X
Ingenieros y Arquitectos 6330 X
Optometristas 86 X
Trabajadores Sociales 570 X
Biólogos 250 X
Periodistas 762 X
Ciencias Económicas 2500 X
Secretariado 70 X
Geólogos 96 X
Bibliotecarios 360 X
Psicólogos 570 X
Ciencias Políticas 330 X
Total 61958 4 10 1 3 2 2 1
C= Información correcta C A= No consignan faltas para el periodo
1= Información incorrecta
C B= Responden a lo solicitado con exactitud
I A= Información parcial
I B= Datos confusos
I C= Ofrecen archivos y registros para la investigación
I D= No informaron
I E= No contestaron
*Fuente: Registro de la Federación de colegios profesionales y de los colegios profesionales.

IF
-- - - - - - - - - - - -- . _.- _. --,. - -
Cuadro #9: Relación entre colegios, información y número de agremiados
No. % Agremiados %
Con información 14 61 18.012 29
,
Sin información 8 35 43.586 70
Con información parcial 1 4 360 1
I Total 23 100 61.958 100
Fuente: Respuestas escritas provenientes de los colegios profesionales
~
>r-
~
~
i!=
o-
VI

66
ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
-Se estableció como criterio considerar como
falta la denuncia, que una vez acogida, recibió
sanción
-Se computaron las denuncias y se estableció
su frecuencia
-Se computaron y clasificaron las resoluciones
-Se tipificaron las sanciones y se estableció
su frecuencia
-Se des glosó el término genérico "apelación"
en: recurso de revisión (ante el mismo órgano
que impone la sanción) y recurso de nulidad
(también ante el mismo órgano que impone la sanción).
Solicitamos información de los años 1987,
1988, 1990 Y 1991. No solicitamos del año 1989
debido a que en dicho año entró en vigencia la ley
de Jurisdicción Constitucional y empezó a funcionar
la Sala Constitucional. Esos hechos motivaron
que algunos profesionales presentaran ante esa
instancia recursos de amparo y de inconstitucionalidad
contra la normativa de los colegios profesionales,
lo que produjo en algunos casos, la paralización
de los trámites de quejas. Previmos, pues,
que para ese período no íbamos a obtener la información
pertinente.
No establecimos la relación entre el número
de denuncias y el número de agremiados de cada
colegio, por año, porque no pudimos obtener este
último dato.
Examinamos un total de 88 denuncias: 22
del 87, 10 del 88, 22 del 90 y 34 del 91 (ver cuadro
#10, Denuncias y resoluciones). El 3% no
eran sancionables ya que se trataba de denuncias
por ejercicio ilegal de la profesión y un colegio
sólo puede sancionar a sus colegiados; en estos
casos un colegio puede acudir a la vía judicial
pues el ejercicio ilegal de una profesión configura
un delito (art. 313 del Código Penal: "Será reprimido
con prisión de tres meses a dos años el que
ejerciere una profesión para la que se requiere una
habilitación especial, sin haber obtenido la autorización
correspondiente".) No obstante el colegio
siguió un trámite que lleva a calificar la denuncia
como una falta a la moral profesional. Solamente
un 18% de las denuncias fueron declaradas sin lugar.
Encontramos que la sanción más frecuente es
la amonestación escrita (26%), seguida por la
amonestación verbal (20%). También hallamos
que, aunque se hayan tramitado las denuncias, alrededor
de un 7% de ellas no recibieron sanción.
El arreglo conciliatorio fue poco frecuente.
Apelaciones: del total de 48 faltas, fueron
apeladas 4, así: 3 recursos de revisión que fueron
declarados sin lugar y 1 recurso de nulidad que
fue admitido y se reinició el procedimiento. La denunciante
de este caso desistió de la acción.
Tipo de denuncia y frecuencia: la más frecuente
es por impericia o mal praxis; otras denuncias
se refieren al maltrato verbal, el irrespeto entre
colegas, la difamación entre colegas, la dignidad
de la profesión y la publicidad indebida (ver
cuadro #11, Tipos de denuncia y frecuencia).
Encontramos tres denuncias contra el ejercicio
profesional de colegiados en "campo ajeno".
Estos actos configuran asimismo el delito de ejercicio
ilegal de la profesión mas en estos casos el colegio
respectivo sí puede sancionar a sus colegiados.
En relación con las denuncias, el contenido
de los códigos de moral profesional y su aplicación
por parte de los colegios, encontramos que ni
la interpretación ni la aplicación de los códigos de
moral profesional son tareas sencillas, en unos casos
porque el código mismo está pendiente de
aprobación; en otros, por la generalidad o ambigüedad
de los articulados y en otros porque estos
son omisos, así como también por la generalidad
de la denuncia. Por ejemplo, el colegio de Secretariado
Profesional sancionó a una agremiada, basándose
en el reglamento a la ley orgánica, porque
el código de ética profesional todavía no había sido
aprobado. Sin embargo, esta actuación está a
derecho, porque puede sustentarse en las disposiciones
del reglamento a la ley orgánica (arts. 43,
57 y 58). El colegio de Contadores Públicos, tramitó
una denuncia por trato impropio entre colegas,
pero su código no contempla el genérico trato
debido entre colegas ni el específico respeto mutuo
en el capítulo de las relaciones entre colegas,
como tampoco lo hacen los articulados de la ley
orgánica ni el reglamento. Esta denuncia no fue
sancionada, aunque si lo hubiera sido, podrían haber
recurrido al artículo 21 que indica que el contador
debe cumplir con las normas éticas más elevadas.
