informe sobre violaciones a los derechos humanos y a las

vengan del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y que éste haya dicho en
reiteradas ocasiones que "si la oligarquía mata al indio, me darían luz verde para
intervenir en Bolivia".
Las declaraciones de Chávez se parecen demasiado a una construcción
deliberada y gradual de un casus belli, abriendo legítimas preguntas sobre si el
único riesgo real de magnicidio para Evo Morales no provendrá,
paradójicamente, de su tutor venezolano(3).
3. El gobierno impide la investigación internacional
3.1. Protestas de Irlanda, Croacia y Hungría
El hermetismo guardado por las autoridades bolivianas y las contradicciones
en la versión oficial motivaron reclamos de los gobiernos de Irlanda, Croacia y
Hungría, que exigieron información precisa sobre el operativo y cuestionaron las
violaciones a los derechos humanos de los detenidos.
Desde Dublín, el canciller de Irlanda, Michael Martin, aseguró que su país
"tiene derecho" a conocer las circunstancias de la muerte del joven irlandés
Michael Dwyer. El gobierno de Croacia también reclamó información sobre el
abatimiento y la detención de Eduardo Rozsa y Mario Tadic, respectivamente.
Para el gobierno húngaro, "no se puede excluir" la posibilidad de que los
muertos en el operativo "sean víctimas de las luchas políticas internas". El
embajador de Hungría en Argentina, Matyas Rozsa, llegó a La Paz y defendió el
derecho a informarse sobre la situación de Elod Toaso, recluido en la cárcel de
San Pedro. El diplomático dijo que a su parecer Toaso "está lejos de ser
terrorista" y que en su visita lo vio muy asustado y confundido. Matyas Jozsa
dijo que el gobierno no proporcionó ninguna información oficial sobre el caso,
como señalan los convenios internacionales, sino un simple informe verbal del
Ministro de la Presidencia. “No nos comunicaron ni de las muertes", acotó.
3 Ver nota del autor, El misterio del Superpuma. Diario La Estrella del Oriente y
otros medios.
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