Sentencia T-927/99 Referencia: Expediente T-239.948 ... - Camacol

Competencia.
La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de instancia proferidos en el trámite de este proceso, en
virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política; corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas adoptar la
decisión respectiva, según el reglamento interno, y el auto de la Sala de Selección Número Ocho del 30 de agosto de
1999.
Problemas jurídicos a resolver.
En buena parte, la impugnación y el fallo de segunda instancia se centraron en el análisis del carácter fundamental del
derecho a la prestación ininterrumpida del servicio público de energía, pues en el trámite de este proceso ése fue el único
derecho de la accionante que se consideró vulnerado por la actuación de las empresas demandadas. Es del caso
entonces analizar el punto a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues es sobre la afirmación de tal
característica que se concedió la tutela de tal derecho en las decisiones bajo revisión.
Además, esta Sala examinará el comportamiento de las empresas demandadas desde la perspectiva del debido proceso,
y el derecho de igualdad de los particulares ante la administración, pues tanto en los medios de prueba aportados al
expediente, como en las consideraciones de los falladores de instancia, aparecen afirmaciones que lo ameritan.
Derechos fundamentales por conexidad.
El carácter fundamental de derechos no incluídos por el Constituyente de 1991 en el Capítulo 1 del Título II de la Carta
Política, es una preocupación de los funcionarios judiciales a la que se dio especial atención desde que la Corte
Constitucional inició su labor de unificación jurisprudencial; baste mencionar como ejemplos, dos fallos que se ocuparon
en detalle de señalar pautas interpretativas sobre este asunto, las sentencias T-02/92 y T-406/92, y transcribir, de la
segunda de ellas, el planteamiento del punto que es objeto de análisis:
"Algunos derechos no aparecen considerados expresamente como fundamentales. Sin embargo, su conexión con otros
derechos fundamentales es de tal naturaleza que, sin la debida protección de aquellos, estos prácticamente
desaparecerían o harían imposible su eficaz protección. En ocasiones se requiere de una interpretación global entre
principios, valores, derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos económicos sociales o culturales para
poder apoyar razonablemente una decisión judicial. Un derecho fundamental de aplicación inmediata que aparece como
insuficiente para respaldar una decisión puede llegar a ser suficiente si se combina con un principio o con un derecho de
tipo social o cultural y viceversa. Esto se debe a que la eficacia de las normas constitucionales no está claramente
definida cuando se analiza a priori, en abstracto, antes de entrar en relación con los hechos".
En el caso traído a consideración de la jurisdicción constitucional por la señora Franco de Crescenzi, el juez a quo dio por
sentado que los derechos del consumidor, cuando se trata de servicios públicos domiciliarios (C.P. arts. 365, 367, 368 y
369), tienen el carácter de fundamentales, sin aclarar las razones en las que se basó para afirmar su conexidad con otros
a los que la Carta Política expresamente atribuyó tal característica, o con valores o principios constitucionales que hacen
procedente su protección inmediata por vía de amparo. Impugnada esa decisión, el Tribunal Superior de Cartagena
precisó que la prestación del servicio de energía está inescindiblemente ligada a las condiciones dignas de vida de los
habitantes de un inmueble, así que sólo en los casos previstos en la ley como justa causa para la desconexión, se puede
suspender el suministro de energía eléctrica sin violar derechos fundamentales de esas personas.
En principio, esta Sala no encuentra objeción alguna qué hacer al razonamiento general del juez ad quem sobre este
tema; más aún, él hace parte de la jurisprudencia reiterada por la Corte Constitucional, que también ha reconocido el
carácter fundamental del derecho a la prestación del servicio de energía cuando se trata de establecimientos educativos,
hospitalarios y carcelarios, por su conexidad con los derechos a vivir en condiciones dignas, a la educación, la vida y la
seguridad personal. Pero ese análisis no tiene lugar cuando se considera la situación de la actora de la tutela que se
revisa; y por tanto, no debe dar lugar a otorgar el amparo en este caso.
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