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producción de la pequeña y la gran industria. Pero también pretenden
que el 50 % del presupuesto se invierta en bienestar social, generación
de empleo, educación, salud y vivienda. En la actualidad, la mayor parte
de los recursos del presupuesto se destina a los gastos de
funcionamiento del Estado, de defensa y justicia, la burocracia y los
pagos de la deuda, en tiempos de crisis económica como la actual, es
difícil obtener más recursos para inversiones sociales.
6. Reformas de la justicia, lucha contra la corrupción y el narcotráfico. El
gobierno tiene en marcha una reforma del sistema judicial, pero no parece
que esta va a incluir la supresión de los “jueces sin rostro”, admitidos por
la Constitución de 1991, como única vía de combatir el narcotráfico. Ello
provocó ya la primera crisis del gobierno con la dimisión del ministro de
Justicia, Parmenio Cuellar. Pero este punto conjuga el deseo de las
FARC (y de todo el mundo) de luchar contra la corrupción administrativa,
con el de la lucha contra el narcotráfico, frecuentemente asociado con las
FARC.
7. Reforma política para ampliación de la democracia: reformas de los
partidos políticos, del sistema electoral, y garantías a la oposición y las
minorías. Según las FARC, el eje de su reforma política es el
fortalecimiento de la participación democrática en las tomas de
decisiones. Pero, difícilmente se puede argumentar falta de legitimidad
democrática a Pastrana: en la elección de su predecesor, Ernesto
Samper, participaron seis millones de colombianos; en la de Pastrana
votaron doce millones. Los partidos políticos colombianos sí son un
problema. La Constitución consagra la existencia de dos, liberal y
conservador, sin prohibir otros; estos dos no son partidos como se
entiende en Europa, carecen de toda coherencia ideológica y se han