publicación - Federación de Industria - CCOO

Retos para encarar un nuevo
modelo productivo
Los primeros meses de 2009 se han caracterizado
por la crudeza de la crisis, sustentada en la persistencia del deterioro de la confianza
de los agentes económicos, el colapso del comercio mundial y las tensiones
financieras, trasladándose con más fuerza el agravamiento de la crisis financiera
internacional a la economía real. En el caso español, además, la crisis viene agudizada
por problemas estructurales derivados del agotamiento de un modelo de
crecimiento que ha tenido como principal referencia los costes del trabajo.
La falta de una respuesta conjunta y coordinada de la Unión Europea a la crisis
ha llevado a la adopción de medidas exclusivamente orientadas hacia el rescate
del sistema financiero y de las infraestructuras y no tanto hacia la creación de empleo
y la protección social.
Los efectos de la crisis en la actividad económica y productiva está generando un deterioro
acelerado del conjunto del mercado de trabajo, lo que se manifiesta en la importante
cifra del desempleo acumulada en el primer trimestre de 2009 (17%) y cuya evolución
es constante desde la mitad del pasado año. El ritmo de destrucción de empleo
es superior a la media de la UE, consecuencia tanto del derrumbe de los sectores generadores
del empleo en los últimos años (inmobiliario en general) como de la altísima
temporalidad del mercado de trabajo, con efectos contundentes en la inmigración.
El Gobierno español ha venido arbitrando una serie de medidas que, aun yendo
en la buena dirección, se han presentado inconexas y con un alcance limitado, lo
que se agrava por la escasa capacidad de actuación de los instrumentos públicos
que deben vehicularlas, como es el caso del ICO. En este sentido, desde mediados
de 2008 el Gobierno viene realizando propuestas dirigidas a la recuperación de la
economía, concretándolas en el Plan Español para el Estímulo de la Economía y del
Empleo (Plan E), de finales del pasado año.
Mientras tanto, el actual diálogo social se debate entre las medidas del Gobierno
-algunas de las cuales se revelan como ineficaces e incluso contraproducentes,
aunque con una intención compartida de incrementar los niveles de protección a
los desempleados- y las propuestas de la patronal, que siguen incidiendo en la búsqueda
de las respuestas en el mercado laboral, ya que conciben esta crisis como
una nueva oportunidad de recuperar sus tasas de beneficio por la vieja vía de imponer
medidas desreguladoras del mercado laboral y el debilitamiento del sistema
de protección social (contrato con veinte días de indemnización, rebaja de cuotas a
la seguridad social, ausencia de controles administrativos ante los despidos, congelación
de los salarios,…).
En este contexto, los sindicatos venimos rechazando una reforma laboral inspirada
en flexibilizar aún más el mercado de trabajo. Porque el mercado de trabajo no
es rígido ni el despido caro y porque desde la utilización de la flexibilidad como único
instrumento no se crean puestos de trabajo. Apostamos por la flexibilidad interna
en la empresa y en los sectores productivos, gobernada entre sindicatos y empresarios,
frente a la flexibilidad externa que incorporan los ERE en todas sus
modalidades.
El contrato único es un paso más para la ruptura del principio de causalidad,
cuyo objetivo final es seguir presionando a la baja de los costes laborales. La reducción
de las cotizaciones sociales tampoco resuelve el problema de competitividad
de las empresas y provocaría la desaparición del Fondo de Reserva de la Seguridad
Social y, con él, del sistema público de pensiones, mientras que con la congelación
salarial se provocan efectos negativos en la demanda y el consumo con efectos
directos en la actividad productiva.
EDITORIAL
Esta actitud de la patronal ha hecho fracasar el marco para la negociación colectiva
que se da desde el año 2002 en nuestro país a través del Acuerdo Interconfederal
de Negociación Colectiva (ANC) y, además, esta poniendo en situación de riesgo
la concertación social.