En este caso, como en otros, una denuncia
no se rechaza porque la normativa no contemple
expresamente la situación; cabe la posibilidad de
que se proceda a integrar la norma (esto es, suplir
la parte omisa) o a llenar la laguna (aplicando la
jurisprudencia, otras normas o principios generales,
etc.). El trámite que sigue la denuncia es análogo
al que seguiría en un tribunal de justicia.
Otro colegio consigna una denuncia por "intento
de seducción". El único artículo del código

Cuadro #10 Denuncias y Resoluciones
No sancionable Sin lugar
Arreglo
concilatorio
Amonestaciones
Año No. Verbal Escrito
No. O/o No % No. % No. % No. %
1987 22 2 9 1 5 2 9 5 22
1988 10 3 30 2 20
1990 22 7 32 1 5 8 35 4 18
1991 34 7 21 6 18 14 41
Total 88 3 3 16 18 2 2 18 21 23 26
Fuente: Respuestas escritas provenientes de los colegios profesionales Continúa ~
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Cuadro #10 Denuncias y Resoluciones
Suspensiones
Año No. 1 mes 2 meses 1 año 2 años
No se
especifica
No hubo Pendiente
No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. o/o
1987 22 1 5 2 9 1 5 5 22 3 14
1988 10 1 10 2 20 1 10 1 10
1990 22 1 5 1 5
1991 34 1 3 1 3 1 3 1 3 3 8
Total 88 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 7 8 8 9
Fuente: Respuestas escritas provenientes de los colegios orofesiona1es
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I
MORAL PROFESIONAL 69
Cuadro #11: Tipo de denuncia y frecuencia
Tipo de denuncia Frecuencia
Impericia (mal praxis) 27
Maltrato verbal 9
Irrespeto entre colegas 8
Difamación 7
Publicidad indebida 6
Dignidad de la profesión 5
Maltrato frsico 3
Ejercicio profesional de un colegiado en campo ajeno 3
Ejercicio ilegal de la profesión de no colegiado 3
No atención al usuario 2
Mala atención al usuario 2
Problema de honorarios 2
Competencia desleal 2
Abandono del usuario 1
Intento de seducción 1
Abusos deshonestos 1
Secreto profesional 1
Impericia dolosa 1
Firma ilegal 1
Aceptación de soborno 1
Favorecimiento a no profesionales 1
Uso ilegal de tftulo profesional 1
Total 88
Fuente: Respuestas escritas provenientes de los colegios profesionales

70 ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
respectivo que puede considerarse infringido es el
#3: el profesional "( ...) siempre que ofrece sus servicios
debe aplicar normas de ética (...), que contribuyan
a elevar y dignificar el ejercicio de su
profesión". Tácitamente se supone que un intento
de seducción atenta contra la moral profesional.
Inversamente, la denuncia puede ser excesivamente
general, como "faltas a la moral" o "falta a la
ética profesional" (ver cuadro #12, Denuncias y
sanciones por colegio y año).
El colegio de Contadores Públicos consigna
23 denuncias por mal praxis, expresión que no
aparece en ningún artículo de su normativa interna
(como tampoco figura en nuestro Código Penal).
El contenido de las denuncias indica claramente
que las tareas no han sido realizadas de acuerdo
con las normas técnicas estipuladas, lo que nos
permite tipificar esas denuncias como impericia,
con base en el artículo 7 del Código de Etica Profesional
de ellos. Aplicamos la palabra impericia a
actos reñidos con la buena técnica; este si~nificado
no excluye el que ofrece Sergio Yepes' en relación
con la mal praxis médica: actuación imprudente
o negligente que ocasiona un daño en la salud
y que incluye los errores médicos. No la excluye
puesto que la inobservancia de la buena técnica
puede efectuarse por negligencia, por imprudencia
o por seguir una orden superior. Ahora
bien, la impericia, tal como la hemos definido, jurídicamente
hablando puede ser culposa o puede
ser dolosa por sus consecuencias, o sea, estas pueden
presentarse sin intención del agente o queridas
por el agente.
