Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior de Galicia.

a. En los supuestos de infracciones muy graves, al Consello de la Xunta de Galicia.
b. En los supuestos de infracciones graves, a quien ostente la titularidad de la consejería
competente en materia de comercio.
c. En los supuestos de infracciones leves, a la persona titular de la jefatura territorial
correspondiente de la consejería competente en materia de comercio, cuando
afectaran únicamente a su respectivo ámbito territorial, y a la persona titular de la
dirección general competente en materia de comercio en los casos de infracciones
que afectaran al ámbito territorial de dos o más provincias del territorio gallego.
4. Las infracciones tipificadas en el artículo 105.a.1, en lo concerniente a la licencia
municipal de apertura, y en el apartado d del mismo precepto, relativo a la venta ambulante
o no sedentaria, se sancionarán por las personas titulares de las alcaldías, de conformidad
con el previsto en la presente Ley.
Artículo 114. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador en materia de comercio interior se substanciará, en lo no
previsto en la presente Ley, conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora para el
ejercicio de la potestad sancionadora por la administración de la Xunta de Galicia, debiendo
respetarse los principios contenidos en la legislación general correspondiente al régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2. El procedimiento sancionador en materia de comercio se iniciará como consecuencia de
cualquiera de las actuaciones siguientes:
a. Por propia iniciativa del órgano competente en materia de comercio cuando, por
cualquier medio, tuviera conocimiento de una presunta infracción.
b. Por orden del órgano superior jerárquico.
c. Por petición razonada de la autoridad u órgano administrativo que tuviese
conocimiento de una presunta infracción.
d. Por denuncia de cualquier persona en cumplimiento o no de una obligación legal.
3. Con carácter previo a la incoación del procedimiento, la autoridad competente podrá
realizar actuaciones al objeto de determinar la concurrencia de las circunstancias que
justifiquen, en su caso, la iniciación del procedimiento sancionador.
4. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores en materia de comercio es de un
año, a contar desde la fecha de su incoación. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera
recaído resolución, se producirá la caducidad del procedimiento sancionador. En el caso de
que la infracción no hubiese prescrito, deberá iniciarse un nuevo procedimiento sancionador.
Artículo 115. Medidas cautelares.
1. El órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador podrá acordar en
cualquier momento del procedimiento, mediante resolución motivada y con audiencia previa
de la persona interesada, la adopción de las medidas preventivas adecuadas para asegurar la
eficacia de la resolución que, en su caso, pudiera recaer, así como cuando concurriesen
Vigente desde 1 de mayo de 2012
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