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INSTITUCIÓN
Editorial
La Corte Marcial con gran entusiasmo y satisfacción
presenta la 1ra. Edición de la Revista DOMUS IUS
MILITIA. Una revista que refleja entre otras cosas
el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar,
orientado a conformar Tribunales Militares para atender
el orden y la disciplina de los oficiales y tropas Patriotas.
Resalta en esa época histórica la experiencia del juicio
militar seguido a Manuel Piar.
Deseo resaltar en esta edición la misión de nuestra
organización, la cual se sintetiza en garantizar la
administración de una justicia imparcial y transparente.
Se destacan temas referidos a los derechos que tiene la
mujer en nuestra legislación, su desarrollo y evolución.
Así mismo, una reseña histórica de la Justicia Militar
Venezolana, desde sus inicios hasta la fecha actual.
Como aspecto central se ha querido resaltar el trabajo
en equipo orientado a la elaboración de un Proyecto de
Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar. Como
es sabido en 1998 fue reformado; sin embargo, esta
modificación no fue suficiente y ahora se hace necesario
un nuevo Código. Es por ello que en esta propuesta
se plantea: adaptar la estructura y técnica legislativa
a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, la
creación de un nuevo libro y nuevos delitos militares, los
procedimientos en tiempo de paz y durante conflictos
internos o externos, entre otros.
Estos cambios son necesarios para consolidar el Estado
Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que
aspiramos todos los venezolanos.
Solo queda agregar mis palabras de agradecimiento a
las instituciones y empresas de nuestra Fuerza Armada
Nacional Bolivariana; empresas públicas y privadas y
universidades que brindaron su apoyo para hacer posible
la publicación de la presente edición. A todos muchas
gracias.
4 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
General de División Josué Pernía Méndez
Magistrado Presidente del
Circuito Judicial Penal Militar y Corte Marcial

Directorio
MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
Almirante en Jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL
PENAL MILITAR Y CORTE MARCIAL
General de División Josué Antonio Pernía Méndez
CANCILLER
Coronel Óscar Alfredo Gil Arias
RELATOR
Capitán de Navío José de la Cruz Vivas Sáez
PRIMER VOCAL
Coronela Leida Coromoto Núñez Segura
SEGUNDO VOCAL
Coronel Níger Leonel Mendoza García
Consejo
Editorial
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL
PENAL MILITAR Y CORTE MARCIAL
General de División Josué Antonio Pernía Méndez
COORDINADOR GENERAL
Capitán de Navío José de la Cruz Vivas Sáez
COMISIÓN CREADORA
Coronel Nelson Pérez Rocha
Teniente Coronel José Lucindo de la Cadena Toledo
Teniente Coronel Ramón Alí Peñalver Vásquez
Teniente Coronel Benjamín Flores Díaz
Capitán de Fragata Aniole Infante Berberaggi
Primer Teniente Cristian Josué Rivas Lanz
DAFAR
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DIRECTORA EDITORIAL
Lic. Ysmel Carolina Martínez
agenciadafarpublicidad@hotmail.com
REDACCIÓN
Lic. Ysmel Carolina Martínez
Lic. Elias Baduy
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
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yasucorreia@hotmail.com
FOTOGRAFÍA
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@YasuCorreia
REVISTA ELABORADA
POR DAFAR PUBLICIDAD, C.A.
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INSTITUCIÓN
DIRECCIÓN
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03. El Marqués, Caracas.
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 5

CONTENIDO
INSTITUCIÓN Editorial 4
Créditos 5
Directrices 12
Organigrama Estructural 13
Reseña Histórica de la Justicia Militar en Venezuela 14
Glosario 69
OPINIÓN Bolívar, su visión de Justicia 7
REPORTAJE
ENTREVISTA
ACTUALIDAD
Juicio a Manuel Carlos Piar 8
Evolución de la Justicia Militar Venezolana y su relación con el
Artículo 261 Constitucional
La Justicia Militar Actual, Un breve recorrido por el proceso
penal militar
Criterio Jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia,
Respecto a la orden de apertura de la investigación penal militar
Desarrollo Evolutivo de la mujer, y su inserción en la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana
La acción de Amparo, remedio procesal para restablecer
violaciones a la justicia como derecho humano
Cadena de Custodia 40
Derechos del Imputado 42
Derecho Penal Militar venezolano 44
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela 48
Nociones sobre Liderazgo 60
Universidad Nueva Esparta, Pasión por el futuro 64
El Juez de Ejecución 52
Entrevista con el General de División Josué Pernía M., y su
propuesta de reforma al Código Orgánico de Justicia Militar
Resumen de la V Jornada de actualización de procedimientos
judiciales y administrativos para los Jueces Militares y Secretarios
Judiciales
Visita de la Fiscal General de la República 56
Post Grado Derecho Penal 58
El Circuito Judicial Penal Militar en la Web 66
17
19
25
28
32
35
52

Bolívar y su Visión de Justicia
Además de ser el padre de la
independencia, Bolívar es el
precursor del pensamiento
social revolucionario en nuestro
continente estableciendo una
revolución social que debía permitir
eliminar los privilegios de las minorías
y “…la odiosa diferencia de clases…”
elevando a todos las personas al
rango de ciudadanos. Sin embargo,
sus ideas chocaron con los intereses
aristocráticos heredados del imperio
español, quienes se oponían al
sueño de igualdad de las mayorías
oprimidas.
OPINIÓN
“Las leyes deben ser relativas a lo físico del país…
a su situación… a sus inclinaciones, a sus riquezas.
He aquí el Código que deberíamos consultar y no el
de Washington”
Después de cinco años de
guerras donde resulta victorioso y
consecuencialmente consolida la
expulsión del imperio español de
nuestras tierras, al regresar del Perú,
le escribe al General Santander,
quien era Vicepresidente de
Colombia, diciéndole “No sé como
todavía no se levantaron todos estos
pueblos y soldados al concluir que
sus males no vienen de la guerra sino
de Leyes absurdas…” Razón por la
cual Santander lo acusa de querer
provocar una guerra interior, sellando
el conflicto entre ambos, quedando
Simón Bolívar
Bolívar, en defensa de la justicia e
igualdad, enfrentado a los Generales
que se plegaban a los intereses de las
oligarquías.
Bolívar anticipó la tesis del Estado
Fuerte, su proyecto de sociedad se
basaba en la consolidación de la
división de poderes para balancear
las acciones de gobierno y la creación
del Poder Moral para “…regenerar el
carácter y las costumbres que la tiranía
y la guerra nos han dado…”
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 7

OPINIÓN
Juicio a
Manuel Carlos
Manuel Piar nació en
Willemstad, Curazao, el 28
de abril de 1774 y murió en
Angostura, Hoy Ciudad Bolívar, el 16
de octubre de 1817. A los 23 años,
Piar manifestó su voluntad de ayudar
a la independencia de Venezuela y
participó en la Conspiración de Gual
y España, sofocada en 1797.
La experiencia militar y la pasión
libertadora, pusieron a Manuel Piar
al servicio de Venezuela luego de
los sucesos del 19 de abril de 1810,
cuando inició su carrera militar en la
Armada y por el Apostadero Naval de
Puerto Cabello.
8 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
» Coronel Jesús González Montserrat
Presidente del Consejo de Guerra de Maturín
En aguas del Orinoco, Piar participó
en la Batalla de Sorondo (1812).
Firmó el Acta de Chacachacare e
integró el grupo que desembarcó en
Güiria en 1813. Bajo las órdenes de
Santiago Mariño realizó la Campaña
de Cumaná.
El 16 de octubre de 1814 fue derrotado
por las tropas de José Tomás Boves,
en la sabana de El Salado, frente
a Cumaná. En 1816 triunfa sobre
Piar
Francisco Tomás Morales en la batalla
de El Juncal (27 de septiembre).
De allí emprende la marcha hacia
Guayana para dar comienzo a las
operaciones de liberación de aquella
provincia. A principios de 1817 puso
sitio a la ciudad de Angostura. El 11
de abril de ese año vence al Brigadier
Miguel de la Torre y Pando, en la
batalla de San Félix o Chirica.

OPINIÓN
En 1814, año de cruentas batallas,
Manuel Piar desarrolló su capacidad
de comandante militar, pero luego se
perdió la Segunda República y como
consecuencia se fue al exilio. Volvió
con un grupo de patriotas y en 1817
ya era jefe máximo del sur-oriente
venezolano, donde se llenó de gloria
al vencer a los realistas en varias
batallas.
Por los avatares de la guerra, el
Libertador terminó desplazándose
hacia Guayana, y asumió el mando
supremo del ejército, ante lo cual Piar
se vió obligado a acatar obediencia.
Esa sería una posición difícil de asumir
para quien, por su carácter y su
manera de ser, se creía con derecho a
ser el líder.
Una de las batallas más famosas fue
la de San Félix, el 11 de abril de 1817,
donde Piar participó y salió victorioso,
originando la toma de Angostura,
la utilización del Río Orinoco y la
apertura de las operaciones hacia
el llano y hacia la Nueva Granada.
Piar fue nombrado General en Jefe,
después, por rencillas con sus amigos
y compañeros, Piar decidió abandonar
el ejército y solicitó la baja.
El 8 de mayo de 1817 acepta Piar los
postulados del Congreso de Cariaco,
los cuales planteaban la eliminación
de la Jefatura única del Libertador
y lo enfrentaban a éste. Como
consecuencia de esto, fue privado
del mando de las tropas por orden
de Bolívar; por lo que decidió solicitar
su retiro del ejército (con el grado de
General en Jefe), que le fue concedido
el 30 de junio de 1817.
Sin embargo, se llevó una buena
sorpresa, cuando en mayo Bolívar
apareció en la ribera del Orinoco con
un ejército de 800 hombres. Venía a
10 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
poner orden de nuevo, pues Mariño
andaba por un lado y por el otro Piar
hacia lo que mejor le parecía.
Asumió el mando real del ejército y
para el amanecer del 4 de mayo reunió
a la oficialidad, y relevó al curazoleño
como jefe de las fuerzas militares
en el sur-oriente. Ahí comenzó el
declive de Manuel Piar, quien fuera
nombrado jefe de las misiones en
el Caroní, pero pronto, descontento
con aquella situación donde no tenía
mando sobre la tropa, pidió la baja y
un pasaporte para irse del país.
A pesar de que Bolívar le concedió
la salida, Piar no se fue, y más bien
intentó entrevistarse con Mariño, lo
cual logró luego de algunas negativas
del líder oriental. No tuvo éxito en su
propuesta, pero encendió las alarmas
del Libertador, pues se delató por
estar hablando con las tropas y
oficiales allegados. Era fácil suponer
una conspiración para producir un
alzamiento con rasgos de rebelión de
casta, donde la minoría blanca podía
ser eliminada.
El propio General Pablo Morillo,
comandante de las fuerzas realistas,
escribiría en sus memorias que Piar
andaba en una de revivir la guerra
social igual a la intentada por José
Tomás Boves, el sanguinario caudillo
de los lanceros del llano.
Bolívar llamó a Piar a presentarse, pero
éste se dió a la fuga, y ésa fue la señal
para dar la orden tajante de apresarlo.
Para ello, comisionó al comandante
Cedeño, quien había sido muy amigo
del ahora general fugitivo.
A Piar lo consiguieron en Maturín
y Cedeño lo convenció de que
Bolívar lo invitaba a Angostura
para nombrarlo su segundo jefe.
Piar, pecando de ingenuo aceptó la
propuesta, y cuando estaba llegando
a la Plaza Mayor de esa ciudad, de
pronto fue rodeado por una veintena
de soldados, al mismo tiempo que
Cedeño le notificaba oficialmente su
detención en Aragua de Maturín el
28 de septiembre de 1817, acusado
de recorrer los campos militares
buscando poner a las tropas en contra
de la dirección blanca y mantuana;
siendo conducido al Cuartel General
de Angostura, donde fue sometido a
juicio.
El primero y más esencial cargo que
resulta contra Manuel Piar, es el de

haber proyectado una conspiración
para destruir el gobierno de la época
a cargo del Libertador Simón Bolívar
y asesinar a los hombres blancos que
sirven a la República.
Para este proyecto habría convocado
a los hombres de color con la falsa idea
de que se hallaban reducidos al último
grado de abatimiento intentando
armarlos, presentándose él mismo
como pardo y para animarlos les hizo
una falsa exposición de los medios
que tenía para realizar su designio por
lo cual consideraron los Juzgadores
que ha proyectado y puesto en
ejecución una conspiración, cuyas
consecuencias habrían sido la ruina
de la República.
El tribunal militar estaba presidido por
el Almirante Luis Brión, e integrado por
los Generales de Brigada Anzoátegui
y Pedro León Torres, sus compañeros
de batallas, además los altos oficiales
Ucroz, Piñango y Carreño. El Fiscal
OPINIÓN
fue Carlos Soublette, quien lo acusó
de sedición, conspiración contra el
Estado y deserción. Los comentarios
eran que habría un juicio y luego
saldría en libertad, como una fórmula
de Bolívar para consolidar su mando.
Cuenta la historia que Piar se negó a
que le vendaran los ojos cuando fue
llevado al paredón y, antes de que
dispararan, se desabotonó quedando
con el pecho al desnudo para recibir
la descarga.
Manuel Carlos Piar fue condenado a morir por fusilamiento,
hecho que se cumplió al día siguiente de haberse emitido la
condena, el 16 de octubre de 1817, en el costado occidental de la
catedral de Angostura.
La SENTENCIA ORIGINAL DEL CONSEJO DE GUERRA estableció:
“…Visto el oficio del excelentísimo señor Jefe Supremo, de 3 del corriente,
inserto por cabeza de este proceso que ha sido formado por el señor General
de Brigada Carlos Soublette a consecuencia de dicha orden, contra el
General en Jefe Manuel Piar indiciado de los crímenes de insubordinado,
conspirador, sedicioso y desertor, y héchose por dicho señor relación de todo
lo actuado al Consejo de Guerra de oficiales generales celebrado el día 15
de octubre de 1817 en la casa del excelentísimo señor Almirante Luis Brión,
que lo presidió, siendo jueces de él los señores Generales de Brigada Pedro
León Torres y José Anzoátegui, Coroneles José Ucroz y José María Carreño y
Tenientes Coroneles Judas Piñango y Francisco Conde, sin que compareciese
en el mencionado tribunal el referido reo por no haberlo estimado necesario
el Consejo; y oída la defensa de su procurador, y todo bien examinado le ha
condenado y condena el Consejo a ser pasado por las armas, arreglándose
a la ley prescrita en el artículo veintiséis, tratado octavo, título décimo de las
ordenanzas generales…”
Plaza de Angostura, 15 de octubre de 1817.-7º
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 11

INSTITUCIÓN
Circuito Judicial
Penal Militar
Misión
Garantizar la administración de justicia imparcial,
transparente y expedita en la Jurisdicción Penal
Militar, que asegure la confianza de la Sociedad en
la Fuerza Armada Nacional, como Institución garante
del Estado de Derecho y de la justicia penal militar en
la República Bolivariana de Venezuela, conociendo
y resolviendo de los pedimentos que interponga el
Ministerio Público competente, por el cometimiento
de delitos de naturaleza militar, realizando los juicios
previos, orales y públicos que correspondan, sin
dilaciones indebidas, dirimiendo las causas signadas
y ejecutando sentencias, en nombre de la República y
por autoridad de la ley, con salvaguarda de todos los
derechos y garantías del debido proceso, consagrado
en la Constitución, leyes, tratados, convenios y
acuerdos internacionales suscritos.
Visión
Constituirnos en un Circuito Judicial Penal Militar modelo
para el Sistema Judicial Penal Nacional e Internacional;
caracterizado por reflejar ética, profesionalismo,
modernización y efectividad de los procesos penales
militares, adecuándolos continuamente y de manera
sistematizada a los cambios legales vinculantes, que
impliquen una renovación jurídica enmarcada dentro del
debido proceso, donde la preservación de la justicia, el
mantenimiento de la disciplina y la resolución expedita
de los casos, se constituya en nuestra divisa, blindada
con aprendizaje andragógico, estrategias pedagógicas
y convenios interinstitucionales que nos enrumben a la
excelencia jurídica.
12 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
Organización
El Circuito Judicial Penal Militar, desde su creación
mediante Resolución N° 2004-009, de fecha 18-08-2004
emanada del Tribunal Supremo de Justicia, y publicada
en Gaceta Oficial N° 38.021 de fecha 13 de septiembre
de 2004, como una Organización Jurisdiccional y
Administrativa denominada CIRCUITO JUDICIAL PENAL
MILITAR, la cual está conformada por una (01) Corte
Marcial que ejercerá funciones de Corte de Apelaciones y
Tribunal Constitucional, Diecisiete (17) Tribunales Militares
de Control, cinco (05) Tribunales Militares de Juicio y cinco
(05) Tribunales Militares de Ejecución de Sentencia.

