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En el articulo 127 ejusdem se le
reconocen al imputado como "sujeto
procesal", una serie de derechos que
no son más que la enumeración de
garantías establecidas a su favor,
en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, las leyes,
los tratados, convenios y acuerdos
internacionales suscritos y ratificados
por la República Bolivariana de
Venezuela; entre ellos tenemos los
siguientes: ser notificado sobre los
hechos que se le imputan; no ser
privado de libertad, el derecho a que
se le garantice comunicarse con sus
familiares u abogado de confianza y
de no tener un abogado de confianza
el estado debe proporcionarle uno,
a fin de ser asistido por éste desde
el momento en que se inicia la
investigación o una vez señalado
como imputado; de igual manera,
de no hablar el castellano el derecho
de ser asistido gratuitamente por un
traductor (a) o intérprete.
El imputado en la búsqueda de
esclarecer la verdad, puede solicitar
al Ministerio Público la práctica de
diligencias destinadas a desvirtuar
las imputaciones que se le
formulen.
REPORTAJE
Tanto nuestra Carta Magna como
el Código Orgánico Procesal Penal
eximen al imputado de dar algún tipo
de declaración, en consecuencia no
está obligado a confesarse culpable
o declarar contra sí mismo; lo podrá
hacer de manera voluntaria si así lo
manifiesta, pero en ningún caso lo
podrá hacer bajo juramento y debe
constar en acta que le fue leído el
precepto constitucional; no puede
ser sometido a maltratos, torturas u
cualquier otro trato cruel, inhumano o
degradante a su dignidad personal, ni
de ser objeto de técnicas o métodos
que alteren su libre voluntad e incluso
su consentimiento.
Los derechos del imputado o
imputada, buscan garantizar en el
proceso la igualdad de las partes,
respetar sus derechos humanos y
garantizar el debido proceso según
los principios que lo orientan y la
legalidad que debe magnificar el
sistema judicial venezolano.
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR | 43