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Colecto Cuadro #4 J1lI'f4ldda4de la nonnattva moral Ollllpto.w.d LeyOrpnlca ReaI-to Có4J&o4eMoral Médicos ART9, i e ART 1 Y S Abogados ARTI4 Fannaceúticos ART2y4 Dentistas ARTI6,i d Agrónomos ART4 Contadores Públicos ARTI Qulmicos e Ingenieros Qulmicos ART9, i a ART82 Microbiólogos ART 1 y2 Licenciados Y Profesores ART7.i eART9,i d ART9y 16 Contadores Privados ARTI Enfermeras ARTS ART72ART89 Veterinarios ART8,i b ART23 ARTI Ingenieros y Arquitectos ART8, i a ARTS3 OptomeIristas ARTIO ARTI3 Trabajadores Sociales ART71 ART 1 y2 Biólogos ART21 ART2 Periodistas ARTIO ART2 Cienciu Económicu ART io, i b ART 14 ART 12, i c:h ART20 Secretariado ARTS7 ART2,i a Geólogos ARTI2 ART3S ART4 Bibliotecarios ART3,i cART7,i b ARTI7,i gART29,i b ART 1,3,6 Psicólogos ARTIO ART2 ART3 Cienciu Politicu ART2 W: Ley orgánica RE: Reglamento i: inciso ~ ¡:l ~ CXl ~ 3:: c: z, 2 CXl :1> "1:) e ~ -< ~ ~ Z t"I1 "-< < ~ :1> en < ~ :1> en
3. Trámite de la queja y el debido proceso Una de nuestras metas ha sido determinar si los colegios se encuentran a derecho en relación con a) la Constitución Política (artículos 39 y 41); b) con la Ley General de Administración Pública (artículos 239-359) en cuanto al cumplimiento de los principios del debido proceso que tiene toda persona a quien se le imputa una falta o un delito y e) el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto a la obligatoriedad de la jurisprudencia y los precedentes de esa jurisdicción. Conviene recordar aquí que los colegios profesionales en tanto que entes públicos están sujetos a dichas normas de acuerdo con la jerarquía del ordenamiento administrativo costarricense. Si los colegios no cumplen con la normativa superior, queda sin sustento legal lo actuado respecto a sus miembros infractores, y, por tanto desprotegido el usuario. "Dentro de la funciones administrativas desempeñadas por los citados Colegios están las de fiscalización y control respecto del correcto y eficiente ejercicio profesional, lo que lleva implícito una potestad disciplinaria sobre los colegiados en donde la imposición de sanciones debe realizarse respetando el principio del debido proceso, garantizando al agremiado su derecho de defensa, de ser oído y de producir las pruebas que entienda pertinentes en apego al arto39 constitucional (...)." (Voto No. 0789-94). La normativa de los Colegios debe adecuarse al cumplimiento de esos principios considerados como fundamentales por los pactos y declaraciones sobre derechos humanos, así como por la doctrina y la jurisprudencia. Tales principios pueden interpretarse como el derecho que tiene el profesional denunciado de conocer el hecho que se le imputa y sus derechos, desde la primera actuación del órgano competente de su gremio, así como de poder ejercer su defensa, o recurrir a una defensa técnica (nombrando un abogado defensor). El debido proceso como garantía constitucional en sentido amplio (en nuestros días se aplica a cualquier tipo de procedimiento), incluye el derecho de defensa y los siguientes principios: a) notificación del carácter y fines del procedimiento que se ha establecido contra el denunciado; b) oportunidad de alegar, que incluye el derecho a tener acceso a todo el expediente; e) derecho a ser ASPECTOS JURIDICOS 41 debidamente oído, y oportunidad para presentar argumentos y pruebas; d) derecho a hacerse representar por abogados, técnicos o personas calificadas; e) notificación de las decisiones que se dicten y de su fundamento; f) derecho de poder recurrir de la decisión dictada .84 Para saber si el debido proceso se establece en las normativas internas, se indagaron las atribuciones de las distintas instancias que componen cada colegio y el trámite que mediante esas instancias sigue una queja. De un total de 23 colegios, encontramos lo siguiente (ver cuadro # 5, Trámite de la queja): a) 8 colegios establecen el debido proceso (Abogados, Trabajadores Sociales, Periodistas, Secretarias, Licenciados y Profesores, Bibliotecólogos, Psicólogos y Politólogos); b) 18 contemplan el derecho de defensa. De los 18 solo 5 (Abogados, Trabajadores Sociales, Bibliotecólogos, Psicológos y Politólogos) se ajustan con toda precisión al procedimiento establecido en la Ley General de Administración Pública. Los restantes 13 contemplan este derecho muy precariamente. Actualmente el único colegio que exhibe en su ley orgánica el debido proceso en sentido estricto es el de Abogados, y esto en razón de que la nueva ley orgánica del Poder Judicial No.?333 (publicada en la Gaceta No. 124 del 1 de julio de 1993, alcance No. 24), vigente a partir del 1 de enero de 1994, reformó el art. 3, el inciso 11 del arto 22 , el arto 45 y le adicionó un capítulo ID, artículos 10-15 a la ley del colegio. En cuanto a las sanciones, reiteramos que debe tenerse en cuenta que "( ...) no pueden ser indeterminadas en su duración, porque de lo contrario se violaría el principio de legalidad.t''" En el mismo cuadro # 5 vemos que e) 21 Colegios contemplan la expulsión definitiva; los 2 que no lo hacen son el de Médicos y el Abogados. El colegio de Abogados incluía como sanción la inhabilitación permanente; sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, no se pueden imponer fallos que contemplen ese tipo de pena, por contravenir el arto 40 de la Constitución Política que señala: "Nadie podrá ser sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas (...)". Así lo dispuso la Sala en el voto No. 3133-92 de las 10 horas del 21-10-
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