Organigrama Estructural
COGUE
CARACAS
TM1ES
CARACAS
TM1C
CARACAS
TM2C
CARACAS
TM3C
CARACAS
TM4C
LA GUAIRA
LEYENDA:
COGUE
MARACAY
TM2ES
MARACAY
TM5C
MARACAY
TM6C
VALENCIA
TM7C
BARQUISIMETO
TM8C
PTO. AYACUCHO
COGUE: Consejo de Guerra
TMC: Tribunal Militar de Control
TMES: Tribunal Militar de Ejecución de Sentencias
CIRCUITO JUDICIAL
PENAL MILITAR
CORTE MARCIAL
COGUE
MARACAIBO
TM3ES
MARACAIBO
TM9C
PTO. FIJO
TM10C
MARACAIBO
COGUE
SAN CRISTÓBAL
TM4ES
SAN CRISTÓBAL
TM11C
SAN CRISTÓBAL
TM12C
MÉRIDA
TM13C
LA FRÍA
TM14C
GUASDUALITO
INSTITUCIÓN
COGUE
MATURÍN
TM5ES
MATURÍN
TM15C
MATURÍN
TM16C
BARCELONA
TM17C
CIUDAD BOLÍVAR
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 13

INSTITUCIÓN
Reseña Histórica
de la Justicia Militar en Venezuela
La justicia Militar tiene su origen en el momento en
que se organizan los primeros cuerpos armados bajo
la disciplina de las Ordenanzas y de las Cédulas Reales
en los Siglos XVII y XVIII.
En el Primer Período Republicano puede hablarse de
Justicia Militar cuando en el Cuartel General de San Félix,
el 7 de junio de 1817, el Libertador Simón Bolívar con su
visionaria manera de adelantarse a los tiempos dictó el
Reglamento sobre el modo de conocer y determinar en
las causas militares, en cuya exposición inicial expresa:
“...Con el objeto de establecer un orden general de juicios
que se observe en todos los ejércitos y guarniciones
de la República, y que bajo un método sencillo y breve
conozca de todos los delitos que puedan conocer los
militares, he tenido a bien decretar el establecimiento
y formación de un Consejo de Guerra Permanente, en
todo ejército, división y brigada que operen separados, a
cuyo juicio estaban sujetos todos los individuos militares
de cualquier clase y arma que sean, bajo las reglas”.
Como se aprecia, el libertador Simón Bolívar decretó la
creación de un Consejo de Guerra Permanente ante
la necesidad de establecer y conformar en todos los
Ejércitos y Guarniciones de la República de tribunales que
conocieran de los delitos cometidos por militares.
El proceso más relevante que siguió el Consejo de Guerra
Permanente creado en esa época fue la causa seguida al
General en Jefe Manuel Carlos Piar; acusado por crímenes
de insubordinación a la autoridad suprema, de conspirador
contra el orden y la autoridad pública, de sedicioso y
desertor. Se inicia el juicio mediante oficio emitido por el
14 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
Sus inicios y la actualidad
Edificio Sede del Circuito Judicial
Penal Militar y Corte Marcial, ubicado
en el Fuerte Militar Tiuna
libertador al general Carlos Soublette, fiscal acusador.
El Consejo de Guerra condenó a Piar por unanimidad a la
pena de muerte, confirmada por Bolívar sin degradación.
La sentencia se ejecutó el 11 de octubre de 1817 frente a
un pelotón de fusilamiento.
Luego, el 02 de agosto de 1823 el Senado y la Cámara
de Representantes de la Gran Colombia crean la Corte
Marcial, para conocer y resolver las causas del fuero militar
y la marina.

Posteriormente, el 30 de Agosto de 1828 el libertador
establece los tribunales militares, basados en la ordenanza
española de 1768 y suprime la alta Corte Marcial.
Hasta 1830, Venezuela fue un Distrito Judicial de la
Gran Colombia, pero al separarse Venezuela de La
Gran Colombia, se promulga la primera Constitución
estableciendo el Congreso constituyente de Valencia
mediante Ley del 9 de Octubre de 1830, el orden en
que debían observarse y aplicarse las Leyes existentes
y dictándose al mismo tiempo nuevas leyes relativas a
la competencia y procedimiento que debían seguir los
Tribunales Militares.
En este sentido, el General José Antonio Páez decretó el
establecimiento de una alta Corte Marcial en Valencia,
con la finalidad de consultar la aprobación o reforma
de las sentencias pronunciadas por los Consejos de
Oficiales Generales contra oficiales, en que conforme a
la ordenanza, impongan penas contra la vida y el honor
militar. Se establece de esta forma el Fuero Militar, es
decir, el privilegio de los militares a ser juzgados por los
Tribunales Castrenses.
Luego, en el Segundo Periodo Republicano, el General
Antonio Guzmán Blanco el 20 de Febrero de 1873 decreta
el Primer Código Militar, conformando la jurisdicción
militar en: Consejos de Guerra Ordinario, el Tribunal
Superior Marcial, los juzgados militares, los Consejos de
Guerra de Oficiales Generales; y la alta Corte Federal en su
calidad de marcial. Se ordena la redacción y promulgación
del Primer Código Militar de Venezuela, el cual reunió en
un solo cuerpo las Normas Orgánicas del Ejercito, la Ley de
Servicio Militar y el propio Código de Justicia Militar en su
parte sustantiva y procesal.
En el Tercer Periodo Contemporáneo, que se inicia el 18
de Abril de 1904 con el Código Militar promulgado por el
General Cipriano Castro, aparece instituida la Corte Marcial
como alto Tribunal Marcial y cuyo artículo 1960 estableció:
“Habrá en el Distrito Federal un Tribunal Militar
denominado Corte Marcial, constituido por siete
vocales, que elegirá el Ejecutivo Federal en las
Graduaciones de Oficiales Generales, para conocer
en segunda instancia de las sentencias que dicten,
tanto los Consejos de Guerras de Oficiales Generales,
como los ordinarios, y cuya apelación sea interpuesta
oportunamente”.
INSTITUCIÓN
Sin embargo, es de acotar, que esta Corte Marcial no era
de naturaleza permanente, ya que se reunían por iniciativa
del Ejecutivo Federal, o a petición del Oficial interesado en
su dictamen. Entre sus facultades se encontraba conocer
de todos los asuntos no determinados expresamente en
las Leyes Militares sobre la conducta de los Oficiales del
Ejército Activo.
Corresponde al Código Militar promulgado el 12 de
julio de 1923 establecer que la Corte Marcial seria
permanente, funcionaria en la Capital de la República
y estaría constituida por siete vocales elegidos por el
Ejecutivo Federal en la graduación de Oficial General y
que gozaran por cualquier causa de alguna pensión. Este
Tribunal conocería en Segunda Instancia de las sentencias
que dictaren tanto los Consejos de Guerra de Oficiales
Generales como los ordinarios, bien sea por consulta legal
o por apelación interpuesta.
El carácter de la Corte Marcial trascendía entonces de la
función netamente jurisdiccional, por cuanto se le daba
competencia para conocer de la conducta de los Oficiales
del Ejército Activo.
El primer Código de Justicia Militar es promulgado el 21 de
julio de 1933, y conforme al artículo 216 varía nuevamente
la composición de la Corte Marcial al establecer:
La Corte Marcial funcionará donde se halle el asiento
de los Poderes Federales y se compondrá de seis
Generales y un Oficial de Marina como Principales
y de seis Generales y un Oficial de Marina como
Suplentes. Los cargos en el Tribunal son: Presidente,
Vicepresidente, Canciller y tres Vocales. Las atribuciones
quedan ampliadas a acordar o no la rehabilitación
de los condenados a pena de expulsión y ejecutar las
sentencias firmes.
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 15

INSTITUCIÓN
El Código de Justicia Militar del 6 de agosto de 1938,
redactado por el Doctor y Coronel Tulio Chiossone,
quien para la fecha se desempeñaba como Auditor
General de Guerra y Marina, incorpora como innovador
la denominación de Tribunales Militares Permanentes,
como actualmente se conocen. Se rebaja nuevamente a
cinco el número de jueces integrantes de la Corte Marcial,
abre el campo a los Oficiales Superiores para formar parte
de su organización judicial y a los militares retirados. Sus
integrantes durarían en sus funciones por el período
constitucional y concederles el derecho a reelección.
Luego, el Código de justicia Militar de 1938 fue motivo
de reformas substanciales en cuanto a la organización
judicial ya que para 1945 entran a formar parte de ella
los Profesionales del Derecho, en la categoría de Oficiales
Asimilados a ejercer determinados cargos y entre éstos, el
de Relator de la Corte Marcial.
Para el año de 1958 la Organización Judicial Militar
era totalmente desconocida como lo era el Derecho
Penal y Procesal Penal Militar. Tenía una dependencia
administrativa, se veía y se reconocía como un apéndice
de la Dirección de Justicia Militar.
A partir del año de 1962 por el procedimiento extraordinario
se presentó un proceso abierto al público y a la prensa, y
con defensores privados, con motivo al juicio de guerrillas;
radiado y con todas las garantías que la Constitución de la
República otorgaba para la fecha.
A partir de ese año cuando comienza la consolidación
de la Organización Judicial Militar y es la Corte Marcial la
que inicia realmente un proceso de auto-identificación
jurisdiccional, sin marginar ni obviar la dogmática y la
disciplina militar.
16 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
La puesta en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal
(COPP) de 1998 dejó atrás el sistema inquisitivo escrito, para
dar paso al sistema acusatorio oral, el cual ha permitido
la celeridad procesal y la garantía del debido Proceso,
en razón de que los juicios son celebrados en pocas
audiencias, bajo el respeto a las Garantías Constitucionales
y los Derechos Humanos, garantizándose el Derecho a la
Defensa, al Debido Proceso y el Principio del Juez Natural.
Luego de este breve repaso sobre la evolución historia
que antecede a la Creación del Circuito Judicial Penal
Militar, sustentado en lo que significó la justicia militar en
la vida Republicana y Contemporánea de nuestro país,
corresponde señalar ahora como nace esta institución
judicial denominada Circuito Judicial Penal Militar.
Fue mediante resolución Nº2004-0009 emanada Tribunal
Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial
Nº 38.021 de fecha 18 de agosto de 2004 se crea esta
Organización Jurisdiccional y Administrativa, la cual
se encuentra bajo la Dirección de la Presidencia de la
Corte Marcial de la República Bolivariana de Venezuela,
dependiente administrativamente del Ministerio del
poder Popular para la Defensa y funcionalmente de la
Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, a los
fines de garantizar la autonomía e independencia de
los jueces, conforme a lo establecido en el artículo 4 del
Código Orgánico Procesal Penal.
Su misión ha sido la administración de justicia imparcial,
transparente y expedita; Garantizar el Estado de Derecho;
Conocer y resolver los pedimentos que interponga el
Ministerio Público; Realizar los juicios orales y públicos sin
dilaciones indebidas; dirimir las causas signadas y ejecutar
sentencias; y salvaguardar todos los derechos y garantías
del debido proceso.
En este sentido, ha sido tarea esencial de esta gestión
judicial materializar lo establecido en el artículo 261
de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, como objetivos fundamentales para la recta
administración justicia, de conformidad a lo establecido
en el Código de Justicia Militar y en las normas procesales
previstas en el COPP, así como integrar el Circuito Judicial
Penal Militar al Poder Judicial para observar y cumplir a
cabalidad las responsabilidades, directrices, normativas y
jurisprudencia que emanen en materia procesal penal de
ese alto tribunal.

