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Marco Conceptual del Sistema de Seguridad Pública
4.2. Procesos y problemas estructurales: una aproximación institucional
En América Latina la violencia se agrava
y las condiciones sociales, económicas,
institucionales y simbólico-culturales en
que ella se reproduce no tienden a mejorar.
Este es el contexto en el que actúan las
democracias de la región. Sin embargo, los
Estados se han mostrado incapaces de contener,
dirimir o regular el conflicto que está
detrás de los enormes niveles de violencia.
La falta de visión estratégica, las modalidades
de intervención coyunturales y las
debilidades en la gestión son algunas de
las características que denotan el colapso
de los Estados para enfrentar el problema
crítico de la seguridad.
Un rasgo excluyente de los sistemas de
seguridad latinoamericanos es el desgobierno
político y la consecuente “policialización”
de la seguridad pública. A partir
de los sucesivos procesos de reinstauración
democrática, los países latinoamericanos
se han caracterizado por el recurrente desgobierno
político en lo que concierne a la
seguridad pública. Las autoridades gubernamentales
han delegado en las agencias
policiales el monopolio de la administración
de la seguridad pública, configurándose
ésta como una esfera institucional
exclusivamente controlada y gestionada
por la policía. Como consecuencia, la institución
policial ha contado con amplios
márgenes de autonomía tanto para ejercer
el gobierno de la seguridad como para autogobernar
el sistema policial mismo. A su
vez, la autonomización política de la policía
permitió que ésta definiera sus propias
funciones, misiones y fines institucionales,
independientemente de las orientaciones
generales del gobierno.
En el cuadro que se presenta a continuación
se expone un breve listado de los
principales problemas de las instituciones
responsables de la seguridad pública en
América Latina.
Denominadores comunes a los sistemas de seguridad
de los países latinoamericanos
Histórico desgobierno de la seguridad.
Policialización de la seguridad pública.
Exclusión de la comunidad y de los gobiernos
locales del gobierno y el control del sistema de
seguridad pública.
Ausencia o debilidad de los mecanismos de control
del sistema de seguridad.
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