En 13 códigos de moral profesional encontramos
diversas expresiones de las responsabilidades
en que incurren los que actúen con impericia
dolosa o culposa. Algunos ejemplos: el precitado
artículo 7 de los Contadores Públicos dice que el
agremiado será culpable de un acto que falta al decoro
de la profesión si omite o disimula información,
o no informa correctamente; si incurre en negligencia
en su trabajo profesional, etc. El artículo
A, i.a) del Federado de Ingenieros y Arquitectos,
dice que es contrario a la ética y para con la profesión
ejecutar de mala fe actos reñidos con la buena
técnica o incurrir en omisiones culposas aún cuando
sea en cumplimiento de órdenes de autoridades
o mandantes (desde el punto de vista jurídico, esta
mala fe habría que interpretarla como dolo). El artículo
6, i. j. del código del Colegio de Agrónomos
dice que es impropio de todo profesional e incompatible
con el comportamiento honroso y dig-
no de su profesión ejecutar trabajos reñidos con la
buena técnica, aun cuando sea en cumplimiento de
órdenes. También que si hubiere cometido o inducido
involuntariamente a error, ha de apresurarse a
reconocer su responsabilidad. El de Químicos y el
de Biólogos dicen que el profesional deberá reconocer
espontáneamente su responsabilidad profesional
o patrimonial cuando hubiere cometido un
error profesional o inducido a error involuntario
(artículos 3, i., b Y 11., i., b respectivamente.)
En nuestro Código Penal no está tipificada
la impericia o mal praxis (esto es, no dice "se castigará
de tal forma al que por impericia o mal praxis
causare un daño, lesión ..."), pero sí están sancionadas
con pena de inhabilitación las conductas
culposas (artículos 57, i.4; 117, 128,270.) de los
profesionales en ciertas circunstancias, y rigen
también en cuanto a ellas, las reglas sobre responsabilidad
civil (Título IV Libro I del Código Penal
de 1941), arts. 122 a 138, pudiéndose dar el caso
de un profesional que al cometer un delito de lesiones
culposas, sea sancionado con pena de prisión
de "x" número de días, con inhabilitación, de
hasta por dos años para el ejercicio profesional, y
se le obligue a la reparación del daño moral causado.
En cuanto a la responsabilidad genérica de carácter
civil de todo profesional rige la norma del
art. 1045 del Código Civil que dispone: "Todo
aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia
causa a otro un daño, está obligado a repararlo
junto con los perjuicios."
Así, cuando los tribunales de justicia han interpretado
que un profesional ha incurrido en mal
praxis, el criterio se ha sustentado, por una parte,
en el elemento de la culpabilidad y por otra parte
en las reglas de responsabilidad civil, arts. 103 del
Código Penal vigente, y en los arts. 122 y siguientes
del Código Penal de 1941, así como en el art.
1045 del Código Civil.
La impericia (culposa o dolosa) implica responsabilidad
civil y penal pero en nuestra opinión
debería aparecer como falta en los códigos de moral
profesional de todos los colegios, dado que sus
consecuencias afectan siempre al usuario (cliente,
paciente o empleador).
Resultados
Intentamos hacer un censo pero obtuvimos
una muestra. Los resultados obtenidos son representativos
para los 14 colegios que aportaron in-

Colegio Año
1987
Médicos 1988
1990
Cuadro #12: Denundas y Sandones por Colepo y Afto
Usuario/Colegiado Colegiado/Colegiado Institución/Colegiado Colegio/Colegiado ColegiadolProf. Afines ColegiolParticulares
No. de No. de No. de No. de No. de No. de
denuncias y
Sanción o
denuncias y
Sanción o
Sanción o
Sanción o
Sanción o
Sanción o
denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y
resolución
resolución
resolución
resolución
resolución
resolución
artículo
artículo
artículo
artículo
articulo
articulo
2 -art34
Irrespeto
1 - art 34
Maltrato Sin lugar
fisico
Verbal
l-art72
Mala
atención
No hubo
l-art 78
Public.Inde Escrita
l-art4
Dignidad
de la
profesión
No hubo
l-art72 '1- art
Maltrato Verbal 77,78 Verbal
verbal Publi.1ndeb
l-art4,17
Dignidad Suspensión
de la de 1 ano
profesión
1 - art 33
No
atención
Sin lugar
3 -ut34
Irrespeto
1 Verbal
1 Sin lugar
1 Arreglo
conciliatorio
1 - art 34,
43y72 Sin lugar
Difamación
1- ut4
Maltrato No hubo
tisico
Continúa. ..
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Colegio Afto
Médicos
Cuadro #12: Denwtda y Sandones por Colecto y AAo
Usuario/Colegiado Colegiado/Colegiado Institución/Colegiado Colegio/Colegiado Colegiado/Prof. Afines Colegio/Puticulll'eS
No. de No. de No. de No. de No. de No. de
denuncias Y
Sanción o
denuncias y
Sanción o
denuncias Y
Sanción o
denuncias y
Sanción o
denuncias Y
Sanción o
dcnuocias y
Sanción o
resolución
resolución
resolución
resolución
resolución
resoluciÓll
articulo
articulo
articulo
articulo
articulo
articulo
I 2 - art 1 Verbal 2
34,43 y72 arreglo
Maltrato conciliaverbal
torio
1990
l-art20 Verbal
Impericia
1 -art Arreglo
I 34,43 concilia-
Difamación torio
1991
Arreglo
l-art43
Difamación conciliatorio
l-art20 4 -lit 34,
2-Verbales
l-art78
1 - art
Abandono Sin lugar
I-Sinlugar 4,7,6~
43 l-Pendicn-
Public. Verbal
Maltrato
del usuario Difamación Indcb.
te
verbal
l-artl7
Abusos Sin lugar
deshonesto
Verbal
1 - art 34,
1 -lit
1- art 1~
43y72
Pendiente 4,77,78
Ma1trato
Verbal Mala Sin lugar
Public.
atención
verbal Indcb.