» Capitán de Corbeta José G. Nicholls González
Tribunal Militar Noveno de Control con Sede en Punto Fijo - Estado Falcón
Evolución de la
REPORTAJE
Justicia Militar Venezolana
Y su relación con el Artículo 261 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela
El origen de la Justicia Militar en
Venezuela, ha tenido a través de
la historia una doble percepción
en cuanto a su origen. Todo en virtud
que desde el punto de vista material,
se sostiene la tesis que esta nace
de forma primaria con la misma
conformación de las comunidades
indígenas que habitaban nuestro
territorio antes del año de 1492.
Posteriormente, sufre un proceso
de transformación producto del
largo proceso de la Conquista de
América, pasando por la guerra de
independencia que lideró el padre
de la patria Simón Bolívar y su sueño
de conformar la Gran Colombia,
para finalmente sentar sus bases
y consolidarse en lo que la gran
mayoría de los autores e historiadores
reconoce como el origen formal de
la Justicia Militar Venezolana en
el año de 1830, y que surge como
elemento principal para mantener la
disciplina en las Fuerzas Armadas y la
consolidación de una nueva estructura
de Estado autónomo e independiente,
para asegurar la integridad y la
soberanía de la Nación, términos y
principios aplicables tanto en 1830,
como hoy día con la Constitución de
La Capitulación de Ayacucho.
Autor Daniel Hernández (Lima, Perú), 1924
la República Bolivariana de Venezuela.
En este sentido, resulta interesante
recordar que por decreto presidencial
el 09 de Octubre de 1830, se dictaron
las primeras leyes relativas a la
competencia y procedimientos que
debían seguir los tribunales militares,
hasta evolucionar de esta manera
el concepto de Justicia Militar y
crearse la Corte Marcial por decreto
presidencial Nº 9308 de fecha 18 de
Abril de 1904, bajo la presidencia del
General Cipriano Castro. Hasta ese
entonces y en los años subsiguientes
la Corte Marcial y demás tribunales
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 17

REPORTAJE
militares fueron constituidos por
Oficiales de alta graduación (Oficiales
Generales y Oficiales Superiores), pero
en su mayoría no tenían el título de
abogado.
Es a partir del año 1945, después de
reformas sustanciales del sistema
que entran a formar parte de la Corte
Marcial Oficiales en la categoría
de Asimilados y profesionales del
Derecho que ocuparon cargos como el
de Relator, hasta seguir evolucionando
y equipararse la Justicia Militar con
la Jurisdicción Ordinaria cuando en
el año 2004, el Tribunal Supremo de
Justicia (T.S.J.) en Sala Plena mediante
Resolución N° 2004-0009 del 18 de
agosto, publicada en Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela
N° 38.021 del 13 de septiembre de
2004, creó el Circuito Judicial Penal
Militar, conformado por una Corte de
Apelaciones con competencia a nivel
nacional y los Tribunales Militares de
Primera Instancia constituidos por
jueces profesionales en funciones
de control, juicio y ejecución de
Sentencias.
Este proceso de distanciamiento
de la Jurisdicción Penal Militar, en
contraposición con la Jurisdicción
Ordinaria y que permaneció por
muchas décadas tuvo su fin porque
debía darse estricto cumplimiento
a lo establecido en el artículo 261
de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela que
textualmente dice lo siguiente: “La
jurisdicción penal militar, es parte
integrante del poder judicial, y sus
jueces y juezas serán seleccionados o
seleccionadas por concurso…”.
Es por ello que el 20 de Diciembre de
2005, en estricto apego al texto de la
carta magna y por Resolución de la Sala
Plena del Tribunal Supremo de Justicia
(Oficio Nº TPE-05-0608 del 20DIC05),
es ratificado el listado general de
Jueces Titulares y Suplentes adscritos
18 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
al Circuito Judicial Penal Militar, hecho
además de significativo histórico para
la Justicia Militar Venezolana, por ser
la primera vez que la designación
de los Jueces Militares en Venezuela
contaba no sólo con la aprobación
del ciudadano Ministro del Poder
Popular para la Defensa, sino que
adicionalmente y como manda la
Constitución tenía el aval del máximo
Tribunal de la República en Sala Plena.
En este orden de ideas resulta
importante resaltar que se ha
fortalecido notablemente el
proceso de capacitación profesional
de los Jueces y Juezas Militares
adscritos al Circuito Judicial Penal
Militar, en similar y estricta paridad con
los Jueces de la Jurisdicción Ordinaria
tal como lo establecen las reglas y
disposiciones generales en materia
de concursos de oposición, todo ello
ha sido posible por cuanto los Jueces
Militares han realizado los principales
cursos de mejoramiento profesional
dictados por la Escuela Nacional de
la Magistratura con Sede en la ciudad
de Caracas - Dtto. Capital, tal es el caso
por ejemplo del Programa para la
Regularización de la Titularidad (PRT);
Programa de Formación Inicial (PFI);
y Curso Especial para la Formación y
Actualización de Jueces en Materia
Penal.
Adicionalmente, por iniciativa del
ciudadano Magistrado Presidente
del Circuito Judicial Penal Militar y
de la Corte Marcial, cada semestre se
están llevando a cabo Jornadas de
Actualización para Jueces Militares y
Secretarios Judiciales con actividades
académicas y ponencias por parte de
Docentes y Juristas con acreditada
experiencia en materia judicial,
todo con la finalidad de proyectar el
conocimiento y difundir la doctrina
jurisprudencial del Máximo Tribunal
de la República, en especial el criterio
pacífico, reiterado y uniforme de
la Sala de Casación Penal y la Sala
Constitucional del T.S.J. normas de
carácter vinculante y como tal de
obligatorio cumplimiento para todos
los tribunales de la República.
Hoy día podemos afirmar con
absoluta certeza que tenemos una
Justicia Militar fortalecida en cuanto a
recurso humano se refiere, nuestros
jueces militares cumplen con todos los
parámetros de ley mínimos exigidos
de calificación intelectual (Estudios
de III y IV Nivel) que los acreditan
para ejercer legal y satisfactoriamente
cargos como jueces tipo “A” y “B”.
Sólo resta impulsar cuanto antes
una reforma sustancial del Código
Orgánico de Justicia Militar y
adecuarlo a los nuevos tiempos, en
especial a los principios contenidos en
la Carta Magna y demás leyes penales
sustantivas y adjetivas relativas a la
materia.
Este avance constitucional nos
conduce de forma ineludible, a
la necesidad que sea reconocida
administrativa y legalmente la
Actividad Jurisdiccional del Juez
Militar, como el inicio de una carrera
judicial, de forma similar al Juez
Ordinario, por cuanto la competencia
especial es reconocida ampliamente
por el texto constitucional sin
discriminación de ninguna naturaleza.

La Justicia Militar Actual
Un breve recorrido por el proceso penal militar
El Dr. Tulio Chiossone,
conocido doctrinario dentro
del ámbito del derecho
penal militar sostiene que
la Justicia Militar tiene su
origen en el momento en que
se organizan los primeros
cuerpos armados bajo la
disciplina de las ordenanzas y
de las cédulas reales durante
los siglos XVII y XVIII.
» Coronel José Vicente Carvajal Peña
Presidente del Consejo de Guerra de Maracay
Como punto de inicio de éste
recorrido por el proceso penal
militar, debemos mencionar
a manera de información que el 2
de septiembre de 1998, se produjo
la última reforma parcial del Código
de Justicia Militar, dentro del marco
de reformas de fondo del sistema
de justicia penal emprendidas
en ese entonces por el Estado
Venezolano; en dicha reforma parcial
se destaca como aspecto principal
la adopción del sistema procesal
acusatorio o dispositivo por parte
de la jurisdicción penal militar, en
sustitución del tantas veces criticado
sistema procesal inquisitivo que regía
REPORTAJE
hasta esa fecha el proceso penal
militar, de igual manera se elevó la
jerarquía de dicho cuerpo normativo
al de Código Orgánico de Justicia
Militar, equiparándose al también
novel Código Orgánico Procesal
Penal, piedra angular del sistema
procesal acusatorio en Venezuela; de
igual forma se estableció que la Corte
Marcial de la República ejercería la
función de Corte de Apelaciones,
manteniendo además su tradicional
competencia de conocer “en única
instancia de las causas que se
seguían a Oficiales con el Grado de
General o Almirante”; del mismo
modo, los ya existentes Consejos de
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 19

REPORTAJE
Guerras Permanentes asumieron las
funciones de Tribunales de Juicio y de
Ejecución, y los Juzgados Militares
de Primera Instancia Permanente
asumieron las funciones señaladas
a los Tribunales Penales de Primera
Instancia en funciones de control.
En el mismo sentido, se estableció
en el artículo 592 de dicho cuerpo
normativo que en la jurisdicción
penal militar se aplicarían las
disposiciones del Libro Segundo,
Libro Tercero, Libro Cuarto y Libro
Quinto del Código Orgánico
Procesal Penal (vigente para el
año 1998) y que no se aplicarían
las disposiciones de los Títulos IV,
VI y VII, del Libro Tercero de dicho
Código. Dicha norma es necesario
concatenarla con el artículo 536 del
Código Orgánico Procesal Penal (hoy
artículo 517), en el cual se reconoció
la especialidad de la jurisdicción
penal militar, al señalar expresamente
que en la misma se aplicarían las
normas establecidas en su legislación
especial y las disposiciones del
Código Orgánico Procesal Penal,
desde su entrada en vigencia, y que
estas serían supletorias del Código
Orgánico de Justicia Militar, en los
casos no previstos por él y en cuanto
sean aplicables.
20 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
Un cambio trascendental que
ha operado en el ámbito de la
justicia militar a raíz de la asunción
del proceso penal acusatorio, lo
constituye la nueva interpretación
dada por la Sala de Casación Penal
del Tribunal Supremo de Justicia, a
la denominada “orden de apertura”
u “orden de inicio de investigación
penal militar”, la cual se encuentra
regulada en el artículo 163 del ya
citado Código Orgánico, norma ésta
que de manera general consagra
la necesidad de una autorización
previa de carácter administrativa,
emitida por una autoridad militar
competente para ello, en principio
ajena al órgano judicial, para que
el Representante del Ministerio
Público Militar, en su condición de
titular de la acción penal, pudiera
iniciar la investigación penal ante la
ocurrencia de un hecho punible de
carácter militar.
Una vez iniciada dicha fase, el
Ministerio Público Militar se activa y
ordena la recolección de elementos
de convicción para hacer constar
la perpetración del hecho, con
el aseguramiento de objetos y
sujetos incriminados.
En este sentido el Fiscal Militar,
como director de la investigación,
emitirá el acta de inicio o auto de
proceder, de conformidad a lo
previsto en el artículo 265 del Código
Orgánico Procesal Penal y ordenará
la práctica de las diligencias que
resulten pertinentes de acuerdo
a la naturaleza delictiva, ante el
órgano de policía de investigación
penal correspondiente que a bien
tenga designar, verbigracia: Guardia
Nacional Bolivariana, Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas, Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional, entre otros.

REPORTAJE
Es en la fase preparatoria o
de investigación, en la cual el
Representante del Ministerio
Público puede solicitar al Juez
Militar de Control la imposición de
medidas precautelares en contra
de las personas señaladas como
imputados, bien sea medidas
privativas o sustitutivas de libertad,
pudiendo ejercer esta facultad tanto
en la audiencia de presentación de
imputados que ocurre al inicio de la
investigación (en casos de flagrancia);
o bien sea que se solicite durante
el transcurso de la investigación,
de conformidad a lo previsto en el
artículo 236 ejusdem.
En lo que respecta a la duración de
la fase de investigación, el Fiscal
Militar debe procurar dar término
a la misma con la diligencia que el
caso lo requiera, pero pasados ocho
meses desde la individualización del
imputado, éste o la víctima según
sea el caso, podrán solicitar al Juez
de Control la fijación de un lapso
prudencial, no menor de treinta días,
ni mayor de cuarenta y cinco para la
conclusión de la investigación.
Recibida dicha solicitud, el Juez Militar
de Control convocará dentro de los
22 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
diez días siguientes una audiencia
para decidir tal solicitud, oyendo
previamente a las partes, debiendo
tomar en consideración la magnitud
del daño causado, la complejidad
de la investigación y cualquier otra
circunstancia que permita alcanzar
la finalidad del proceso, todo ello
de conformidad a lo previsto en
el artículo 295 del referido Código
Orgánico.
Posteriormente, vencido dicho lapso,
el Fiscal Militar deberá presentar el
correspondiente acto conclusivo, de
no hacerlo, el Juez Militar de Control
debe decretar el archivo judicial de las
actuaciones, con las consecuencias
previstas en el artículo 296 ejusdem.
Es necesario señalar que durante el
" Solicitud de sobreseimiento,
el Juez Militar en funciones
de Control debe decidir dicha
petición dentro de los 45 días
siguientes a la solicitud, pudiendo
acordarlo o negarlo
"
transcurso de la fase preparatoria, las
partes podrán oponerse al ejercicio
de la acción penal, de conformidad
a lo previsto en el artículo 30 del
Código Orgánico Procesal Penal,
tocando resolver las mismas al Juez
Militar de Control; de igual forma son
aplicables en esta fase las medidas
alternativas de prosecución del
proceso, entre las que destacan
el principio de oportunidad y los
acuerdos reparatorios.
Concluida la fase investigativa, el Fiscal
Militar debe emitir su acto conclusivo,
llámese archivo fiscal, solicitud de
sobreseimiento o acusación. El
primer acto conclusivo, resulta un
acto intrínseco del Ministerio Público
Militar, que con la excepción de
delitos que atenten contra intereses

difusos o el patrimonio de la Nación,
no requieren participación, sino a la
víctima.
Este acto conclusivo implica
la posibilidad de reaperturar la
investigación penal si surgen
nuevos elementos de convicción
que apuntalen a persona alguna
como autora o partícipe del hecho
investigado, respecto al cual se
decretó el archivo fiscal.
En el segundo caso, solicitud de
sobreseimiento, el Juez Militar en
funciones de Control debe decidir
dicha petición dentro de los 45 días
siguientes a la solicitud, pudiendo
acordarlo o negarlo, en este segundo
caso, se remitirán las actuaciones ante
el Fiscal Superior a fin de que ratifique
o rectifique la petición fiscal.
Si ratifica, el Juez Militar de Control
debe acordarlo, pudiendo dejar a
salvo su opinión; si rectifica, el Fiscal
Militar Superior debe remitir las
actuaciones a otro Fiscal Militar a
objeto que éste continúe conociendo
de la investigación, todo ello al
amparo de lo previsto en el artículo
305 del Código Orgánico Procesal
Penal.
En el tercer supuesto de los
anteriormente mencionados, si el
resultado de la fase investigativa
arroja fundamentos serios para el
enjuiciamiento del imputado, el Fiscal
Militar presentará formal escrito de
acusación, cumpliendo los requisitos
establecidos en el artículo 308
ejusdem.
En este caso, el Juez Militar de Control,
que es a quien corresponde el control
judicial de esta fase, fijará la fecha para
la realización de la correspondiente
audiencia preliminar, la cual marca el
inicio de la segunda fase del proceso,
denominada fase intermedia.
La audiencia preliminar, tendrá
lugar en un lapso no menor de 15
días ni mayor de 20, contados a partir
de la presentación de la acusación.
Una vez notificadas las partes y hasta
cinco días antes del vencimiento del
plazo fijado para la celebración de
la audiencia preliminar, las partes
podrán ejecutar las facultades y
cargas previstas en el artículo 311
Ibidem, destacando la contestación
de la acusación, la promoción de
pruebas, solicitudes de medios
alternativos a la prosecución del
REPORTAJE
proceso (Suspensión condicional
del proceso, acuerdos reparatorios,
principio de oportunidad), admitir los
hechos, así como la presentación de
excepciones.
En la audiencia preliminar, el
Juez Militar decidirá conforme las
posibilidades previstas en el artículo
313 del ya citado Código Orgánico,
destacando entre las mismas la
emisión del auto de apertura a juicio,
siempre y cuando exista una causa
probable y sea admitida la acusación,
total o parcialmente. Con ello se
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 23

