Sentencia T-927/99 Referencia: Expediente T-239.948 ... - Camacol

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De acuerdo con los medios de prueba que obran en el expediente, la señora Franco de Crescenzi no requiere el inmueble ubicado en la Calle del Guerrero para su habitación, sino que lo usa para mejorar sus ingresos con el importe de los cánones provenientes de arrendarlo; así, sus condiciones dignas de vida no están directamente afectadas por la falta de suministro de energía a una edificación en la que no reside, y desaparece para la mera suscriptora, la razón que autoriza atribuírle el carácter de fundamental por conexidad al derecho del usuario de ese servicio. De esta manera, tampoco procede la protección de ese derecho por vía tutela; sin embargo, queda por analizar si el comportamiento de las empresas demandadas efectivamente violó derechos fundamentales de la accionante que no fueron reclamados por ella en la solicitud de amparo, pero que deben ser tutelados pues su vulneración aparece acreditada en el expediente. Derechos al debido proceso y a la igualdad. Es un hecho que no discuten las empresas demandadas, que el inquilino de la accionante dejó de pagar por la energía que efectivamente consumió, desde principios de la presente década hasta ser desalojado del inmueble en febrero de 1999; también admiten esas firmas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que la actora y la firma inmobiliaria que administra el bien inmueble, solicitaron la suspensión del servicio, e insistieron en esa petición cuando constataron que, a pesar de haberse configurado la causal legal para la desconexión definitiva -falta de pago por más de tres períodos facturados-, el inquilino incumplido continuaba consumiendo energía y el monto de la deuda seguía incrementándose. Lo que no manifestaron las empresas demandadas es la razón para haber tolerado el consumo irregular de energía por parte de Samuel Marín Franco, a pesar de las solicitudes de la actora, y de que tales firmas ejercieron la facultad que les otorga la Ley 142 de 1994 para suspender el servicio y disponer la desconexión definitiva. Está acreditado en el expediente que la Electrificadora de Bolívar sí desconectó -no consta en qué fecha-, la acometida inicial que permitía suministrar energía al inmueble de la actora, y está probado que la Electrificadora de la Costa mantuvo el corte de energía desde el primer mes que prestó y facturó el servicio -agosto-septiembre de 1998-; pero también está acreditado que esas empresas sabían que "el inquilino del inmueble, señor Marín Franco, procedía reiteradamente a conectarse fraudulentamente" (impugnación de la sentencia de primera instancia, folio 91). Así, resulta que las empresas demandadas sabían que el consumo nunca se suspendió realmente, que Marín Franco burló la medida en forma contraria a la ley y, sin embargo, se limitaron a seguir facturando sin interrupción, y aún continúan incrementando el saldo a su favor. Esas firmas nunca persiguieron el pago de parte del usuario que actuó de manera fraudulenta -el inquilino Marín Franco-, y ahora pretenden lograr la cancelación total de la deuda, de quien se mantuvo dentro de los cauces legales: la actora Franco de Crescenzi. Tal comportamiento administrativo, no sólo es a todas luces desleal para con la segunda de las personas nombradas, sino que vulnera su derecho a recibir igual trato -uno acorde a derecho-, no sólo de las autoridades, sino de quienes sin serlo, concurren a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y, por esto, deben comportarse frente a todos los suscriptores y usuarios como si fueran agentes estatales. La disparidad entre el trato que las empresas demandadas dieron a uno y otro de esos deudores solidarios en este caso, resalta si se tiene en mente lo establecido en el inciso tercero del artículo 141 de la Ley 142 de 1994: "La entidad prestadora podrá proceder igualmente al corte en el caso de acometidas fraudulentas. Adicionalmente, y tratándose del servicio de energía eléctrica, se entenderá que para efectos penales, la energía eléctrica es un bien mueble; en consecuencia, la obtención del servicio mediante acometida fraudulenta constituirá para todos los efectos, un hurto". En estos términos, las empresas demandadas toleraron a ciencia y paciencia un comportamiento que puede constituir un delito continuado contra el patrimonio, y se limitaron a facturar mensualmente el costo del bien mueble sustraído por medio de una acometida fraudulenta; en consecuencia, incumplieron durante todo ese lapso su deber de actuar de acuerdo con la ley vigente para poner término a tal situación irregular, y para procurar que se exigiera la responsabilidad correspondiente al autor de la conducta irregular detectada, así como se abstuvieron de reclamar de él el pago correspondiente al daño y los perjuicios que ocasionó. Es indudable, en consecuencia, que las empresas accionadas incurrieron de esa manera en una vía de hecho, y con ella vulneraron los derechos fundamentales de la actora al debido proceso y a la igualdad. Ahora bien: es claro para esta Sala que la accionante cuenta con la vía contencioso administrativa para zanjar de una vez por todas el conflicto planteado entre las entidades demandadas y la señora Franco de Crescenzi, no sólo en relación 4
con las obligaciones generadas por la prestación del servicio de energía durante todo el lapso que Samuel Marín Franco dejó de honrarlas, sino también sobre las originadas en el mismo período por la prestación efectiva del servicio de aseo municipal, cuya facturación y recaudo tienen a cargo las electrificadoras de Bolívar y la Costa Atlántica; y esos asuntos no fueron objeto de debate en sede de tutela, ni hacen parte de la competencia del juez constitucional, sino de la del fallador contencioso administrativo. En cambio, tampoco puede el juez de tutela permitir que se prolongue en el tiempo un comportamiento contrario a los derechos fundamentales de la accionante, cuando ha verificado que se concretó en una clara vía de hecho, y que puede constituir un abuso de la posición dominante de las empresas demandadas, así como ocasionar un perjuicio irremediable, sin adoptar las medidas que resulten necesarias para restablecer los derechos conculcados. Como tal es la situación en este caso, se otorgará la tutela de los derechos al debido proceso y la igualdad, y se darán las órdenes necesarias para lograr lograr el restablecimiento del servicio público domiciliario de energía; sobre los otros asuntos en discusión entre las partes, no se hace ningún pronunciamiento. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y, en su lugar, tutelar los derechos al debido proceso y a la igualdad de Rosa Franco de Crescenzi. Segundo. ORDENAR a la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. que, si aún no lo ha hecho, proceda a reinstalar el servicio de energía eléctrica al inmueble de la suscriptora Franco de Crescenzi distinguido con el No. 29-37, y ubicado en la Calle del Guerrero del barrio Getsemaní en Cartagena, para lo cual, dicha suscriptora sólo deberá cancelar el costo de la energía que le fue facturada por los tres primeros meses de prestación del servicio por parte de esa empresa, más los gastos de reinstalación. A partir del momento en el que le sea reinstalado el servicio, se le facturará, y ella deberá cancelar lo correspondiente a la energía que se consuma en dicho inmueble. Tercero. Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CARLOS GAVIRIA DÍAZ Magistrado Ponente JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO Magistrado ALVARO TAFUR GALVIS 5
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