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y el 90 % de la cocaína consumida en el mundo, aunque la mayor parte de
estos ingresos no regrese al país. A falta de estadísticas oficiales, se estima
que la droga deja al año unos 4.000 millones de dólares y representa entre el
25 % y 35 % de las exportaciones colombianas, esto es, algo más del 3 %
del producto nacional bruto (PNB). No es una cantidad despreciable en
modo alguno. Pero a pesar de ser similar a la que supone la producción de
café, su volumen de empleo es inferior a las 300.000 familias cafeteras que
viven de su cultivo. Además, el lavado de los “narcodólares” origina graves
distorsiones en la economía nacional, toda vez que productos
“subvencionados” por la droga y vendidos a un precio inferior al del mercado
compiten de forma desleal con el comercio lícito. En este argumento hace
hincapié la clase empresarial colombiana, el segmento social que
supuestamente más se podría beneficiar de manera indirecta de la inyección
de dinero procedente del narcotráfico. Finalmente, aunque los
estupefacientes puedan enriquecer a una minoría de corruptos, políticos o
funcionarios, suponen también un inmenso costo moral y social derivado de
la proliferación del consumo interno de narcóticos que, incluso en términos
estrictamente económicos, carece de justificación. 26
La violencia desenfrenada que enfrenta Colombia como efectos del
accionar de todos los grupos que operan en contra de la ley como es el caso
de los grupos guerrilleros, grupos de autodefensa o paramilitares sumado a
estos los narcotraficantes, agudizan la crisis colombiana afectando a los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, hoy, todos estos
objetivos nacionales están en juego e incluso se puede decir que está en riesgo su
existencia como país, su integridad territorial, su constitución democrática, el
respeto a los más elementales derechos humanos, sobre todo el derecho a la
26 Libro Política Exterior, Noviembre Diciembre 2000 Edc. Nº 78 Autor: Guillermo Marín. Pag. 114