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ELIZABETH MUÑOZ BARQUERO y EGENNERY VENEGAS VILLEGAS
originariamente son estatales y ~ue respalda el Estado
con su ordenamiento jurídico ...".7
De las opiniones transcritas podemos concluir
que la doctrina jurídica dominante ha definido
a los colegios profesionales como corporaciones,
y divide a estas en privadas y públicas; por
ejemplo, en asociaciones y colegios profesionales,
y ha definido la corporación como un sujeto de
derecho, que integra obligatoriamente a una serie
de personas con intereses comunes, privativos de
sus componentes pero también relevantes para el
Estado que los incorpora a su organización, dotándoles
de ciertas prerrogativas.
La importancia de definir si los colegios
son entes públicos o privados estatales o no lo
son, está en la determinación del régimen jurídico
que se les debe aplicar. Si es un ente público estatal
se aplica el derecho administrativo a todos sus
actos, contratos, obligaciones, etc.; si el ente es
privado su régimen es de derecho privado; si es
público y no estatal, parte de sus actos están basados
en potestades administrativas y prerrogativas
(que originalmente -recuérdese- son estatales pero
que han sido atribuidos a esa entidad, y que el
estado respalda con su régimen jurídico) tales como
las potestades disciplinarias, la reglamentación
del ejercicio profesional, la incorporación.
Estos actos suponen la producción de actos administrativos,
a los que el derecho administrativo les
es plenamente aplicable; en todo lo demás, estos
entes públicos no estatales, se rigen por el derecho
privado.t"
Para algunos de los especialistas en esta materia,
merece especial atención el tema de la doble
funcionalidad de los entes corporativos puesto que
trae como consecuencia un régimen jurídico mixto
denominado público-privado:
"Todos ellos tienen encomendadas determinadas funciones
administrativas: facultades y competencias públicas
que en cada sector el Estado confía a estas organizaciones.
Son actuaciones que las Corporaciones desarrollan
junto al Estado, sometidas al Derecho administrativo;
en ellas dictan verdaderos actos administrativos.
Pero tienen además otra serie de tareas que cumplir
que responden a su vida propia, a sus propios fines en
defensa de sus intereses de grupo o clase, que actúan
muchas veces frente al Estado; actuaciones que caen
normalmente en el ámbito del Derecho privado.
Los Colegios profesionales son, pues para la doctrina
administrativa, una de las especies de las Corporaciones
públicas...".KI
A las llamadas corporaciones públicas se les
atribuyen doctrinariamente cinco características,
que en nuestra opinión y para los propósitos de
nuestro estudio, corresponden con el marco jurídico
de que se ha dotado a los colegios profesionales
en Costa Rica: a) el origen legal de la corporación:
es creada mediante una ley que le da vida y
la organiza. Todos los colegios se han creado y organizado
en nuestro país a partir de la promulgación
de sus leyes orgánicas; b) la afiliación es
obligatoria para poder ejecer la profesión: tanto
las leyes orgánicas como los reglamentos internos
de los 23 colegios profesionales estudiados incluyen
normas con este tipo de disposición; e) la ley
que crea el colegio le impone sus fines los cuales
son de dos tipos: gremiales y de interés público;
listamos los fines de los colegios que aparecen en
sus leyes, en sus reglamentos o en ambos; desglosamos
38 fines de los cuales por ejemplo, el promover
la defensa del decoro y realce de la profesión,
aparece en 8 leyes orgánicas y en 5 reglamentos;
16 leyes orgánicas contemplan como fin
la defensa de los derechos de sus integrantes (ver
cuadro # 1, Fines); d) la ley les otorga potestades
administrativas para la realización de sus fines como
por ejemplo, regular la conducta y el ejercicio
de la profesión, autorizar la incorporación de sus
miembros, imponer sanciones disciplinarias, y e)
la ley le impone la obligación de perseguir y lograr
los fines estipulados en ella.
Del estudio de la normativa vigente de los
23 colegios existentes en nuestro país (ver cuadro
#2, Denominación jurídica), se desprende que 10
colegios definen en su ley orgánica su naturaleza
jurídica, 9 en el reglamento y 4 en ambos cuerpos
legales. De estos últimos, 3 tienen una denominación
diferente en ambas normativas. La denominación
utilizada no es uniforme: por ejemplo 7 colegios
se definen como corporaciones de derecho
público; 1 como entidad pública; 2 como un organismo
público. En buena técnica podrían presentarse
problemas de interpretación, ya que no es lo
mismo una corporación pública que una corporación
profesional de interés público o que un colegio
de egresados.
Jurisprudencialmente en nuestro país tanto
la Sala de Casación como la Sala Constitucional
han mantenido el mismo criterio en torno a la naturaleza
jurídica de los colegios:
"Como al Estado le interesa que el ejercicio de las profesiones
liberales sea eficiente, para garantía de la co-