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REPORTAJE
“que ningún sumario militar
podría iniciarse sin la orden previa
de averiguación dictada por la
autoridad competente“ y señala
como autoridades competentes al:
1.- El Presidente de la República,
en el caso del ordinal 1 del
Artículo 54.
2.- El Ministro de la Defensa.
3.- Los Jefes de Jurisdicciones
militares o navales establecidas
en las leyes militares.
4.- En tiempo de Guerra los Jefes
de Fuerzas independientes
conforme al presente Código y a
las órdenes que al efecto dictare
el Jefe del Ejército.
La anterior disposición fue modificada
en la reforma que le dio carácter de
orgánico al mencionado Código y
publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela
Nro - 5.263 Extraordinario del 17 de
septiembre de 1998, el cual quedó
redactado de la siguiente manera:
Artículo 163 - El fiscal militar no podrá
iniciar ninguna investigación sin la
orden previa de apertura dictada por
la autoridad competente y menciona
a estos de la siguiente manera:
1.- El Presidente de la República,
en el caso del ordinal 1 del
Artículo 54.
2.- El Ministro de la Defensa.
3.- Los Jefes de Regiones Militares.
4.- Los Comandantes de Guarnición.
5.- Los Comandantes de los Teatros
de Operaciones.
6.- Los Jefes de Unidades Militares
de Campaña
26 | CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
Respecto a ésta norma y muy
específicamente a la facultad que
tiene el Ministro del Poder Popular
para la Defensa de ordenar una
apertura de investigación en contra de
Oficiales Generales y de los Oficiales
Almirantes, el Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala Constitucional, de
fecha 29 de abril de 2002, se avocó al
conocimiento de una causa, en donde
el accionante interpone acción de
amparo constitucional con solicitud
de medida cautelar innominada,
contra el Oficio Nro. 1.312, del 19 de
abril de 2002, suscrito por el entonces
Ministro de la Defensa, mediante el
cual se ordenó al Fiscal General Militar
la apertura de una investigación
contra un Oficial General por la
presunta comisión de hechos
punibles de naturaleza penal militar,
conjuntamente con acción popular
de nulidad por inconstitucionalidad
contra los artículos 54 y 55 del Código
Orgánico de Justicia Militar, publicado
en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela Nro. 5.263 “extraordinario”,
del 17 de septiembre de 1998.
El accionante fundamenta su petición
en las siguientes consideraciones:
Que el acto mediante el cual el
entonces Ministro de la Defensa
ordenó la apertura del juicio penal
militar, se fundamentó en una norma
del Código Orgánico de Justicia
Militar, que evidentemente ha sido
derogada por mandato expreso de
la Única Disposición Derogatoria
establecida en la Constitución.
Que dicha norma, a saber, el ordinal
2 del artículo 55 del Código Orgánico
de Justicia Militar ha sido derogado
por el propio poder derogatorio
constitucional, al quedar sujeto
el ordenamiento jurídico y todos
los órganos del Poder Público
Nacional a la Constitucional, ello
por mandato expreso del artículo 7
de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Que dicho acto del entonces Ministro
de la Defensa violó los artículos 136,
137, 138, 253, 254, 257, 261 y 285
numeral tercero de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela,
toda vez que, según lo dispuesto en el
artículo 261 ejusdem, la jurisdicción
penal militar es parte integral del
Poder Judicial (y no del Poder
Ejecutivo), siendo que el Poder Judicial
es independiente.
Que el artículo 253 de la Constitución
de la República Bolivariana de
Venezuela establece específicamente
quiénes forman parte del sistema
de justicia, siendo que dicho Texto
Constitucional no contempla a
los Ministros ni al Presidente de la
República como órganos del Poder
Judicial, “… ni mucho menos se pudiera
pretender interpretar que a un Ministro
del Despacho Ejecutivo la Carta
Magna lo considera como un órgano
de investigación penal; y muchísimo
menos que un Ministro del Despacho,
comparta con el Fiscal General
de la República sus Atribuciones
Constitucionales”.
Que ni el Ministro de la Defensa, ni
el Presidente de la República, están