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los ciudadanos: refiriéndose al Estatuto catalán, Redondo Terreros considera que
“las reformas, los cambios, deben partir de un acuerdo previo entre las dos fuerzas
políticas nacionales”./6. Cabe preguntarse, no obstante, qué legitimidad puede
atribuirse a un partido minoritario en Cataluña para bloquear propuestas ampliamente
aceptadas por el resto de partidos democráticos.
Mayor consideración por los votantes mostró, en 1978, Arias Salgado (UCD),
cuando advirtió a la Comisión de Asuntos Constitucionales de que un texto “que
fuese rechazado o escasamente votado en el País Vasco o Cataluña, por ejemplo,
nacería con un delicado vicio de origen, aunque fuese mayoritariamente aprobado
en el resto de España” /7 .Por más que sus temores se cumplieran de forma evidente
en el País Vasco, donde sólo un 31% del censo aprobó la Constitución /8, este
déficit de refrendo nunca ha sido, en más de 25 años, objeto de un verdadero debate
político como tampoco lo han sido los límites que, antes y después de las primeras
elecciones democráticas, se impusieron a los artífices de la transición y, por lo
tanto, a la democracia resultante.
II. En palabras Joan Rigol, a pesar a las muchas virtudes de la Constitución, “sería
ilógico buscar” en ella “el clausulado de un pacto libre entre las dos visiones alternativas
de la vertebración de España” dado que una parte del pacto estuvo formada
por las “reliquias franquistas que detentaban el poder” /9. De hecho, antes
incluso de iniciar la elaboración de la Carta Magna, estas “reliquias” impusieron
tres condiciones a la llegada de la democracia: la aceptación de la monarquía, de la
unidad nacional y el respeto por las Fuerzas Armadas. El principal valedor de tal
imposición fue precisamente el Ejército que, en general, vivía mal el proceso de
cambio /10 y seguía obsesionado con el comunismo y los separatismos /11. Ante la
inesperada legalización del PCE, en abril de 1977, los militares hicieron pública su
ira en una nota en la que fijaron los límites cuya trasgresión no estaban dispuestos a
permitir: “El Consejo considera debe informarse al Gobierno de que el Ejército,
unánimemente unido, considera obligación indeclinable defender la unidad de la
Patria, su Bandera, la integridad de las instituciones monárquicas y el buen nombre
de las Fuerzas Armadas” /12.
En realidad, estas tres condiciones ya habían sido asumidas por el Gobierno a través
del ministro de Información, Andrés Reguera, que resumió los topes de la libertad
de expresión en todo aquello que afectara “a los puntos fundamentales del
6/ Redondo, J., “De la ilusión a la razón”. El Mundo, 20/10/2005.
7 Diario de sesiones del Congreso, 12 de mayo [en línea] Disponible en: http://www.congreso.es/constitucion/constitucion/elaboracion/index.htm,
pág. 2267.
8/ Powell, Ch, (2001). España en democracia. Barcelona: Plaza&Janés, pág. 231.
9/ VV AA (2002): España ¿cabemos todos? Madrid: Alianza Editorial, pág.222.
10/ “También el gobierno renunció a una imprescindible labor pedagógica e ideológica en el Ejército, consistente en explicar
a los militares qué era la democracia, cómo funcionaba en los países occidentales, y cómo su funcionamiento no
tenía que significar una deriva hacia el comunismo ni el caos ni la fragmentación de España” Busquets, J., Losada, J. C.
(2003). Ruido de sables. Barcelona: Crítica, pág. 138.
11/ Solé Tura, J. (1985) Nacionalidades y nacionalismos en España. Madrid: Alianza, pág. 73.
12/ Agüero, F.(1995) Militares, civiles y democracia. Madrid: Alianza, pág. 153.
VIENTO SUR Número 83/Noviembre 2005 63