informe sobre violaciones a los derechos humanos y a las

Uno de los pilares de la democracia es la protección institucional de las
libertades y garantías ciudadanas. Fue, en este sentido, que en los años noventa el
congreso nacional, a tiempo de introducir reformas en la constitución política del
estado, creó dos instancias para garantizar la correcta aplicación de la ley y para
proteger los derechos individuales: el Tribunal Constitucional y el Defensor del
Pueblo. Infortunadamente, el texto constitucional aprobado, muestra el afán
populista de predominio despótico, buscando desvirtuar la imparcialidad
consubstancial a organismos de esta naturaleza. Para comenzar, se les cambia de
nombre incluyendo, como se hace en todo el texto constitucional cuando se trata
instituciones, el carácter de “plurinacional”, lo que muestra una tendencia arbitraria
de clasificación de los ciudadanos, según su raza o “nacionalidad”. Su composición
también fue modificada, introduciendo el llamado “control social” que, en los hechos,
lo impondrán los representantes del oficialismo, en el papel de comisarios políticos.
Sin embargo, lo esencial del cambio radica en la modificación que altera las
atribuciones de estos dos organismos.
Pero no solamente el avasallamiento se centró en instituciones oficiales, sino
que el afán fue destruir los movimientos cívicos en los departamentos.
El acoso a los prefectos de la oposición –seis de los nueve electos en
diciembre de 2005– tomó forma violenta en Cochabamba, cuando en enero de 2007,
en un intento de copar el gobierno del departamento, hordas de cocaleros
incendiaron el edificio de la prefectura y, lo que es más grave, resultaron dos
muertos, un campesino cocalero y un estudiante. Hasta ahora, los autores
materiales e intelectuales –algunos plenamente identificados– no han sido
sometidos a la justicia.
Paulatinamente, creció la violencia oficialista. Esta vez para imponer un texto
constitucional encaminado a establecer una autocracia radical, racista y
antidemocrática. El proceso de reforma integral de la constitución se inició con la
llamada “Agenda de Octubre”, o sea la que se recogió de las violentas
manifestaciones en El Alto y en La Paz en ese mes de 2003 que ocasionaron la
dimisión del presidente Sánchez de Lozada. Esta agenda incluía la convocatoria a
una asamblea constituyente para la reforma constitucional, la que fue convocada por
el nuevo gobierno y que se reunió en la ciudad de Sucre. El proceso de elaboración
del nuevo texto fue lento y conflictivo. Sucre reclamó se reconozca
constitucionalmente su condición de capital de la República. El oficialismo resolvió,
ante el clima adverso, reunir la asamblea en un cuartel militar en las cercanías de
Sucre y estalló la protesta. La Asamblea, entonces, fue trasladada a Oruro,
deoinmde4 también se impidió que los asambleístas opositores participen. Fueron
aprobados, sin discusión, los más de cuatrocientos artículos del proyecto.
III. La represión
La intolerancia del gobierno del Movimiento al Socialismo se manifiesta en
acciones de violencia contra los miembros del los movimientos cívicos de Santa
Cruz, Tarija, Beni y Pando; en los ataques de hordas aleccionadas contra los medios
de prensa y los periodistas, frecuentemente acusados y vilipendiados por el propio
presidente Morales; las agresiones a parlamentarios opositores; los cercos al
congreso nacional para presionar el apoyo a leyes y decisiones del gobierno –en
una oportunidad con la participación del presidente Morales-, el uso de militares para
someter a los ciudadanos, causando ya decenas de muertos y centenares de
heridos en Pando, Sucre, Santa Cruz, Chapare, Huanuni y Cochabamba; el