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El Control Democrático del Sistema de Seguridad Pública
3. Parlamento y seguridad pública en América Latina
3.1. Pasado y futuro del Parlamento en el sistema de seguridad pública
Como ya se ha señalado, en América Latina
el desgobierno civil condujo a la policialización
de los asuntos de seguridad pública
–excluyendo otro tipo de abordajes- y a
altos grados de autonomización policial.
Esto último trajo aparejada la marginación
de actores sociales y estatales ajenos a
las organizaciones policiales, afectando la
vinculación institucional formal entre el
sistema de seguridad pública y el Poder
Legislativo. En esas condiciones, desde un
espacio limitado, el Parlamento demostró
tener escasas capacidades para intervenir
sobre el sistema de seguridad pública, siquiera
desde la función legislativa.
Esta situación se vio agravada por las asimetrías
existentes en la relación entre los
Poderes Ejecutivo y Legislativo y la notable
pérdida de legitimidad del último, originada
en el hiperpresidencialismo y también en la
crisis de los partidos políticos. Actualmente,
se vive un proceso mundial de fortalecimiento
de las atribuciones del gobierno
en detrimento de las actividades y de la
relevancia política del Parlamento. Desde
esta experiencia, los Poderes Legislativos
se verán obligados a afrontar procesos de
reestructuración interna y adaptación a
los nuevos escenarios políticos. Entre los
cambios más paradigmáticos se encuentra
el nuevo énfasis que obtendrá la función de
contralor que históricamente se vio menoscabada
por las funciones legislativas y por
la vigencia de un modelo más próximo a la
cooperación que a la fiscalización. La clave
para los parlamentos del futuro estará en
fortalecer, ampliar y diversificar las instancias
de control parlamentario. El control
sobre el sistema de seguridad pública puede
ser un comienzo interesante.
3.2. Principales problemas del control parlamentario del sistema de seguridad pública
Predominancia de prácticas y reglas informales
Los principales problemas del control
parlamentario remiten más a prácticas
informales de los actores que integran el
sistema político que a debilidades o deficiencias
en las atribuciones conferidas al
Parlamento para el desarrollo de las labores
de contralor.
La mayoría de las veces las limitaciones al
control obedecen al predominio de reglas
informales del sistema político como la
lealtad o disciplina partidaria (según desde
donde se lo mire), el corporativismo de la
clase política, la presión-opresión del parti-
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