informe sobre violaciones a los derechos humanos y a las

la maquinaria oficial a diferencia de otras organizaciones, que recibieron altos cargos de gobierno a cambio de
su funcionalidad y alineamiento.
La artillería mediática gubernamental se ha dirigido sobre todo contra la Human Rights Foundation-
Bolivia (HRF-Bolivia), institución creada en marzo del 2007 y que ha elaborado numerosos informes sobre
las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el actual periodo de gobierno.
Los procedimientos utilizados por la administración de Evo Morales para hostigar a HRF-Bolivia
coinciden con los métodos ya reprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Hu-manos (CIDH) en
su Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las
Américas. Entre estos procedimientos, habituales en los gobiernos con tendencias antidemocráticas y
autoritarias, se encuentran los intentos de descalificar a las organizaciones de DDHH como asociadas a
grupos .irregulares armados:
"La Comisión ha tenido conocimiento que en algunos Estados americanos las defensoras y
defensores de derechos humanos han visto menoscabada su labor por discursos que descalifican su
trabajo. En declaraciones públicas, agentes del Estado han identificado la labor desarrollada por
defensoras y defensores como ilegal, o se les ha acusado públicamente como delincuentes,
subversivos o terroristas".
Ya Comisión observa que esas declaraciones deslegitiman y desacreditan la labor de estos
actores sociales e incrementan su vulnerabilidad. En varias ocasiones, tales declaraciones sugieren
que las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos colaboran con grupos disidentes
armados, o proyectan campañas que atentan contra la seguridad del Estado".
En su discurso del 1° de mayo, Evo Morales acusó a "Human Rights" de estar detrás del intento
de "magnicidio" en su contra. También amenazó con expulsar a los extranjeros que trabajen con la
fundación y con enviar a los miembros bolivianos a la cárcel.
Otro de los procedimientos detectados por la CIDH es la apertura de procesos penales por la
supuesta integración de grupos ilegales:
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