informe sobre violaciones a los derechos humanos y a las
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UNASUR, creó una comisión investigadora y, por ofrecimiento de la<br />
presidenta argentina Cristina Fernández de Kirshner, fue designado para encabezar<br />
dicha comisión al extremista argentino, Rodolfo Mattarollo, un activista político<br />
integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). También conformaron la<br />
comisión otros personajes sectarios.<br />
En el <strong>informe</strong> de Mattarollo, se menciona 19 muertos, cuando se habrían<br />
contado sólo 13 cadáveres. Luego, aparecerían varios, vivos y refugiados en el<br />
Brasil.<br />
Hubo otros organismos, como <strong>las</strong> Naciones Unidas, con conclusiones<br />
diferentes al parcializado <strong>informe</strong> de UNASUR. Está en curso otra investigación<br />
independiente.<br />
Este es un capítulo doloroso, que todavía está abierto. Esto se manifiesta en<br />
<strong>los</strong> 118 ciudadanos de Pando que, ante <strong>las</strong> amenazas de una violenta represión y su<br />
detención por <strong>las</strong> fuerzas destacadas a Pando por el Gobierno, se refugiaron en<br />
territorio brasileño. Recientemente, se ha confirmado que el gobierno del Brasil,<br />
oficialmente ha concedido asilo a 58 ciudadanos. Muchos de <strong>los</strong> restantes son parte<br />
de <strong>las</strong> familias de <strong>los</strong> citados asilados.<br />
Habrá que mencionar, asimismo, que el gobierno de Bolivia ha reaccionado<br />
pidiendo se anule el refugio concedido a <strong>los</strong> ciudadanos perseguidos, por estar<br />
procesados judicialmente por la llamada masacre de Porvenir en el Departamento<br />
de Pando. Hay, sin embargo, suficiente información que muestra que hay serias<br />
dudas <strong>sobre</strong> el cumplimiento de <strong>las</strong> garantías constitucionales del debido proceso y<br />
la independencia de fiscales y jueces que, desde La Paz, que no es la jurisdicción<br />
correspondiente, pretenden llevar adelante una acción judicial contra de estos<br />
ciudadanos perseguidos. Sin embargo, pese a tales presiones diplomáticas, el<br />
refugio concedido <strong>sobre</strong> la base de informaciones confiables en sentido de que se<br />
trata, en efecto, de perseguidos por su acción política y cívica, se ha consolidado, lo<br />
que se añade a la ya extensa lista de <strong>violaciones</strong> a <strong>los</strong> <strong>derechos</strong> <strong>humanos</strong> por el<br />
actual gobierno boliviano.<br />
- El atentado contra la familia y la vivienda del ex-vicepresidente<br />
de la república Víctor Hugo Cárdenas.<br />
El 7 de marzo del año en curso, hordas de partidarios del gobierno atacaron,<br />
destruyeron y ocuparon la casa del ex - vicepresidente de la república Víctor Hugo<br />
Cárdenas, ubicada en la zona rural de la que él es originario. Los atacantes<br />
alcoholizados agredieron a su esposa y a sus hijos, causándoles heridas. El<br />
pretexto: Cárdenas fue uno de <strong>los</strong> dirigentes nacionales que, en uso de su derecho a<br />
disentir, promovieron el rechazo al proyecto de constitución objeto de referendo del<br />
25 de enero pasado.<br />
Esta es la versión de la agencia de noticias Reuters:<br />
“LA PAZ. Una de <strong>las</strong> residencias del ex vicepresidente conservador de<br />
Bolivia Víctor Hugo Cárdenas, el primer y único vicepresidente indígena fue asaltada<br />
por un grupo de campesinos afines al presidente izquierdista Evo Morales,<br />
reportaron el domingo medios locales. Cárdenas, vicepresidente del primer Gobierno<br />
de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), dijo a medios locales que un grupo de