REPORTAJE
abren las puertas de la tercera fase
del proceso penal militar.
La fase de juicio, es la vedete del
sistema acusatorio, esta se lleva a cabo
ante el Consejo de Guerra que resulte
competente por razón del territorio,
y es a dicho Tribunal Militar al que
le corresponde el control judicial en
esta fase del proceso, destacándose
como carácter resaltante, que a
diferencia de la jurisdicción penal
ordinaria, éste Tribunal Militar
actuando en funciones de Juicio,
como su denominación lo indica,
es de carácter colegiado, estando
integrado por tres Jueces Militares
Profesionales, tal como lo establece
el artículo 41 del Código Orgánico de
Justicia Militar.
En esta etapa procesal, una vez
recibidas las actuaciones del Tribunal
Militar de Control, conjuntamente
con el auto de apertura a juicio, el
Juez Militar Presidente fijará la fecha
de la celebración del Juicio Oral y
Público, el cual tendrá lugar no antes
24 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
de diez días, ni después de quince días
hábiles, todo ello de conformidad a
lo establecido en el artículo 325 del
Código Orgánico Procesal Penal.
En este acto procesal la Fiscalía
Militar propondrá en forma oral su
teoría fáctica de los hechos, con
indicación de los medios probatorios
sobre los cuales se sustenta dicha
teoría, solicitando la aplicación de las
sanciones penales contempladas en
la normativa legal aplicable.
Por su parte la representación de
la defensa expondrá sus alegatos
de defensa, bien sea a manera de
excepciones o de fondo.
Una vez finalizada la evacuación
de los medios probatorios, cada
parte presentará sus respectivas
conclusiones y réplicas a las
mismas; y luego de producirse la
correspondiente deliberación entre
los Jueces Militares Profesionales
que integran el Consejo de Guerra, se
debe dictar a modo de finalización de
la audiencia del Juicio Oral y Público,
la decisión que corresponda según
sea el caso, pudiendo ser ésta de
naturaleza absolutoria, condenatoria
o de sobreseimiento, la cual debe ser
publicada al finalizar la respectiva
audiencia, o dentro del lapso previsto
para ello en el artículo 347 del
Código Orgánico Procesal Penal, si la
complejidad del caso así lo requiere.
Esta decisión, sea cual sea su
naturaleza es susceptible de
apelación por la parte que resulte
insatisfecha en sus pretensiones,
ante la Corte Marcial de la República,
actuando como segunda instancia,
en función de Corte de Apelaciones,
dentro del lapso de diez días hábiles
siguientes a su publicación, siempre
y cuando procedan alguna de las
causales que hagan procedente
tal recurso. Del mismo modo, la
decisión emanada de la Corte Marcial
puede recurrirse mediante el recurso
extraordinario de casación, siempre
que se trate de causas cuyos delitos
hagan procedente el ejercicio de éste
recurso ante la Sala de Casación Penal
del Tribunal Supremo de Justicia, en
su condición de máximo Tribunal
Militar de la República.
Por último, al referirnos a la última
fase del proceso penal militar, como
lo es la fase de ejecución, podemos
decir que el control judicial de esta
fase corresponde a los Tribunales
Militares de Ejecución de Sentencias.

» Coronel Gerardo Alberto Escalante Monsalve
Juez Presidente del Consejo de Guerra San Cristóbal
REPORTAJE
Criterio Jurisprudencial
Del Tribunal Supremo de Justicia
Respecto a la orden de apertura de la investigación
penal militar.
Se entiende por jurisprudencia
a los informes dictados por
los órganos jurisdiccionales
del Estado. Esto significa que para
conocer el contenido completo de las
normas vigentes, hay que considerar
cómo han sido aplicadas en el pasado.
En otras palabras, la jurisprudencia es
el conjunto de sentencias que han
resuelto casos fundamentándose en
ellas mismas.
El estudio de las variaciones de la
jurisprudencia a lo largo del tiempo
es la mejor manera de conocer la
evolución en la aplicación de las leyes,
quizá con mayor exactitud que el
mero repaso de las distintas reformas
del Derecho Positivo que en algunos
casos no llegan a aplicarse realmente
a pesar de su promulgación oficial.
La jurisprudencia se inspira en
el propósito de obtener una
interpretación uniforme del derecho
en los casos que la realidad presenta
a los jueces. Ahora bien, en la
jurisdicción venezolana observamos
que existe jurisprudencia de Instancia
y Cortes de Apelaciones que
pueden servir de guía a los jueces
en determinado caso, pero que no
tienen carácter vinculante, no así,
las decisiones adoptadas por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, que tiene incidencia en las
demás Salas que lo componen y en
los demás Tribunales de la República
conforme lo dispone el artículo 335
de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Ahora bien, el legislador castrense
de 1938 en el Código de Justicia
Militar, previo en su Artículo 163
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 25

REPORTAJE
“que ningún sumario militar
podría iniciarse sin la orden previa
de averiguación dictada por la
autoridad competente“ y señala
como autoridades competentes al:
1.- El Presidente de la República,
en el caso del ordinal 1 del
Artículo 54.
2.- El Ministro de la Defensa.
3.- Los Jefes de Jurisdicciones
militares o navales establecidas
en las leyes militares.
4.- En tiempo de Guerra los Jefes
de Fuerzas independientes
conforme al presente Código y a
las órdenes que al efecto dictare
el Jefe del Ejército.
La anterior disposición fue modificada
en la reforma que le dio carácter de
orgánico al mencionado Código y
publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela
Nro - 5.263 Extraordinario del 17 de
septiembre de 1998, el cual quedó
redactado de la siguiente manera:
Artículo 163 - El fiscal militar no podrá
iniciar ninguna investigación sin la
orden previa de apertura dictada por
la autoridad competente y menciona
a estos de la siguiente manera:
1.- El Presidente de la República,
en el caso del ordinal 1 del
Artículo 54.
2.- El Ministro de la Defensa.
3.- Los Jefes de Regiones Militares.
4.- Los Comandantes de Guarnición.
5.- Los Comandantes de los Teatros
de Operaciones.
6.- Los Jefes de Unidades Militares
de Campaña
26 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
Respecto a ésta norma y muy
específicamente a la facultad que
tiene el Ministro del Poder Popular
para la Defensa de ordenar una
apertura de investigación en contra de
Oficiales Generales y de los Oficiales
Almirantes, el Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala Constitucional, de
fecha 29 de abril de 2002, se avocó al
conocimiento de una causa, en donde
el accionante interpone acción de
amparo constitucional con solicitud
de medida cautelar innominada,
contra el Oficio Nro. 1.312, del 19 de
abril de 2002, suscrito por el entonces
Ministro de la Defensa, mediante el
cual se ordenó al Fiscal General Militar
la apertura de una investigación
contra un Oficial General por la
presunta comisión de hechos
punibles de naturaleza penal militar,
conjuntamente con acción popular
de nulidad por inconstitucionalidad
contra los artículos 54 y 55 del Código
Orgánico de Justicia Militar, publicado
en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nro. 5.263 “extraordinario”,
del 17 de septiembre de 1998.
El accionante fundamenta su petición
en las siguientes consideraciones:
Que el acto mediante el cual el
entonces Ministro de la Defensa
ordenó la apertura del juicio penal
militar, se fundamentó en una norma
del Código Orgánico de Justicia
Militar, que evidentemente ha sido
derogada por mandato expreso de
la Única Disposición Derogatoria
establecida en la Constitución.
Que dicha norma, a saber, el ordinal
2 del artículo 55 del Código Orgánico
de Justicia Militar ha sido derogado
por el propio poder derogatorio
constitucional, al quedar sujeto
el ordenamiento jurídico y todos
los órganos del Poder Público
Nacional a la Constitucional, ello
por mandato expreso del artículo 7
de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Que dicho acto del entonces Ministro
de la Defensa violó los artículos 136,
137, 138, 253, 254, 257, 261 y 285
numeral tercero de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela,
toda vez que, según lo dispuesto en el
artículo 261 ejusdem, la jurisdicción
penal militar es parte integral del
Poder Judicial (y no del Poder
Ejecutivo), siendo que el Poder Judicial
es independiente.
Que el artículo 253 de la Constitución
de la República Bolivariana de
Venezuela establece específicamente
quiénes forman parte del sistema
de justicia, siendo que dicho Texto
Constitucional no contempla a
los Ministros ni al Presidente de la
República como órganos del Poder
Judicial, “… ni mucho menos se pudiera
pretender interpretar que a un Ministro
del Despacho Ejecutivo la Carta
Magna lo considera como un órgano
de investigación penal; y muchísimo
menos que un Ministro del Despacho,
comparta con el Fiscal General
de la República sus Atribuciones
Constitucionales”.
Que ni el Ministro de la Defensa, ni
el Presidente de la República, están

facultados por la Constitución para
asumir funciones jurisdiccionales,
expresamente reservadas al Poder
Judicial.
Que aceptar que el Ministro de la
Defensa pueda ordenar la apertura
de un juicio, es aceptar que el Ministro
de la Defensa sea un Juez de Control,
“… y nada más alejado de la realidad
de la Constitucionalidad.
Por tal circunstancia el Ministro de
la Defensa ha incurrido en lo que
la doctrina ha identificado como
Usurpación de Atribuciones; en
este caso ha ocurrido una evidente
usurpación de las atribuciones
que por mandato constitucional,
le corresponden exclusivamente al
ciudadano Fiscal General de la
República (ordinal tercero del artículo
285) y como bien lo establece la
Carta Magna en su artículo 138; toda
autoridad usurpada es ineficaz y sus
actos son nulos”
Por otra parte, el accionante también
solicitó la declaratoria de nulidad por
inconstitucionalidad de los artículos
54 y 55 del Código Orgánico de
Justicia Militar, toda vez que estos
atribuyen facultades jurisdiccionales
al Presidente de la República y al
Ministro de la Defensa, en evidente
contradicción con la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela.
REPORTAJE
Analizado por el Magistrado ponente el ordinal 1 del artículo 54 y del ordinal
2 del articulo 55 ambos del Código Orgánico de Justicia Militar dice que: “en
una interpretación gramatical de las mismas se denota una asincronía a la luz
del nuevo sistema acusatorio consagrado constitucionalmente, pero que ello
necesariamente no debía conllevar a la declaratoria de inconstitucionalidad de
dichos artículos".
Esta interpretación, ha servido para aclarar que la orden de investigación penal
militar es una formalidad castrense y no un requisito esencial para el inicio de
proceso penal militar, ya que la legalidad del inicio de una investigación, en los
delitos de Acción Pública, corresponde al Ministerio Público, que en nuestra
jurisdicción, la ejercen los Fiscales Militares de conformidad a los artículos 3 y 6
de la Ley Orgánica del Ministerio Público en concordancia con el artículo 70 del
Código Orgánico de Justicia Militar.
De igual forma, concluyó la Sala
Constitucional que el auto de
investigación penal militar es
requisito de ley para la licitud
del inicio del proceso penal
militar y no la orden previa de
apertura de investigación penal
militar, que es un requisito
formal no esencial del ámbito
militar.
En la presente sentencia, más que declararse la nulidad de los citados artículos,
que estipulan la facultad que tiene el Ministro del Poder Popular para la
Defensa, como funcionario de la Justicia Militar, se determinó con carácter
vinculante que en la jurisdicción militar no es requisito sine qua non que las
autoridades a que se refiere el artículo 163 del Código Orgánico de Justicia
Militar emitan una orden de investigación para que el Ministerio Público Militar
inicie una investigación que sea de su competencia.
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 27

REPORTAJE
Desarrollo Evolutivo de la Mujer
y su inserción en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
Hablar de la mujer, hoy en día
significa, analizar el desarrollo
evolutivo del derecho
que tiene, a no ser objeto de la
discriminación y violencia a nivel
nacional e internacional, la lucha de
la mujer se conmemora el 8 de Marzo
como día internacional de la mujer,
siendo deber de cada Estado de
actuar con la debida diligencia para
proteger los derechos humanos y los
derechos de las mujeres.
Su significado etimológico proviene
del verbo latín (mulier-eris) es la
persona del sexo femenino. Mujer
también remite a distinciones de
género de carácter cultural y social
que se le atribuyen así como a las
28 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
» Coronel José Ángel Moreno Sánchez
Tribunal Militar Décimo Sexto de Control con Sede en Barcelona
Almirante en Jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas
Ministra del Poder Popular para la Defensa

diferencias sexuales y biológicas de la
hembra.
Ahora bien, en la actualidad, se han
reconocido derechos que tienen las
mujeres en el mundo, garantizados en
el marco de nuestra Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela,
establecidos en los artículos 2 y 21
ejusdem, en los cuales se cita:
Artículo 2
“Venezuela se constituye en un estado
democrático y social de derecho y
de justicia, que propugna los valores
superiores en su ordenamiento Jurídico
y de su actuación, la vida, la libertad,
la justicia, la igualdad, la solidaridad,
la democracia, la responsabilidad
social y, en general, la preeminencia
de los derechos humanos, la ética y el
Pluralismo político”.
Teniente Coronela Lariza María
Theis Ferrer, Jueza Militar Tercero
de Control Caracas
A la izquierda la Capitana de Navío Siria Venero de Guerrero, Juez
Profesional del Consejo de Guerra Caracas y a la derecha la Coronela Leída
Núñez S., Magistrada de la Corte Marcial
REPORTAJE
En el artículo 21 de la Constitución
Nacional de la República Bolivariana
de Venezuela, se establece
textualmente:
“Todas las personas son iguales ante
la ley, y en consecuencia: Numeral 1º
No se permitirán discriminaciones
fundadas en la raza, el sexo, el credo,
la condición social o aquellas que,
en general, tengan por objeto o
resultado anular, o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio
en condiciones de igualdad, de los
derechos y libertades de toda persona”.
Nuestra Constitución determinó la
igualdad de sexo, la igualdad ante
la ley, siendo explícitos nuestros
legisladores que la mujer tiene los
mismos derechos en la sociedad,
que no debe existir preferencia en el
género que menoscabe el disfrute de
los derechos humanos de la Mujer, en
cooperación con principios, convenios
y tratados internacionales, ratificados
por nuestra República, que obligan a
los Estados a estar comprometidos,
además del deber que tienen de
adoptar medidas legislativas que
garanticen esos derechos y exige que
el sistema interno ofrezca recursos
judiciales efectivos y accesibles a las
personas que aleguen la violación de
los derechos protegidos de la mujer;
todo esto con la finalidad de erradicar
aquellos paradigmas positivistas y
sexistas. Reconociendo así el Estado
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 29