Por otra parte, partimos de una configuración industrial en la que los sectores que
más han contribuido en estos últimos catorce años al crecimiento económico y a la
creación de empleo son los que registran menor productividad, los más inflacionistas
y los que están menos expuestos a la competencia internacional. Una vez que
estos sectores han dejado de influir de forma determinante en el patrón de crecimiento
de la economía española, el tejido industrial -con una productividad que supera
en dos veces a la media de la economía- no ha sido capaz de tomar el relevo
como “motor” del crecimiento, reflejándose en un parón drástico en la actividad industrial.
El principal problema de la industria española es la existencia de déficit estructurales
en su configuración, relacionados con la excesiva concentración en subsectores
con un bajo aporte tecnológico, donde destaca el escaso esfuerzo de las empresas
a la hora de afrontar esta debilidad, la escasa difusión de las TIC y los bajos
niveles de cualificación de la mano de obra.
Ante la gravedad de la situación, las prioridades de actuación federal se centran
en promover acciones dirigidas al mantenimiento de la actividad industrial y
sectorial, así como a la estabilidad en el empleo. El objetivo inmediato es mantener
o, como mínimo limitar, la destrucción de empleo, centrándose en cómo salir
de la crisis aplicando políticas a corto plazo y de rápidos resultados (protección social,
endeudamiento familiar), marco en el que se debe desenvolver la negociación
colectiva.
Pero, al mismo tiempo, no puede relajarse por más tiempo el objetivo dirigido a
un nuevo modelo de estructura económica y productiva a largo plazo. La Administración
debe aprovechar los esfuerzos realizados para aminorar las consecuencias
de la crisis desde la utilización de instrumentos que sirven para fortalecer a los sectores
industriales, una vez superada la crisis, lo que no parece que haya sido asumido
por el Gobierno: relajando los incrementos de los gastos de I+D+i en los PGE para
2009; reduciendo el presupuesto previsto en el Plan Avanza 2; y disminuyendo los
gastos del Ministerio de Ciencia e Innovación.
La crisis ha forzado al Gobierno a canalizar medidas sectoriales específicas, lo que
debemos aprovechar para institucionalizar el papel dinámico que se ha abierto y
en el que la Federación de Industria ha jugado un papel destacado, dirigido al desarrollo
y la consolidación industrial (Plan de Competitividad e Integral para el Automóvil,
Plan de Competitividad para Sectores Estratégicos…), a pesar de las importantes
deficiencias en el fondo y forma que se han utilizado en su posterior
desarrollo.
Instrumentos como los utilizados en estos planes, desde la inversión pública, incorporan
una atención a superar la situación actual para poder competir en mejores
condiciones en el exterior y, al mismo tiempo, favorecen la configuración de una
estructura productiva más sólida, facilitando la incorporación de desarrollos tecnológicos
de futuro y que permitan un cambio de modelo progresivo (sistema educativo,
I+D+i), con mejor empleo y condiciones de trabajo. Pero se ha quedado muy
corto en su dimensión financiera y temporal.
En definitiva, debemos interpretar la crisis como un reto para transitar hacia un
nuevo modelo productivo, rompiendo las viejas inercias que, en parte, nos han
conducido a ella. Debemos arbitrar políticas industriales que incorporen el desarrollo
de actividades en nuevos segmentos de la cadena de valor y contemplen la necesaria
transferencia de recursos y empleos hacia las mismas. Todo ello, acompañado
de inversiones físicas, tecnológicas y humanas, con el objetivo de reducir la
fuerte brecha tecnológica con respecto a los países de nuestro entorno.
Todas estas actuaciones deben confluir en la puesta en marcha de una plataforma
que incorpore el Pacto por la Industria aprobado en el IV Congreso de la Federación
Minerometalúrgica y que debiera formar parte del diálogo social, superando
las actuales deficiencias que incorporan los grupos de trabajo constituidos en el ámbito
del diálogo social reforzado fi
2 ı FEDERACIÓN DE INDUSTRIA