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3. Trámite de la queja y el debido proceso
Una de nuestras metas ha sido determinar si
los colegios se encuentran a derecho en relación
con a) la Constitución Política (artículos 39 y 41);
b) con la Ley General de Administración Pública
(artículos 239-359) en cuanto al cumplimiento de
los principios del debido proceso que tiene toda
persona a quien se le imputa una falta o un delito
y e) el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, en cuanto a la obligatoriedad de la
jurisprudencia y los precedentes de esa jurisdicción.
Conviene recordar aquí que los colegios
profesionales en tanto que entes públicos están sujetos
a dichas normas de acuerdo con la jerarquía
del ordenamiento administrativo costarricense. Si
los colegios no cumplen con la normativa superior,
queda sin sustento legal lo actuado respecto a
sus miembros infractores, y, por tanto desprotegido
el usuario.
"Dentro de la funciones administrativas desempeñadas
por los citados Colegios están las de fiscalización y
control respecto del correcto y eficiente ejercicio profesional,
lo que lleva implícito una potestad disciplinaria
sobre los colegiados en donde la imposición de sanciones
debe realizarse respetando el principio del debido
proceso, garantizando al agremiado su derecho de defensa,
de ser oído y de producir las pruebas que entienda
pertinentes en apego al arto39 constitucional (...)."
(Voto No. 0789-94).
La normativa de los Colegios debe adecuarse
al cumplimiento de esos principios considerados
como fundamentales por los pactos y declaraciones
sobre derechos humanos, así como por la
doctrina y la jurisprudencia. Tales principios pueden
interpretarse como el derecho que tiene el
profesional denunciado de conocer el hecho que
se le imputa y sus derechos, desde la primera actuación
del órgano competente de su gremio, así
como de poder ejercer su defensa, o recurrir a una
defensa técnica (nombrando un abogado defensor).
El debido proceso como garantía constitucional
en sentido amplio (en nuestros días se aplica
a cualquier tipo de procedimiento), incluye el
derecho de defensa y los siguientes principios: a)
notificación del carácter y fines del procedimiento
que se ha establecido contra el denunciado; b)
oportunidad de alegar, que incluye el derecho a tener
acceso a todo el expediente; e) derecho a ser
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debidamente oído, y oportunidad para presentar
argumentos y pruebas; d) derecho a hacerse representar
por abogados, técnicos o personas calificadas;
e) notificación de las decisiones que se dicten
y de su fundamento; f) derecho de poder recurrir
de la decisión dictada .84
Para saber si el debido proceso se establece
en las normativas internas, se indagaron las atribuciones
de las distintas instancias que componen
cada colegio y el trámite que mediante esas instancias
sigue una queja. De un total de 23 colegios,
encontramos lo siguiente (ver cuadro # 5,
Trámite de la queja):
a) 8 colegios establecen el debido proceso
(Abogados, Trabajadores Sociales, Periodistas,
Secretarias, Licenciados y Profesores,
Bibliotecólogos, Psicólogos y Politólogos);
b) 18 contemplan el derecho de defensa.
De los 18 solo 5 (Abogados, Trabajadores
Sociales, Bibliotecólogos, Psicológos y Politólogos)
se ajustan con toda precisión al procedimiento
establecido en la Ley General de Administración
Pública. Los restantes 13 contemplan este derecho
muy precariamente.
Actualmente el único colegio que exhibe en
su ley orgánica el debido proceso en sentido estricto
es el de Abogados, y esto en razón de que la
nueva ley orgánica del Poder Judicial No.?333
(publicada en la Gaceta No. 124 del 1 de julio de
1993, alcance No. 24), vigente a partir del 1 de
enero de 1994, reformó el art. 3, el inciso 11 del
arto 22 , el arto 45 y le adicionó un capítulo ID, artículos
10-15 a la ley del colegio.
En cuanto a las sanciones, reiteramos que
debe tenerse en cuenta que "( ...) no pueden ser indeterminadas
en su duración, porque de lo contrario
se violaría el principio de legalidad.t''"
En el mismo cuadro # 5 vemos que e) 21
Colegios contemplan la expulsión definitiva; los 2
que no lo hacen son el de Médicos y el Abogados.
El colegio de Abogados incluía como sanción
la inhabilitación permanente; sin embargo, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional,
no se pueden imponer fallos que contemplen
ese tipo de pena, por contravenir el arto 40 de
la Constitución Política que señala: "Nadie podrá
ser sometido a tratamientos crueles o degradantes
ni a penas perpetuas (...)". Así lo dispuso la Sala
en el voto No. 3133-92 de las 10 horas del 21-10-