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Colegio Afto
Médicos 1991
Farmaceúticos
1987
1990
Contadores
1987
Públicos
Cuadro #12: DenWldas y Sandones por Colecto y AAo
Usuario/Colegiado Colegiado/Colegiado Institución/Colegiado ColegioiColegiado ColegiadolProf. Afines ColegiolParticulan:s
No. de ¡-lo.de No. de No. de No. de No. de
denuncias y SanciÓllO Sanción o
denuncias y denuncias y SUlCiÓllo
denuncias y SanciÓllO denuncias y SanciÓllO denuncias y SanciÓllO
resolución
resolución
resolución
resolucién
articulo
articulo
articulo
resoluciÓll
resoluciÓll
articulo
articulo
articulo
1 - art 33
No
atencióll
1 - art 24
Problemas
de
honorarios
Verbal
Sin lugar
l-art40
Competencia
desleal
1 - art 27
Irrespeto
Sin lugar
Sin lugar
1 - art 8,22
Dignidad
de la
profesión
l-art21 3-art7
Irrespeto No hubo
Impericia
Pendiente
1 Sin lugar
1 Escrita 1
No hubo
l-art 19
Publi.Indeb
Escrita
- -
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Colegio Año
Conta-
dores
Públicos
1988
1990
1991
Químicos e
Ingenieros
l-art9
1987 Impericia
Químicos
Cuadro #11: Denundas y s.nctona por CoIeclo y AAo
Usuario/Colegiado Colegiado/Colegiado Institución/Colegiado Colegio/Colegiado ColegiadolProf. Afines ColegiolParticulares
No. de Sanción o No. de No. de No. de No. de No. de
denuncias y
Sanción o
Sanción o
denuncias y denuncias)' denunciuy
Sanción o
denuncias y
Sanción o
denuncias y
Sanción o
resolución
resolución
resolución
resolución
resolución
resolución
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
artículo
Escrita
l-art7
Impericia
No
especifica
2-art7
Impericia
I No
especifa I
Pendiente
3 -art22
Ejercicio
ilegal de la
profesión.
Nosancio-
Dable.
l-art21
Ejercicio
profesional Escrita
encempo
ajeno
l-art7
Impericia
Sin lugar
I
4 -art 7 Pendiente
Impericia 2 Escrita I
Sin lugar
14-art7
Impericia
1 No hubo
12 Escrita
I
Suspension
de 1 mes
1 - lit 1,21
Dignidad Suspension
de la de 2 meses
profesion
Contin6a. ..
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Colegio Ai\o
Quimicos e
Ingenieros 1987
Quimicos
Enfenneru
Cuadro #1l: Den_das y Sandones por Cole&Ioy AAo
Usuario/Colegiado Colegiado/Colegiado lnIItitución/Colegiado Colegio/Colegiado ColegiadolProf. Afines ColcgiolPutic:ulMa
No. de
Sanción o
No. de
Sanción o
No. de No. de No. de No. de
denWlCÍasy
Sanción o
Sanción o
Saoci6nó
denunciuy
denunciuy
denunciuy
denunciuy
dtauaciaty
resolución
resolución
resolución
resoluciÓll
raoluci6n
artículo
artículo
artículo
artfculo
artfculo
artfculo
l-art9
Impericia
dolosa
Suspensión
de 2 anos
l-art2 Suspensión
Firma ilegal de I aIIo
l-art3
2 -art.5
I -art 3
1 Sin lugar
1987 Abusos Pendiente Aceptación
Irrespeto
Pendiente
deshonesto
1 No hubo
desobomo
I -art lO 2 -art.5 1 No 2 -art 8
1991 Maltrato Sin lugar Maltrato e.pecifica Ma1trato EIaita
físico verbal 1Pendiente verbal
Veterinarios
1990
1 -art 14
Competencia
desleal
1 -art
Trabajadores
1990
22,31
Favoreci-
Sociales miento ano
profesional
Sin lugar
Suspensión
de I mes
Saoci6no
nIOlucic\o
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Cuadro #12: Demmdu y Sanciones por CoIecio y Ano
Colegio Usuari~Colegiado Colegiad~Colegiado IDstituciónlColegiado Colegi~Co\egiado ColegiadolProf. Afines ColegiolParticularcs
Biólogos
Año
Secretarias 1987
No. de No. de No. de
Sanción o Sanción o Sanción o
No. de
Sanción o
No. de Sanción o No. de Sanción o
denuncias y denuncias y
denuncias y denuncias y
resolución
resolución
resolución
resolución
denuncias y denuncias y
resolución
resolución
artículo artículo artículo artículo artículo artículo
I -ar12,9 Suspen-
1987 Uso ilegal sión de 2
de título aJlos
2-ar12,IO
Ejercicio
1990 profesional Verbal
enc:ampo
ajeno
I -ar12
Dignidad ~o
de la especifica
profesión
1 -art
56,57 RE ~Io
• Problema COIIclliade
torio
honorarios
1 -srt 15
Psicólogos 1990 Secreto Escrita
profesional
• Reglamento de la ley orgánica
Fuente: Respuestas escritas provinientes de los colegios profesionales y códigos de ética profesional.
