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1992 cuando anuló las siguientes disposiciones jurídicas:
"1)- Del artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
No. 8 del 29 de noviembre de 1937 la parte final
que dispone "En los casos más graves podrá llegar el
Tribunal aún a la inhabilitación perpetua, sujeta sin embargo
a rehabilitación con arreglo al Código Penal"; 2)-
Del artículo 16 del Reglamento Interior del Colegio de
Abogados, Decreto Ejecutivo No. 20 del 17 de julio de
1942 la frase final disyuntiva que dice "...0 inhabilitación
perpetua para el ejercicio de la misma "; 3)- Del
Código de Moral emitido por la Junta Directiva del Colegio
de Abogados el día uno de setiembre de 1943, en
el artículo 36, inciso 4, la primera oración, las palabras
"e inhabilitación" y todo el inciso 6; 4)- Del mismo Código
de Moral en el artículo 38, todo el inciso 3 y en los
incisos 5 y 6, en las primeras oraciones, las palabras "o
inhabilitación"; 5)- Del mismo Código de Moral, todo
el inciso 3 del artículo 40; y 6)- Todo el artículo 44.( ...)
Todas las sanciones de inhabilitación perpetua en el
ejercicio de la profesión de abogado, que se encuentren
en ejecución, deberán ser revisadas (...) y adecuadas a la
extensión en el tiempo de las sanciones vigentes que resulten
aplicables (...)".
Los colegios deben ajustar sus normativas
internas a estas disposiciones o de lo contrario estarán
violando el principio de legalidad, quedando
fuera del ordenamiento jurídico vigente.
4. Colegio, colegiatura y fines
Dentro de las cinco características que habíamos
señalado que corresponden a las corporaciones
públicas, indicamos la obligatoriedad de la
afiliación; sobre esto dice Garrido Falla:
"(...), las corporaciones repito tienen carácter coactivo.
La razón seguramente está en que reconocer una corporación
como de Derecho Público es, en definitiva, declarar
la necesaridad de la satisfacción del fin para el
cual ha surgido y, por supuesto, la voluntariedad en
cuanto a la agrupación rodría poner en entredicho la
consecución de ese fin.',8
En los colegios profesionales creados en
Costa Rica a partir de 1881, siempre se ha contemplado
la afiliación obligatoria. Este tema no
constituyó un problema jurídico, mientras no se
incluyó el principio constitucional de que todos
tienen derecho a asociarse para fines lícitos y de
que nadie está obligado a formar parte de asociación
alguna, tal y como lo estipula el artículo 25
ASPECfOS JURIDICOS
de la Constitución de 1949 vigente (nótese que para
esa fecha existían en nuestro medio siete colegios
profesionales).
En criterio de distinguidos abogados costarricenses,
el derecho de asociación garantizado en
la citada norma constitucional dentro de los derechos
y garantías individuales, es contradictorio
con la obligación que tienen los profesionales de
formar parte de los colegios para poder ejercer la
profesión; respaldan sus tesis en la concepción de
que los colegios son asociaciones, en que no debe
distinguirse entre corporación y asociación y en la
crítica a la jurisprudencia costarricense, por haber
vinculado los conceptos de corporación y descentralización
administrativa, en aquellos casos en
que se ha discutido el tema de la colegiación obligatoria
y el derecho de libertad de asociación."
Reiteramos que basadas en soluciones doctrinarias
y jurisprudenciales, hemos considerado a
los col e ios rofesionales desde un punto de vista
estrictamente jurídico, como corporaciones úblicas,
creadas por el Estado para cumplir eterminaos
mes públicos, y frente a esta conclusión no
encontramos mcompatibilidad con lo dispuesto en
el art. 25 de nuestra Constitución, sobre la libertad
de asociación, puesto que una asociación es una
organización de carácter priva o, mientnlsa los
colegios los cobija un régimen jurídico diferente
que incluye la imposición de la col~iatura obligatoria.
Al respecto la Procuraduría dictaminó que:
"A diferencia de las Asociaciones privadas, la pertenencia
a la Corporación depende de una cualidad objetiva y
es de carácter compulsiva (...). El carácter compulsivo
se fundamenta en que solo la pertenencia a la Corporación
permite el ejercicio del oficio o de la profesión, o
bien la satisfacción del interés común. En doctrina el
ejemplo típico de las Co oraciones de Derecho Público
lo constituyen los Cole ios Profesionales. En consecuencia
los Colegios Profesionales sOñ corporaciones
de Derecho Público de afiliación obligatoria para quienes
deseen ejercer una determinada profesión. Hay un
interés público en la existencia de estos entes, justificado
por la índole de las funciones que desempeñan; de
allí que los Colegios Profesionales estén sustraídos al
"principio de libertad de formación y de organización"
propios del principio asociativo puro. Por ello, la afiliación,
está sujeta ~ determinados requisitos.',88
De conformidad con el régimen legal vigente
para los colegios profesionales en nuestro país,
basta la obtención de un título académico para
el ejercicio e a aCITvl a ro esiona ; es necesac:-
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