REPORTAJE
Venezolano la necesidad de aplicar una ley sobre la
violencia de género y observando que no solo era un
problema de índole público sino que también era privado
y que el Estado debía intervenir, la Violencia contra la
Mujer, es una problemática Mundial que representa un
problema de salud y un problema social, que afecta en
todas las esferas de la Sociedad. Es por ello que nuestra ley
está enmarcada dentro de las normas
jurídicas contenidas en la Constitución,
Leyes y Convenios Internacionales que
Venezuela ha suscrito en materia de
Derechos Humanos, y en concordancia
con otras Disposiciones Legales que
conciernen a la Protección de los mismos.
El Objeto de esta Ley Orgánica Sobre el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, es reconocer la dignidad
de la Mujer, consagrando sus Derechos
Fundamentales como inviolables, al
establecer como Violencia cualquier
forma de Maltrato que menoscabe o anule cualquiera
de sus Derechos Humanos, independientemente de
su forma. Así mismo nos señalan los artículos 7 y 30 de
la mencionada ley, los programas de orientación que
deben seguir los Órganos Jurisdiccionales competentes
en la materia, garantizándoles programas de educación y
prevención sobre la violencia de género, para la formación
de Organismos tanto Municipales como Estadales para el
seguimiento y control de aquellas personas agresoras,
que atenten contra los derechos establecidos en la
constitución y la ley. Ante la dinámica de los cambios que
en materia de garantías a los derechos humanos que se
han realizado en el país, nuestra Fuerza Armada Nacional
Bolivariana no ha sido la excepción y en atención a los
30 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
postulados de la Constitución Nacional, se ha adaptado a
la nueva legislación que ampara los derechos de la mujer.
En los actuales momentos nuestra institución ha sufrido
una series de transformaciones, como fue la inclusión de
la mujer en las diferentes casas de estudio desde el año
2000, a quienes se le reconocieron los mismos derechos
que tiene el personal masculino, observándose cambios
estructurales propiciados por ese nuevo
pensamiento militar bolivariano que
en la antigua Fuerza Armada el trato
hacia la mujer en muchos casos era
discriminatorio. Era imposible pensar
que las mujeres llegaran a las diferentes
unidades operativas y a ocupar cargos
de altos mandos y comandos en los
diferentes componentes. Es de resaltar
que en la actualidad Venezuela cuenta con
una Fuerza Armada Nacional Bolivariana
más fortalecida, más equipada y más
adiestrada, donde la mujer tiene un papel
preponderante, dispuesta a combatir al igual que los
hombres ante cualquier agresión. En el año 2010, la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana tuvo la Primera Almiranta de
la Armada Bolivariana de Venezuela y así como ella han
seguido numerosas damas que hoy ostentan grados de
Generalas y Almirantas. Igualmente nuestro sistema de
justicia militar cuenta con mujeres preparadas ocupando
cargos Judiciales en todos los niveles, resaltando aquellas
desempeñando labores como Magistrado de la Corte
Marcial y como Fiscal Superior del Ministerio Público
Militar.

REPORTAJE
» Teniente Coronel Sami Rassi
Juez Militar Quinto de Control
La acción de Amparo
Remedio procesal para restablecer
violaciones a la justicia como derecho humano
En el ámbito internacional se
reconoce la amplitud de la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, respecto
a la concepción de los Derechos
Humanos. Claro ejemplo de ello lo
constituye la constitucionalización
de los principios de progresividad,
consagración apertus e
irrenunciabilidad. Del mismo modo
se incorporan el acceso a la justicia y
32 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
al debido proceso como parte
del núcleo duro de los derechos
fundamentales, respecto a los cuales
no existe limitación o restricción.
La Justicia concebida y protegida como
derecho humano, está establecida en
el artículo 26 de la Carta Magna, norma
que contempla la prerrogativa de que
toda persona tenga acceso a los órganos
de administración de justicia para hacer
valer
sus derechos
e intereses, incluso los
colectivos o difusos, a la tutela efectiva
de los mismos y a obtener con
prontitud la decisión correspondiente.
Por otra parte pauta la obligación
del Estado en garantizar una
justicia gratuita, accesible, imparcial
idónea, transparente, autónoma,

CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 33

REPORTAJE
independiente, responsable, equitativa
y expedita, sin dilaciones indebidas, sin
formalismos y sin reposiciones inútiles.
Luego, en el texto constitucional,
desarrolla el Derecho Humano
a la Justicia, estableciendo los
mecanismos para hacerlo efectivo. Y
dentro de estas vías, destaca la Acción
autónoma de Amparo, prevista en
el artículo 27 de la Constitución
Nacional de la República Bolivariana
de Venezuela, el cual señala que
toda persona tiene derecho a ser
amparada por los tribunales en el
goce y ejercicio de los derechos y
garantías constitucionales.
El artículo 1 de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías
34 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
Constitucionales señala que toda
persona puede solicitar ante los
tribunales el amparo de los derechos
violados, con el propósito de que
se restablezcan inmediatamente
la situación jurídica infringida. El
amparo es equiparable a un proceso
cautelar y restitutorio, tendente
únicamente a la constatación de la
violación o amenaza de violación del
derecho o garantía constitucional.
Por su parte el artículo 4 de la Ley de
Amparo, consagra su procedencia
cuando un Tribunal de la República,
actuando fuera de su competencia,
dicte una resolución o sentencia
u ordene un acto que lesione un
derecho constitucional.
Vale acotar que la Sala Constitucional,
del Máximo Tribunal, ha analizado
la frase que contiene el artículo
4 cuando dice “actuando fuera
de su competencia” y estableció
que cuando la norma habla
de competencia no se refiere
exclusivamente al concepto técnico
procesal, esto es a la materia, cuantía y
territorio, sino que involucra también
el supuesto de abuso de poder y
extra limitación de las atribuciones.
(Sentencia Nro. 1, 24 de enero de
2001).
Procedimiento de amparo contra
sentencia
En esta modalidad de amparo el
legitimado pasivo es el tribunal que
dicto la sentencia lesiva de derechos
constitucionales. El procedimiento
a seguir cuando se intenta esta
modalidad de acciones de amparo
se simplificaran aún mas, debiendo
notificarse al presunto agraviante
(al juez que dictó la sentencia) así
como a las partes que intervinieron
en ese proceso la oportunidad en
que se realizará la audiencia oral para
que estas presenten sus alegatos y
argumentos respecto a la acción. Si
el presunto agraviante, el juez no
comparece a la audiencia no se le
tendrá por confeso.
Estos amparos se intentarán con
la copia certificada del fallo que se
pretende impugnar a menos que
por la urgencia no pueda obtenerse
a tiempo la copia certificada, caso
en el cual se admitirán las copias
previstas en el artículo 429 del Código
Procedimiento Civil, no obstante en
la audiencia oral deberá presentarse
copia auténtica de la sentencia.
Unas vez notificadas, la oportunidad
de la audiencia el asunto se resolverá
dentro de las 96 horas siguientes la
última notificación.
La incomparecencia del presunto
agraviante (juez) no significará
aceptación de los hechos, y el órgano
que conoce del amparo, examinará
la decisión impugnada y decidirá el
mismo día.

Entrevista con
El General de División
Josué Pernía Méndez
El proyecto de Reforma del
Código Orgánico de Justicia
Militar, es el resultado de un
estudio serio efectuado por un
equipo de profesionales militares
pertenecientes al sistema de justicia
militar, a las normas constitucionales,
a las leyes penales y procesales con
el fin de adecuar nuestra jurisdicción
especial penal militar a los Preceptos,
Derechos y Garantías consagrados
en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela; así como a
los nuevos criterios jurisprudenciales,
doctrinarios y a las leyes especiales
promulgadas en el período
comprendido desde el año 1999
hasta la fecha.
El primer Código de Justicia Militar es
promulgado el 21 de julio de 1933,
luego surgieron algunas reformas
como la efectuada el 17 de Julio
de 1938, según Gaceta Oficial de
los Estados Unidos de Venezuela
de fecha 06 de Agosto de 1938. Su
última reforma se lleva a cabo el
17 de Septiembre de 1998 según
la Gaceta Oficial N° 5263 donde se
le otorga el calificativo de “CODIGO
ORGANICO” entrando en vigencia
el 01 de Julio de 1999. Dentro de las
modificaciones más relevantes se
observan las siguientes: se vincula la
Justicia Militar con el Poder Judicial;
y su propuesta de reforma al
Código Orgánico de Justicia Militar
ENTREVISTA
General de División Josué Pernía Méndez
Magistrado Presidente del
Circuito Judicial Penal Militar y Corte Marcial
la Fiscalía General Militar y la Defensoría Publica pasan a ser instituciones
autónomas e independientes de los Tribunales Militares; se adopta el sistema
oral-acusatorio; se le da función de Corte de Apelaciones a la Corte Marcial.
¿ ?
¿Cuáles son las razones que impulsan la necesidad de elaborar un proyecto
de reforma del Código Orgánico de Justicia Militar?
La reforma planteada en el año 1998 no fue suficiente para adecuar nuestro
sistema de justicia militar a los cambios del sistema inquisitivo al oral acusatorio
llevados a cabo en ese momento. Posteriormente, desde el año 1998 a la
presente fecha el proceso constituyente dió como resultado la Constitución de
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 35

ENTREVISTA
la República Bolivariana de Venezuela
de 1999, la cual trajo tareas implícitas
de adecuación de todas las leyes
nacionales, al concepto del Estado
Democrático y Social de Derecho y de
Justicia.
Así mismo, nace la necesidad de
actualizar nuestro Código Orgánico
de Justicia Militar ya que la reforma
efectuada en el año 1998 nada
planteó acerca de los Principios
y Garantías Procesales, sobre el
ejercicio de la Acción Penal, sobre los
tipos de tribunales, etc.; esto generó
una gran preocupación ya que en
esencia ordenaba la aplicación del
Sistema Acusatorio, sin embargo,
el reformado Código Orgánico de
Justicia Militar aún mantenía vigentes
entre sus norma procedimientos del
derogado Sistema Inquisitivo.
¿
¿
?
¿Entonces en definitiva el Código
Orgánico de Justicia Militar del año
1998 requiere ser actualizado?
?
Así es, es necesaria su reforma para
adecuarlo a los nuevos tiempos.
¿Qué aspectos específicos
considera deben ser actualizados?
¿
36 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
Yo considero que deben actualizarse
todos aquellos aspectos relacionados
con la tipicidad de los delitos
militares, la cuantía de las Penas,
los Procedimientos Ordinarios y
Especiales tanto en tiempo de paz
como en los estados de excepción.
Así mismo, se deben actualizar
algunas terminologías que ya no se
encuentran en uso como “Ministerio
de Guerra y Marina”, “Fuerzas
Terrestres y Navales”, “Comandante en
jefe del Ejército”, “Fuerzas Armadas”,
“ocupación”, “auditores”, y otras.
?
¿Qué plantea la propuesta de
reforma del Código Orgánico de
Justicia Militar?
Se plantea la adaptación de la
estructura funcional de la justicia
militar a los procedimientos
establecidos en el COPP, el uso
actualizado de los términos jurídicos
y de los nombres de las instituciones
que actualmente existen en el estado
venezolano. Se plantea la sustitución
del Término “Tiempo de Guerra” por el
de “Conflictos internos y/o externos”.
Se toma en cuenta la organización
operacional de la fuerza armada
incorporando las responsabilidades
territoriales de las REDI, ZODI y ADI.
Se define las responsabilidades
penales en las que pudiesen incurrir
los miembros de la Milicia Nacional
Bolivariana, se aclara el carácter
netamente defensivo del empleo
de la FANB y la esencia de Fuerza
Armada de ser garante de la Paz. La
eliminación de las penas de arrestos
y la exclusión de las faltas militares
por ser atribuciones disciplinarias
de exclusiva responsabilidad de la
autoridad militar administrativa.
En el proyecto también se esboza la
creación de un libro denominado “Del
Procedimiento Penal Militar” el cual
describe las formalidades procesales
ordinarias y extraordinarias que
deberán cumplirse en tiempo de
paz o durante conflictos internos
o externos. Se prevé además el
aumento en las penalidades de
Delitos Militares, en aquellos casos en
las cuales siendo gravosa la conducta
delictual o el daño causado a la Fuerza
Armada resultan hoy día irrisoria las
penas establecidas.
Del estudio realizado se llegó a la
conclusión que es necesario tomar
en cuenta otras conductas que deben
ser castigadas como delitos militares;
tal es el caso del delito de REBELIÓN
MILITAR, donde se ha previsto como
delito referido a esta materia el
“desconocimiento de las instituciones
del Estado”, y el “uso de material de
guerra para desestabilización”.
Sobre otros delitos contra la
SEGURIDAD DE LA FUERZA ARMADA
NACIONAL BOLIVARIANA, se han
previstos los delitos de “Acciones
hostiles en contra de la Fuerza
Armada” y “apoyo a grupos irregulares”
castigando aquellas personas que a
través de la violencia causen alarma,

tensión, temor u hostilidad, con el fin
de provocar conflictos o subvertir el
orden Constitucional y Legal.
En materia de DROGAS se ha
considerado como delito militar la
“Posesión ilícita” por parte de aquellos
militares que posean estupefacientes
o sustancias psicotrópicas en
instalaciones, vehículos, naves o
aeronaves militares en cantidades
superiores a la dosis establecida
para el consumo, de acuerdo a
las leyes nacionales o convenios
internacionales establecidas sobre
dicha materia. Así mismo, si esta
conducta de posesión trajera como
consecuencia un perjuicio a la nación
que coloque en peligro la Seguridad
Y Defensa de la Nación, la pena seria
incrementada.
Sobre otros delitos relacionados con
la “Seguridad de las Operaciones
Militares Terrestres, Navales o
Aéreas” se ha considerado necesario
penalizar la conducta de aquellos
militares que sin justificación utilicen
naves, aeronaves, buques o vehículos
militares con fines distintos a la orden
de operaciones o documentos que
originen la misión y ponga en peligro
la seguridad de las operaciones
militares. Se penaliza el “Transporte
ilegal de materiales o sustancias no
autorizadas” en aeronaves, buques
o vehículos militares o en funciones
militares, en provecho propio o de
un particular. Así mismo, la “Avería o
desperfecto de aeronaves, buques
o vehículos militares”, de manera
dolosa y que pongan en riesgo las
operaciones militares.
Y por último, en los delitos relacionados
con el ABUSO DE AUTORIDAD se ha
previsto como conducta delictuosa
por parte de un militar el “Provecho
indebido con ocasión al servicio” en la
administración pública de recursos o
bienes materiales.
¿
?
¿Frente al crecimiento de los
hechos delictivos que afectan la
Seguridad y Defensa Nacional,
como se plantea resolver esta
situación en la propuesta?
Es necesario resaltar los aspectos más
importantes que se presentan en el
Proyecto de Reforma del COJM y que
generan una innovación, producto
de la realidad que vive nuestra
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
PRIMERO: Se prevé el aumento de
las penas. SEGUNDO: Se crea un
¿
ENTREVISTA
procedimiento penal militar ordinario
(en tiempo de paz) y extraordinario
(durante conflicto interno o externo).
TERCERO: Se establece la excepción
de la aplicación del PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE DELITOS MENOS GRAVES
establecidos en el COPP, en casos
de delitos contra la independencia
y seguridad de la nación, y crímenes
de guerra. CUARTO: La creación de
una Sección relacionada a los “delitos
contra las operaciones aéreas,
terrestres y navales”. QUINTO: La
creación de una Sección relacionadas
a los delitos en materia de drogas y de
un nuevo tipo de delito en cuanto a la
posesión y micro tráfico dentro de los
cuarteles. SEXTO: Se reestructura el
delito militar de REBELIÓN, ATAQUE AL
CENTINELA Y DESERCION. SEPTIMO:
Se crea un Capítulo referido a “OTROS
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
DE LA FANB”, en el cual se pretende
atender las nuevas realidades que se
presentan en el empleo de la FANB.
OCTAVO: Se castiga con un aumento
de pena al delito de sustracción de
fondos y efectos pertenecientes a la
FANB. NOVENO: Se estableció pena
para el delito militar de NEGLIGENCIA,
para aquel militar sin causa justificada
deje cumplir sus funciones militares.
DECIMO: Se incorpora al COJM como
delitos militares, los establecidos
en otras leyes especiales. DECIMO
PRIMERO: Se sustituye la orden
de apertura de investigación penal
militar por la obligación de parte del
Ministerio Publico Militar de participar
a la autoridad militar cuando se inicie
una investigación penal.
?
¿A quiénes aplica este Código
Orgánico de Justicia Militar?
Según lo establecido en el artículo 87
de la Propuesta, este aplica a:
1) El personal militar de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana
en situación de actividad, que
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 37

