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En realidad, sólo los diputados y senadores que defendieron el derecho de autodeterminación
de las nacionalidades apelaron a la necesidad de someter la unidad
al asentimiento de la ciudadanía. Francisco Letamendía, firmante de la única enmienda
al artículo 2º que incluía la plurinacionalidad, planteó que las naciones
constituidas en Comunidades Autónomas pudieran ejercer su derecho de autodeterminación
a propuesta de una cuarta parte de su Parlamento y mediante un referéndum
cuyo resultado debería contar con la mayoría absoluta de votos de cada una de
las provincias implicadas. Rechazada la enmienda, su compañero de partido, el senador
Bandrés, insistió en que, dada la sinonimia entre nacionalidad y nación, el
texto debería reconocer directamente la plurinacionalidad y el derecho de autodeterminación,
cuyo ejercicio no conllevaría forzosamente la constitución de un Estado
propio ni mucho menos el fin de la solidaridad interterritorial: “(la autodeterminación)
implica el derecho a permanecer unidos o a separarse -subrayo- pacíficamente
por la voluntad mayoritaria y responsable del pueblo” /36.
Con un discurso antagónico y tomando como único modelo válido el del Estadonación,
los representantes de AP y de UCD contrarios al término nacionalidades entendieron
que, precisamente por su equivalencia con el de nación, su aceptación supondría
una grave amenaza para la unidad nacional y terminaría implicando, necesariamente,
la división del Estado: “Toda nación, toda nacionalidad, puesto que los
términos son idénticos, está obligada inexorablemente a buscar su constitución en
Estado” /37 . No obstante, lo esencial en la constitución del Estado y en el mantenimiento
de su unidad no era, en su opinión, el consentimiento de los ciudadanos sino
el pasado común. Por consiguiente, la unidad del Estado a lo largo de la historia fue
aducida como prueba suficiente de la existencia de la nación española. Con ese convencimiento,
Antonio Carro (AP) negó sin ningún pudor el derecho de los ciudadanos
a pronunciarse sobre la cuestión nacional: “España es (…) un Estado nacional
desde hace casi cinco siglos (…) ¿Qué legitimidad tenemos nosotros en este momento
histórico para derrochar ese legado de tantas generaciones de españoles?” /38.
Este tipo de justificación prepolítica fue frecuentemente acompañado de argumentos
aparentemente voluntaristas, muy cercanos al concepto de nación de Ortega.
En España invertebrada, Ortega había descrito la formación de una nación
como el proceso en que un núcleo inicial va integrando distintas colectividades
dentro de un conjunto superior que respeta sus particularidades y que depende de la
capacidad del núcleo de impulsar un proyecto sugestivo de vida en común atractivo
para todas las partes. Sin embargo, ni Ortega ni los constituyentes que reprodujeron
su teoría previeron ningún modo de consultar a las partes integradas, de forma que
su proyecto sugestivo se convirtió en imperativo y su concepto de nación en prepolítico,
en tanto que dependía no de la unión voluntaria de ciudadanos libres sino de
la idea de destino común históricamente prefigurado: “Es su terrible destino, que
36/ Ibid., pág. 606.
37/ Jarabo, A. en Diario de Sesiones del Congreso, 12 de mayo, pág. 2282. Afirmaciones similares de Orti Bordas, en
la página 2296.
38/ Ibid., pág. 2279.
VIENTO SUR Número 83/Noviembre 2005 67