GOBERNABILIDAD Y GERENCIA POLÍTICA.

“La lógica de la acción de la clase política se orienta, como es obvio, a la captación del poder,
para ellos no constituye en sí el único incentivo para esa acción. Esta búsqueda del ejercicio del
poder debe justificarse por algún objetivo que desde allí se pueda obtener”.
Al igual que este pensador, creemos que la influencia de los partidos políticos,
cualquiera sea su posición: de ultraderecha, derecha, independiente, como se
suelen auto calificar, centro izquierda o izquierda, el objetivo principal ha sido y es
la captación del poder gubernamental, sirviendo desde estas esferas, a los
intereses más caros de los grupos de presión, estrategia que al hablar
retrospectivamente sobre la vuelta a la democracia, luego de casi una década de
dictaduras militares, se encuentra materializada en las tres últimas Constituciones
ecuatorianas, las que de cualquier forma, se convirtieran en portavoces de las
intenciones económicas y político-ideológicas minoritarias camufladas
elegantemente como procesos democráticos de avanzada por introducir en su
normativa, unos cuantos principios universales que no pueden excluirse en la
Constitución, cuyos artículos además, contienen expresiones partidistas y normas
supremas que supuestamente benefician al pueblo ecuatoriano, aunque el
incumplimiento, es la costumbre.
Esta posición de influencia de los partidos políticos y sus ideologías en las
Constituyentes, es una realidad indiscutible que ha truncado el camino hacia el
desarrollo, ya que es cierto que cada una de las tres Constituciones últimas, han
incorporado determinados derechos que teóricamente demuestran lo avanzado
del pensamiento ideológico plasmado en sus respectivas Constituyentes, en la
práctica, la aplicación de los principios constitucionales, encuentra barreras
infranqueables contrarias al espíritu que inspiraron sus formulaciones. A más de
este panorama, leyes y reglamentos, actualmente están depredando la
legislación nacional así como el sentido de justicia y de paz social porque
contienen normativas contrarias a los principios universales de los Derechos
Humanos.
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