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formación completa, pero no son generalizables al
total de los colegios.
Aun cuando un porcentaje considerable
(61%) (ver cuadro # 9) de colegios nos proporcionaron
los datos, en ese porcentaje está representado
un número minoritario de agremiados. Por otro
lado, s; tomamos en cuenta la división tradicionalmente
usada de las áreas profesionales en la Universidad
de Costa Rica, se observará que en el
grupo de informantes están representados colegios
de ciencias básicas, Química, Biología y Geología;
de Ciencias Sociales, Economía y Contadores
Públicos, Psicología y Trabajadores Sociales; de
las Ingenierías, sólo Agronomía; de Salud, Medicina,
Farmacia y Enfermería; de Artes y Letras,
ninguno y el de Secretariado Profesional no es
ubicable en esa división.
Tampoco tenemos datos exactos del tipo y
número de denuncias (o no los tenemos del todo)
ni de cómo han aplicado los códigos los colegios
que agrupan a la mayor parte de los agremiados
(70%).
Aunque este porcentaje se calculó con base
en el total de agremiados a 1993, no tenemos medios
para estimar el aumento de agremiados por
colegio, por año.
6. Jurisprudencia constitucional
y normativa interna
Se recordará que en 1989 entró en vigencia la
ley de Jurisdicción Constitucional y empezó a funcionar
la Sala Constitucional. Nos pareció pertinente
revisar recursos de amparo e inconstitucionalidades
contra la normativa interna y decisiones de ciertos
órganos de algunos de los colegios más antiguos del
país, en el período comprendido entre 1989-199io 5
para estudiar si y cómo afectaban los pronunciamientos
el funcionamiento de los colegios.
Reseñaremos seguidamente los casos más
relevantes:
Amparos con lugar:
-Colegio de Médicos: el Colegio autorizó a
un agremiado para que ejerciera la homeopatía y
posteriormente le revocó la autorización y lo suspendió.
La Sala consideró violados los derechos
adquiridos constitucionalmente (voto 1850-90).
-Colegio de Abogados: una agremiada fue
suspendida ilegítimamente y aunque el Colegio
revocó la suspensión, la Sala estimó que se le ocasionaron
daños (voto 3383-92).
MORAL PROFESIONAL 77
-Colegio de Farmacéuticos: cinco agremiados
recurren contra el decreto ejecutivo 19069-5,
"Reglamento de establecimientos farmacéuticos
privados", que en su artículo 15 establece la distancia
mínima que debe haber entre dos farmacias.
La Sala consideró que dicho artículo es inconstitucional
(votos 509-90, 475-90, 1718-90, 378-91,
1883-91 Y 1884-91).
-Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos:
el colegio negó la incorporación a un profesional
por ser residente temporal. La Sala consideró
que para el ejercicio profesional el interesado
debía ser residente permanente, pero no para incorporarse
(voto 1489-90).
Inconstitucionalidades resueltas
-G. Ch. R. contra el artículo 16 del Reglamento
Interior del colegio y contra los artfculos
36, incisos 4 y 6, artículo 38, incisos 3, 5 y 6, artículo
40, inciso 3 y artículo 44 del Código de Moral
del Colegio de Abogados, todos ellos referentes
a la inhabilitación perpetua como sanción. Declara
con lugar la acción y en consecuencia anula
las siguientes disposiciones por ser contrarias al
artículo 40 de la Constitución Política: "( ...)2) Del
artículo 16 del Reglamento interior del Colegio de
Abogados, Decreto Ejecutivo No. 20 de 17 de julio
de 1942, la frase final disyuntiva que dice "...0
inhabilitación perpetua para el ejercicio de la misma";
3) Del Código de Moral emitido por Junta
Directiva del Colegio de Abogados el día uno de
setiembre de 1943, en el artículo 36, inciso 4, la
primera oración, las palabras "e inhabilitación" y
todo el inciso 6; 4) Del mismo Código de Moral
en el artículo 38, todo el inciso 3 y en los incisos 5
y 6, en las primeras oraciones, las palabras "o inhabilitación";
5) Del mismo Código de Moral, todo
el inciso 3 del artículo 40; y, 6) Todo el artículo
44." (voto 3133-92).
Hasta el momento las resoluciones de la Sala
a los recursos declarados con lugar han redefinido
los siguientes aspectos de la normativa interna:
1) derogatoria de todos los artículos referentes
a la inhabilitación perpetua. Aunque este caso fue
contra la normativa del Colegio de Abogados, al
haberse declarado inconstitucionales tales artículos,
la resolución es extensiva a las normativas de
todos los otros colegios. Consideramos que todos
los colegios deberían hacer las modificaciones
formales en sus normativas internas. 2) Derogatoria
del artículo 15 del Reglamento de establecimientos
farmacéuticos privados por ser inconstitu-

78
ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS Vll..LEGAS
cional. Quiere decir que los farmacéuticos ahora
pueden instalar su botica donde quieran.