ENTREVISTA
cumpla funciones dentro de la
institución Armada o se encuentre
en comisión de servicio en la
administración pública.
2) La tropa alistada de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana
3) El personal de la Milicia Bolivariana
cuando estén movilizados
y cumpliendo funciones de
naturaleza militar.
4) Los Cadetes y Alumnos de los
Institutos de Formación de
la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.
5) Los detenidos o recluidos que se
encuentren en establecimientos y
bajo la autoridad militar.
6) Los empleados, funcionarios u
obreros adscritos a la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana,
por delitos de naturaleza militar
cometidos en el desempeño
de sus funciones dentro de los
establecimientos o dependencias
militares, o en cumplimiento de
comisiones del servicio o con
ocasión de ellas.
¿
¿
38 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
7) Y demás ciudadanos que no
formen parte de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana e incurran en
algunos de los delitos tipificados
en este Código, en cuanto les sean
aplicables.
?
¿En resumen, cuantos artículos
fueron incorporados, modificados
o eliminados en comparación con
el Código vigente?
En este proyecto fueron creados 160
artículos, modificados 118 artículos,
62 permanecen iguales y fueron
eliminados 317, para un total de 340
artículos en la propuesta final.
¿Podría explicar un poco como está
estructurado el proyecto?
?
Está conformado por un Título
Preliminar llamado DISPOSICIONES
FUNDAMENTALES que comprende
los artículos del 1 al 19. En estas
disposiciones se establecen los
Principios Rectores del Sistema
de Justicia Penal Militar. Le sigue
un Libro Primero Llamado DE LA
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DEL
SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR que va
del artículo 20 al artículo 96, en los
cuales se establecen la estructura
y funciones de todos y cada uno
de los integrantes del Sistema de
Justicia Penal Militar. Posteriormente,
un Libro Segundo Llamado DEL
PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR
que parte del artículo 97 al artículo
130, en este libro se establecen las
normas adjetivas que definen las
fases del proceso penal militar. Por
último, un Libro Tercero Llamado
DE LOS DELITOS Y LAS PENAS que
corresponde a los artículos 131 al
334, contienen las generalidades y
parte sustantiva sobre los delitos y
las penas propios de esta jurisdicción
especial. Al final se describen Las
Disposiciones Transitorias, desde los
artículos 335 al 337. En estas normas
temporales se describe la forma como
se llevará el procedimiento penal
militar hasta tanto entre en vigencia
definitiva el proyecto de ley. Al final se
encuentran las Disposiciones Finales
que establecen las condiciones de
entrada en vigencia del Código
Orgánico de Justicia Militar y sobre la
derogatoria del actual.
¿Quiénes trabajaron en la
elaboración del Proyecto de
Reforma del Código Orgánico de
Justicia Militar?
¿ ?
Un equipo multidisciplinario donde
participaron profesionales del
derecho representando cada uno de
los componentes de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, junto con un
grupo de profesionales previamente
seleccionados pertenecientes al
Sistema de Justicia Militar. Entre ellos
podemos mencionar: la Corte Marcial,
la Fiscalía Militar, la Defensoría Publica
Militar y la Consultoría Jurídica del
Ministerio del Poder Popular para la
Defensa.

CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 39

REPORTAJE
Cadena de Custodia
Del resultado de un buen
trabajo de investigación
criminal que se realice con
especial interés en el sitio del suceso,
dependerá en gran medida los
resultados del proceso que se lleve a
cabo y por ende será la consecuencia
positiva que arroje como efectos la
obtención de aquellos elementos
primordiales que puedan apuntar a
establecer la verdad de los hechos y
por consiguiente la responsabilidad
penal individual.
Señala el Manual Único de
40 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
» Mayor Ángel Vicente Bruno García
Tribunal Militar Sexto de Control con sede en Valencia
Procedimiento en Materia de
Cadena de Custodia de Evidencias
Físicas, que cuando el investigador
criminal llega al sitio del suceso debe
protegerlo y proceder a su abordaje,
y puntualiza “Para su aseguramiento
deberán ocupar lugares, objetos,
armas o instrumentos, utilizando para
tal fin cualquier medio idóneo para
lograrlo…”.
En este sentido, señala el artículo
187 del Código Orgánico Procesal
Penal que “Todo funcionario o
funcionaria que colecte evidencias
físicas debe cumplir con la cadena de
custodia, entendiéndose por ésta, la
garantía legal que permite el manejo
idóneo de las evidencias digitales,
físicas o materiales, con el objeto de
evitar su modificación, alteración o
contaminación desde el momento
de su ubicación en el sitio del suceso
o lugar del hallazgo, su trayectoria
por las distintas dependencias de
investigaciones penales, criminalísticas
y forenses, la consignación de los
resultados a la autoridad competente,
hasta la culminación del proceso…”.

REPORTAJE
Ello se traduce en la legalidad de la
prueba, es una forma de garantizar
el debido proceso y el control de la
prueba colectada a fin de preservar la
verdad de los hechos, lo que implica
evitar la alteración de la evidencia
colectada.
Señala el referido Manual que la
cadena de custodia se refiere a la
colección de la evidencia desde el
mismo sitio del suceso, su embalaje,
rotulado, etiquetaje, preservación y
traslado a las dependencias donde
se les practicará el examen forense,
de igual forma su devolución con
los informes de resultados, lo
cual se deberá conservar hasta la
culminación del proceso, incluyendo
por su puesto, su exhibición en el
juicio oral y público.
Refiere el Dr. Eric Pérez Sarmiento
que la cadena de custodia, “no es más
que el curso vigilado y controlado que
deben seguir las evidencias materiales
que se obtengan en el proceso de
investigación…”.
Los vicios en la cadena de custodia
pueden conllevar a la nulidad del acto
y por ende puede perderse la prueba.
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 41

REPORTAJE
Derechos del Imputado(a)
Antes de hablar de los derechos
del imputado es necesario
definir a quien se le considera
“imputado” en el proceso; el artículo
126 del Código Orgánico Procesal
Penal lo define como imputado a:
“…toda persona a quien
se le señale como autor
o autora, o partícipe de
un hecho punible por un
acto de procedimiento
de las autoridades
encargadas de la
persecución penal…”
Ahora bien, con la nueva reforma
del Código Orgánico Procesal Penal,
podrá utilizarse la denominación
de imputado o imputada en las
diferentes etapas del proceso
(Investigación, Fase Intermedia, Juicio
y Ejecución).
El artículo 19 del Código Orgánico
Procesal Penal establece que a
los Jueces de la República les
corresponderá velar por el Control
de la Constitucionalidad, en
consecuencia cuando una norma
colida con nuestra Carta Magna los
tribunales deberán atenerse a la
42 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
» Primer Teniente Cristian J. Rivas Lanz
Director de RRHH del Circuito Judial Penal Militar
norma constitucional, por encima
de cualquier otra ley; así tenemos,
que el artículo 44 ordinal 1 de la
Carta Magna, dispone que la libertad
personal es inviolable:
“Ninguna persona puede
ser arrestada o detenida
sino en virtud de una
orden judicial, a menos
que sea sorprendida in
fraganti…
…Será juzgada en
libertad excepto por las
razones determinadas
por la ley y apreciadas
por el juez o jueza en
cada caso…”
En tal sentido, resulta evidente que
la libertad personal es una garantía
de rango constitucional, la cual es
inviolable, a menos que el hecho
que se le imputa merezca privativa
de libertad, o la acción penal no se
encuentre evidentemente prescrita,
o existan elementos de convicción
suficientes para estimar que el
imputado ha sido el autor o partícipe
de ese hecho criminal y/o que haya
una presunción de peligro de fuga
o de obstaculización por parte del
imputado al proceso. Así mismo, otro
derecho con rango constitucional
es la Presunción de Inocencia, es
un derecho fundamental y así lo
establece el artículo 49 Ordinal 2° de
nuestra Carta Magna el cual dice:
“…toda persona se
presume inocente
mientras no se pruebe lo
contrario…”
Por otra parte el artículo 8 del Código
Orgánico Procesal Penal establece
que:
”Cualquiera a quien se
le impute la comisión
de un hecho punible
tiene derecho a que se
le presuma inocente y a
que se le trate como tal,
mientras no se establezca
su culpabilidad mediante
sentencia firme.”

En el articulo 127 ejusdem se le
reconocen al imputado como "sujeto
procesal", una serie de derechos que
no son más que la enumeración de
garantías establecidas a su favor,
en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, las leyes,
los tratados, convenios y acuerdos
internacionales suscritos y ratificados
por la República Bolivariana de
Venezuela; entre ellos tenemos los
siguientes: ser notificado sobre los
hechos que se le imputan; no ser
privado de libertad, el derecho a que
se le garantice comunicarse con sus
familiares u abogado de confianza y
de no tener un abogado de confianza
el estado debe proporcionarle uno,
a fin de ser asistido por éste desde
el momento en que se inicia la
investigación o una vez señalado
como imputado; de igual manera,
de no hablar el castellano el derecho
de ser asistido gratuitamente por un
traductor (a) o intérprete.
El imputado en la búsqueda de
esclarecer la verdad, puede solicitar
al Ministerio Público la práctica de
diligencias destinadas a desvirtuar
las imputaciones que se le
formulen.
REPORTAJE
Tanto nuestra Carta Magna como
el Código Orgánico Procesal Penal
eximen al imputado de dar algún tipo
de declaración, en consecuencia no
está obligado a confesarse culpable
o declarar contra sí mismo; lo podrá
hacer de manera voluntaria si así lo
manifiesta, pero en ningún caso lo
podrá hacer bajo juramento y debe
constar en acta que le fue leído el
precepto constitucional; no puede
ser sometido a maltratos, torturas u
cualquier otro trato cruel, inhumano o
degradante a su dignidad personal, ni
de ser objeto de técnicas o métodos
que alteren su libre voluntad e incluso
su consentimiento.
Los derechos del imputado o
imputada, buscan garantizar en el
proceso la igualdad de las partes,
respetar sus derechos humanos y
garantizar el debido proceso según
los principios que lo orientan y la
legalidad que debe magnificar el
sistema judicial venezolano.
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 43

REPORTAJE
Derecho Penal Militar
Venezolano En el siglo XXI
Reflexión de introito
La justicia militar en Venezuela
es un elemento indispensable
para el mantenimiento de
la disciplina en la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, institución que
tiene su fundamento constitucional
en la seguridad del Estado para lo cual
ha creado su infraestructura jurídica y
organizativa, con el fin de preservar
y dar vigencia a los criterios de
independencia, soberanía y fronteras,
acompañados de una Fuerza
Armada Nacional Bolivariana como
institución garante de la seguridad
y defensa nacional así como de
la estabilidad de las instituciones
democráticas y el respeto a la
Constitución y a las leyes. Según
González y Fernández (1986:103),
entendemos como Derecho Militar al
44 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
» Coronel Alfredo Enrique Solórzano Arias (PHD)
Juez Presidente del Consejo de Guerra de Caracas
“
Conjunto de normas que describen las
obligaciones y deberes militares, que
surgen de la Constitución Nacional, de
las leyes, de los reglamentos y de las
órdenes superiores a que se encuentran
sujetos los miembros de la institución
militar y que le permitirá cumplir con sus
fines esenciales ”

CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 45

REPORTAJE
Clasificación del Derecho Militar
El Derecho Militar se puede clasificar
en tres (3) ramas, a saber: 1. Derecho
Penal Militar; 2. Derecho Disciplinario
Militar y 3. Derecho Administrativo
Militar, los doctrinarios González y
Fernández (1986:107) sostienen que
“…mientras el derecho penal militar
tiene como objeto el delito militar,
el derecho disciplinario militar, tiene
como objeto la falta disciplinaria”. La
Falta Militar es toda acción contraria
u omisión en el cumplimiento de las
obligaciones y normas del servicio,
no contempladas expresamente
como delitos en el Código Orgánico
de Justicia Militar. La falta es una
transgresión elemental y simple del
deber, mientras que El Delito es una
ofensa compleja y acentuadamente
anormal. Los delitos militares están
previstos en el Código Orgánico
de Justicia Militar. Las faltas se
especifican en el Reglamento de
Castigos Disciplinarios Nº 6.
El Derecho Penal Militar Venezolano
y las Tendencias Modernas en su
aplicación
46 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
Si bien la justicia penal militar
venezolana, gracias a Resoluciones y
jurisprudencias emanadas del TSJ y
a una discreta reforma del COJM se
ha estado adaptando a los principios
y garantías del procedimiento oral
y público que establece el COPP,
esta adaptación aún no llena las
expectativas, debiendo realizarse una
verdadera adaptación de la norma de
acuerdo con las tendencias actuales
sobre la materia.
En primer término, se debe precisar
que los doctrinarios sobre la materia
están contestes en que se debe
mantener el Fuero Militar, con la
salvedad de que su competencia
se restrinja única y exclusivamente
para juzgar delitos de naturaleza
militar que sean susceptibles de ser
cometidos solamente por personal
militar en servicio activo.
De igual manera, la norma
constitucional (artículo 261) le asigna
de manera exclusiva a la jurisdicción
penal militar el conocimiento
de delitos de naturaleza militar,
excluyendo de su conocimiento los
de derecho común.
El Código Orgánico de Justicia Militar
ofrece un concepto puramente formal
de delito militar, que no alude a la
naturaleza de la infracción. El artículo
384 define delitos militares para los
efectos de la jurisdicción militar como
“toda acción u omisión que este
Código tenga declarado como tal”. De
acuerdo con esta definición, el delito
militar tiene un carácter amplísimo,
abarcando ciertos delitos que pueden
ser cometidos por civiles, tales como
los delitos de: Traición a la patria; del
espionaje; delitos contra el Derecho
Internacional; de la falsa alarma; de
los ultrajes al centinela, a la Bandera y
Fuerzas Armadas; del uso indebido de
condecoraciones, insignias y títulos
militares; delitos contra la fe militar;
delitos contra la administración
militar; delitos contra las personas y
las propiedades; y, los delitos contra la

