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80 ELlZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS sanciones, que serán: 1) advertencia; 2) reprensión; 3) multa hasta cincuenta pesos; 4) suspensión hasta por doce meses del ejercicio de la profesión (art. 21). Irregularidad o vicio son términos genéricos, como sugeríamos, pero, sin embargo, en el profesional tienen la característica de poder "desmerecer en el concepto público". De modo que prácticas de comportamiento que pueden ser disimuladas en un sujeto cualquiera, no lo son en un profesional. El ámbito que en la vida de un profesional se puede denominar "privado", es, sin duda, estrecho. En 1902 se organiza la Facultad de Medicina según la ley No. 73 del 12 de agosto. En esta normativa encontramos ahora que es atribución de la junta de gobierno conocer de oficio o a solicitud de interesado (subrayado nuestro) de las faltas que cometa cualquiera de sus miembros o dependientes e imponer en su caso la corrección disciplinaria que proceda (art. 14, #3). Los motivos que acarrearán sanciones son iguales a los de la ley de 1895 supracitada pero no aparecen las multas ni la suspensión del ejercicio profesional. La ley orgánica No. 73 de 1902 recibe su reglamento en 1903 (decreto No. 6 del 30 de marzo). En el capítulo X, "De la inscripción de los miembros", se estipula que no se admitirá a la Facultad al que observe una conducta moral irregular o al que tenga vicios (art. 42). Además se establece que cuando un miembro quede suspenso en su profesión o separado de la Facultad, por cualquier motivo (excepto defunción) el secretario lo hará del conocimiento del público -subrayado nuestro- (por medio de aviso en el periódico oficial) (art. 44). De extremo interés es el artículo siguiente: "Todo miembro de la Facultad está obligado a observar y respetar en todas su partes el Código de Moral Médica que se adopte." (art. 57) Hasta donde sabemos, es la primera vez que se anuncia la elaboración de un código de moral profesional, tal y como los conocemos hoy y, además, la obligatoriedad de su acatamiento. Ahora bien ¿se justifica que jurídicamente se imponga un código moral a un profesional? Trataremos de ubicar este problema en la discusión teórica actual 107 , aunque esta no toca específicamente la moral profesional. La tesis liberal, referida a la imposición jurídica de la moralidad a cualquier ciudadano, y expresada con toda claridad en John Stuart Mili, diría, posiblemente, que no. Este autor decimonónico afirmó que "Ningún hombre puede, en buena lid, ser obligado a actuar o a abstenerse de hacerlo, porque de esa actuación o abstención haya de derivarse un bien para él, porque ello le ha de hacer más dichoso, o porque, en opiruónde los demás, hacerlo sea prudente o justo. (...). Para que esta (la) coacción fuese justificable, sería necesario que la conducta de este hombre tuviese por objeto el perjuicio de otro ."'08 Aclaramos que pese a la obligada referencia a MilI, como bien lo señala Francisco Laporta, esta discusión responde a problemas de este siglo lO9 • Los llamados "moralistas legales" están a favor de que la opinión de la mayoría es fundamento suficiente para dar contenido a las normas jurídicas. Los denominados "paternalistas" apoyan la tesis de que es fundamento suficiente para dar contenido a las normas jurídicas el bienestar o felicidad de los destinatarios, como por ejemplo, una norma jurídica para obligar a alguien a ser feliz "por su propio bien". Para nuestro caso nos ocuparemos solo de los moralistas. Independientemente de que los códigos de ética profesional no normen sobre las convicciones religiosas o las prácticas sexuales, en la actualidad imponen jurídicamente un modo de conducta. El profesional debe portarse "bien", debe ser "ejemplar", desde el momento en que en la ley orgánica, el reglamento o en el código de moral mismo, así lo especifique, dado que el marco legal principal de los colegios es su ley orgánica -ley de la República- del cual se desprenden los reglamentos y los códigos (ver Capítulo 11, apartado 2 y cuadro #4). Por más amplia que sea la expresión "decoro" o la de "dignidad", por ejemplo, existe un consenso en un sector importante de la ciudadanía -no sabríamos decir si mayoritario- en relación con lo que el decoro y la dignidad significan en la práctica. Así, se ha sustentado en un criterio de carácter general el contenido jurídico de las prescripciones que indican que el profesional debe guardar el decoro en su vida pnvada y en su profesión. Este procedimiento coincide plenamente con la tesis del moralismo legal. Si se usa un criterio jurídico, para algunos, dicho procedimiento podría ser considerado defectuoso. Para otros, no lo sería. Y si se utiliza un criterio ético-
filosófico, tal procedimiento sería un atentado contra la libertad de conciencia individual. Para otros, no lo sería. Al respecto, nosotras sostenemos que los criterios que pueden aplicarse para opinar sobre este estado de cosas son criterios metajurídicos, que pueden denominarse también criterios metaéticos, los cuales asimismo R. L. A. Hart engloba con el término "moralidad crítica" 110. Es un hecho que la moralidad se comenzó a legalizar en nues- MORAL PROFESIONAL tro país desde el siglo pasado, al haberse incorporado ciertas normas de conducta moral a los cuerpos legales de los colegios; tal situación está consolidada en nuestro siglo. ¿Se debe imponer la moralidad a los profesionales del país? Sí. Sí porque sus actos son públicos y en tal calidad, tienen consecuencias para los demás, o sea los usuarios. Es una de las pocas maneras que tienen estos de protegerse. 81
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