Conviene tener en cuenta que entre las acciones
de inconstitucionalidad que estaban sin resolver
a principios de 1995, encontramos una que
impugna los artículos 15, 16 Y 79 del Reglamento
a la Ley Orgánica del Colegio de Abogados, relativos
a la promulgación de reglas éticas por la Junta
Directiva, las sanciones respectivamente y la facultad
de la Junta de Gobierno para proceder en
votación secreta a resolver la queja apreciando la
prueba como tribunal de conciencia. Dos, contra
el artículo 38, inciso 7 del Código de Moral del
mismo colegio, relativo a la imposición de amonestación
o suspensión de un mes a un año, si se
cometieren hechos que comprometan gravemente
el decoro profesional. Una contra los artículos 15
y 16 del Reglamento a la Ley Orgánica del mismo
colegio, explicados arriba. Una contra los artículos
15, 16 Y 17 del mismo Reglamento y contra
los artículos 35 al 45 del Código de Moral, que
abarcan todo lo concerniente al régimen disciplinario.
Si la Sala se pronunciara en contra de estos
artículos, tal pronunciamiento afectaría notablemente
la normativa interna de todos los colegios
profesionales y su aplicación.
De momento podemos afirmar que las normativas
internas de los colegios han cambiado
lenta pero significativamente como en el caso de
la inhabilitación perpetua, particularmente reflejada
en los códigos de ética profesional. Esto ejemplifica
cómo la jurisprudencia judicial se va incorporando
a los códigos y otras normativas. Es de
esperar que la Sala señale un ritmo de cambio más
acelerado en lo futuro.
7. Lo moral y lo jurídico
Durante mucho tiempo, en diversos lugares,
se ha señalado una conducta ideal, correspondiente
al ejercicio de ciertos oficios o profesiones. Las
normas de conducta -sobreentendidas- los límites
entre lo privado y lo público y las sanciones a la
infracción tienen diversos grados de especificidad
a lo largo de su desarrollo, pero no por ello dejan
de desempeñar un papel importante. Esto ha sido
especialmente así en la conformación de los códigos
de moral profesional vigentes a la fecha en
nuestro país. Notamos en este análisis que la línea
divisoria es borrosa no sólo entre lo privado y lo
público, sino también entre lo personal y lo social,
lo moral y lo jurídico.
Entre nosotros, por ejemplo, de acuerdo con
el decreto V del 28 de febrero de 1831, jueces y
abogados serían depuestos e inhabilitados para
volver a ejercer la judicatura y cualquier otro empleo
por continuada y repetida embriaguez, cohecho,
soborno y fuerza a mujer. En 1886 una circular
(No. II del 23 de febrero) prescribe que no se
prescinda de exigir certificado de buena conducta
a los aspirantes al magisterio y que no se expida el
certificado sino es a alguien de irreprochable conducta
y acrisolada honradez.
La primera ley orgánica del Colegio de
Abogados, que data de 1881 (decreto XXXIV del
6 de agosto) dice que es atribución de la junta de
gobierno.
"Amonestar a los abogados que no llenen cumplidamente
sus deberes profesionales y sociales, instruyendo,
en casos graves, las competentes informaciones acerca
de su conducta, y dando cuenta oportunamente a la Corte
Suprema, quien podrá imponer gubernativamente la
pena de suspensión hasta por tres meses, del ejercicio
de la profesión o multa de cien pesos a beneficio del
Colegio." (art. 4, in. 7.).
No se especifica cuáles son esos deberes profesionales
y sociales ni la conducta ideal. No obstante,
asimismo, el arto 60. dice que una de las atribuciones
del fiscal es velar por la observancia de
los estatutos y especialmente en lo que se refiere a
la conducta de los abogados. Obsérvese que era potestad
de la Corte suspender al profesional, potestad
que con el tiempo fue trasladada al Colegio, pero
manteniendo la Corte, hasta la fecha, facultad disciplinaria
sobre los abogados litígantes'?'.
En 1883 por decreto XIV del 15 de noviembre
se modifica la ley orgánica recientemente citada.
En su artículo 1 se establece que uno de los
objetos del Colegio es el decoro y realce de la profesión
(objeto que aún se mantiene vigente). Una
de las atribuciones de la Dirección es, entonces,
conocer de las faltas que cometa cualquiera de los
miembros o empleados del Colegio contra sus reglamentos
y aplicarles las penas correccionales
que en ellos se establezcan (art. 16, #13). El reglamento
interior de la ley orgánica de 1883 se emite
con el No. 116 el 25 de agosto de 1884.
Han de subrayarse las características de las
sanciones previstas en el artículo 60. del citado reglamento:
el caso de conducta notoriamente viciosa,
será motivo suficiente para privar hasta por
seis meses al abogado inscrito de ir a las sesiones
y usar la biblioteca. En el tiempo de la pena, no

podrá tampoco ejercer ningún cargo de nombramiento
del Colegio. Vemos, por otra parte, que la
conducta viciosa no es causa de suspensión del
ejercicio profesional. Al abogado se le suspenderán
los derechos desde que se dicte auto de prisión;
los recobrará cuando sea absuelto o haya
cumplido la pena y haya sido rehabilitado por la
autoridad competente y por el Colegio mismo. Por
último, el artículo 26 dispone que cuando la Junta
de Gobierno tenga que proceder contra algún
miembro del Colegio, lo citará para la sesión próxima,
y en juicio oral recibirá la prueba; si fuera
del caso, oirá a las partes y fallará en justicia; de
todo lo cual se levantará acta en que conste lo
practicado. Repárese en que la obligación de registrarlos
casos está formulada casi desde el inicio
de la vida de estas corporaciones.
