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II. Aspectos jurídicos
1. Qué son los colegios profesionales
El objeto de este título es hacer algunas consideraciones
sobre la discusión en torno al marco
jurídico de los colegios profesionales, renovada en
nuestros días con motivo de la polémica acerca de
la colegiación obligatoria.
De antemano podemos señalar que el estudio
de su régimen jurídico es complejo por las singularidades
que este tipo de entidades tiene en el
contexto de la clasificación de las personas jurídicas.
Los criterios para clasificarlas y distinguidas
son abundantes en la literatura jurídica, sobre todo
en lo correspondiente a la distinción entre personas
jurídicas públicas y privadas (criterio del fin,
criterio de la existencia de prerrogativas, criterio
de la creación o de la injerencia estatal, criterio de
la forma, criterios pluralistas).
Tanto la doctrina como la jurisprudencia se
han preguntado si las corporaciones profesionales
son entes públicos que pertenecen a la administración
del estado, y, por 10 tanto, regidas por
el derecho público, o si son entes privados, o si
son entes públicos no estatales, que tienen a su
cargo funciones y fines públicos atribuidos por la
ley. Al respecto se pueden citar tres tesis. La primera
sostiene que el colegio profesional es un
ente público que pertenece a la Administración
del Estado. La segunda afirma que el colegio
profesional es un ente privado al que por medio
de una ley o un acto administrativo se le han encargado
excepcionalmente funciones públicas,
que cumple por medio de ciertas potestades administrativas.
La tercera considera, que el colegio
profesional es un ente público no estatal, que
no forma parte de la administración pública pero
que tiene a su cargo funciones y fines públicos
atribuidos por la ley; veamos la opinión de algunos
tratadistas al respecto. Garrido Fa11a sostiene
que
"...existe, sin duda, un criterio fundamental para saber si
una persona jurídica debe considerarse como de Derecho
público: su encuadramiento en la organización estatal
(...). Bastará el examen de la naturaleza de las relaciones
o vínculos que lo ligan a la Administración pública
de que se trate: si estos son de naturalezajerárquica
o de los que la doctrina conoce con el nombre de tutela,
estamos en presencia de un ente encuadrado en la
organización estatal.,,75
Siguiendo el criterio del autor citado las personas
jurídicas públicas se dividen en personas
públicas territoriales y personas públicas institucionales;
estas son objeto de la descentralización
institucional, y, a su vez, se dividen en corporaciones
y fundaciones. Lo fundamental de esta distinción
es caracterizar a la corporación por su base
asociati va. 76
En sentido contrario, otros autores se inclinan
por calificar los colegios profesionales como
personas privadas no estatales aun cuando se admita
que en ellas coexiste el interés de la corporación
con el interés público; en consecuencia, los
criterios de calificación parten de que el Estado
delega funciones administrativas, tales como las
potestades disciplinarias, control sobre la actividad
profesional, potestad sancionadora, todas ellas
regidas por el derecho administrativo, mientras
que el derecho privado rige para todo lo relacionado
con su personal, contratos, bienes, etc. "Cabe
decir, entonces, que estas Corporaciones representativas
de intereses profesionales o económicosectoriales,
son personas no estatales, no pudiendo
decirse de ellas que estén encuadradas en la organización
estatal, aún cuando ejerzan funciones que
el Estado les conffe.?"
A los colegios profesionales se les ha denominado
corporaciones como una primera distinción
básica y determinante de otra serie de organizaciones
u organismos estatales:
"Las corporaciones entrañan por tanto, esencialmente,
una estructura representativa de intereses sectoriales, de
grupo o clase, integrada por los ciudadanos afectados,
que actúan como miembros. Son en definitiva entes de
base asociativa, integrados por miembros que se reúnen
para la gestión y defensa de sus intereses y la promoción
u ordenación común del sector al que pertenecen.,,78
De manera específica se les ha llamado corporaciones
de intereses, pues existe un conjunto
de intereses propios de los miembros de esa colectividad,
distintos de los intereses particulares de
aquellos y distintos del interés del Estado:
"Estamos en presencia, consiguientemente de unas personas
jurídicas que podríamos calificar simultáneamente
como "públicas" pero "no estatales". Cabría pensar
en si sea contradictorio el pensar en unas determinadas
personas que son simultánemente públicas y no estatales
(...). El encuadramiento en la organización estatal,
en estos casos se produce (...) por un fenómeno de atribución
a estas entidades de ciertas prerrogativas que