administración de justicia militar. Por
lo que, atendiendo a su naturaleza,
no son delitos propiamente militares,
todos ellos pudieran ser eliminados
en una futura reforma, puesto que se
trata de delitos comunes, susceptibles
de ser cometidos por civiles, pero
que son juzgados actualmente,
también, por los Tribunales militares.
Si la tipificación del delito militar
fuera delimitada a delitos típica
y exclusivamente militares, el
juzgamiento de civiles no cabría en
los tribunales castrenses, situación
que podría generar cierto grado de
impunidad en los delitos.
De la nueva Visión Operacional y
Estratégica de La Fuerza Armada
Nacional Bolivariana
En función al nuevo diseño y
estructura operacional de la gloriosa
Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
tomando en cuenta las Regiones
Estratégicas de Defensa Integral, (REDI
Central, REDI Occidente, REDI Los
Llanos, REDI Oriente, REDI Guayana,
REDI Insular) que datan del año 2009,
Magistrados de la Corte Marcial
De izquierda a derecha:
Capitán de Navío José de la Cruz
Vivas Sáez, Coronel Óscar Alfredo Gil
Arias, General de División Josué Pernía
Méndez, Coronela Leída Coromoto
Núñez Segura, Coronel Níger Leonel
Mendoza García.
REPORTAJE
dando cumplimiento a lo dispuesto
en la novedosa Ley Orgánica de La
Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
se hace necesario considerar
reestructurar el Sistema De Justicia
Penal Militar Venezolano, por existir en
la actualidad una notable disparidad
de todas las áreas que la misma abarca
y entre los componentes militares,
es decir, atender los requerimientos
de personal y estructuras físicas,
planteándose la creación de nuevos
tribunales (Control, Juicio y Ejecución)
a fin de evitar alguna afectación
en el debido proceso y alcanzar la
misión y visión de la Organización
Judicial Penal Militar Venezolana
garantizando una administración
de justicia imparcial, transparente y
expedita que asegure la confianza
de los justiciables y de la sociedad en
general en la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, como institución garante
del estado de derecho y de la justicia
militar en la República Bolivariana de
Venezuela.
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 47

REPORTAJE
48 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela
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de Venezuela es un instituto
de educación superior adscrito
al sistema educativo de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana. Esta
universidad tiene como misión educar
integralmente, con valores éticos,
morales, espirituales y socialistas;
a personal de los componentes
militares, a la milicia bolivariana y a
profesionales que requiere la sociedad
venezolana del siglo XXI, a través de
un proceso humanista, científico,
técnico e interdisciplinario; para
cumplir tareas de seguridad, defensa
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Nación.
La Universidad Militar Bolivariana
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los oficiales de comando, técnicos
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y postgrado, diplomados, cursos
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orientamos el esfuerzo a la
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profundización del nuevo
pensamiento y estrategia militar,
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CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 49

REPORTAJE
entre los 15 y 21 años de edad.
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último año de educación media
diversificada.
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» Tener una estatura física igual o
superior a 1,65 metros en el caso
de los masculinos y 1,55 metros en
el caso de las femeninas, además
de tener un peso proporcional a su
estatura.
» Renunciar a cualquier militancia
en partidos políticos, en los
términos que la Constitución
de la República Bolivariana de
Venezuela lo exige.
» No haber sido retirado o dado
de baja de algún centro de
estudios civil o militar por motivos
disciplinarios.
» Estar psicológica, física y
médicamente apto o apta, para el
proceso de formación militar.
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policiales ni penales.
Documentos a consignar al
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identidad ampliada.
50 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
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nacimiento y la de los padres.
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y notas certificadas, indicando
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blanco.
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presentar constancia de estudio
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REPORTAJE
» Mayor José Coromoto Barreto
El Juez de Ejecución
Con la entrada en vigencia a
partir del 1 de enero de 2013,
del Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley del Código Orgánico
Procesal Penal, publicado en Gaceta
N°6.078 extraordinario del 15 de junio
de 2012, se denota la existencia de una
nueva estructura.
Al respecto, en el Libro V del Código
antes señalado, está consagrada la
ejecución de la sentencia dividido
en tres Capítulos: I. Disposiciones
Generales; II. De la Suspensión
Condicional de la Ejecución de la
Pena, de las Formulas Alternativas
del Cumplimiento de la Pena y de la
Redención Judicial de la Pena por el
Trabajo y el Estudio; III. De la Aplicación
de Medidas de Seguridad.
Al Juez de Ejecución constituido en
un tribunal unipersonal, de primera
instancia le corresponde velar por la
ejecución de las penas principales,
accesorias y medidas de seguridad
impuestas de conformidad a lo
señalado en los artículos 69 y 471
ibídem.
Es importante señalar que en esta
norma, se reafirman los derechos
fundamentales del penado o la
penada; así como los principios de
inmediación y oralidad, en aquellos
casos donde deba tomarse decisiones
que afecten el cumplimiento de la
pena. Esto se evidencia en el artículo
475 ejusdem, donde establece que los
52 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
Juez Militar Tercero de Ejecución de Sentencias
incidentes relativos a la ejecución o a
la extinción de la pena, a las fórmulas
alternativas del cumplimiento de las
mismas y cualquier otra circunstancia
o todo aquello que por su importancia,
el tribunal lo estime necesario será
resuelto en audiencia oral y pública.
Por otro lado, el Juez de Ejecución
debe realizar inspecciones periódicas
a los establecimientos penitenciarios
a objeto de hacer comparecer a los
penados y penadas con fines de
vigilancia y control, en consecuencia, el
juez deberá dictar los pronunciamientos
que juzgue convenientes para prevenir
o corregir las irregularidades que
observe.
El reconocimiento de los derechos
del condenado adquiere rango
jurisdiccional, además de las funciones
penitenciarías administrativas. Así
mismo, los penados gozan de
beneficios durante la ejecución de la
pena y por otro lado, se cumple con los
aspectos de educación, control familiar,
laboral y en fin, su reinserción social.
De allí que la realización periódica de
las inspecciones a los establecimientos
penitenciarios por parte del Juez de
Ejecución es de extrema importancia
para entrar en contacto directo con
los penados o penadas, conocer la
situación que les aqueja y el estado
de salud, así como tomar acciones y
pronunciamientos de oficio que juzgue
convenientes para prevenir o corregir
las irregularidades que observe en
dichos centros penitenciarios.
En este orden de ideas al Juez de
Ejecución le es imprescindible trabajar
conjuntamente con el Ministerio para
Asuntos Penitenciarios, quien tiene la
responsabilidad de emitir, mediante
la respectiva junta de clasificación, a la
cual corresponde realizar la evaluación
psicosocial en general, y los pronósticos
de conducta y de seguridad; a los
fines de que el Órgano Jurisdiccional
otorgue el beneficio de la Suspensión
Condicional de la Pena u otra Medida
Alternativa al Cumplimiento de la Pena.
Es por esto, que en estas inspecciones,
el penado o penada percibe
objetivamente la atención prestada por
el Juez de Ejecución, ambos entran en
contacto directo y además de entender
su situación judicial, en el proceso se da
una repercusión holísticamente sobre
su escenario penitenciario, el cual está
siendo cada vez mas humanizada su
reinserción social.

V
Resumen de la
ACTUALIDAD
Jornada de Actualización
de Procedimientos Judiciales y Administrativos para los
Jueces Militares y Secretarios Judiciales
Con la finalidad de actualizar
los procedimientos judiciales,
unificar criterios e impartir
instrucciones administrativas, para
el logro de la excelencia del Circuito
Judicial Penal Militar, así como
estrechar lazos de camaradería
e intercambiar experiencias, se
realizó en la ciudad de Maturín
estado Monagas, la V Jornada de
Actualización de Procedimientos
Judiciales y Administrativos para
los Jueces Militares y Secretarios
Judiciales, los días 14 al 19 de mayo
de 2013.
En el acto de instalación estuvieron
presentes el G/D Josué Antonio
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 53

ACTUALIDAD
Pernía Méndez, Presidente del
Circuito Judicial Penal Militar, el G/B
Tito Urbano, Comandante de la 32
Brigada Caribe y Jefe de la Zona de
Defensa Integral (ZODI) de Monagas
y el Profesor José Vicente Maicavares,
Alcalde de la ciudad de Maturín.
De acuerdo al contenido de la
programación de la V Jornada de
Actualización de Procedimientos
Judiciales y Administrativos para
los Jueces Militares y Secretarios
Judiciales se desarrollaron temas de
54 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
carácter administrativo y judicial.
En el aspecto administrativo los
Directores del Circuito Judicial
Penal Militar trataron aspectos
referidos a la “Inspectoría de
Tribunales Militares” a cargo del
ciudadano Cnel. Figuera Lara;
“Coordinación Judicial” a cargo
del Cnel. Gil Arias; “Recursos
Humanos” a cargo del 1er Tte.
Rivas Lanz y “Administración” a
cargo del Tcnel. Pérez Rocha.
En el aspecto judicial las
actividades se realizaron de la
siguiente forma:
El primer día de actividades, intervino
el ciudadano G/B Tito Urbano Melean,
Comandante de la 32 Brigada Caribe
y jefe de la Zona de Defensa Integral
(ZODI) de Monagas, quien disertó
sobre el ámbito de competencia
de la ZODI Monagas, logros y retos
de la misma, continuó el G/D Josué
Antonio Pernía Méndez, Presidente
del Circuito Judicial Penal Militar
con el tema “Fundamentos de la
Disciplina Militar”. A continuación se
disertó sobre la "Motivación de los
Autos y Sentencias” y “Valoración de
las Pruebas en el Juicio Oral y Público”,

a cargo de la Dra. Doris Marcano, Presidenta del Circuito Judicial
Penal del Estado Monagas.
El segundo día se dictó la ponencia “Derechos Humanos”, a cargo
de la Dra. Leiza Josefina Idrogo Fiscal del Ministerio Público del
Estado Monagas
Igualmente, se desarrolló un taller conformado por cinco (05)
grupos de trabajo, integrados por los Jueces Militares de Control,
Juicio y Ejecución a cargo de los Presidentes de los cinco (05)
Consejos de Guerra a nivel nacional
divido en: Consejo de Guerra
de Caracas “medida privativa de
libertad y medidas cautelares
sustitutivas”, Consejo de Guerra de
Maracay “ fase de investigación y
audiencia preliminar”, Consejo de
Guerra de Maracaibo “el control
judicial”, Consejo de Guerra de
San Cristóbal “Motivación de la
sentencia”, Consejo de Guerra
de Maturín “nueva calificación
jurídica” y como tema común para
todos los Consejos de Guerra la
Jurisdicción Penal Militar del Nuevo
Pocedimiento para Delitos Menos
Graves en la Jurisdicción Militar.
ACTUALIDAD
El día viernes 17 a primera hora se
realizó una dramatización de un
juicio oral y público con la finalidad
de reforzar en el personal de jueces
la formalidad de la celebración de las
audiencias.
En horas de la tarde se realizó el
acto de clausura de la V Jornada de
Actualización de Procedimientos
Judiciales y Administrativos para
los Jueces Militares y Secretarios
Judiciales donde se entregaron
reconocimientos a autoridades
invitadas y personal militar asistente
a la jornada; y como colofón se
efectuó una actividad social en las
instalaciones del Consejo de Guerra
de Maturín.
Finalmente el día 18 se realizó como
actividad complementaria un paseo
turístico a la “Cueva del Guácharo”,
en la población de Caripe del
Estado Monagas, donde el personal
de Jueces Militares y Secretarios
Judiciales pudieron apreciar las
bellezas naturales de la zona.
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 55

ACTUALIDAD
Visita de la
Fiscal General de la República
56 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
Dra. Luisa Ortega Díaz a la sede del
Circuito Judicial Penal Militar
Los días 03 y 12 de junio de 2013 se recibió la visita
de la Fiscal General de la República, Dra. Luisa
Ortega Díaz en la sede del Circuito Judicial Penal
Militar.
La titular de la acción penal sostuvo reunión con el
ciudadano General de División Josué Pernía Méndez
Presidente del Circuito Judicial Penal Militar y Corte
Marcial, el General de División Juan Carlos Hidalgo
Pandares, Fiscal General Militar y los miembros de la
Comisión por la Justicia y la Verdad que investiga los delitos
contra los Derechos Humanos en el periodo de 1958 al
1998, época oscura que vivió el estado venezolano, donde
muchos ciudadanos fueron perseguidos, torturados y
desaparecidos por razones políticas, éste equipo está

conformado por fiscales del Ministerio
Público, expertos de la Unidad
Criminalística contra la Vulneración de
Derechos Fundamentales, víctimas,
familiares y amigos de las víctimas
del Archivo General de la Nación así
como representantes del Ministerio
del Poder Popular para la Salud.
Dicha visita fue con la finalidad de
coordinar los trabajos que realizarán
los integrantes de la Comisión antes
mencionada, en cuanto a la revisión
de los expedientes y documentos
que reposan en los archivos de la
Corte Marcial que se encuentran en la
sede del Ministerio del Poder Popular
para la Defensa, la metodología y
cronograma de trabajo, entre otros.
ACTUALIDAD
La máxima representante del Ministerio Público explicó a los altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
que hacer justicia pasa por buscar los antecedentes, documentos, pruebas y todos aquellos elementos que sirvan para
esclarecer los hechos donde muchos venezolanos fueron perseguidos, torturados y desaparecidos por razones políticas,
y hasta ahora había sido imposible lograr unificar y entender la necesidad de que estos hechos se investigaran.
En este mismo orden de ideas, el General de División Josué Pernía Méndez Presidente del Circuito Judicial Penal Militar
y Corte Marcial y el ciudadano General de División Juan Carlos Hidalgo Pandares, Fiscal General Militar designaron un
equipo de apoyo a los integrantes de la Comisión por la Justicia y la Verdad que realizarán el trabajo de revisión de los
expedientes y documentos que reposan en los archivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 57

ACTUALIDAD
Postgrado Derecho Penal
Convenio marco entre el Ministerio del Poder Popular
para la Defensa y la Universidad Santa María
Este 11 de Junio, se dio inicio al
Postgrado “Especialización en
Derecho Penal”, en las instalaciones
de La Corte Marcial Militar, como
parte del “Convenio marco entre en
Ministerio del Poder Popular para
la Defensa y la Universidad Santa
María”.
Dicho postgrado tendrá una duración
de 2 semestres, comprendidos por
16 semanas cada uno, en el que se
cursarán 6 materias por semestre, en
el horario comprendido de 5:00pm a
9:00pm.
Las materias para el primer semestre
son las siguientes:
» Criminalística básica
» Derecho Procesal Penal I
» Derecho Probatorio I
» Tipos Penales
» Medicina Legal
» Leyes Penales Especiales I.
Entre los asistentes al acto de inicio
se encontraban: GD Juan Carlos
Hidalgo Pandare, Fiscal General
Militar y autoridad que presidió
el acto; GB Josué Antonio Pernía
Méndez, Presidente de la Corte
Marcial y del Circuito Judicial Penal
Militar; Dr. Carlos Enrique Peña, Vice-
Rector Administrativo de la USM y Dr.
Alfredo Marrero Rodríguez Decano
de Postgrado. Además asistieron
todos los alumnos del postgrado.
58 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
¿A quien va dirigido?
A profesionales abogados militares y
civiles que laboran en el Sistema de
Justicia Militar y otras dependencias
militares.

CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 59

REPORTAJE
Nociones sobre Liderazgo
Descripción y análisis de los
conceptos de Liderazgo de
dos (02) autores:
Según Sharma, R. (2002), en su
libro “Las 8 Claves del Liderazgo del
Monje que vendió su Ferrari”
El Liderazgo es realmente una
filosofía de vida, que va mas allá de
la inspiración de los gerentes a sus
trabajadores para que sean más
productivos y se comprometan con
sus grandes visiones de futuro. De
acuerdo con este autor, el líder eficaz
es clarividente, con una imagen muy
clara del futuro de su organización,
no teniendo más que adaptar sus
actividades presentes a esta imagen;
de este modo, todo lo que hace tiene
un objetivo, acercar la organización a
los resultados imaginados.
Según Barroso, M. (1999), en su
libro “Meditaciones Gerenciales”
El Liderazgo es el proceso que permite
al gerente mirar hacia el futuro, sin
perder contacto con el presente.
Igualmente, afirma que no todos los
gerentes son líderes; hay líderes y
hay seguidores. Los líderes son los
visionarios, los que abren brecha,
crean escenarios, toman decisiones.
Los seguidores son los que reaccionan
ante las situaciones, esperan a ver qué
60 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
» Coronel Rafael Antonio Figuera Lara
Jefe de la Inspectoría de Tribunales Militares
pasa y se acomodan. Es por esto, que
este autor expresa que el líder está en
continuo aprendizaje, monitoreando
y visualizando los cambios en su
entorno, lo que le permite saber a
dónde ir y qué hacer.
Posición personal sobre el
Liderazgo:
El Liderazgo es la capacidad que
tiene una persona para influenciar
sobre el comportamiento de
otras personas, inspirándoles y
motivándoles a seguirle en la fijación
y consecución de objetivos y metas,
sean esta comunitarias, familiares,
empresariales, institucionales, etc.
El desempeño del líder parte de un
constante aprendizaje, ya sea formal (en
instituciones educacionales), informal
(mediante la observación y análisis
de las experiencias y/o situaciones
cambiantes del entorno) o de la
combinación de ambos aprendizajes.
El líder debe ser una persona ejemplar,
no importando su raza, credo, sexo o
condición social, que siempre anda
en búsqueda del mejoramiento de
las condiciones de vida (familiares,
comunitarias, laborales, etc.) de sus
seguidores o relacionados; por lo tanto
está obligado a desprenderse de sus
ambiciones y apetencias personales,
en la consecución del bien colectivo y
común.

Descripción de los Tipos de Liderazgo según dos (02)
autores diferentes:
Existe una gran diversidad de calificativos en cuanto al tema
de tipos, estilos, clases, métodos y formas de liderazgo; sin
embargo, las acepciones que más abundan son tipos y
estilos de liderazgo, y a continuación se presentarán bajo
la óptica de los siguientes autores:
Según Hernández, L. (2000), en su libro la “Gerencia
Exitosa”
Existen cuatro (04) estilos básicos de liderazgo a saber:
Dirigir, Guiar, Apoyar y Delegar.
a. Dirigir (E-1): Las decisiones se centralizan de manera
específica en el líder; se explican claramente las reglas; se
concretan las prioridades; se asumen riesgos y se encamina
la intención; no acepta recomendaciones.
b. Guiar (E-2): Explica como la misión se relaciona con
objetivos importantes de la organización; muestra el
camino y como alinearse de primero; acompaña y enseña.
c. Apoyar (E-3): Participa en decisiones; congenia las
partes divergentes; sostiene criterios y políticas legítimas
y doctrinarias; ayuda en la búsqueda de soluciones.
d. Delegar (E-4): Permite que otros tomen decisiones
en el área de su competencia en momentos apropiados;
confiere su representación en áreas de división del trabajo.
REPORTAJE
Según Manzanilla O. (2000), en su libro “La Eficiencia
de la Gestión Gerencial: Un Enfoque Interdisciplinario”
Existen tres (03) estilos de Liderazgo a saber:
a. Autocrático: El líder fija directrices y cursos de acción;
el líder asigna funciones; exige obediencia; norma y
decide; cero violencia.
b. Democrático: El grupo elige, estimulado y asistido por
el líder; sugiere y consulta; modera y estimula; delega
autoridad; comparte.
c. Liberal: El grupo elige con poca participación del
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 61

REPORTAJE
líder; no se hace sentir; no controla
conductas; luce y se cree democrático;
guía las decisiones.
Posición Personal sobre los Estilos
de Liderazgo:
Como puede observarse, es muy
difícil que se presenten situaciones
iguales que requieran un estilo de
liderazgo único o igual. Según mi
apreciación, la verdad del asunto
consiste en que las situaciones que se
nos presentan en la realidad, exigen
un liderazgo apoyado en criterios que
son de diversas categorías. Es decir,
que a la hora de liderar, a la hora de
tomar decisiones, debemos examinar
la situación y decidir cuáles criterios
aplican, y después tomar la decisión
adecuada; debe ser una decisión
lógica y oportuna.
En mi caso particular, y en virtud a mi
formación militar, siempre trato de
aplicar y pregonar en mi entorno un
“Liderazgo Situacional”.
El Liderazgo Situacional, al cual me
62 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
refiero proviene de una adaptación
hecha a mediados de la década de
los años 80 en la Academia Militar de
Venezuela (actual Academia Militar
del Ejército Bolivariano), y consiste
básicamente en la conducción y
desarrollo de un ciclo; el cual se
inicia con un diagnóstico sobre la
situación y el nivel de apresto de un
individuo, unidad o dependencia
militar determinada, para emprender
una tarea o misión; continúa con la
aplicación del estilo de liderazgo más
adecuado al diagnóstico hecho, para
culminar con el cumplimiento de
la misión y, a la par de esto lograr la
satisfacción de las expectativas del
personal subordinado, con el objeto
de incrementar su motivación y hacer
cada vez más efectiva la organización.
De esta forma, se puede cumplir
con las dos (02) responsabilidades
fundamentales de todo líder militar:

1) El cumplimiento exitoso de la
misión asignada, y 2) El bienestar
general de todo el personal que se
encuentra bajo su mando.
Se hace énfasis en dos (02) factores,
que para el enfoque del Liderazgo
Situacional son de vital importancia,
ellos son: la Situación (nivel de
motivación al logro) y el Nivel de
Apresto (nivel de entrenamiento o
capacitación).
De acuerdo con el Nivel de Apresto
(NA) existente, basado en el
diagnóstico hecho (NA1: Poco Capaz
y Desmotivado, NA2: Poco Capaz y
Motivado, NA3: Capaz y Desmotivado,
NA4: Capaz y Motivado), se aplicará
alguno de los estilos de liderazgo que
se mencionan a continuación:
a. Liderazgo Directivo (E1): El líder
explica las reglas, normas, metas y
niveles esperados en el resultado;
es sincero con el establecimiento de
prioridades; controla con firmeza y
sinceridad; proporciona la dirección y
supervisión requerida.
b. Liderazgo Explicativo (E2):
El líder explica como la misión se
relaciona con objetivos importantes
de la organización; explica las razones
de sus decisiones y de sus exigencias;
se toma el tiempo requerido para
orientar en el trabajo a los nuevos
seguidores; procura la comprensión
de los seguidores; proporciona el
apoyo moral y los conocimientos o
entrenamiento necesarios.
c. Liderazgo Participativo (E3):
Propicia la participación de los
subalternos cuando los aportes
pueden ser positivos; permite la
participación en la definición de
metas; trabaja con los subalternos
en la implementación de las buenas
ideas; compromete a los subalternos
REPORTAJE
en la toma de decisiones; proporciona
apoyo moral y socio-emocional,
para que los individuos desarrollen
confianza en sí mismos.
d. Liderazgo Delegativo (E4): El
líder permite a los subalternos que
tomen decisiones hasta el nivel
adecuado propuesto por ellos; asume
la responsabilidad por las acciones
de los subalternos, corriendo riesgos
calculados; proporciona la libertad de
acción necesaria para el despliegue
y para que se pueda hacer un buen
trabajo; colabora con sus subalternos
y los apoya para que implementen
sus ideas y los estimula para que
asuman tantas responsabilidades de
trabajo como sea posible.
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 63

64 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR

CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 65

ACTUALIDAD
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66 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
Portal Oficial del
Circuito Judicial
Penal Militar

Sitios de interés
Contacto con el Presidente del CJPM
En este Link, el usuario puede
establecer comunicación vía e-mail con
el Presidente del Circuito Judicial Penal
Militar.
Corte Marcial de la
República Bolivariana de Venezuela
Tribunales Militares
ACTUALIDAD
En este link, encontrará los miembros que
conforman la Corte Marcial en función de Corte
de Apelaciones, pudiendo el usuario accesar a las
decisiones dictadas por la misma, dando un click
sobre la fotografía.
Enlaces de
interes
En esta sección podrá
ingresar por medio
de hipervínculos a
las páginas de los
componentes de la
Fuerza Armada Nacional
Bolivariana.
En este link, podrá conocer de las decisiones dictadas por los tribunales militares de
primera instancia ( Tribunales de Control, Consejos de Guerra y Tribunales de Ejecución)
en el territorio nacional.
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 67

ACTUALIDAD
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(Leyes y Jurisprudencias)
En la Biblioteca Virtual,
encontrará las diferentes
Leyes y Reglamentos
de gran utilidad para
los jueces y abogados
adscritos a la Jurisdicción
Militar, así como
jurisprudencias dictadas
por las distintas Salas del
TSJ y aquellos criterios
emitidos por la Corte
Marcial.
68 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
Enlaces de interés
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web con los diferentes dependencias y organismos
del Estado.
Noticias de interés
En este apartado podrán encontrar noticias de
interés para todos los integrantes del Circuito
Judicial Penal Militar y demás usuarios del portal
Web. Así mismo, podrán visualizar los artículos
relacionados con la Justicia Militar escritos por los
Jueces Militares.

Glosario
AABUSO DE AUTORIDAD
Abusa de autoridad quien, prevaliéndose del mando y
autoridad que posee, se arroga atribuciones que en rigor
no se deducen de ellos. El término «autoridad» no debe
entenderse en un sentido estricto, sino en uno amplio,
comprensivo de aquellos poderes o funciones que da el
mando militar a todo el que por su graduación es capaz de
ejercerlo en alguna forma sobre inferiores.
ADMISIÓN DE HECHOS
Consiste en el reconocimiento de hechos que hace alguna
de las partes en el proceso y que, en principio, da lugar a
que no tengan que ser probados.
DDELITO
Comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por
imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley.
Implica una violación de las normas vigentes, lo que hace
que merezca un castigo o pena.
DISCIPLINA MILITAR
Se refiere a la regulación del comportamiento militar,
implica reglas que rigen la orientación de los objetivos
y el comportamiento dentro y fuera de la institución,
incluyendo la socialización de los procesos que ocurren
en entrenamiento militar. Disposición mental y estado de
adiestramiento tales que provocan obediencia y adecuada
conducta uniforme a toda circunstancia.
EEXTORSIÓN
FFALTA
INSTITUCIÓN
Forzar a una persona a entregar la propiedad de algo
mediante el uso de la violencia, el temor o mediante el
fingimiento de ostentarse como autoridad.
EXTRADICIÓN
El arresto y entrega de un fugitivo solicitado por haber
cometido un delito en otro país, usualmente de acuerdo
con los términos de un tratado de extradición.
Desde el punto de vista jurídico puede decirse que en
el derecho una falta es una infracción, ya sea voluntaria
o culposa, de una norma. Esta infracción puede ser
castigada de diversas maneras, tanto por la vía penal como
administrativa. Hace referencia a una conducta que va en
contra de las leyes establecidas y que pone en peligro
cualquier bien jurídico pero que no llega a ser considerada
como un delito dado que sus consecuencias no llegan a
ser suficientes para ser inferida dicha acción como tal.
FIANZA
Es un compromiso hecho (y posiblemente garantizado
con efectivo o con una propiedad) para garantizar la
libertad de una persona bajo custodia y sospechosa de
un delito, ofreciendo una garantía de que el sospechoso
comparecerá a contestar los cargos en una fecha posterior.
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INSTITUCIÓN
H I
HABEAS CORPUS
Frase latina adoptada por el inglés y admitida en castellano,
con la cual se hace referencia, según la definición de la
Academia, al derecho de otro ciudadano, detenido o
preso, a comparecer inmediata o públicamente ante un
juez o tribunal para que oyéndole, resuelva si su arresto
fue o no legal y si debe alzarse o mantenerse.
HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL
Si la preterintención o preterintencionalidad se caracteriza
por la producción de un resultado delictivo que va más
allá de la intención de quien lo ejecuta, el homicidio
preterintencional será aquel en que la muerte de la
víctima se produce sin que se estuviese en el homicida el
propósito de causarla, porque su intención iba encaminada
a consumar un delito distinto.
HONOR
El honor es la percepción que el propio individuo tiene
de sí mismo en cuanto a su prestigio dentro de un grupo,
es su reputación social. El contenido del derecho al honor
depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes
en cada momento.
70 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
IMPUGNACIÓN PROCESAL
Es el acto de combatir, contradecir o refutar una actuación
judicial, cualquiera sea su índole (testimonial, documental,
pericial, resolutiva). Todos los recursos que se interponen
contra las resoluciones judiciales constituyen actos de
impugnación procesal.
IN LIMINE LITIS
Expresión traducible por “en los preliminares del juicio”.
Tiene importancia jurídica porque procesalmente se
establecen algunos trámites y excepciones que sólo
pueden ser planteados in limine litis, como antes de la
contestación a la demanda.
RREBELIÓN
Levantamiento contra una autoridad o gobierno, en
especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y
sustituirlo por otro, está asociado a oponer resistencia,
sublevarse o faltar a la obediencia debida, es un rechazo
a la autoridad que puede ir desde la desobediencia civil
hasta la resistencia armada.