No es sino hasta en 1920 que el colegio de
Abogados crea un tribunal de honor (acuerdo del
28 de abril). Sus fallos deben ser obedecidos por
los interesados, so pena de suspensión de hasta
por un año del goce de todas las prerrogativas.
Los artículos 11 y 12 presentan especial interés,
pues se observa en ellos, en términos relativos,
una mayor precisión de lo que será catalogado
como falta en algunos casos:
"Cuando se presente queja contra un individuo del Colegiopor
algún hecho que vaya en desdoro de la profesiónpor
constituir delito o siquiera procedimiento torcido
con apariencias de legalidad o buena fe, así como
porel empleo de expresiones hirientes en escritos o alegatos,
ya sea contra los funcionarios de justicia o para
las partes contrarias o para los colegas y la queja sea
pertinente a juicio de la Directiva, ordenará esta que se
reúnael Tribunal de Honor (...) y una vez levantada una
informaciónsecreta por uno de los vocales y demostrada
la falta, podrá imponer el Tribunal las penas siguientes:
a) Amonestación absolutamente confidencial
b) Advertencia pública
e) Acusación a la Corte Suprema de Justicia para
que (...) suspenda al abogado en el ejercicio de su
profesión.
d) Pérdida de todos los derechos y prerrogativas inherentes
a todos los abogados inscritos en esta
institución."
Las penas de los incisos e) y d) solo se impondrán
a los reincidentes y las señaladas en a) y
b) quedan al arbitrio del Tribunal según la gravedad
de la falta cometida y las circunstancias del
acusado.
MORAL PROFESIONAL 79
Por lo que toca al gremio médico, el primer
reglamento del Protomedicato emitido en 1858
(decreto XIV del 15 de junio) establece que le corresponde
a esta institución, en su calidad de tribunal
de policía médica, valuar los abusos y faltas
graves que se cometan en el ejercicio de la profesión
en cualquiera de los ramos pertenecientes a la
medicina (art. 26, #15); asimismo, según el art.
24, el Protomedicato podrá multar a todos los profesores
que están sometidos a su jurisdicción (aunque
no se especifica por cuáles causas). En 1859
se deroga el anterior reglamento (por el decreto
XXXVIII del 4 de agosto). El Protomedicato debe
informar al Gobierno sobre las circunstancias saber
y honradez de los médicos para efectos del
servicio público (art. 34). Nuevamente queda facuItada
la institución para imponer multas según
la gravedad de la falta en los casos en que no están
previstos por las leyes (art. 39).
En 1872 (decreto VII del 27 de mayo) se reorganiza
el Protomedicato. Encontramos en el nuevo
reglamento la obligación de guardar el secreto profesional
(art. 39), la especificación de que tanto los
farmacéuticos como los médicos que tengan botica
son responsables personalmente de los abusos y faltas
que se cometan en su oficina (art. 45). Destaca,
para efectos de nuestro examen, el arto63:
"El Protomedicato vigilará por el buen nombre y la dignidad
de la profesión, procurando amonestar y corregir
las faltas en que incurran algunos de sus compañeros,
por todos los medios morales que estén a su alcance."
(Subrayado nuestro).
En 1895 se emite la ley orgánica de la Facultad
de Medicina, Cirugía y Farmacia (No. 3 del
3 de abril) que anula el Protomedicato y traslada
sus funciones a aquella. En esta ley destaca el capítulo
VI dedicado a las correcciones disciplinarias.
Lajunta de gobierno queda facultada para corregir
disciplinariamente a cualquier miembro por
faltas o abusos que cometan en el ejercicio o práctica
de sus respectivas profesiones o empleos,
siempre que unas y otros no constituyan delitos
expresamente penados por las leyes (art. 20, #2).
De igual forma
"Por la irregularidad de su conducta moral o por vicios
que los hagan desmerecer en el concepto público o
comprometan el decoro de la profesión." (art. 20, #3).
Las faltas son, en sentido estricto, inespecíficas,
pero no se puede afirmar lo mismo de las

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ELlZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
sanciones, que serán: 1) advertencia; 2) reprensión;
3) multa hasta cincuenta pesos; 4) suspensión
hasta por doce meses del ejercicio de la profesión
(art. 21). Irregularidad o vicio son términos
genéricos, como sugeríamos, pero, sin embargo,
en el profesional tienen la característica de poder
"desmerecer en el concepto público". De modo
que prácticas de comportamiento que pueden ser
disimuladas en un sujeto cualquiera, no lo son en
un profesional. El ámbito que en la vida de un
profesional se puede denominar "privado", es, sin
duda, estrecho.
