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El acuerdo con Repsol
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Dos años después de la reestatización del 51% de YPF, el ministro de Economía anunció el acuerdo
definitivo con la empresa española, que deberá ser aprobado por el Congreso argentino.
Si parte del arco opositor político gobernara
la Argentina, sería algo absolutamente
desastroso, porque su posición
es estar siempre en contra de todas y cada
una de las acciones del Gobierno”, dijo el
jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, ante
la catarata de críticas que generó el acuerdo
finalmente alcanzado con la española
Repsol.
En el marco de una de sus habituales
conferencias de prensa, el funcionario se
quejó por esas críticas señalando que “se
usa la palabra consenso, y cuando se envió la
ley de nacionalización de YPF al Congreso,
muchas usinas opositoras, de izquierda y
de derecha, estaban en contra y decían que
era necesario llegar a un acuerdo y, cuando
llegamos a un acuerdo, se oponen”.
En efecto, diversos legisladores del
arco opositor se pronunciaron críticamente
luego de que el ministro de Economía,
Axel Kicillof, informara que Argentina
compensará a la empresa española con un
mix de títulos públicos por un valor nominal
de 5000 millones de dólares, si bien se contempla
la posibilidad de ampliar el monto
por hasta 1000 millones adicionales.
La decisión permite cerrar la prolongada
disputa económica, política, legal y diplomática
que comenzó hace dos años y deberá
ser ratificada por el Parlamento una vez que
el Ejecutivo envíe el proyecto.
“Durante meses los accionistas de Repsol
tuvieron más información que el pueblo
y el Congreso argentinos. Todavía no conocemos
los pormenores de acuerdo, ni el costo
financiero total que tendrá para el Estado
argentino”, se quejó el presidente de la UCR
en la Cámara de Diputados, Mario Negri,
y destacó que “dados los extensos plazos
de los bonos que se van a emitir, ya que
algunos se pagarán hasta 2033, su impacto
trascenderá por mucho al actual Gobierno”.
Además de la compensación económica, el
diputado radical Ricardo Alfonsín pidió
saber si el Gobierno “efectuó o no en la
Justicia las denuncias por incumplimiento
de la obligaciones de inversión, por vaciamiento
empresario y grave daño ambiental
que habían formulado contra Repsol, en
distintos ámbitos”.
Otro radical, Enrique Vaquié, consideró
que “este arreglo sólo muestra la
desesperación del Gobierno nacional por
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volver al festival de emisión de deuda pública”.
Para el diputado, “este tipo de conducta
se explica por las consecuencias que trae la
alta inflación que acarrea desde hace más de
seis años restricciones a las importaciones,
cepo cambiario y, sobre todo, pérdidas de
reservas”.
En tanto, la senadora nacional Laura
Montero enfatizó que “Argentina va a
pagar mucho más que 5.000 millones de
dólares por YPF, porque el acuerdo se instrumenta
con deuda a largo plazo, y al ser
alta la tasa de interés en dólares promedio
del 8 por ciento y largo el plazo, el costo
final será de 10.500 millones de dólares”.
En este contexto, la senadora radical
reclamó tratar un proyecto de ley integral de
hidrocarburos, de su autoría, que establezca
un plan estratégico con metas y promueva
“el autoabastecimiento nacional, el uso
racional de la energía y la protección del
medio ambiente”.
“Lamentablemente no le puedo creer
nada al ministro Axel Kicillof”, reconoció
el diputado jujeño y amplió “se pagarán