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facultados por la Constitución para
asumir funciones jurisdiccionales,
expresamente reservadas al Poder
Judicial.
Que aceptar que el Ministro de la
Defensa pueda ordenar la apertura
de un juicio, es aceptar que el Ministro
de la Defensa sea un Juez de Control,
“… y nada más alejado de la realidad
de la Constitucionalidad.
Por tal circunstancia el Ministro de
la Defensa ha incurrido en lo que
la doctrina ha identificado como
Usurpación de Atribuciones; en
este caso ha ocurrido una evidente
usurpación de las atribuciones
que por mandato constitucional,
le corresponden exclusivamente al
ciudadano Fiscal General de la
República (ordinal tercero del artículo
285) y como bien lo establece la
Carta Magna en su artículo 138; toda
autoridad usurpada es ineficaz y sus
actos son nulos”
Por otra parte, el accionante también
solicitó la declaratoria de nulidad por
inconstitucionalidad de los artículos
54 y 55 del Código Orgánico de
Justicia Militar, toda vez que estos
atribuyen facultades jurisdiccionales
al Presidente de la República y al
Ministro de la Defensa, en evidente
contradicción con la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela.
REPORTAJE
Analizado por el Magistrado ponente el ordinal 1 del artículo 54 y del ordinal
2 del articulo 55 ambos del Código Orgánico de Justicia Militar dice que: “en
una interpretación gramatical de las mismas se denota una asincronía a la luz
del nuevo sistema acusatorio consagrado constitucionalmente, pero que ello
necesariamente no debía conllevar a la declaratoria de inconstitucionalidad de
dichos artículos".
Esta interpretación, ha servido para aclarar que la orden de investigación penal
militar es una formalidad castrense y no un requisito esencial para el inicio de
proceso penal militar, ya que la legalidad del inicio de una investigación, en los
delitos de Acción Pública, corresponde al Ministerio Público, que en nuestra
jurisdicción, la ejercen los Fiscales Militares de conformidad a los artículos 3 y 6
de la Ley Orgánica del Ministerio Público en concordancia con el artículo 70 del
Código Orgánico de Justicia Militar.
De igual forma, concluyó la Sala
Constitucional que el auto de
investigación penal militar es
requisito de ley para la licitud
del inicio del proceso penal
militar y no la orden previa de
apertura de investigación penal
militar, que es un requisito
formal no esencial del ámbito
militar.
En la presente sentencia, más que declararse la nulidad de los citados artículos,
que estipulan la facultad que tiene el Ministro del Poder Popular para la
Defensa, como funcionario de la Justicia Militar, se determinó con carácter
vinculante que en la jurisdicción militar no es requisito sine qua non que las
autoridades a que se refiere el artículo 163 del Código Orgánico de Justicia
Militar emitan una orden de investigación para que el Ministerio Público Militar
inicie una investigación que sea de su competencia.
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 27