Los colegios profesionales de Costa Rica.pdf - Instituto de ...

El análisis de la normativa de los colegios
profesionales, nos lleva a tener presente que existe
en nuestro país la Ley General de la Administración
Pública No. 6227 del 2 de mayo de 1978, la
cual cumple un papel unificador en el campo del
derecho público, al establecer en su arto 6-1 y 2-1
que
"La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico
administrativo se sujetará al siguiente orden a) La Constitución
Política; b) Los tratados internacionales y las
normas de la Comunidad Centroamericana; e) Las leyes
y los demás actos con valor de ley; d) Los decretos del
Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes (...); e) Los
demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y
los reglamentos de los entes descentralizados; y f) Las
demás normassubordinadas a los reglamentos (...)."
"Las reglas de esta ley que regulan la actividad del Estado
se aplicarán también a los otros entes públicos, en
ausencia de norma especial para estos.':"
En síntesis la ley da un marco jurídico general
unitario a nuestro derecho público al mismo
tiempo que garantiza un principio fundamental, el
del equilibrio entre los poderes y prerrogativas de
la administración y los derechos y libertades los
particulares.
En concordancia con los criterios de la Ley
No. 6227, examinamos la jerarquía de la normativa
interna de los colegios profesionales con el fin
de aclarar si la ley orgánica dispone sobre la emisión
del código y las sanciones; si el reglamento
presenta disposiciones sobre el código moral; si se
estipula la obligatoriedad de su acatamiento y en
cuál instancia (ley orgánica, reglamento, código
de moral) o en cuáles instancias.
Examinamos también ciertas reglas y principios
tales como el principio de legalidad y el debido
proceso, los cuales deben ser observados por
esa normativa.
Conviene aclarar ahora el concepto y los alcances
del principio de legalidad (denominado
también principio de reserva legal) el cual se encuentra
en los arts. 1 y 2 del Código Penal así como
en el art. 39 de nuestra Constitución Política.
Este dice:
"A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito
o falta sancionados por ley anterior (...)."
El fundamento de este principio es la seguridad
jurídica, "( ...) a fin de evitar la arbitrariedad
del juzgador, pues este solo puede sancionar los
ASPECTOS JURIDlCOS
delitos y aplicar las renas previamente establecidas
por la ley penal." 3
Para el caso de la normativa interna de los
colegios profesionales, rige, pues, el principio
de legalidad administrativa, conforme al cual
prevalece el carácter unitario del ordenamiento
jurídico, que establece, como requisito previo a
la actuación de esos entes, su sometimiento a la
ley.
Un colegio profesional puede contravenir el
principio de legalidad si, por ejemplo, las faltas y
las sanciones no están establecidas en la ley orgánica,
o si aun contemplándolas no están determinadas
las sanciones, como sería el caso de la inhabilitación.
Tendría que delimitarse el período de
su duración.
En el cuadro #4, Juridicidad de la normativa
moral, tratamos de determinar específicamente: 1)
si las normas jurídicas vigentes de los colegios
originan y mediante cuál procedimiento o cuáles
procedimientos la emisión de un código de moral
profesional; 2) si el elemento sancionatorio externo
(tratado por tesis tradicionales clásicas como
característico del derecho, como se verá) se traslada
de esa esfera a la normativa moral; 3) si la obligatoriedad
(i.e. la vinculación entre la norma moral
y la conducta profesional) proviene de la fuente
ley o reglamento.
El cuadro # 4 refleja que 19 de los colegios
profesionales contemplan la emisión de un código
en su ley orgánica; que la ley orgánica de 21 colegios
estipula las sanciones que se pueden aplicar a
sus miembros; que hay 4 colegios cuya ley orgánica
no contempla la emisión de un código de moral;
sin embargo, de estos 4, 3 sí contienen disposiciones
sobre el código moral en sus reglamentos.
Hay un caso en el que no existe ninguna disposición
sobre el código ni en la ley ni en el reglamento,
pero sí tienen un código de moral; en este caso
el código de moral carece de fundamento jurídico.
Todos los colegios establecen la obligatoriedad
del acatamiento del código de moral: 12 en la ley
orgánica; 13 la establecen en el reglamento; 17 lo
hacen en el código, 4 la establecen en las tres instancias.
En el cuadro #3, Procedencia y aplicación
del código de moral se ve que en 12 colegios el
órgano que juzga y el órgano que aplica las sanciones
son uno y el mismo. El ejercicio de esa doble
competencia contraviene las garantías del debido
proceso y del derecho de defensa de los
miembros como lo veremos seguidamente.
35