En 1902 se organiza la Facultad de Medicina
según la ley No. 73 del 12 de agosto. En esta
normativa encontramos ahora que es atribución de
la junta de gobierno conocer de oficio o a solicitud
de interesado (subrayado nuestro) de las faltas
que cometa cualquiera de sus miembros o dependientes
e imponer en su caso la corrección disciplinaria
que proceda (art. 14, #3). Los motivos que
acarrearán sanciones son iguales a los de la ley de
1895 supracitada pero no aparecen las multas ni la
suspensión del ejercicio profesional.
La ley orgánica No. 73 de 1902 recibe su reglamento
en 1903 (decreto No. 6 del 30 de marzo).
En el capítulo X, "De la inscripción de los
miembros", se estipula que no se admitirá a la Facultad
al que observe una conducta moral irregular
o al que tenga vicios (art. 42). Además se establece
que cuando un miembro quede suspenso en su
profesión o separado de la Facultad, por cualquier
motivo (excepto defunción) el secretario lo hará
del conocimiento del público -subrayado nuestro-
(por medio de aviso en el periódico oficial) (art.
44). De extremo interés es el artículo siguiente:
"Todo miembro de la Facultad está obligado a observar
y respetar en todas su partes el Código de Moral Médica
que se adopte." (art. 57)
Hasta donde sabemos, es la primera vez que
se anuncia la elaboración de un código de moral
profesional, tal y como los conocemos hoy y, además,
la obligatoriedad de su acatamiento.
Ahora bien ¿se justifica que jurídicamente
se imponga un código moral a un profesional?
Trataremos de ubicar este problema en la discusión
teórica actual 107 , aunque esta no toca específicamente
la moral profesional.
La tesis liberal, referida a la imposición jurídica
de la moralidad a cualquier ciudadano, y expresada
con toda claridad en John Stuart Mili, diría,
posiblemente, que no. Este autor decimonónico
afirmó que
"Ningún hombre puede, en buena lid, ser obligado a actuar
o a abstenerse de hacerlo, porque de esa actuación
o abstención haya de derivarse un bien para él, porque
ello le ha de hacer más dichoso, o porque, en opiruónde
los demás, hacerlo sea prudente o justo. (...). Para que
esta (la) coacción fuese justificable, sería necesario que
la conducta de este hombre tuviese por objeto el perjuicio
de otro ."'08
Aclaramos que pese a la obligada referencia
a MilI, como bien lo señala Francisco Laporta, esta
discusión responde a problemas de este siglo lO9 •
Los llamados "moralistas legales" están a favor de
que la opinión de la mayoría es fundamento suficiente
para dar contenido a las normas jurídicas.
Los denominados "paternalistas" apoyan la tesis
de que es fundamento suficiente para dar contenido
a las normas jurídicas el bienestar o felicidad
de los destinatarios, como por ejemplo, una norma
jurídica para obligar a alguien a ser feliz "por su
propio bien". Para nuestro caso nos ocuparemos
solo de los moralistas. Independientemente de que
los códigos de ética profesional no normen sobre
las convicciones religiosas o las prácticas sexuales,
en la actualidad imponen jurídicamente un
modo de conducta. El profesional debe portarse
"bien", debe ser "ejemplar", desde el momento en
que en la ley orgánica, el reglamento o en el código
de moral mismo, así lo especifique, dado que el
marco legal principal de los colegios es su ley orgánica
-ley de la República- del cual se desprenden
los reglamentos y los códigos (ver Capítulo 11,
apartado 2 y cuadro #4).
Por más amplia que sea la expresión "decoro"
o la de "dignidad", por ejemplo, existe un
consenso en un sector importante de la ciudadanía
-no sabríamos decir si mayoritario- en relación
con lo que el decoro y la dignidad significan
en la práctica. Así, se ha sustentado en un criterio
de carácter general el contenido jurídico de
las prescripciones que indican que el profesional
debe guardar el decoro en su vida pnvada y en su
profesión. Este procedimiento coincide plenamente
con la tesis del moralismo legal. Si se usa
un criterio jurídico, para algunos, dicho procedimiento
podría ser considerado defectuoso. Para
otros, no lo sería. Y si se utiliza un criterio ético-

filosófico, tal procedimiento sería un atentado
contra la libertad de conciencia individual. Para
otros, no lo sería.
Al respecto, nosotras sostenemos que los
criterios que pueden aplicarse para opinar sobre
este estado de cosas son criterios metajurídicos,
que pueden denominarse también criterios metaéticos,
los cuales asimismo R. L. A. Hart engloba
con el término "moralidad crítica" 110. Es un hecho
que la moralidad se comenzó a legalizar en nues-
MORAL PROFESIONAL
tro país desde el siglo pasado, al haberse incorporado
ciertas normas de conducta moral a los cuerpos
legales de los colegios; tal situación está consolidada
en nuestro siglo. ¿Se debe imponer la
moralidad a los profesionales del país? Sí. Sí porque
sus actos son públicos y en tal calidad, tienen
consecuencias para los demás, o sea los usuarios.
Es una de las pocas maneras que tienen estos de
protegerse.
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