Número 64 - Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de ...

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Temaúnico
Hecha la Ley, hecho el consenso
por Néstor Correa* y Santiago Gándara**
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Los mismos que impulsan hoy el debate de la "nueva" Ley convalidaron ayer las "viejas" leyes: desde quien fuera gobernador
de Santa Cruz -el actual presidente- donde aplicó en toda la línea la política educativa de los '90 hasta los licenciados
Daniel Filmus y Juan Carlos Tedesco -ministro y viceministro de Educación-, quienes formaron parte del elenco
estable de especialistas que dieron letra y espíritu a la "reforma" sobre la base del guión del Banco Mundial. Basta citar
las declaraciones de Filmus a la revista ministerial Zona Educativa tres años después de la sanción de la Ley Federal de
Educación: "Hay un gran avance en cuanto al trabajo técnico en la elaboración y concentración de contenidos y normativas
desde la sanción de la Ley Federal en adelante. Creo que el gran desafío -y en esto juega un papel preponderante
la formación docente- está en ir generando las condiciones para el cambio en la cotidianidad de la vida de nuestras instituciones,
como lo está haciendo el Ministerio de Cultura y Educación a través de diferentes programas" 1 . O recordar
el balance reciente, en 2005, de Tedesco, quien luego de referirse a la oposición que generó la legislación del menemismo,
concluye: "parece plausible sostener que una de las fuentes de este intenso debate y de la falta de consensos mínimos
radica en algunas de las características de la implementación de los cambios" 2 . Y no sólo convalidaron tal política
antieducativa. La continuaron e incluso profundizaron -canje de deuda por educación, Ley de Financiamiento Educativo-
durante estos tres últimos años.
Entonces, ¿por qué, después de tanto tiempo, el gobierno de Néstor Kirchner y su ministro, Daniel Filmus, resuelven impulsar
"un profundo debate que nos permita elaborar un proyecto de Ley de Educación Nacional ampliamente legitimado
por la opinión y la participación del conjunto de la ciudadanía"? La pregunta, creemos, es clave para comprender
tanto la "profundidad" del debate lanzado como la "novedad" que propone el documento de base para la discusión. Para
llegar a una respuesta posible necesitamos revisar algunos supuestos.
En primer lugar, no existe debate alguno. Ni profundo ni superficial. De los 180 días del cronograma -un tiempo ya exiguo
para desplegar un debate nacional que, además, pretende "poner en discusión el modelo de país para las próximas
décadas"- sólo se emplearon apenas unas jornadas, donde los docentes, padres y alumnos debieron completar una encuesta.
Sí, no, no sabe/no contesta.
La encuesta -que además se plantó en la página web del Ministerio de Educación y se distribuyó en mesitas desparramadas
en distintas ciudades del país- tuvo ya su resultado esperado. Más del 90% de los encuestados dicen que sí a la
mayoría de los puntos propuestos. Toda una muestra de consenso en torno a generalidades: "Según su opinión, ¿la enseñanza
de un idioma extranjero debería ser obligatoria?". O, peor aún, en torno a preguntas decididamente tendenciosas:
"¿Usted cree que el Estado tiene la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades a través de acciones que
favorezcan a los sectores sociales más desprotegidos?". Planteo que sólo un desalmado podría contestar negativamente,
pero que presupone en su formulación la existencia de sectores menos desprotegidos a los que no habría que garantizarles
acción alguna.
Lo que no registran tales encuestas-plebiscitos es la reacción destemplada de quienes recibieron estos materiales en las
escuelas. En muchos casos, docentes y padres se negaron a responderla y produjeron documentos demoledores donde
denunciaban, frente a la inconsistencia de los cuesionamientos oficiales, los gravísimos problemas de infraestructura
edilicia, la crisis presupuestaria, la realidad salarial tanto de los docentes como de los padres.
En segundo lugar, digamos que tampoco hay algo nuevo en el proyecto. La definición de la educación como derecho social
y las críticas a quienes conciben la educación como una mercancía más forman parte de la única novedad y es de
carácter retórico. Porque el documento de base del proyecto del gobierno reproduce -literalmente- la matriz conceptual
de los ahora recusados '90. Lo hace desde el título, Hacia una educación de calidad para una sociedad más justa,
que, por un lado, da por supuesto que vivimos en una sociedad justa -y sólo nos resta ir hacia una que lo sería "más"-
y, por el otro, reinstala el concepto de "calidad educativa" que, desde los noventa y a través de los papers bancomundialistas,
organiza conceptualmente el discurso educativo de las sucesivas gestiones ministeriales. Un discurso privatizante
hasta en su modo de replicar los términos del management empresarial.
Pero no se trata sólo de que algunos términos se deslizaron en las declaraciones de principios. El documento casi transcribe
de la "vieja" Ley Federal el papel que se le asigna al Estado en la educación: "fijar y controlar el cumplimiento de
la política educativa", es decir, una suerte de monitoreo externo que no lo responsabiliza del financiamiento de la educación
pública. Propone una estructura unificada del sistema escolar para superar la actual fragmentación, pero al mis-