Revista-Observar-28-Innovacion y negocios-ES

En un SIB, el gobierno
contrata con un proveedor
de servicios un servicio
específico, pero no paga nada
salvo que se logre el impacto.
El sector privado, en la forma de filántropos
o inversionistas, es llevado a realizar una
inversión desde un principio en el proveedor
de servicios. Si el proyecto ofrece el impacto
esperado, el gobierno paga una tarifa acordada
utilizada para retornar la inversión, más intereses
para el inversionista. Si el proyecto no
tiene el impacto esperado, los dólares de los
contribuyentes no son utilizados y los inversionistas
pierden su capital.
El primer SIB fue creado por el Ministerio
de Justicia en el Reino Unido en 2010 para
reducir la tasa de reincidencia de los prisioneros
a corto plazo en una prisión de las afueras
de Londres. En este primer experimento
con SIBs, las fundaciones invirtieron cerca de
USD$ 8 millones y podían recibir retornos
por hasta el 13%, dependiendo de la reducción
de la tasa de reincidencia (Social Finance,
2011, 2-3).
Los SIBs se construyen sobre la base de
varios diferentes desarrollos recientes en la
prestación de servicios sociales. Ante todo,
existe actualmente un fuerte movimiento por
utilizar el conocimiento científico en el escenario
de políticas para decidir cuáles han de
implementarse. Para lograr esto en el sector
social, muchos gobiernos y fundaciones han
contratado con investigadores para realizar
pruebas controladas aleatorias o cuasiexperimentos
para evaluar científicamente el impacto
de ciertas políticas específicas. Los SIBs dependen
de estas herramientas para determinar
si un programa logra el impacto esperado. La
expectativa es que una vez un programa se ha
implementado con éxito por medio de un SIB
una vez, los gobiernos querrán contratar dicho
servicio directamente sin un SIB, debido a
que el impacto del servicio será aparente. De
esta manera, se espera que los SIBs incentiven
la adopción de políticas que sean reconocidas
como exitosas por medio de una evaluación
rigurosa.
En segunda instancia, el concepto de inversión
de impacto ha emergido para identificar
un campo creciente de actores interesados
en utilizar sus fondos para lograr un impacto
social. Estos actores incluyen fundaciones
e inversionistas privados que se consideran
inversionistas de impacto, interesados en ver
retorno en términos de un impacto social,
mientras esperan un retorno financiero moderado
o ninguno en absoluto. Los inversionistas
de impacto son diferentes a la caridad
tradicional en cuanto a que esperan un impacto
cuantificable como resultado de su inversión.
Mientras que la inversión de impacto
ha llevado a la implementación de programas
sociales significativos, el campo con frecuencia
es criticado por operar de manera independiente
con respecto al gobierno. Los SIBs
ofrecen una oportunidad a los inversionistas
de impacto para que logren un impacto social
cuantificable mientras apoyan además al sector
público.
Debido a que el primer SIB fue diseñado
en el Reino Unido, varios gobiernos han comenzado
a experimentar por sí solos con este
modelo. En los Estados Unidos, el presidente
Barack Obama propuso USD$ 100 millones
para los SIBs en el presupuesto de 2012 (Fundación
Rockefeller, 2012, 8). Los estados de
Massachusetts y Nueva York, al igual
que la ciudad de Nueva York, están
entre un grupo de gobiernos
innovadores que manejan
pilotos de SIBs en los
Estados Unidos. Otros
países como Australia,
Canadá e Israel, han
creado además iniciativas
para explorar cómo pueden
utilizar el modelo.
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