Los colegios profesionales de Costa Rica.pdf - Instituto de ...

ción social como vehículo para expresarse y trasmitir
información, es incompatible con el artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos."
La Sala Constitucional señaló en el voto que,
a pesar de que esa opinión se emitió hace diez
años, la norma declarada como incompatible ha
mantenido su vigencia, contra viniéndose lo que establece
la Convención en su art. 1."Los Estados
Partes en esta Convención se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción (...)", en el
art. 2. "( ...) los Estados Partes se comprometen a
adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales
y a las disposiciones de esta Convención,
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades." Y en el art. 68 "1. Los Estados Partes
en la Convención se comprometen a cumplir la decisión
de la Corte en todo caso en que sean partes.(
...)". El estado costarricense no cumplió con su
deber de acatar lo dispuesto por la Corte. A esa advertencia
la Sala agregó, que "( ...) como lo ha reconocido
la jurisprudencia de esta Sala los instrumentos
de Derechos Humanos vigentes en Costa
Rica tienen no solamente un valor similar a la
Constitución Política, sino que en la medida en que
otorguen mayores derechos o garantías a las personas,
priman sobre la Constitución". (Vid. sentencia
No. 3435-92 y su aclaración, No. 5758-93) .
La Sala Constitucional reconoció en su fallo,
que la normativa de la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos debe interpretarse en
el mismo sentido que lo hizo la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en la opinión consultiva
OC-05-85, y fundada en esos argumentos
declaró con lugar el recurso y anuló el art. 22 de la
ley No. 4420, por contrario al derecho tutelado en
el art. 13 del Pacto de San José y a los arts. 28 y
29 de la Constitución Política.
La decisión de la Sala ha provocado una ex-
I tensa polémica con argumentos a favor y en contra
de la colegiatura obligatoria, a pesar de que la
sentencia señaló: "Esta declaración no prejuzga ni
alcanza lo relativo a la legitimidad de la existencia
del Colegio de Periodistas de Costa Rica, ni tampoco
hace relación a la profesión de periodista,
por no tratarse de aspectos que, a la luz de lo reglado
por la Ley de la Jurisdicción Constitucional,
hayan estado en lo impugnado por el accionante, o
estuvieran directa o indirectamente relacionados
ASPECTOS JURIDICOS
con lo decidido, toda vez que la colegiación obligatoria
de periodistas solamente es ilegítima en
cuanto impida (vid OC-05-85) la libertad de expresión
y el uso de los medios de comunicación
social como instrumentos de servicio de aquella y
la de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole." (Voto No. 3213-95).
Como respuesta al fallo de la Sala, los colegios
profesionales se han manifestado en defensa
de la colegiatura obligatoria mediante la propuesta
de catorce de los presidentes de los colegios profesionales,
en que presentan un proyecto alternativo
al contenido en el expediente No. 12.240, de
reforma constitucional al art. 25 presentado en
mayo de 1995. Este pretende reconocer la existencia
de los colegios profesionales en la Constitución,
así como la obligatoriedad de la asociación
para quienes ejerzan la profesión universitaria en
forma liberal. El proyecto alternativo apoya, desde
luego, el elevar a rango constitucional la existencia
de los colegios profesionales y agrega que la
asociación debe ser obligatoria independientemente
de si la profesión universitaria se ejerce en forma
liberal o no. 92
Si el proyecto se convierte en ley el régimen
jurídico de los colegios profesionales quedaría salvaguardado
de cualquier acción contra su existencia
y contra la obligatoria asociación a ellos para
poder ejercer la profesión. Al reconocer y garantizar
la norma constitucional "la existencia de los
colegios como asociaciones públicas" y el deber
de "asociarse obligatoriamente a ellos quienes
ejerzan su profesión universitaria en forma liberal
o no,,93, el régimen jurídico de esas entidades ostentaría
una jerarquía distinta a la actual y una tutela
explícita a sus competencias.
Desde un punto de vista metajurídico, opinamos
que la colegiatura obligatoria solo se justifica
en tanto y en cuanto los colegios ejerzan las
potestades de control y fiscalización, respecto del
ejercicio profesional y en resguardo del interés público.
De lo contrario no tiene sentido la existencia
del colegio con todas sus prerrogativas; bastaría
con una organización encargada de desarrollar
la educación continua, los pronunciamientos sobre
problemas de interés nacional y la recreación de
sus asociados.
5. El ejercicio ilegal de la profesión
Hemos sostenido la tesis del interés público
como finalidad prioritaria de los colegios profe-
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