informe sobre violaciones a los derechos humanos y a las

hicieron la operación pudieran ingresar al lugar de los hechos. Los presuntos
terroristas abatidos eran el boliviano-húngaro Eduardo Rozsa Flores, el irlandés
Duayer Michel Martin y el rumano Mayarosi Ariad.
Pese a la afirmación policial existen claros indicios de que estas personas
murieron ejecutadas y no tuvieron tiempo de ofrecer ninguna resistencia. El
propósito del operativo no era entonces detenerlos sino asesinarlos. Sin embargo en
otra habitación fueron detenidos otros dos integrantes del grupo, se trata del Señor
Elot Toaso de nacionalidad húngaro y Mario Francisto Tadic Astorga, bolivianocroata.
Luego se comprobaría que estos habrían sido torturados después de su
detención y el presidente Evo Morales se molestó públicamente por la demanda de
sus gobiernos que demandaron conocer en que circunstancias se produjeron las
muertes y las detenciones.
Por otra parte se ha puesto en evidencia que la noche del operativo
pernoctaron en el hotel una delegación de pilotos venezolanos junto al piloto del
Presidente Morales y además ingresó también al Hotel La Américas alrededor de las
11 de la noche Luis Norberto Clavijo Castro, director de régimen interior del citado
ministerio de gobierno, quien supuestamente dirigió la operación y además fue
quien trasladó hasta la ciudad de La Paz a los dos detenidos que quedaron con vida.
Una relación completa de los hechos figura en un anexo al presente
documento.
Lo que habrá que señalar es que luego de la realización del operativo se
inició una amplia acción de amedrentamiento a líderes cívicos, empresarios y
opositores autonomistas en Santa Cruz, bajo la acusación imprecisa de que habrían
financiado al supuesto grupo terrorista. Inmediatamente se puso en acción al
Ministerio Público, con la designación de un fiscal especial, que comenzó una
parcializada acción, antes que judicial, represiva e indiscriminada. Se levantaron
nombres de una infinidad de personalidades, se detuvo a dos ciudadanos que
maniatados y con los ojos vendados, fueron trasladados a la ciudad de La Paz. Uno
de ellos fue quien ofreció información poco creíble y carente de pruebas implicando
a personas notoriamente inocentes. De la misma forma se utilizó a un presunto
testigo clave, con antecedentes penales y que habría cooperado con el grupo de
Rozsa, este testigo sigue siendo mantenido en aislamiento mientras se le toman una
y otra vez declaraciones en las que sigue implicando personas e instituciones, sin
ninguna prueba.
La acción del fiscal Marcelo Sosa, notoriamente parcializada, supuso la
violación de la ley boliviana que establece las jurisdicciones para los procesos de
investigación de actos delictivos. Citar a ciudadanos para que presten declaración en
la ciudad de La Paz, fuera de la jurisdicción de Santa Cruz es una muestra del
propósito de intimidación a la ciudadanía y una negación al derecho del debido
proceso y respeto a las garantías individuales. Los citados ya suman varias decenas
y se orienta claramente a obtener dos propósitos básicos: La primera implicar
falsamente al mayor número de autonomistas en un hecho todavía oscuro sin que
existan elementos para catalogarlo como parte de un intento terrorista y copar las
instituciones cruceñas. Claramente se trata de una ofensiva para apagar el
sentimiento autonomista y el derecho a la disidencia política.
Sin embargo de todo lo anterior el gobierno fue más allá en su propósito de
avasallamiento de las libertades públicas. Aprobó un decreto supremo insólito que